Lo que dicen los columnistas

Migración y responsabilidades

Max Cortázar | Excelsior

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió, al inicio de su mandato, a mantener una política exterior independiente; sin embargo, unos cuantos meses después, su gobierno dio señales opuestas tras un problema sustancial con los Estados Unidos. Potencia que, ante la magnitud de los flujos migratorios y la oposición de su opinión pública a recibirlos, consiguió sin mayor dificultad de nuestro país, la interrupción de los tránsitos de personas sin documentos en suelo nacional para evitar la llegada a su territorio.

Así, puesta la soberanía como política pública en segundo plano, durante la presente administración se han acatado las constantes instrucciones que el gobierno de Estados Unidos nos reclama en materia de control migratorio, como la puesta en marcha del programa Quédate en México, medida que implementó el Gobierno de Donald Trump y, sin éxito, quiso eliminar el actual presidente Joe Biden.

Para disimular la contradicción entre el discurso y los hechos, el gobierno federal ha aseverado que México recibiría a los migrantes prometiéndoles visas de trabajo y aperturas de cuentas en el Banco del Bienestar. Programas que incentivaron a los indocumentados a buscar llegar a nuestro país, en lugar de desincentivarlos.

Hoy, la contradicción del gobierno federal es más profunda y explícita con la lamentable muerte de varias decenas de migrantes de Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, tras un incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, oficina perteneciente al Instituto Nacional de Migración, la cual depende de la Secretaría de Gobernación.

Su personal y elementos de seguridad privada, en lugar de liberar a los migrantes, al ver el fuego simplemente los abandonó a su suerte. Sin olvidar que la empresa de seguridad es propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Vargas Cabrera, el cual, según reporte periodísticos, ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos durante la presente administración.

Lo cual nos hace cuestionarnos: si la Secretaría de Gobernación cuenta con los medios, ¿qué hace una empresa de seguridad privada resguardando instalaciones gubernamentales? ¿Dónde queda en ese tablero la Guardia Nacional?

Lo peor es el descuidado manejo de crisis. En lugar de transmitir certeza y claridad, se evaden responsabilidades, como es el caso del secretario de Gobernación, que culpó de la situación al canciller, cuando por ley las estaciones migratorias se encuentran dentro de sus facultades.

Aunado a ello, se suma la primera reacción de Palacio Nacional mediante un reproche a sus “adversarios” por dar una atención detallada del terrible incidente en la estación migratoria –acorde con la gravedad de los hechos–, entre los cuales se cuentan los medios de comunicación, culpándolos de tratar de desestabilizar sus fallidas políticas.

Este lamentable suceso demostró el trato denigrante que da el gobierno mexicano a los inmigrantes y las condiciones deplorables en los centros de migración, aunque el tono del discurso sea de paz y armonía. Ciudad Juárez prueba el rechazó y la intolerancia del régimen hacia la vida humana, al dejar a estas personas encerradas y expuestas al fuego.

El gobierno federal actúa con las mismas políticas que nuestros paisanos acusan en territorio estadunidense, caracterizadas por la xenofobia, el abuso y el uso excesivo de la fuerza. Aquí, como allá, les decimos albergues a cárceles migratorias donde dominan tratos inhumanos.

Como país superamos las expresiones institucionales más ruines contra los migrantes. Nuestra falta de política queda evidenciada a lo largo de todo el proceso, no sólo en la frontera norte: altercados en nuestra frontera sur por la clara falta de experiencia o protocolos por parte de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración para atender caravanas de gran magnitud, secuestro y extorsión por parte de organizaciones criminales, entre otras prácticas violatorias de sus más básicos derechos.

Lo sucedido hace una semana debe tener responsables y aunque se hayan girado cinco órdenes de aprehensión contra funcionarios menores, se deben de imponer sanciones ejemplares y fincar responsabilidades a los funcionarios de mayor jerarquía y que buscan deslindarse.

– – – – – – – – – –

Punto de equilibrio

Confianza

Francisco Guerrero Aguirre | Excelsior

En semanas recientes, el colapso de dos instituciones bancarias en los Estados Unidos y las medidas emergentes que se tuvieron que tomar para rescatar a una institución financiera en Suiza, prendieron las alertas del mundo. La desconfianza se apoderó de los mercados, aunque al final prevaleció la cordura y las cosas retornaron a la frágil estabilidad que ahora vivimos.

Vivimos tiempos obscuros y desafiantes. La mayor crisis es de confianza, que es un bien escaso en las sociedades actuales. Nuestro continente es la región más desconfiada del mundo. Según la Comisión Económica para América Latina, tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos y alrededor de 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas.

Construir, cimentar y mantener la confianza demanda mucho tiempo, esfuerzo e inversión. En contraste, la destrucción de la confianza pública es rápida e inmediata, siendo difícil su reconstitución, demandando grandes esfuerzos y recursos a los Estados, gobiernos y sociedades en restablecerla.

La confianza pública, política e institucional es indispensable para la construcción de contratos sociales amplios, incluyentes, estables y duraderos. Sólo con grandes dosis de confianza podemos construir instituciones fuertes y estables que garanticen desarrollo, seguridad y justicia a la sociedad.

La confianza es una expresión de la forma en que las personas perciben a sus instituciones públicas y lo que esperan de su gobierno, por lo que es indispensable que el poder público sea ejercido de forma especializada dentro de los límites constitucionales y legales preestablecidos, sin intervenciones ilegítimas que generen distorsiones y concentraciones de poder, en donde se garanticen vías abiertas para la información y la comunicación que los ciudadanos y los gobiernos necesitan para poder actuar de forma eficiente.

La confianza pública se alimenta de la legitimidad democrática obtenida por los gobernantes en las urnas, por ello es indispensable que los organismos electorales gocen de independencia y autonomía institucional, para garantizar procesos electorales transparentes. Sin árbitros confiables, es imposible tener elecciones creíbles y gobiernos legítimos. La confianza en las instituciones de la democracia es insustituible.

La confianza pública está afectada por un escenario mundial y regional caracterizado por la polarización tóxica, la desinformación y las noticias falsas que inundan las redes sociales, la intimidación de la prensa y los crecientes ataques a los tribunales y a los organismos electorales.

La construcción de confianza, en épocas de incertidumbre, es una tarea titánica que requiere de gran madurez política, de un nuevo pacto de social de convivencia, de mirar al opositor como un adversario político y no como a un enemigo irreconciliable a triturar y destruir.

Como lo ha señalado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, los países que tienen situaciones de crispación o conflicto tienen que generar situaciones de confianza. Ello implica generar condiciones reales de diálogo político y acuerdos que posibiliten superar los problemas.

BALANCE 

Sin confianza pública no hay democracia ni desarrollo ni paz social, su ausencia crea ambientes hostiles que profundizan los conflictos existentes o crea nuevos problemas, coartando toda posibilidad de solución, creando sociedades estancadas y Estados fallidos.

Sin confianza es imposible que podamos llegar a acuerdos para enfrentar los problemas estructurales que tenemos como sociedad. La confianza, es sin ninguna duda, el corazón de la democracia.

*Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA”.

– – – – – – – – – –

Astillero

Taddei, ¿un mejor INE? // Erradicar lorencismo // Edomex: PRI fraudulento // Coahuila: Morena en declive

Julio Hernández López | La Jornada

En tres escenarios arrancan episodios de una temporada electoral que no parará sino hasta los comicios de 2024 o, de producirse conflictos por los resultados, hasta la toma de posesión de quien ocupe la siguiente Presidencia de la República.

En el Instituto Nacional Electoral (INE) han ocupado sus asientos los cuatro nuevos consejeros, que deberán cumplir en términos generales con la organización de una muy reñida contienda, tal vez no tanto por los números oficiales del desenlace como por las descalificaciones que ha comenzado a lanzar la parte desde ahora presumiblemente perdedora.

Pero, más allá de lo numérico, también deben cumplir en particular con la expectativa de erradicar las prácticas desarrolladas por Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo en el INE y demostrar que es posible otro tipo de gestión electoral, definitivamente austera pero no paralizante, con liderazgos pero sin protagonismos desorbitados, con visión de compromiso social pero sin facciones ni partidismo.

La sucesora de Lorenzo Córdova estará bajo una fuerte vigilancia ante el explicable prejuicio relacionado con su familia, ampliamente inserta en nóminas de la llamada 4T en sus diversos niveles burocráticos. La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala tiene desde ahora una predisposición de cacería política por parte de los opositores al obradorismo, que están prestos para pillarla en la primera posibilidad que tengan, así fuera menor.

El segundo escenario relevante de la Gran Carpa Electoral México es el de la entidad con capital en Toluca. Una amplia porción del respetable público está muy atenta a la morbosa posibilidad de ver caer el predominio casi centenario del modelo de control político que ha pasado por varias denominaciones, aunque la más durable y conocida es la del PRI.

El Grupo Texcoco enfilado a sustituir al Grupo Atlacomulco. Higinio Martínez, fundador y dirigente de la facción dominante del morenismo mexiquense; más Delfina Gómez, como candidata a gobernar, y Horacio Duarte, como coordinador de campaña, son las cartas principales que podrían relevar a la extensa baraja de familias políticas priístas henchidas de poder, la más reciente de las cuales es la Del Mazo.

Aun cuando diversos indicadores apuntan a una victoria de la morenista Delfina Gómez, siempre perseguida por el recuerdo de los descuentos salariales de empleados municipales de Texcoco para financiar actividades del partido guinda (tal mecanismo fue definido mediante sentencia por el Tribunal Electoral), persiste la impresión de que el Revolucionario Institucional, con Alejandra del Moral como abanderada, habrá de hacer todo cuanto pueda para impulsar un fraude electoral o la anulación de los comicios, incluso contra los eventuales arreglos diplomáticos o de impunidad que hubiera negociado el holográfico gobernador Del Mazo.

El tercer escenario muestra en Coahuila a un PRI de apariencia avasallante, como si la derrota morenista hubiera sido negociada. Manolo Jiménez es el personaje seleccionado para dar continuidad a la saga de los Moreira y Riquelme, el actual gobernador priísta. Los principales medios de comunicación, los grupos empresariales y la clase política tricolor han cerrado filas en torno a Jiménez, mientras el flanco 4T muestra divisiones e inconsistencia, con tres candidatos peleando ese voto progresista, Armando Guadiana (Morena), Ricardo Mejía Berdeja (PT) y Lenin Pérez (Verde).

Y mientras, según el reporte de sus abogados, empeora la salud de Jesús Murillo Karam, históricamente recordable por su invención de la mentira institucional que buscó ocultar lo verdaderamente sucedido en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa, ¡hasta mañana, luego que ha visitado Palacio Nacional el fiscal del caso de los 43, Rosendo Gómez Trejo, nombrado en octubre de 2022 para destripar los avances alcanzados en la indagación por el antecesor, Omar Gómez, y para instrumentar la protección a militares contra los que se habían obtenido órdenes de aprehensión!

– – – – – – – – – –

México SA

Movimientos en la SCJN // Córdova, hasta nunca // García Luna, ¿ventilador?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Muy a su disgusto, ayer, oficial, feliz y finalmente, Lorenzo Córdoba y su pandilla dejaron de pertenecer al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que de por sí es una buena noticia. Sin embargo, su salida coincide con el inicio del descongelamiento del plan B en las instancias judiciales, lo que, por si hubiera dudas, confirma quién fue, hasta el último segundo, el ignominioso operador en contra de esa reforma y quiénes son sus cómplices en uno de los poderes del Estado mexicano.

Recuérdese que a la velocidad de la luz un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán (nominado por Calderón), vetó la primera parte del plan B y días después, uno de sus colegas, Javier Laynez Potisek (nominado por Peña Nieto), hizo lo propio con la segunda. Todo quedó en el aire (en la congeladora)… hasta la salida oficial de Córdova y su pandilla, y a quienes representan. Sólo hasta ese momento comenzaron a registrarse movimientos en el máximo tribunal.

Precisamente ayer, cuando Guadalupe Taddei Zavala rindió protesta como consejera presidenta del INE, por arte de magia se informó que el pleno de ministros de la SCJN decidirá si se mantiene o no la suspensión contra la segunda parte del plan B, concedida por el ministro Javier Laynez Potisek, a petición del INE. El máximo tribunal admitió a trámite el recurso de reclamación 123/2023-CA, contra la admisión de la controversia constitucional 261/2023 del INE, asunto que será estudiado por la ministra Yasmín Esquivel, mientras el 122/2023, por la suspensión que le concedieron, fue encomendado al ministro Juan Luis González Alcántara. Usualmente, recursos de reclamación como éste se resuelven en salas, pero cuando se trata de temas relevantes o de trascendencia, se votan en el pleno, como ocurrirá en estos casos (La Jornada, Eduardo Murillo).

Esto tampoco es garantía, porque, como bien lo ha sustentado Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la suspensión del decreto de reformas a las leyes electorales, ordenada por el ministro Javier Laynez, es un intento de llevar a la SCJN al terreno de una organizada beligerancia política opositora. Se trata de un bloqueo indefinido de la capacidad legislativa del Congreso mediante la habilitación del recurso de controversia contra normas generales que establece la Carta Magna, pero con excepción de las que se refieran a la materia electoral, contenida en el artículo constitucional 105, fracción 1. El grupo que domina (ba) el INE se atrevió a ir a la controversia a sabiendas de que ese instituto carece de posibilidad constitucional para atacar ante la SCJN las leyes electorales emitidas por el Congreso y por cualquier otro órgano legislativo del país. Esto lleva a suponer que hubo un arreglo previo con algunos círculos en el máximo tribunal.

Además, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal formalizó ayer su solicitud a la SCJN a fin de revertir los acuerdos avalados por el ministro Javier Laynez para dar entrada a la controversia constitucional que promovió el INE en contra de la reforma electoral, así como la suspensión de su vigencia. Esta instancia advirtió que el máximo tribunal no debió admitir la demanda, debido a que el artículo 105 fracción 1 de la Constitución le prohíbe tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales, como son el conjunto de normas que integran el plan B (La Jornada, Alonso Urrutia y Néstor Jiménez).

Además, dijo que también debió negarse la suspensión promovida por el INE, por contravenir el artículo 14 de la ley reglamentaria (la suspensión no podrá otorgarse en casos en que la controversia se haya planteado respecto de normas generales), por lo que preguntó: ¿Es razonable y congruente que los jueces constitucionales se separen de las prohibiciones expresas que establece la Constitución y las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como de sus propios precedentes vigentes y obligatorios?

Entonces, al pleno de ministros no le queda más que revertir la suspensión, porque pedir que sus integrantes se disculpen sería veneno para su soberbia.

Las rebanadas del pastel

De Nueva York llega la noticia: la sentencia de Genaro García Luna (originalmente fijada para el 27 de junio próximo) fue aplazada tres meses por el juez encargado del caso. Entonces, ¿será que al ex brazo derecho de Felipe Calderón le empieza a gustar la idea de encender el ventilador? Mientras, ya ni en España está seguro Borolas.