La primera sesión jurisdiccional de la SCJN del 2023
Edgar Corzo Sosa *
Proceso
Los más de 30 años al servicio del Poder Judicial Federal, su vocación de profesora normalista y su formación de jurista egresada de la UNAM guiarán a la actual Presidenta de la Suprema Corte por el camino más seguro para presidir los trabajos de ésta y del Consejo de la Judicatura Federal.
La primera sesión jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el martes 3 de enero de 2023 fue, por llamarla de alguna manera, bastante ordinaria. El asunto resuelto fue una acción de inconstitucionalidad, la 147/2022, presentada por el Partido del Trabajo en contra de las reformas publicadas el 30 de septiembre de 2022 a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Los argumentos de invalidez presentados por el partido político no tuvieron la entidad suficiente para provocar un criterio novedoso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tres artículos impugnados, 71-bis, 82-X y 109, quedaron muy lejos de haber sido declarados inválidos por contradecir la Constitución.
Lo extraordinario de esta sesión, sin embargo, surge en el momento mismo en que uno se percata que los trabajos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están siendo dirigidos por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer ministra en llegar a la Presidencia después de casi de 200 años de historia de esta institución judicial. Se dice fácil, pero este cambio ha significado y significa mucho en la historia del Poder Judicial de la Federación y de nuestro ámbito jurídico. Este hecho se suma al logro obtenido por María Cristina Salmorán de Tamayo, quien fue la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de otras distinguidas mujeres que han llegado a formar parte de nuestro más Alto Tribunal. Estamos seguros que los más de 30 años al servicio del Poder Judicial Federal, su vocación de profesora normalista y su formación de jurista egresada de la UNAM guiarán a la actual Presidenta de la Suprema Corte por el camino más seguro para presidir los trabajos y compromisos formales de ésta y del Consejo de la Judicatura Federal.
Volviendo a los artículos impugnados, déjenme decirles que dos de ellos no debieron haber llegado hasta esta instancia, ya que bien pudieron haberse resuelto en una charla de café. El partido político pretendió, por ejemplo, hacer ver que el artículo 71-bis estableció un plazo diferente para la resolución de los recursos que se presentaran, dependiendo de si el expediente se hubiera tramitado correctamente o no. Es lógico suponer que los expedientes, todos, siempre deben estar bien tramitados, completos en su integración, por lo que la aplicación de los diferentes plazos no obedecía a ese argumento. El otro artículo, el 109, al señalar que le corresponde al Pleno del Tribunal resolver el recurso de inconformidad en un plazo máximo de quince días hábiles, dio pauta para que el Partido del Trabajo argumentara que al decir días hábiles se estaba dejando fuera los sábados y domingos, conocidos como días inhábiles, lo que no es correcto pues en materia de procesos electorales, todos los días son hábiles, hasta los sábados y domingos. Argumentos, como decíamos, que bien hubieron podido haberse resulelto, o disipado su duda, en una conversación informal previa con un especialista.
El artículo que pudiera considerarse que provocó mayores discusiones fue el 89-X, en el cual se señala como causal de nulidad de una elección cuando se acredite que un candidato no debía ser ganador al haber sido sustituido, antes de la jornada electoral, por una persona que no participó en el proceso interno de la elección partidista o porque no pertenece a la militancia activa del partido político produciéndose, de darse esos supuestos, un fraude a la ley. Aquí se pudiera afectar el derecho de voto activo de los electores que seleccionaron la candidatura ganadora, o bien el derecho de voto pasivo de la candidatura ganadora electa .
Y se puso más interesante la discusión por el estudio que la ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat introdujo, con la intención de darle mayor claridad al precepto impugnado, asignando una interpretación sistemática a la expresión “candidatura ganadora”, y señalando que en caso de una candidatura por fórmula integrada por dos personas, propietario y suplente, la consecuencia de la nulidad de toda la elección era muy gravosa si solo uno de ellos fue el sustituido con fraude a la ley, por tanto, la nulidad solo procede si ambos integrantes de la fórmula incurren en dicho fraude.
La votación obtenida en cada uno de estos artículos impugnados fue por unanimidad de once votos, sin embargo, en el caso de los artículos 71-bis y 109 tres ministros (Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Piña Hernández) estuvieron a favor de la propuesta pero en contra de algunas consideraciones. Respecto del artículo 82-X, un Ministro votó en contra de la interpretación sistemática (Pardo Rebolledo), otro con precisiones (Pérez Dayán) y una última con consideraciones adicionales anunciando voto concurrente (Piña Hernández).
Como puede advertirse, en este primer asunto la votación fue por unanimidad de los once ministros, marcándose una fuerte uniformidad en el criterio del Pleno, mientras que la votación obtenida para el nombramiento de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy apretada, de seis contra cinco. Esto significa, al menos en este asunto y en este inicio de año, que las diferencias en la elección de la Presidencia no se trasladaron a los aspectos jurídicos, lo cual es un muy buen signo. Debemos reconocer, no obstante, que se trató de un asunto, como dijimos, ordinario, por lo que cuando estemos ante un asunto de mayor trascendencia y con diferentes repercusiones será interesante ver la votación que se obtiene y analizar qué tanto se conserva la uniformidad. Este es un ejercicio que esperamos seguir realizando.
*Investigador del IIJ de la UNAM.
Presidenta de la Corte
Javier Aparicio
Excelsior
El pasado lunes 2 de enero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la primera presidenta del máximo tribunal constitucional del país, así como del Consejo de la Judicatura Federal, para el periodo 2023 a 2026.
Cada cuatro años, los once integrantes del pleno de la Corte eligen a su propio presidente. En esta ocasión, dos ministras —Norma Piña y Yasmín Esquivel— y tres ministros —Javier Laynez, Alberto Pérez y Alfredo Gutiérrez— se postularon como aspirantes para presidir la Corte una vez que concluyera el mandato del ministro Arturo Zaldívar. Cuatro de los cinco aspirantes llegaron a la Corte en sexenios pasados. A lo largo de su sexenio, el Presidente ha propuesto a cuatro de 11 integrantes de la Corte, pero sólo una de ellas buscó la presidencia.
Cabe recordar que el ministro Zaldívar llegó a la Suprema Corte a propuesta de Felipe Calderón en 2009 y no fue sino hasta 2019 que consiguió la presidencia del Poder Judicial. Norma Piña llegó a propuesta de Peña Nieto en diciembre de 2015, tras la salida de la ministra Olga Sánchez Cordero, y hoy será la primera presidenta de la Corte en la historia.
Dejando de lado toda la controversia en torno a la tesis de la ministra Esquivel, lo cierto es que hubiera sido extraño que ganara la presidencia de la Corte alguien que apenas en 2019 había sido propuesta por el Ejecutivo en turno. Dicho de otro modo, luce complicado que un ministro o ministra con poca experiencia o antigüedad en el pleno cuente con suficiente apoyo y confianza de sus propios pares. En un sistema democrático de pesos y contrapesos, el escalonamiento en las designaciones importa tanto como la antigüedad en el cargo.
Por ello, es posible que las votaciones del pleno observadas el lunes pasado reflejaran en parte la lógica anterior. En la primera ronda de votaciones ningún aspirante tuvo mayoría: Piña recibió tres votos y los demás aspirantes dos votos cada uno. En la segunda ronda, Piña volvió a recibir tres votos; Gutiérrez, cuatro; Laynez, dos, y Esquivel y Pérez, sólo uno cada uno. Finalmente, en la tercera ronda entre los dos punteros, Piña obtuvo seis votos y Gutiérrez, cinco. El presidente López Obrador hizo más que evidente su preferencia por la ministra Yasmín Esquivel para el cargo. Sin embargo, ésta no consiguió más de dos votos. Así las cosas, este resultado no debería sorprender a quienes valoran la autonomía e independencia de la Corte.
En una democracia consolidada, un escándalo como el detonado en semanas pasadas detonaría la renuncia inmediata de la persona implicada o, al menos, la declinación de su candidatura —a fin de proteger la credibilidad del Poder Judicial—. Después de todo, el Presidente siempre podría proponer una nueva terna para la silla vacante. Claramente, no somos ese país todavía.
El mismo lunes, poco antes de la votación en la Corte, el presidente López Obrador había reprochado que “de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda”. El Presidente tiene clara la aritmética de la Corte, pues afirmó: “Para que se declare inconstitucional una ley se requieren dos terceras partes, entonces de los 11 ministros si se cuenta con cuatro, ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley (…) cuatro que defiendan el proyecto de transformación”.
Más allá de la controversia en torno a la elección y los aspirantes, coincido con Pedro Salazar, especialista en la materia, en que la llegada de la ministra Piña a la presidencia “es un nombramiento justo e histórico”, y no el fruto de un accidente imprevisible. También coincido con Melissa Ayala, especialista en asuntos del Corte, en que la designación denota tiempos de cambio: “La Corte será presidida por una ministra de carrera judicial, capaz, empática y con el corazón en la agenda feminista”. Enhorabuena por su llegada y lo que significa para la independencia del Poder Judicial.
Honor y fuerza sindical para 2023
Napoleón Gómez Urrutia
La Jornada
Fue 2022 un año histórico para la lucha de las y los trabajadores, especialmente después de un largo periodo en que sus demandas y necesidades fueron ignoradas; México emprendió una transformación profunda y el mundo laboral no es la excepción: hoy, la voz de los trabajadores se escucha fuerte y clara. Por eso sabemos que los triunfos obtenidos son profundamente relevantes, pero también somos conscientes de los retos pendientes.
Analizando cómo logramos sobreponernos a los desafíos, encuentro que un elemento central es la unidad de la clase trabajadora. La lucha organizada ha mostrado, infinidad de veces, ser la mejor estrategia frente a las injusticias sistémicas que sufre un grupo. Así, en la historia de los movimientos obreros, la vida sindical ha alcanzado triunfos que no sólo transforman el contexto inmediato de quienes luchan, sino también el de las generaciones futuras. No en vano las tácticas para debilitar a la clase trabajadora comienzan por intentar desgastar la unión que les permite hacer frente, con lealtad y fuerza, a las dificultades. Desintegrar la organización invisibiliza las demandas y los abusos que viven diariamente.
En el pasado, la fuerza laboral no contaba con el apoyo claro y decidido para defender sus derechos. De hecho, las administraciones pasadas fueron cómplices de intentar frenar la lucha. Sin embargo, la transformación total que vivimos desde el comienzo de esta administración ha abierto el camino para comenzar a saldar esta penosa e injusta deuda histórica. Los logros del año son una muestra contundente de que en el centro de la discusión están los trabajadores y un proyecto nacional de prosperidad compartida. Es necesario que aprovechemos estos tiempos de cambio y renovación del país, pues permiten hacer realidad grandes objetivos.
En ese contexto, fortalecer la unidad y fortaleza sindical es un objetivo crucial. No podemos perder de vista que trabajando en coordinación y solidaridad, nuestra lucha tiene mayores alcances. Además, el origen mismo de la vida sindical es la labor conjunta. Es cierto que las cúpulas del poder fueron corrosivas para los sindicatos, produciendo que algunos traicionaran a los trabajadores que representaban. Precisamente cuando aquellos que se enriquecen a costa de la clase trabajadora pensaron que el sindicalismo sería silenciado, vemos un renacido interés y participación en las organizaciones. Frente a esta coyuntura y a la necesidad histórica, tenemos una oportunidad valiosa para refundar el origen sindical y reforzar la unión y presencia que nos hizo ganar tantos de los derechos que gozamos.
Por tanto, es necesario construir una agenda laboral conjunta; sumarnos a la lucha de las y los trabajadores sólo tendrá consecuencias positivas para el país. A lo largo del año sostuvimos diversas reuniones y encuentros con secretarios nacionales, dirigentes y líderes de diversos sindicatos y confederaciones, como UNT, CROC, CTM, ASPA, Stunam, CROM, STRM, CTC, Cocem y Sindicato del Monte de Piedad. Una de las principales conclusiones es que robustecer nuestra unidad y trabajo conjunto nos posibilitará luchar por más y mejores condiciones laborales; para ello es importante tener una mesa de diálogo sindical permanente que nos permita proponer y dar seguimiento a proyectos cooperativos.
Tener organizaciones fuertes y coordinadas también beneficiará a las y los trabajadores del porvenir. De ahí la labor que hacemos desde la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que busca la solidaridad y trabajo colegiado entre organizaciones sindicales independientes. Sólo cuando propiciamos la participación activa de las y los trabajadores podemos construir organizaciones transparentes y verdaderamente representativas.
No obstante, la meta de construir una agenda laboral conjunta no está completa sin las empresas que busquen beneficiar a los trabajadores y sin la participación del gobierno. De hecho, la mayor parte de las reformas e iniciativas en materia de política laboral han surgido desde el Senado de la República, por eso es justo y honesto reconocerlo. Para ser más preciso, desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me honro en presidir, hemos impulsado y logrado la eliminación de la subcontratación o outsourcing; garantizamos la igualdad salarial entre mujeres y hombres y el reconocimiento de los derechos laborales para personas trabajadoras del hogar, adultos mayores y personas discapacitadas; finalmente, la igualdad de derechos entre los trabajadores del apartado A y B, entre muchas más. En esa línea, la reciente aprobación de la reforma que garantiza vacaciones dignas, que impulsé firmemente, es un triunfo histórico, porque considera a las personas trabajadoras de manera integral y humana, no como máquinas de producción ilimitada, sin ningún tipo de descanso.
Estos son los cambios que necesitamos para que el mundo del trabajo en México sea más justo. Desde el Senado seguiré luchando, respaldando e impulsando reformas que dignifiquen el trabajo de millones de personas. Lo ganado hasta ahora es trascendental, pero aún queda mucho por hacer. El compromiso es fuerte: reivindicar el trabajo de las y los mexicanos, ampliar las acciones y derechos ganados por los auténticos sindicatos y unificar las centrales obreras para coordinar y consolidar los temas pendientes de la agenda laboral.
No nos detendremos hasta que todos los derechos laborales sean respetados y cumplidos a cabalidad. Nuestra lucha sigue en pie por la transformación de nuestro país, la prosperidad compartida y por un mundo del trabajo digno, justo y seguro para todas y todos los mexicanos.
