Lo que dicen los columnistas

Arsenal

“¿Corcholatas? Ni superhombres ni la mujer maravilla…”

Francisco Garfias

Excelsior

Las elecciones de 2023 serán determinantes para ganarle a Morena y sus rémoras en las presidenciales. Sin menospreciar lo que significa Coahuila, el Estado de México es clave para el 2024. Es la entidad de mayor peso electoral (11.7 millones de votantes), por encima de la CDMX (7.5 millones), Jalisco (6.2 millones), Veracruz (5.9 millones) y Puebla (4.4 millones.)  Aporta el 8.2% del PIB nacional y tiene las bancadas más numerosas en ambas Cámaras. Es la cereza del pastel.

* Del tema hablamos con Jesús Zambrano. El dirigente nacional del PRD coincide que el Edomex es “clave” para derrotar a López Obrador y a sus morenos. Advierte, sin embargo, que el gran reto que tienen PAN, PRI y PRD es hacer a un lado las “desconfianzas políticas” en el seno de la alianza Va por México. “Pongamos por delante la importancia que tiene que ganemos el Estado de México. Estamos obligados a encontrar un mecanismo para la selección de la candidatura. Ésa es la llave maestra para vencer esas desconfianzas”, subraya.

* Del tema Edomex nos fuimos naturalmente a las elecciones de 2024. ¿No los pone en desventaja el hecho de que las corcholatas de López Obrador ya estén sobre el terreno y asistan a actos en Palacio Nacional? Preguntamos.

Chucho levantó la vista de la mesa del Sanborns de la calle Tabasco, donde nos citó, antes de responder: “Si estamos leyendo bien los escenarios estatal y nacional, más del 70% de los mexicanos están inconformes con las políticas públicas y con lo que ocurre en el país, más allá de la aprobación de López Obrador, que anda en 55 o 60 por ciento. Están esperando que demos señales positivas de capacidad de alianza opositora. Allí están aquellos (los de Morena) proyectándose y haciéndose pedazos, aún cuando, sin justificación institucional, López Obrador los lleva a Palacio Nacional para reinaugurar el histórico recinto legislativo, que está allí hace siglos.

“Los lleva a sentarse y a tomarse una especie de foto de la unidad regeneracionista, pero se están dando con todo en los estados. El caso más emblemático es Tabasco, donde le hacen un madruguete a Adán Augusto, en lo que parece ya la cargada oficial a favor de Claudia. Javier May, encargado del Tren Maya, y Pepín, hermano de López Obrador, se pronunciaron por Claudia, lo que ocasionó vendettas internas y el despido de funcionarios en municipios y en el gobierno estatal, por parte de los que están con Adán Augusto.

“El que hayan salido antes no los hace más fuertes necesariamente. ¿Dime cuál de las corcholatas tiene estatura de superhombre o de mujer maravilla, frente a otro que pudiéramos sacar en la oposición en su momento?”, pregunta.

Zambrano hace énfasis en dos cosas para llegar al nombramiento de un candidato de unidad en la alianza: definir el método e incluir a la sociedad civil, vía un consejo con ciudadanos de prestigio. “No puede, ni debe ser la decisión de la candidatura, algo de las cúpulas o de las dirigencias solamente, sino que debemos incorporar a la sociedad civil con mecanismos más abiertos, más democráticos. Diferenciarnos cualitativamente del dedazo presidencial”, puntualiza.

* A diferencia de la reunión plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no aparece en la plenaria de la bancada guinda en el Senado.

El encuentro inicia el martes 30 de agosto en la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, y lo encabeza el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, quien no fue invitado a la “pasarela” en la Cámara de Diputados.

Las otras dos corcholatas sí aparecen en el programa de trabajo del grupo de Morena: el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Cito al dueño de Morena: amor con amor se paga.

* Nos escribió Xavier Nava, exalcalde de la ciudad de San Luis Potosí. Adjuntó un texto de Victoriano Martínez, publicado en el diario digital Astrolabio. El texto inicia con la siguiente pregunta: ¿Qué tienen en común los 27 diputados del Congreso del estado y el alcalde aliancista, Enrique Galindo Ceballos? “Que están dispuestos a ningunear a un juzgado federal, anticipar una resolución que aún se encuentra en proceso para adoptarla a sus intereses con el objeto de descalificar al ayuntamiento 2018-2021 (de Nava) para justificar sanciones que la autoridad competente todavía no determina”.

Una manera de satisfacer venganzas de politiquería. Aprenden rápido las lecciones del gobierno federal.

* Una breve: Gerardo Islas fue reelecto por unanimidad como presidente de Fuerza por México por 3 años más. Oficialmente se fusionó con el PES.

Las trascendentes consultas

Julio Faesler

Excelsior

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

El arranque de consultas en el marco del T-MEC marca el inicio de una nueva etapa de este acuerdo trilateral, versión corregida y aumentada del TLCAN. El texto actual que fue negociado por la administración anterior, contiene disposiciones que hay que cumplir. Pacta sunt servanda, especialmente en el caso de los compromisos internacionales. Hoy, el mundo entero está pendiente del respeto a acuerdos y alianzas de toda índole que están vigentes.

Resulta que en sus primeros tres años de gestión López Obrador se ha dado gusto de intentar establecer su visión autoritaria del gobierno. En la primera mitad de su sexenio, al lado de hacer echar a andar sus proyectos más icónicos, también ha venido experimentando trabas más frecuentes a sus propósitos. La popularidad en las encuestas no indica su verdadera fuerza electoral para 2024. Al acortarse su tiempo debe escoger entre persistir en su intención de imponer un régimen de absoluta autonomía nacional adosada con su conocida aversión a lo norteamericano y empresarial que, fácilmente puede agitar en el pueblo sabio, o bien, reconocer que las sociedades no se transforman por simple decreto, sino tras pesados sacrificios que, generalmente, soportan los cautivos sectores populares sin más alternativa que aguantar.

El T-MEC tiene por objeto consolidar la vigencia de un capitalismo de libre empresa en el continente norteamericano. Postula el firme respeto de la propiedad privada y constriñe al Estado a la obligación de asegurar condiciones favorables para que el sector privado opere con éxito los mecanismos que crean y mantienen los artículos y servicios que el mercado requiere. La conjugación de demanda y oferta forman la ecuación que la empresa privada está encargada de resolver. La función del sector público está acotada lo más posible.  

En dicho escenario de economía liberal, el factor financiero cobra importancia en comparación al factor productor.  El resultante desequilibrio crece con dinámica propia y de no acotarse es inevitable que supere en poder e influencia sobre el sector productor.

Lo anterior contrasta directamente con la visión del mundo de López Obrador en el gobierno no sólo ofrece seguridad y justicia social. Su actitud considera imprescindible la función rectora del Estado para velar que la ecuación oferta-demanda o la articulación capital-trabajo, siempre opere en beneficio de la mayoría de la población.

Las consultas que están iniciando en el marco de T-MEC, que tienen por objeto dirimir el choque de posiciones contrastadas de Estados Unidos y Canadá en materia de energéticos y su repercusión en el área cada vez más sensible de la ecología, subrayan el contraste de visiones. Es un asunto tan trascendental donde el problema se agrava, ya que el Presidente ha abrazado una posición de una izquierda anticuada y radical, muy ajena a la visión de la izquierda moderna que ha venido madurando sus posiciones menos a la controversia y polémica de partidos para dirigirse a atender mejor las necesidades cotidianas del pueblo que son salud, educación, alimento y empleo.  

López Obrador tiene que atender las necesidades más ingentes de la población, para lo cual se requiere enderezar el rumbo y, por ejemplo, implementar una reforma fiscal para dotar al Estado de los recursos que requiere para atender responsabilidades que aumentan y para modernizar su política de comercio exterior para que éste no se limite a intercambios de mercancías, sino a promover nuevas producciones y empleo.  

La solución de los problemas de atraso en los que México y muchos países se encuentran está en diseñar y ejecutar programas dentro del cauce incluyente para que todos participen en el desarrollo y el bienestar.  

Las consultas que empiezan tienen que admitir las opiniones de Estados Unidos y Canadá, cuyos sistemas insisten en imponerle a la nuestra su estructura económica. El concepto de soberanía y, que el gobierno de México invoca constantemente y que lo sitúa en una ruta de choque, debe ser entendido en el marco de la cooperación internacional en materia económica de la misma forma que ya existe en otras materias como el ambiental, cuya importancia está creciendo cada día. Esa cooperación asegura un reparto de beneficios equitativo y evita que prevalezcan sólo los intereses de los socios más fuertes.  

La negociación es difícil y su éxito dependerá de que el Presidente, quien aparentemente quiere radicalizar la postura, entienda que es más importante el T-MEC como promotor de inversiones y ocupación y así se servirá mejor a la patria.

Pablo González, periodista, seis meses de detención y aislamiento en la UE

Beñat Zaldua

La Jornada

El periodista vasco Pablo González cumple mañana seis meses encarcelado en Polonia, en un episodio indirecto de la guerra de Ucrania que apenas está ocupando titulares menores fuera del País Vasco, pese a las numerosas denuncias de organizaciones de derechos humanos y por la libertad de expresión, que han clamado ante las irregularidades que presenta el caso. Van a permitir que aproveche este balcón para contar esta triste historia.

El 28 de febrero Pablo González cubría como periodista la llegada de refugiados ucranios a Polonia, en el contexto de la recién estrenada invasión del ejército ruso, cuando fue detenido por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) polaca. Le acusaron de realizar trabajos de espionaje para el Departamento Central de Inteligencia (GRU) de Rusia y lo encarcelaron y aislaron sin margen para alegación alguna.

Cabe aclarar que Pablo, quien trabajaba como freelance para medios como Gara, Público y La Sexta, tiene la desgracia de tener padre ruso y, en consonancia, doble nacionalidad, española y rusa. Para mayor confusión, en su pasaporte español consta el apellido de su madre, mientras en el ruso aparece el de su padre, algo más común de lo que se piensa en casos de doble nacionalidad. Uno de los pocos argumentos esgrimidos públicamente por Polonia para justificar la detención fue que González contaba con documentos de identidad a nombre de personas diferentes.

Desde entonces, el calvario por el que está pasando la familia de González no ha hecho sino agravarse. El periodista no sólo lleva seis meses encarcelado, sino que sigue en aislamiento, con contactos por carta muy-muy puntuales. En seis meses, no ha podido recibir la visita de su mujer, Oihana Goiriena, ni siquiera la de su abogado, Gonzalo Boye, a quien todavía no han dejado personarse en el caso. Seis meses sin abogado de confianza. La única visita que ha podido recibir es la del cónsul español, quien apenas ha dado explicación alguna en un caso por el que el gobierno de Pedro Sánchez trata de pasar a todas luces de puntillas. Polonia, no lo olvidemos, forma parte de la Unión Europea (UE).

Esta misma semana, a petición de la fiscalía, los tribunales polacos han prorrogado por tres meses más el encarcelamiento de González en las mismas condiciones. Familia y abogado presentan la decisión como un intento de doblegar la voluntad de González para que se autoinculpe. Si tuviesen alguna prueba para procesarlo y condenarlo, ya lo sabríamos, ha señalado su letrado, quien insiste en que en un juicio justo y con garantías no supondría una amenaza para su defendido.

Pero el problema aquí es que hablamos de Polonia, un país con un sistema judicial que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), no es capaz de garantizar un juicio justo. Este tribunal comunitario, que emana del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha condenado hasta en seis ocasiones a Polonia por su falta de independencia judicial, situación que se ha agravado a raíz de unas reformas en las que el Poder Judicial se ha visto expuesto a la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y su independencia se ha encontrado considerablemente debilitada, según se lee en la última sentencia del TEDH, de marzo pasado.

Esas reformas han generado un litigio importante entre el país centroeuropeo y las instituciones de la UE, ya que la respuesta del Tribunal Constitucional de Polonia a los diferentes expedientes abiertos en Bruselas ha sido sacar, de facto, al país del ordenamiento jurídico europeo, al establecer que el derecho polaco prima sobre el derecho comunitario. Es un misil a la línea de flotación de la arquitectura jurídica europea, basada en la cesión de soberanía que los estados hacen a las instituciones comunes. La Comisión (Europea) tiene serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional (polaco), porque ya no cumple los requisitos de un tribunal establecido previamente por ley, señala la última nota de las instituciones europeas sobre el litigio con el país gobernado desde hace años por fuerzas conservadoras ultracatólicas.

La persecución de los pocos magistrados que han alzado la voz en contra de las intromisiones del gobierno en el Poder Judicial fue recogida por Amnistía Internacional en su informe de 2021. Robespierre caminaría el solo a la guillotina escuchando hablar a Polonia de separación de poderes.

La guerra lo ensucia todo y nubla la vista. Si lo que está ocurriendo con Pablo González estuviera sucediendo en Rusia o en Bielorrusia, el escándalo sería notable en toda Europa, con razón. Pero a este lado del reconstruido telón de acero, del lado de la democracia, el estado de derecho y las libertades, un caso como el que nos ocupa es demasiado incómodo. Como consecuencia, conviene ignorarlo y esconderlo bajo la alfombra. No es incompatible, sin embargo, denunciar la invasión rusa de Ucrania y afirmar, sin demasiados complejos, que Polonia no es un régimen democrático que pueda garantizar un juicio justo a Pablo González.

Covax, ¿fracaso para quién?

Silvia Ribeiro*

La Jornada

La semana pasada el gobierno de México anunció que iniciaría una demanda contra el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés) por no entregar millones de vacunas comprometidas, pese al pago adelantado por 160 millones de dólares que realizó México en 2020. Faltan entregar vacunas por valor de 75 millones de dólares. Covax ha distribuido a nivel global menos de la mitad de lo que se comprometió tanto sin costo a países de menos recursos como a los que realizaron compras anticipadas.

¿Covax es un fracaso? Sí, lo es para atender la pandemia Covid-19, para la salud pública y para cuidar a quiénes más lo necesitan. Por el contrario, para las trasnacionales farmacéuticas Covax ha sido una maravilla, en consonancia con los objetivos de los actores privados que lo fundaron. Pese a que distribuyó menos vacunas, no bajó las ventas de las transnacionales: fue un negocio adicional para las farmacéuticas que así vendieron más en ventas bilaterales a los países, imponiendo injustas condiciones. Se aseguraron, gracias a Covax, que las vacunas a países que no podían pagarlas fueran de todos modos pagadas a las empresas por gobiernos e instituciones públicas.

Al contrario de lo que muchas personas perciben, Covax no es un mecanismo de Naciones Unidas ni de su Organización Mundial de la Salud (OMS). Pese a que casi 80 por ciento de su presupuesto proviene de gobiernos, la OMS apenas tiene un lugar secundario y en minoría, junto a los coordinadores reales de Covax, que son la Alianza global para la vacunación (Gavi) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés). Ambas alianzas público privadas son controladas por sectores privados, fundadas y financiadas en primer término por la Fundación Bill y Melinda Gates.

El problema fundamental de Covax no es ineficacia, sino que nunca se pensó para el interés público. Se ideó y planificó para favorecer el lucro corporativo, representado en Gavi y CEPI y directamente por la gran industria farmacéutica y otras que se sentaron a la mesa y decidieron estructuras, objetivos y modos de funcionamiento de este mecanismo.

Como explica el experto Harris Gleckman –antes funcionario de ONU– en su reporte sobre Covax, éste fue creado como iniciativa comercial contra la salud pública, justamente para evitar que se creara un mecanismo público de Naciones Unidas, donde las corporaciones e intereses de lucro (aunque pueden cabildear) no hubieran podido sentarse en pie de igualdad y en mayoría, como lo hacen en Covax. Refiero esto en un artículo anterior (https://tinyurl.com/2a494rna).

Declarada la pandemia global, todos los países requieren acceso lo más rápido posible a prevención y tratamientos. Ante esa situación, para obtener los mejores resultados para la mayoría de las poblaciones, la producción y diseminación más segura y efectiva, se debería acudir principalmente a los sectores públicos y nacionales de salud y de investigación, compartir conocimientos y opciones, producir o coproducir tratamientos (no sólo vacunas) en forma amplia en todos los países que tengan la capacidad y/o apoyar la creación de capacidad en más países, para habilitar el mayor alcance global. Esto, además, hubiera fortalecido los sistemas nacionales de salud a corto y largo plazos. Se hubieran podido considerar diversos tratamientos y producir vacunas convencionales basadas en metodologías probadas, en lugar de experimentales, transgénicas y patentadas.

Ante situaciones de emergencia sanitaria, hasta la Organización Mundial de Comercio prevé en sus reglas excepciones por motivos de salud pública, en este caso, suspender las limitaciones de patentes de todos los tratamientos para que se puedan producir en más países y para bajar costos. Excepciones a las que la gran farmacéutica y sus países sede se opusieron fieramente.

En lugar de actuar para el interés público, lo único público que le interesó a Covax fueron los fondos gubernamentales, que canalizó como si fuera un banco de inversiones para compras anticipadas a gran escala a las empresas trasnacionales de vacunas basadas en ingeniería genética. Esto se agregó al gigantesco negocio que hicieron esas empresas en la pandemia, esquilmando a los gobiernos e imponiendo condiciones leoninas en precios y garantías. Se aseguraron además de que pese a ser vacunas con metodologías nunca antes probadas, ningún gobierno pudiera reclamar por los daños, con cláusulas de confidencialidad y de no responsabilidad inéditas, que los gobiernos aceptaron presionados por la emergencia. Un nuevo reporte de Gleckman da cuenta de ello (https://www.tni.org/es/node/25919).

Ante el fiasco de Covax, en lugar de exigir el reintegro de los fondos, el gobierno de México aceptó recibir vacunas genéticas pediátricas, el nuevo paso de negocios de las corporaciones para expandir sus mercados. Son aún más experimentales y aprobadas sólo para emergencia, que ya no es tal. Dichas vacunas no previenen los contagios, la afectación de Covid-19 en niños y niñas es mínima, la vasta mayoría tiene sus propias defensas. Agregan a todo lo anterior cargar a la infancia con riesgos innecesarios que como señalan varios artículos científicos, pueden ser muy graves.

* Investigadora del grupo ETC.