Lo que dicen los columnistas

Narcotiendas, escuelas, adicciones…

Mario Luis Fuentes

Excelsior

En días recientes se dio a conocer el contenido de uno de los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de las filtraciones de lo que se ha llamado Guacamaya Leaks, relativo a la existencia de una “narcotiendita” por cada escuela en varias zonas de la Ciudad de México, y en colonias como la Morelos y la Guerrero, en el centro de la ciudad, hasta 1.3 “narcotiendas” por cada plantel escolar.

La cuestión no sólo genera una preocupación mayor, sino que, además, constituye un escándalo por el ominoso silencio de las autoridades, en todos los niveles, con respecto a que, sabiendo lo que ocurre, teniendo claros los modus operandi e incluso a los probables responsables de la operación de este negocio que lastima y pone en un riesgo enorme a las niñas y los niños, pareciera que la cuestión es simplemente “tener los datos” y es esperar “que alguien más se encargue”.

De acuerdo con la mayoría de las leyes, normas y reglamentos para el expendio de bebidas alcohólicas, en prácticamente todo el país se prohíbe que haya cantinas, bares o tiendas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas a distancias que van de los 100 a los 400 metros respecto de cada uno de los planteles escolares de educación básica y media superior.

Esas normas por supuesto que no se cumplen, y es de una relevancia suprema porque constituye una violación flagrante, en todo el territorio nacional, de los artículos 3º y 4º de la Constitución en lo que respecta a los derechos de la niñez.

Adicionalmente, es preciso comprender que, de acuerdo con la literatura especializada, tanto el consumo y el abuso del alcohol y tabaco son precursores del consumo de otras sustancias adictivas. Y eso tiene que ver con múltiples factores, pero uno de los que en mayor medida resultan determinantes en el crecimiento del uso de sustancias adictivas es precisamente el de la disponibilidad.

En efecto, en la medida en que las drogas se acercan más a las escuelas se incrementa la probabilidad de que las niñas, niños y adolescentes con mayor proclividad al consumo tengan acceso a ellas y se inicien o profundicen las condiciones de adicción en que, lamentablemente, muchas y muchos de ellos ya se encuentran.

El confinamiento obligado de la pandemia llevó a que cientos de miles de niñas, niños y adolescentes no pudieran terminar el ciclo escolar en que estaban inscritos, pero, igualmente, cientos de miles de ellas y ellos no pudieron regresar a sus escuelas debido al empobrecimiento de sus familias, lo que los llevó a incorporarse al mercado laboral o simplemente a no tener otra opción más que mantenerse en sus hogares realizando, en el mejor de los casos, trabajo doméstico no remunerado.

Todo lo anterior ocurre en un país con un sistema de salud fracturado y desbordado en sus capacidades, sobre todo en las áreas de prevención y atención de la salud mental. Porque justamente el problema del crecimiento en las adicciones tiene como uno de sus factores más relevantes la depresión, el ser víctimas de violencia o el vivir sin oportunidades de bienestar mínimo.

Las escuelas mexicanas deben constituirse como auténticas anclas de círculos de protección que permitan garantizar que las niñas y los niños estarán protegidos contra toda forma de maltrato, abuso y violencia; y vaya que estar expuestos a la venta y disponibilidad de drogas constituye un marco de desprotección mayor ante esos fenómenos.

Por ello es que resulta a todas luces limitada la visión que esta administración ha privilegiado respecto de la educación y la relación que ha planteado con la comunidad tanto escolar como la que se encuentra en los entornos. Preocupantemente, lo que se percibe es que este rubro entrará en la numeralia, si no de los fracasos, sí de los enormes pendientes que habrán de heredarse a la próxima administración

Juegos de poder

La democracia otra vez depende del PRI

Leo Zuckermann

Excelsior

La democratización en México se logró gracias al PRI. El otrora partido autoritario aceptó abrir el sistema político y permitir elecciones limpias. Sin su apoyo, hubiera sido difícil alcanzarlo. Los gobernantes priistas en los sexenios de Salinas y Zedillo tuvieron la altura de miras para entender que México ya no podía seguir bajo el dominio exclusivo del partido surgido de las cenizas de la Revolución.

En los gobiernos salinista y zedillista se dieron reformas que liberalizaron el régimen político. El punto culminante de la responsabilidad priista con la democratización fue durante la noche del dos de julio de 2000 cuando, primero, salió el presidente Zedillo a aceptar los resultados que antes había anunciado el Instituto Federal Electoral que le daban la victoria al candidato panista a la Presidencia, Vicente Fox. Acto seguido, apareció el candidato priista, Francisco Labastida, a reconocer su derrota.

Se dice fácil, pero el PRI –que primero dio su visto bueno para ciudadanizar al IFE, permitir la credencial de votar con fotografía y la insaculación de los funcionarios de las casillas, tres condiciones necesarias para tener una elección limpia– terminaba por levantarle el brazo al candidato opositor.

Mucho criticamos al PRI, pero yo siempre reconoceré que fue factor fundamental para democratizar al país. Si hoy tenemos una democracia es gracias a este partido.

Bueno, pues la supervivencia de dicha democracia depende, de nuevo, del PRI.

Un tricolor disminuido, en el peor momento de su historia, tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar o bloquear una reforma constitucional que cambiaría las reglas electorales en México.

López Obrador y los partidos que lo apoyan (Morena, PT y Verde) pretenden sacar adelante una reforma constitucional que debilitaría la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Quieren inclinar la cancha a su favor. La vieja historia mexicana de atrapar al árbitro electoral para asegurar victorias contundentes.

El PRI puede apoyar este esfuerzo o rechazarlo. Si se alía a Morena, se corre el riesgo que INE y TEPJF acaben siendo controlados por el gobierno de López Obrador.

El Presidente está proponiendo que todos los consejeros y magistrados se elijan por medio del voto popular. Pero no todos los ciudadanos podrían ser aspirantes. Cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) presentaría una lista de 20 candidatos para consejeros y 20 magistrados. Luego, los 60 aspirantes para el INE y los 60 para el TEPJN se votarían en una elección nacional.

Los 40 (20 y 20) que propondría el Presidente potencialmente serían todos personajes cercanos a Morena. En cuanto al Legislativo, si las dos listas de consejeros y magistrados se votaran por mayoría absoluta, Morena y aliados meterían a personas identificadas con ellos.

Quedaría el tercio de las listas de candidatos del Judicial. Quizá ahí encontraríamos una mayor presencia de gente más independiente, por ser este Poder el menos controlado por los partidos.

Así, en el mejor de los casos, dos terceras partes de las personas que estarían en la boleta a consideración del electorado serían candidatos cercanos a Morena y sus aliados. Habría un peligroso sesgo en las listas.

Luego estos personajes serían votados por la población.

No hay que ser un genio para prever que las mejores campañas serían las de individuos apoyados tácita o explícitamente por los partidos que son los que saben hacer campañas. Previsiblemente, Morena sería el que tendría más consejeros y magistrados, porque hoy es el partido con más recursos para campañas y movilización electoral.

Que no nos vengan a vender espejitos de que la reforma de Morena es para democratizar al INE y el TEPJF. Por el contrario, su objetivo es atraparlo.

En manos del PRI está decidir si aceptan la captura del INE y TEPJF por parte del gobierno. Me temo que el asunto lo decidirá nada menos que el líder de este partido, Alito Moreno, quien ya demostró ser un chaquetero. Su credibilidad actual es nula. En la reforma constitucional de las Fuerzas Armadas demostró que él va a hacer lo que le convenga a él, no al país. Y que controla el suficiente número de diputados y senadores para darle la mayoría calificada al Presidente.

Hoy tenemos democracia gracias a la altura de miras de gobernantes priistas del pasado. Mañana dicha democracia podría acabarse por culpa de la vileza de otros priistas enanos a los que el gobierno de López Obrador tiene agarrados de sus partes blandas por tontos y corruptos.

Astillero

¿Tres corcholatas y un tapado? // Adán, militares y Presidencia // Morena, Jalisco y Llamas // Layda recula ante Monreal

Julio Hernández López

La Jornada

En Pachuca, Hidalgo, Adán Augusto López Hernández habló de las posibilidades de que un militar participe en política e incluso pudiera llegar a ser Presidente de la República.

El artículo 82 de la Constitución, en su fracción quinta, reconoce tal posibilidad de competencia por el máximo cargo nacional, con un condicionamiento alcanzable por cualquier interesado: No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

Pero lo dicho por López Hernández tiene un impacto más allá de la letra jurídica. Si la política tiene como referentes el tiempo y las circunstancias, el tabasqueño asentado en Bucareli ha dado un paso más en la búsqueda de normalización del acelerado proceso de empoderamiento militar, que va ganando posiciones civiles como nunca antes en la historia posrevolucionaria.

El discurso constante del Presidente de la República, ahora más aterrizado por el titular de Gobernación, presenta a los militares como el segmento más ordenado, eficaz, confiable y trascendente de una sociedad mexicana cuya parte civil se ahoga en la politiquería, la corrupción y la ineficacia. Dado que tantos méritos atribuye López Obrador a los militares cada vez que explica por qué decidió asignar una nueva responsabilidad al ámbito castrense, parecería una secuencia lógica que tal relevancia se aplicara a la máxima responsabilidad: la de presidir el país.

Ya se irán viendo las consecuencias prácticas del destape verde olivo que hizo el otro López. Pareciera que en el escenario se libra una temprana y cada vez más enconada guerra por la sucesión entre tres corcholatas civiles, a la que ahora habría que agregar un tapado militar, como alternativa en caso de emergencia.

La ejecución de Salvador Llamas Urbina en Guadalajara, el viernes reciente en un restaurante de cocina sonorense, constituye una seria advertencia al partido Morena respecto a la forma en que ha integrado sus órganos de gobierno.

Era integrante del consejo nacional de Morena y en Jalisco fue el aspirante con más alta votación para conformar ese órgano, a la par que se promovía como pretendiente a la candidatura morenista a gobernar la entidad. Oriundo de Zacatecas, donde anheló ocupar cargos de elección popular y acumuló decenas de acusaciones formales de diversa índole, llegó a Jalisco en 2019 y en 2021 buscó ser candidato a presidente municipal de Puerto Vallarta (el senador zacatecano José Narro era delegado electoral).

No reunió los requisitos de elegibilidad y apoyó a un profesor y empresario, Luis Michel, ex panista, quien ganó a nombre de Morena, aunque en los hechos se mencionaba con insistencia que el verdadero control municipal lo ejercían Jesús, uno de los hijos del Presidente, y Llamas Urbina, siempre entre diversas especulaciones oscuras.

Llamas Urbina fue asesinado a tiros por una de las personas con las que se había reunido, dos del sexo masculino y una del femenino. Era jefe del gabinete de Puerto Vallarta y director del sistema de agua potable del municipio, con ramificaciones políticas y financieras hacia la próxima elección en Coahuila.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reculó en su propósito de exhibir al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Atención, Monreal, nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar, había escrito la gobernadora que durante semanas exhibió a Alejandro Moreno Cárdenas para luego abandonar el tema, de índole incluso judicial, en cuanto Alito se alineó con el partido gobernante.

Esta vez Monreal dijo no tener miedo de lo que se difundiera en el programa sansorista, insinuó con acciones judiciales si fuera el caso y advirtió: La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado para no adentrarnos en caminos sin retorno. Ante ello, Sansores desistió, para no generar malas interpretaciones. ¿Quién autorizó inicialmente ir contra Monreal y quién frenó luego esa embestida?