Corolario
Educación y pandemia
Raúl Contreras Bustamante
Excelsior
Hace unos días fue presentado el Informe de Actividades 2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) —que es el organismo especializado en materia educativa de la Organización de las Naciones Unidas— que proporcionó datos muy interesantes que alertan respecto a los efectos que la pandemia dejó en perjuicio del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
El informe reporta los estragos provocados por la pandemia del covid-19 que ha trastocado la vida de todo el mundo. Después de más de dos años de su inicio, los indicadores en todos los rubros reflejan muchos retrocesos significativos, pero, sin duda, uno de los sectores de la población que más afectación ha tenido es el de la infancia.
El cierre de las escuelas en todo el mundo fue un factor devastador en los procesos de aprendizaje, a grado tal que a decir del representante de Unicef en México: “La pérdida de aprendizajes es la mayor amenaza generacional que tenemos”.
El informe estima que los menores han perdido entre dos y tres años de aprendizaje durante este periodo, y los efectos negativos son peores en aquellas niñas y niños que comenzaron su educación en 2020, año en que se decretó la suspensión de actividades escolares presenciales debido a la emergencia sanitaria.
Así, parece ser que el mayor reto que México enfrenta para garantizar el acceso del derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes es precisamente recuperar el nivel educativo. A ello hay que sumar la problemática que implican diversos temas de salud pública.
Por ejemplo, las cifras indican que el 38% de nuestros niños y el 43% de nuestros adolescentes padecen obesidad, aunado a la desnutrición y la violencia doméstica que padeció nuestra niñez y juventud, de manera agravada, durante el confinamiento.
El informe de la Unicef apunta que en 2021 el 59% de los hogares mexicanos con niñas, niños y adolescentes tuvieron ingresos menores a los que percibían antes de la pandemia, lo que trajo dificultades en el acceso a alimentos saludables, afectando no sólo su nutrición, sino su aprendizaje.
Y es que nuestro país fue uno de aquellos donde las escuelas permanecieron completamente cerradas durante 18 meses, lo que, a decir del informe, aumentó las brechas del aprendizaje e incrementó los riesgos de exclusión y deserción escolar, sobre todo en niños pertenecientes a grupos de comunidades indígenas o aquellos que viven en condiciones de mayor pobreza.
Aunque las consecuencias del impacto de la pandemia no han sido privativas de nuestro país, si nos han impactado de manera sensible. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la gran parte de los países miembros del G20 ya han logrado recuperar los niveles del Producto Interno Bruto que tenían antes de la pandemia. Sólo Alemania, Japón y México, aún no lo han conseguido.
Un elemento importante para nuestra recuperación deberá enfocarse en atender las crecientes necesidades de gasto en salud, educación e infraestructura, así como en seguir combatiendo factores tales como la informalidad en materia laboral, el combate a la inseguridad o la corrupción, que han obstaculizado el crecimiento de la productividad.
México tiene un gran potencial para convertirse en una economía de alto crecimiento, pero esto sólo será una realidad si somos capaces de apostar por el capital más valioso para cualquier nación, que son sus niños y jóvenes. Es preciso fortalecerlos en todos los aspectos, pero —sin duda— la educación es pilar fundamental.
Cómo Corolario, la frase de la activista irlandesa Sinéad Burke: “La educación es lo que rompe los ciclos de pobreza y opresión”.
El peligroso desabasto de vacunas
Carolina Gómez Vinales
Excelsior
La vacunación es una de las intervenciones de salud pública más exitosas que se realizan con mayor costo-efectividad. En el caso de México, los resultados obtenidos en el campo de las inmunizaciones eran francamente espectaculares. En 1991 se creó el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), como instancia de coordinación y consulta, cuyo objetivo principal fue promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, con el fin de controlar y eliminar las enfermedades transmisibles mediante la vacunación universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez. Lo preside el secretario de Salud federal y lo integran los titulares del IMSS, ISSSTE, DIF, Pemex, Sedena, y directores de centros pediátricos y regulatorios de México.
En 1992, el doctor Jesús Kumate Rodríguez, entonces secretario de Salud federal, impulsó la creación del Programa Vacunación Universal, con el cual se logró erradicar del país la viruela y eliminar la mortalidad por sarampión, polio y paludismo en México. A este mexicano, médico y político, de formación pediatra, le debemos mucho en el ámbito de las enfermedades prevenibles y del establecimiento de una política pública de Estado a través de las vacunas. Este programa había estado vigente hasta 2018, y protegía a millones de infantes menores de 5 años en contra de 14 enfermedades. El lema inicial fue Todos los niños, todas las vacunas.
A lo largo de la historia, se han presentado eventos que han impactado en la salud de la población mexicana, por lo que nuestra meta debe ser alcanzar la equidad inmunológica y para ello es indispensable cuidar la salud de toda la población: niños, adolescentes y grupos vulnerables, principalmente en las zonas rurales, fronterizas y comunidades indígenas. No obstante, existe el riesgo de que en México también aparezca algún brote de consideración ante el desabasto de vacunas que presenta nuestro país.
En 2022, podemos decir que ni todos los niños y menos todas las vacunas. De acuerdo con la Ensanut 2021, sólo uno de cada tres niños mexicanos menores de dos años de edad tenía su esquema básico de seis vacunas. Es una situación muy vulnerable porque estos niños están expuestos al riesgo de contraer enfermedades altamente contagiosas y graves como sarampión, poliomielitis y tosferina.
Estoy convencida de que las vacunas son la mejor forma de prevenir enfermedades y salvar vidas. A nivel mundial teníamos uno de los esquemas más completos, un programa verdaderamente universal, porque existía una coordinación de acciones entre las diferentes dependencias del sector público. Las vacunas son una decisión individual con un alto impacto para la salud de las comunidades. Así que las decisiones administrativas tardías y fallidas tendrán un impacto en la salud, y no hablo sólo de las vacunas covid-19, sino todas aquellas que protejan la salud de los mexicanos sin importar su condición social: niños, adolescentes, grupos vulnerables, mujeres embarazadas y adultos mayores.
El reto actual es mayor, especialmente si se consideran los efectos directos e indirectos de la pandemia por covid-19, principalmente por la reconversión de los servicios médicos, el desabasto de insumos y biológicos necesarios para la operación del Programa de Vacunación. Existe un riesgo de la aparición de brotes, que, en medio del contexto social empobrecido y de un sistema de salud fragmentado cada día más, incrementan la magnitud del daño. Es necesario retomar las vacunas como la única forma de prevenir la salud de toda la población mexicana.
Rescatar a los vivos para honrar a los muertos
Carlos G. Rodríguez Rivera*
La Jornada
El análisis de la información obtenida evidencia que las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y en los diversos instrumentos internacionales de que México es parte. Así concluye el Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila (2011), de la CNDH. Sin embargo, palidece ante la crítica que clama, incuestionable, ante la muerte prematura de gente inocente: más de 120 mineros del carbón han fallecido después de los 65 de Pasta de Conchos (2006), 12 más en 2006; ocho en 2009; 13 en 2010; 30 en 2011; 33 en 2012; cuatro en 2013; siete en 2021, en recuento incompleto.
¿Por qué no se ha modificado la regresiva norma oficial mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón, y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, tal como lo programó Inspección Federal de la STPS al reconocer que sólo 39 por ciento de los centros inspeccionados en 2020 cumplía la norma laboral en la región carbonífera ( Informe de austeridad 2020 y 2021)? Ambos ordenamientos deberían prohibir irrestricta, inmediata y definitivamente pozos, cuevas y minas de arrastre, ilegales o clandestinos la mayoría de las veces, que no cumplen ni pueden cumplir lo normado. Estructuralmente hablando es imposible que un pozo de carbón –agujeros de 1.5 metros de diámetro y 30, 60 o 100 metros de profundidad– tenga salida de emergencia. Las imágenes del pozo El Pinabete –de donde esperamos que los mineros salgan con vida– lo evidencian. Además, las sanciones no inhiben los siniestros y dan pie a la cínica conducta empresarial: resulta más barato pagar por el minero muerto que invertir en seguridad.
¿Por qué la Secretaría de Economía no ha acatado las medidas de no repetición de la recomendación 62/2018 de laCNDH, referidas a la obligatoriedad de verificar el cumplimiento de los requisitos para licencias, permisos o concesiones de su competencia o la Semarnat, Profepa y el municipio de Sabinas, respecto de los actos de inspección y vigilancia para suprimir el impacto ambiental negativo y las violaciones a los derechos humanos? En 15 años, la CNDH ha emitido cinco recomendaciones referidas a las minas de carbón (26/2006; 64/2008; 85/2010; 12/2011 y 62/2018), rechazadas, aceptadas, con incumplimiento insatisfactorio o de plano ignoradas.
¿Qué esperan los legisladores para agilizar la ratificación de estándares internacionales para la minería de carbón? Hablamos de mínimas medidas de prevención y protección y de máxima garantía para los carboneros que desem-peñan una de las actividades más riesgosas del mundo, contenidas en el Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas de la OIT, 1995 (Nº 176), y recomendación adjunta (Nº 183). Y de su complemento, el repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en las minas de carbón subterráneas (2006). Además, la recomendación 125, condiciones de empleo de los menores (trabajo subterráneo), de 1965 y la recomendación 171 servicios de salud en el trabajo (1985). Por cierto, ¿qué espera la OIT para dar asistencia técnica ante la incapacidad de la STPS para frenar esta siniestralidad o el IMSS para crear en el HGZMF 24 de Nueva Rosita la especialidad de neumología y atender la alta incidencia de enfermedades respiratorias por aspirar polvo de carbón?
¿Qué espera el Poder Legislativo –estatal y federal– en atención a las víctimas, para legislar y dar garantías de debido proceso, ya que históricamente, habiendo elementos de omisión y negligencia en los siniestros, la Fiscalía del estado jamás ha dictado una sentencia condenatoria por la muerte de los mineros, no abre las averiguaciones previas, y si lo hace es para mandarlas al no ejercicio de la acción penal?, ¿por qué no se ha creado un grupo intersecretarial, como el del proyecto exitoso conformado para la erradicación de la subcontratación ilegal que creó un grupo federal, que derivó en inspecciones específicas y en operativos especiales?
Nada ha cambiado, porque ante el negocio del carbón no hay ley que valga. Por la vía de los hechos y de leyes a modo, se ha decretado una suspensión de garantías para los mineros y sus familias. Una suerte de extraterritorialidad, de vacío del estado de derecho e impunidad institucionalizada, explicables por el entramado regional de poder económico y político, anudado en torno al gobierno del estado, presidencias municipales, regidurías y diputaciones controladas por el PRI y nueve familias o grupos empresariales que acaparan contratos millonarios de toneladas de carbón y la cauda de contratistas y subcontratistas de los subcontratistas, mamando de la ubre del negocio. La indolencia y corrupción de los inspectores y servidores públicos es sólo un agravante más.
De ahí lo trascendental de rescatar a los caídos en Pasta de Conchos, inseparable del legítimo reclamo por conocer la verdad de lo ocurrido, sancionar a los responsables y aplicar medidas de no repetición. Es la lucidez e insistencia incansables del Centro Pro y la Organización Familia Pasta de Conchos, interlocutor válido, coadyuvante insustituible y garantía de dar con una salida justa y digna para la región. Hay que evitar la muerte temprana del minero indefenso. ¿Acaso el carbón no es un bien de la nación como el petróleo, la electricidad o el litio? Es la única redención exigible: rescatar a los mineros vivos para honrar a los mineros muertos.
* Promotor y defensor de derechos humanos laborales.
México SA
El Pinabete: rescate en puerta // Tráfico de concesiones mineras // Barones, red de complicidades
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Los tiempos se aprietan, pero parece que comenzará el proceso de rescate de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, pues la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa (presente desde el primer momento en el área siniestrada), anunció: podemos ingresar ya a los tres pozos y se tienen preparados los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y salvamento de los trabajadores.
Dicha mina se localiza en la zona carbonífera de Coahuila, en la que prevalecen el mercado negro de concesiones mineras, los prestanombres para ocultar a los verdaderos beneficiarios, la presencia de cacicazgos y, en el cuento de nunca acabar, la connivencia entre éstos y las supuestas autoridades municipales, estatales y federales. Ayer, el presidente López Obrador dijo que de manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al IMSS y no a los concesionarios. Por eso, dijo, hemos pedido a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad.
Recordó que uno de los empresarios más famosos de esa región prestaba el avión a un gobernador (Rubén Moreira, aunque no sólo a él). Ese era el nivel de contubernio entre el poder económico y el político (éste al servicio del primero). Ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado, cacicazgos y mucha influencia política, gobernadores caciques y empresarios también corruptos, vinculados a políticos. Y el patrón se repite en todas las zonas mineras de la República, que no son pocas.
Pero en el caso concreto del personaje referido por el mandatario no hay que esforzarse, pues se trata de Alonso Ancira (el de Agronitrogenados y Emilio Lozoya), entre otras cosas amo y señor de Coahuila, donde, gracias a la política privatizadora del salinismo, estableció su imperio y se convirtió en el zar del acero y el carbón, de tal suerte que todo (desde negocios sucios, tráfico de concesiones mineras, neolatifundismo, financiamiento de campañas políticas, imposición de funcionarios, hasta medios de comunicación y sindicatos blancos a su servicio) confluye hacia él, como sucede en otras entidades de la República con, por ejemplo, Larrea, en Sonora, Bailleres, en Zacatecas, y así por el estilo.
Por ello, es pertinente retomar lo que una década atrás denunció el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, porque transcurrido el tiempo ninguna autoridad ha hecho el mínimo esfuerzo para evitar prácticas como las descritas ni meter en cintura a los barones de la minería. Dijo el actual senador de la República: muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros, sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras. Es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado. Por ejemplo, Fox entregó más de 400 concesiones mineras a Germán Larrea, cada una de ellas con miles de hectáreas. ¿Y dónde está la autoridad federal que supervise y/o evite todo ello?
Por demás relevante es la información publicada por La Jornada: en Coahuila se extrae carbón al amparo de concesiones sobre las que existe escasa información respecto de sus propietarios reales, pero son los grades grupos mineros (como los de Ancira y Larrea) los que “explotan los terrenos (…) y, de acuerdo con fuentes sindicales, fraccionan las concesiones y las trasladan a otras compañías que las operan en cuanto las condiciones del mercado hacen subir el valor del mineral… La compañía que formalmente opera la mina El Pinabete no ha emitido un pronunciamiento sobre los hechos. Las autoridades de las secretarías del Trabajo y de Economía tampoco se han pronunciado sobre los propietarios reales o formales de la empresa ni han dado a conocer los resultados de las inspecciones sobre las condiciones de trabajo, según registros oficiales. Es una práctica usual en la región que grandes empresas se hacen de concesiones mineras que luego fraccionan y trasladan a otros propietarios”.
Las rebanadas del pastel
Algo más que zacate y jabón se requiere para limpiar el espeluznante mugrero en la industria minera del país. Si no hay voluntad política para ello, lo demás no servirá de nada.
