El penúltimo dilema de AMLO
Agustín Basave
Proceso
El ejemplo más claro de ese neoliberalismo es el apoyo de AMLO al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Desde su llegada al poder hace cuatro años, en efecto, el T-MEC ha sido la locomotora de nuestra economía y el presidente le ha dado todo su respaldo.
Los pronósticos catastrofistas de los economistas críticos del presidente López Obrador no se han cumplido. La economía mexicana está en mal estado en términos de crecimiento y de inflación, a no dudarlo, pero eso se debe primordialmente a factores externos; y aunque es posible que en el futuro mediato se desplome la inversión, se devalúe el peso o se dispare el desempleo, lo cierto es que hasta hoy los indicadores macroeconómicos se han mantenido más o menos sanos. ¿Cómo es posible que un gobierno populista haya esquivado a Escila y Caribdis en el mar del neoliberalismo? ¿Por qué no se ha hundido? Por una sencilla razón: en materia de macroeconomía AMLO no aplica el populismo sino los dictados del Consenso de Washington. Su estatismo –o gobiernismo, mejor dicho– se limita a su política energética y su simpatía por el régimen cubano no pasa del discurso y de la contratación de médicos. En el manejo de las finanzas públicas la 4T es harto conservadora.
El ejemplo más claro de ese neoliberalismo es el apoyo de AMLO al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Desde su llegada al poder hace cuatro años, en efecto, el T-MEC ha sido la locomotora de nuestra economía y el presidente le ha dado todo su respaldo. Lo ha hecho al grado de doblarse ante Donald Trump y aceptar su condición de que México le haga el trabajo sucio para detener la migración antes que arriesgar la cancelación del T-MEC, incluso al costo de distraer del cuidado de la seguridad de los mexicanos a casi 30 mil efectivos de la Guardia Nacional. Por cierto, no deja de ser paradójico que sea el legado de su némesis, Carlos Salinas de Gortari, lo que ha mantenido a flote la gestión de AMLO.
Es en buena medida por ese pragmatismo en la conducción económica, y particularmente en el comercio exterior, que AMLO ha conservado una alta aprobación popular. Ha evitado las catástrofes que algunos vaticinaban y la sociedad no ha sufrido un golpe devastador en sus bolsillos. Pero he aquí que la situación ha dado un giro significativo tras las consultas pedidas por nuestros dos principales socios comerciales. Si bien al menos en el plano retórico ya se había deteriorado la relación con el más importante de ellos, desde la llegada de Joe Biden a la Presidencia, fue la ofensiva estadunidense y canadiense para impedir que el gobierno mexicano dé trato preferente a Pemex y a CFE lo que enfureció a AMLO. Su declaración de que la independencia nacional está por encima del mercado norteamericano, y sus sucesivos amagos en el sentido de que no cederá en ese tema, fueron vistos como nubarrones en el cielo financiero del país.
AMLO anunció que dará un mensaje sobre el diferendo el 16 de septiembre y dio credibilidad, ahora sí, a los agoreros del desastre. En esa fecha no puede más que pregonar la defensa de la nación frente al extraño enemigo, y el margen de maniobra para reivindicar los beneficios del libre comercio es estrecho. El problema es que en la medida en que crece su fervor patrio se incrementan las presiones de la realidad: salir del T-MEC sería suicida para México. Cierto, perjudicaría también a Estados Unidos y en menor medida a Canadá, pero a nosotros nos pegaría en la línea de flotación. He aquí el dilema: ¿tirará AMLO por la borda su tabla de salvación económica si se le exige tratar igual a sus empresas estatales que a las trasnacionales? ¿Cuál de sus prioridades pesará más, la prudencia financiera o el gobiernismo petrolero y eléctrico?
Ambas cosas le son muy caras. Sabe que si hay en nuestro país una crisis del tamaño de la que provocaría nuestra salida del T-MEC –mucho mayor que el impacto de la pandemia y los coletazos de la invasión rusa a Ucrania– su popularidad disminuirá sustancialmente y Morena podría perder las elecciones de 2024. Pero también siente –este es un asunto de sentimientos– que su imagen ante la historia se vería mermada si en vez de reconocérsele como el presidente que nacionalizó el litio se le recuerda como el que se doblegó ante el poder de potencias y potentados y no fue capaz de defender la soberanía energética de México. Claro, lo ideal sería que hubiera un acuerdo en las consultas, no se tuviera que llegar a un panel y se zanjara el conflicto, mas todo parece indicar que la postura de la 4T es rígida. Lo que se viene en el fuero interno de AMLO, pues, luce como un choque de trenes.
Faltan cinco días para disipar dudas, o para acrecentarlas. Si el discurso presidencial en el día de nuestra Independencia Nacional es aguerrido, duro al grado de la quema de naves, los espacios del diálogo y la negociación comercial se cerrarán más, quizá de manera irreversible. Si, en cambio, lanza su pirotecnia verbal de siempre sin llegar a la amenaza irreparable, se abrirá a sí mismo una puerta de salida. Yo he sostenido en este espacio que AMLO es un idealista maquiavélico, y creo que en esa dualidad encarna su penúltimo dilema. Tengo para mí que será suficientemente pragmático para evitar la ruptura del T-MEC, aunque tendrá que hilar fino porque es probable que esté jugando al mad-man, al estilo de su impresentable amigo Trump, y quiere negociar en posición de fuerza haciendo creer que puede llegar a la locura. Ya veremos si lo logra. Ah, y de su último dilema escribiré más adelante…
Nadando entre tiburones
Además de berrinches, ¿qué ofrece la oposición?
Víctor Beltri
Excelsior
La política no es razón, sino emociones: las emociones, sin embargo, sólo pueden provocarse utilizando la razón. El panorama político del país ha cambiado, y la militarización de la Guardia Nacional se ha consumado —en unos cuantos días— mientras que la oposición se sigue revolviendo, confusa, sin poder creer en la traición de quien creían uno de los suyos.
Una traición que no era sino una cuestión de tiempo. La alianza opositora sirvió para los fines que fue creada mientras se mantuvo, pero resultaría ingenuo pensar que el mismo aparato sería suficiente para ganar -sin cambio alguno- la elección del 2024. El experimento de la unidad entre enemigos históricos ha logrado, sin duda, triunfos importantes en lo electoral, pero es imposible olvidar que la mera existencia de los membretes partidistas responde a ciudadanos con visiones distintas del país, de su problemática y sus soluciones.
La alianza opositora fue capaz de poner un dique temporal a un enemigo en común, pero no ha sido capaz de integrar un proyecto de nación que incluya al país entero: en este sentido, la alianza con el PRI no se estableció por la calidad moral de sus dirigentes, o la claridad de sus ideas, sino por la estructura del partido y la base electoral con la que contaba. En política no hay sorpresas, sino sorprendidos, y hoy —más que nunca— es preciso recordar que fueron los propios partidos de oposición quienes decidieron creer en el partido al que antes se enfrentaron, y que fue quien -a final de cuentas- le entregó el poder, bajo un presunto pacto, al actual presidente de México. En qué consistiría ese pacto, qué alcances tendría, y quiénes serían los involucrados, es algo que muy probablemente jamás conoceremos a detalle, aunque por los hechos ya podamos intuirlo.
La alianza opositora ha perecido, y tal vez sea lo mejor en este momento, cuando las definiciones se están tomando de cara a los comicios en el Estado de México y Coahuila. El rompimiento de la alianza podrá ser algo positivo, en tanto dicha alianza fue formada por los motivos equivocados: la razón de ser de quienes se proponen formar un gobierno no puede ser —tan sólo— la negación de quienes tienen una visión distinta a la propia. Sobre todo si se trata de 30 millones de personas que expresaron, en 2018, su hartazgo en las urnas: tras la ‘alfabetización política’ que tanto presume el presidente, difícilmente podríamos volver a lo de antes.
La sacudida es necesaria, no sólo para que la ciudadanía despierte —y les exija más a los partidos— sino para que nos replanteemos, en conjunto, no sólo el México que queremos en el futuro, sino el que estamos viviendo en el presente, por decisión propia. La oposición parece estar más preocupada profundizando la división entre los bandos, y sacando cuentas sobre posibles alianzas para ver cómo les alcanzaría para algo, que por entender lo que pasó en 2018 y recuperar los votos que se fueron a Morena: los partidos, simplemente, parecen haber renunciado a ellos.
El gobierno de coalición planteado por la oposición es un absurdo, bajo estos supuestos: sería imposible pensar un gobierno de coalición para el futuro sin tomar en cuenta también a los partidarios del presidente, incluso a los más recalcitrantes. Lo que la oposición está planteando no es un gobierno de coalición, sino una reunión de aliados preparándose al asalto final para recuperar el poder: sin un proyecto que nos incluya a todos, que nos emocione en un proyecto conjunto, será imposible que triunfen. Las emociones, hay que recordarlo, sólo pueden provocarse utilizando la razón.
El país ya cambió, aunque no nos hayamos dado cuenta. Andrés Manuel se irá a La Chingada en un par de años, pero sus seguidores —y las causas que le llevaron al poder— continuarán estando aquí, entre nosotros, en nuestros trabajos y nuestras familias: sería absurdo resignarnos, desde ahora, a seguir viviendo en un país dividido. Y eso es, precisamente, lo que está ofreciendo la oposición.
Razones
Alianza: no con estas dirigencias
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
La semana pasada, es imposible negarlo, fue una de las exitosas para la administración López Obrador. Aunque existen conflictos constitucionales por resolver y que en el mediano o largo plazo pueden ponerse en su contra, lo cierto es que logró que se mantenga la prisión preventiva oficiosa, colocar legalmente a la Guardia Nacional en la órbita de la Defensa Nacional, y que, además, en ese debate, se haya roto, por lo menos en su forma actual, la alianza opositora PAN, PRI y PRD.
Mañana analizaremos los temas de seguridad y el futuro de la misma, ahora vamos a hablar del futuro de la oposición. En 2018, la alianza entre el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD fue un fracaso por varias razones. La principal es que fuera de ella no sólo quedó el PRI, sino que, además, la confrontación entre el candidato de la alianza, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que era el aspirante priista, fue durísima, incluyendo demandas penales contra Anaya, que le dejaron el camino abierto a López Obrador. No sólo eso, el entonces candidato de Morena obtuvo un 10 por ciento más de votos que sus legisladores, e incluso así, con una de esas maniobras siempre medio extrañas, se quedó con una amplísima mayoría legislativa que a semanas de las elecciones no se vislumbraba tan clara.
Pero la alianza no fracasó sólo por el enfrentamiento con Anaya. Fracasó porque fue un acuerdo de cúpulas partidarias que en buena medida no tenían, como no tienen ahora, una verdadera representatividad de sus partidos. Los cargos se distribuyeron de acuerdo al peso de cada uno y entre sus propios entornos, no a liderazgos locales naturales. Los gobernadores se quedaron con algunas posiciones (lo mismo ocurrió en el PRI) y no jugaron su resto político para apoyar a la alianza. Y tampoco lo hizo la gente.
De la misma forma que muchos panistas no votarán jamás por un candidato priista, y viceversa, tampoco lo harán por un perredista. Quizás ahora, ante un adversario externo tan poderoso como López Obrador sí se pueda matizar esa afirmación, pero no demasiado, y cuando vamos a los estados y municipios aún menos. Sobre todo, cuando no son candidatos naturales que pudieran jugar por cualquiera de los partidos.
¿Por qué votarían los panistas por Alejandra Barrales para jefa de gobierno en el 2018? Sí pudieron hacerlo por Enrique Alfaro en Jalisco o por Samuel García años después en Nuevo León, pero eran candidatos provenientes de otros partidos que no tenían un sello marcado.
Algo así sucedió en Durango con Esteban Villegas, que siempre ha sido priista, o en Chihuahua con la panista Maru Campos, que tenía toda la oposición de Javier Corral. Eran candidaturas que, más allá de sus orígenes eran naturales, viables. Eso sucedió también en las elecciones para las alcaldías de la ciudad de México, ganadas por la alianza: más allá de que los candidatos tuvieran de distintos orígenes, prácticamente todos los que ganaron, quizás el caso de Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc tenga otras derivaciones, eran candidatos transitables para los partidos y la ciudadanía.
Eso no se ve para el 2023 ni, tampoco hoy, para el 2024 sin modificaciones profundas en las dirigencias que, de inicio, implique una real representatividad de las mismas respecto a sus verdaderas fuentes de poder, que son los estados y municipios.
Decíamos la semana pasada que ni un solo gobernador del PAN (de MC o del PRI) había salido a criticar la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa. El viernes el gobernador saliente del PAN en Durango, José Rosas Aispuro, durante una visita presidencial, declaró que él estuvo y estaba a favor de la participación militar en la seguridad y de la incorporación de la GN a la Sedena, por la sencilla razón que aquí señalamos muchas veces: sin ella se derrumba lo que queda del sistema de seguridad pública en el país.
Mauricio Kuri, un gobernador cada vez con más fuerza en el panismo, hizo una durísima declaración, acusando de traidor a Alejandro Moreno, pero nunca habló de la seguridad ni de la Guardia Nacional o los militares. Lo que de alguna manera refrendó Kuri, que ganó en Querétaro sin alianza, fue que ésta no era necesaria, por lo menos no en esos términos. Y la declaración fue durísima contra Alito, pero por interpósita persona también contra quien se había aliado con él, el presidente del PAN, Marko Cortés.
Vayamos descartando las alianzas opositoras para el 2023. No veo que, en el Estado de México, vayan los priistas a tener un candidato que no sea suyo y decidido por Alfredo del Mazo, tampoco en Coahuila con Miguel Riquelme. Tampoco veo en el PAN a Enrique Vargas bajándose de la contienda. Paradójicamente pudiera ser viable, en este contexto, una alianza del PAN, el PRD y de un sector del PRI, enfrentado con Alito, con MC, para el 2023 (aunque el partido de Dante Delgado tiene un buen candidato en Edomex en Juan Zepeda, que no creo que tampoco quiera resignar sus aspiraciones) o el 2024, sobre todo si el PRI no conserva Coahuila y el Estado de México el año próximo.
El golpe que recibió la alianza la semana pasada será de difícil recuperación. Y en buena medida es verdad que Alito les cambió la jugada y los acuerdos, pero también que Marko Cortés y Jesús Zambrano cayeron en la trampa de ir por la oposición frontal al tema de seguridad cuando ni sus gobernadores ni las encuestas los respaldaban.
Astillero
Monreal: sí, pero no // Polémica por abstención y aval // Siendo tres, eran poco // Elba Esther: corrupción
Julio Hernández López
La Jornada
Fue seca la descalificación de Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal el viernes pasado en la mañanera. Al abstenerse en la definitoria votación sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el todavía coordinador de los senadores morenistas habría estado avalando la falsedad, hipocresía y politiquería del conservadurismo de México, sentenció el Presidente de la República en Zacatecas, la mera tierra de los Monreal, con David, el gobernador, a un lado.
Mantuvo la calma el acusado de ser avalista, con la reiteración de que no peleará con el líder histórico (similar argumento ha usado López Obrador para abstenerse de criticar o confrontar a Cuauhtémoc Cárdenas). Pero dio a conocer los términos de su voto particular, en el que expresa que pretender desconocer las bases de organización de la Guardia Nacional a través de una reforma de orden legal, sin haber cumplido primero con la obligada reforma constitucional, es evidentemente improcedente y violatorio de la Constitución.
Los embrollados tiempos políticos que se viven producen piezas complicadas en primera lectura, pues el coordinador Monreal entregó las cuentas que Morena deseaba, con una aprobación en lo general por 71 votos, contra 51 de opositores. Pero el mismo articulador de esa mayoría aprobatoria se negó a validar las razones de sus compañeros de partido y de proyecto, sin atreverse a expresarlo mediante un voto en contra, a la vez que prefería sostener su visión constitucionalista, igualmente sin hacerla verbalmente explícita a la hora de la votación, sino dejando todo en una abstención que él espera sea reivindicada si la Corte decide rechazar las reformas legales que contravienen la letra jurídica máxima, la constitucional.
Monreal no se quedó, por lo demás, en la discusión teórica o el alegato mediático. Dio un paso más, de los que en Palacio Nacional enardecen ánimos, pues se organizó un acto de virtual campaña, disfrazado de presentación de un libro, con cientos de asistentes en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc que él gobernó y ahora lo hace Sandra Cuevas, cuyo triunfo frente a la morenista Dolores Padierna le es adjudicado, a título de traición, al propio Ricardo Monreal.
¿El voto en abstención y la descalificación mañanera, más el mitin sabatino, son signos de aceleración de la confrontación que a la hora de las encuestas decisorias pondrá al zacatecano fuera de Morena y a disponibilidad de otros partidos, en especial de Movimiento Ciudadano, eventualmente como carta a discutir en su momento, casi dentro de un año, con Acción Nacional y lo que queda del PRD?
Astillas
Elba Esther Gordillo cree llegado el momento de lanzarse como presunta justiciera magisterial a la llegada de Leticia Ramírez como titular de la Secretaría de Educación Pública. Ha hecho referencias despectivas hacia la nueva funcionaria, quien ha tuiteado, sin mencionar a quien fue cacica sindical: Desprecio a las personas que se han servido del magisterio para prestarse a la corrupción… Mientras tanto, el yerno de Gordillo, Fernando González, a quien Elba Esther colocó como subsecretario de Educación Básica con la dúctil Josefina Vázquez Mota como titular de la SEP, se entretiene sugiriendo apoyos de las devaluadas Redes Sociales Progresistas a una mujer de Morena para presidir el país a partir de 2024… Siendo tres, eran poco. Ahora, con el apartamiento del PRI, Va por México es virtualmente la alianza de Acción Nacional consigo mismo, alianza de uno, pues lo que fue el Partido de la Revolución Democrática ya es nada, simples siglas y un puñado de dirigentes sin dirigidos… Ayer, por ejemplo, se emitió un comunicado a nombre de PAN y PRD sin tomar en cuenta al PRI, que está temporalmente suspendido. ¿Qué valor político, como alianza electoral y legislativa, puede tener una declaración así, de un panismo prácticamente en solitario?…
México SA
Sonora: Larrea saca la chequera // Desaparecer ecocidio de 2014 // Compra silencio entre afectados
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Chequera en mano, personeros de Grupo México, propiedad del tóxico barón Germán Larrea, recorren las poblaciones afectadas por el desastre ecológico causado por ese corporativo ocho años atrás en los ríos Sonora y Bacanuchi, para ofrecer dinero a los damnificados (hasta un millón de pesos en algunos casos) a fin de silenciar reclamos, archivar denuncias, romper la unidad de las poblaciones afectadas, aparentar que la empresa ha cumplido cabalmente con la remediación de la zona dañada y, lo más importante para ella, evadir su responsabilidad, mantener la impunidad y seguir derramando tóxicos por toda la República.
Paralelamente, la misma empresa que se niega a respetar los derechos laborales de los mineros de la sección 65 de Cananea, en huelga desde 2007, maniobra de forma por demás burda para intentar romper su unidad, ofrecer dinero y olvidar todo lo ocurrido, en complicidad con las autoridades estatales que no han movido un dedo para encontrar soluciones a un conflicto que se prolonga por 15 años, y contando. ¿Cómo lo hace? Todo con la chequera, nada con inteligencia.
El 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre (antes Minera Cananea, propiedad de Larrea) derramó más de 40 millones de litros de ácido sulfúrico, tóxicos y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi. Fue tal la magnitud que hasta el propio titular de la Semarnat peñanietista Juan José Guerra Abud, se vio obligado a reconocer que se trataba del mayor desastre ecológico provocado por la minería en México. Con todo, no fue mucho más allá para remediar y sancionar el ecocidio de Grupo México. Nadie tocó al corporativo.
Según las investigaciones científicas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora, con tal derrame Grupo México afectó a más de 20 municipios y poblados de la entidad y dejó alrededor de 25 mil damnificados que –más allá del grave daño físico, económico, productivo, ecológico y a la salud– permanecen expuestos a la contaminación de los ríos, que no ha desaparecido, cubriendo un área de más de 270 kilómetros y afectando la cuenca de muchos municipios, incluida la capital del estado. Las poblaciones de esos lugares sólo fueron avisadas cinco días después del derrame y tampoco existió se-ñalamiento alguno advirtiendo del peligro por metales tóxicos en los ríos afectados. Al ácido sulfúrico derramado hay que agregar que se hallaron arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en el río Sonora en cantidades superiores a las permitidas según las normas oficiales. Pese a las contundentes evidencias, en su informe oficial a la Bolsa Mexicana de Valores de 2015, Grupo México declaró superado el siniestro de 6 de agosto de 2014.
La realidad no se tapa con declaraciones o chequeras, pero el corporativo cree que si reparte dinero entre los damnificados (y las autoridades, desde luego) todo quedará en el olvido, como en apariencia quedó el compromiso de la actual administración de revisar a fondo el manejo del Fideicomiso Río Sonora –creado en el sexenio de Peña Nieto tras el derrame– con un fondo de 2 mil millones de pesos, de los que 800 millones fueron devueltos a Grupo México por el propio gobierno peñanietista, porque sus fines fueron cumplidos (Guillermo Haro Bélches, a la sazón titular de la Profepa).
Por cierto, como senador de la República el actual gobernador sonorense, Alonso Durazo, se comprometió a meter en cintura a Grupo México para que resarciera a los damnificados y la remediación ecológica fuera rápida y efectiva. En realidad, parece que el corporativo fue el que metió en cintura al propio mandatario estatal: nada ha cambiado, especialmente ni la impunidad del corporativo.
Algo similar pasó con el coordinador en Sonora de Programas de Desarrollo del gobier-no federal, Jorge Taddei Bringas (padre del fla-mante director de LitioMx), quien, tiempo a-trás, en entrevista con un medio, dijo: “revisaré cómo se gastó el dinero (del Fideicomiso Río Sonora), los actores involucrados y dónde quedó el recurso faltante… sospecharía (…) que hubo algunos arreglos tras bambalinas y debió existir malversación”. Por ello, “vamos no sólo a preocuparnos, sino a ocuparnos… para que se haga justicia, premisa esencial del nuevo gobierno”.
Y todo sigue en el aire.
Las rebanadas del pastel
¿Quién es el cínico funcionario de la Secretaría de Gobernación que pregona: Grupo México es un mal necesario para el país?
