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El negro, nuevo color distintivo de los priistas

Elisur Arteaga Nava

Proceso

Cada partido debe adoptar un color que lo distinga de los demás y dado que el guinda es un monopolio de Morena, el azul y blanco de los panistas, el anaranjado de Movimiento Ciudadano, el verde de los ecologistas, el amarillo del PRD y el rojo del PT.

El 22 de junio pasado se ­informó: “La bancada de Morena en la ­Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa de reformas a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional que contempla prohibir que cualquier partido, persona física y asociaciones políticas pueda usar los colores del lábaro patrio en sus emblemas”. Se comentó que el autor de la iniciativa es el diputado Emmanuel Reyes (El Universal).

La nota refiere, y eso es evidente, que la prohibición tiene un destinatario cierto: el Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién más? La reforma, de aprobarse, será de aplicación inmediata. Incidirá en el logo con el que PRI se presentará en las elecciones a celebrar en 2023 en el Estado de México y Coahuila. Esos son los ejercicios electorales de los que depende que subsista como organización política.

La prohibición contenida en las modificaciones a la ley, al parecer, también deberá ser acatada por todas aquellas organizaciones políticas, gremiales o sindicales que han venido usando en sus escudos, banderines, logos y papelería los colores y el escudo nacionales.

Dos cosas son ciertas: la primera, que el Congreso de la Unión sí está facultado para modificar la ley mencionada. Existe un precepto constitucional que se lo permite: “Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno nacionales (artículo 73, fracción XXIX. B).

La segunda, que a Morena le alcanzan y le sobran los votos para aprobar leyes ordinarias o para modificarlas, entre otras, la citada Ley sobre la Bandera, Escudo e Himno Nacional. Como están las cosas políticas, nadie puede impedírselo. Podemos dar por hecho que no terminará este año sin que veamos al PRI con un nuevo color.

En el PRI y otras organizaciones gremiales que utilizan los colores patrios no podrán alegar que esa ley tendrá efectos retroactivos; tampoco argumentar que se les priva de un derecho adquirido en violación a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Si lo hacen, no estarían en lo correcto. Es de explorado derecho, desde hace muchos años, que en materia política no hay derechos adquiridos. La doctrina y la legislación son coincidentes en esta materia. Paul Rouvier, un tratadista francés que goza de mucha autoridad, opina lo siguiente:

“Se han preguntado los teóricos de ‘los derechos adquiridos’ tanto de nuestra jurisprudencia como de la doctrina, la existencia de una diferencia entre las leyes de derecho privado y las leyes de derecho público; las primeras se rigen por las reglas de no retroactividad, no las segundas; o, en otros términos, no habrá derechos adquiridos que puedan ser invocados en contra del bien del Estado y el interés general objeto del derecho público”. (Les conflits de lois dans le temps, tomo dos, Librairie de Recueil Sirey, París, 1933, p. 461).

En forma reiterada se observa que tanto la Constitución Política como las leyes que regulan la participación de los particulares en los negocios públicos, son reformadas para cambiar el marco normativo relativo a la organización de las instituciones públicas y los derechos políticos. Ello es factible por cuanto a que en la materia se sobrepone el interés de la colectividad o del Estado al de los particulares o al de las organizaciones políticas.

La no retroactividad es un derecho que sólo se aplica a relaciones que se dan entre el Estado y los particulares, por una parte y de estos entre sí. En materia política nada es inmutable. Si lo fuera, las mujeres aún no podrían votar y ser votadas, los menores de 21 años no podrían ejercer el derecho a votar y los legisladores no podrían reelegirse. Desde el momento en que la Constitución faculta al Congreso para dar y reformar la ley de la materia, implícitamente lo faculta para alterar el estado de cosas existentes.

Habría que ver qué disponen los artículos transitorios respecto del uso que se hace actualmente de los colores patrios; son ellos los que determinarán el momento de entrada en vigor de la reforma y los efectos que tendrán sobre el uso que de los colores patrios se hace. No tendría caso establecer una prohibición de tal naturaleza sin que se aplique al PRI y a las organizaciones incorporadas a él.

De aprobarse la reforma que se propone, los priistas van a estar en un grave predicamento. No quisiera estar en su lugar. Veamos por qué:

Puesto que, por virtud de lo dispuesto por la Ley Electoral, cada partido debe adoptar un color que lo distinga de los demás y dado que el guinda es un monopolio de Morena, el azul y blanco de los panistas, el anaranjado de Movimiento Ciudadano, el verde de los ecologistas, el amarillo del PRD y el rojo del PT, me da la impresión de que todos los colores medianamente aceptables ya están asignados; quedarían por repartir el negro, que, según los que saben, no es color, el rosa y el lila, que sí lo son, pero dudo que los priistas quieran optar por uno de los dos.

Bonitos se hubieran visto los machos priistas, los broncos revolucionarios, los de pelo en pecho, como lo fueron Plutarco Elías Calles, Gonzalo N. Santos o Rubén Figueroa Figueroa identificándose con los colores rosa. Bonitos se van a ver Manlio Fabio Beltrones o Miguel Osorio Chong, usando chalecos y sombreros color lila. Sólo eso les faltaba.

En la definición del color, si bien las priistas van a poder opinar y ellas no le harían el fuchi al color lila, lo cierto es que el voto que terminará por prevalecer es el de los connotados e ilustres priistas. Ellos tendrán mano. A como van las cosas, no le va a quedar de otra que aceptar como distintivo de su organización política el negro, aunque no sea color; eso sería un mal presagio: el negro destino que les espera.

Ante una ciudadanía poco ilustrada y escasamente informada, usar los colores patrios daba una gran ventaja. Eso se acabó.

Sextante

Esperanza

Federico Reyes Heroles

Excelsior

El cadáver de un bebé en un tinaco; mujeres descuartizadas ya como algo común; crucificados en Zacatecas; incinerados; masacres de familias; miles de actos de tortura; más de 120 mil homicidios; en México, hubo 451 homicidios dolosos contra menores (Redim); en Ucrania 242, todo en 100 días. Ante este horror, el silencio sería complicidad.

En un dolido, pero prudente mensaje, las voces de la Iglesia católica, en particular de la comunidad jesuita, instaron al gobierno a revisar la estrategia de seguridad. ¿Acaso estuvieron los clérigos fuera de tono? Para nada, de hecho, dieron una clase de teoría del Estado, todo en palabras muy llanas: recuperar el orden; evitar el delito que a todos ofende; usar la fuerza pública para aplicar la ley. Fue un llamado muy respetuoso a revisar lo andado. La respuesta presidencial fue contundente: no.

“¿Qué quieren los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a apostar a la guerra?”, tal fue la reacción, acompañada del estribillo ya cansino: “¿Por qué no actuaron con Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaron las masacres, cuando se puso en marcha ‘El mátalos en caliente’?”. Y, como remate, la habitual ofensa: “¿Por qué esa hipocresía?”.

Los miembros de las iglesias –como cualquier otro ciudadano– viven en sociedad y padecen los mismos males: retenes, extorsiones, amenazas a sus familias, etc. El asesinato en Chihuahua sacudió a muchas voces religiosas que habían mantenido un perfil bajo. Subieron el tono. Los unió una convicción, no una orden. El incendio llegó al Papa: “Cuántos asesinatos en México”. Casi 100 homicidios diarios y la explicación simplona –“son entre ellos”– que subleva. Son vidas.

El sermón presidencial no tuvo la menor sensibilidad, como en tantos otros casos, no abrió ninguna puerta. Negar la realidad y endosar al pasado todos nuestros males, a meses de entrar en el quinto año de gobierno, es la cínica táctica. Pero esa reacción banal ahora podría convertirse en un punto de inflexión. El 77.7% de los mexicanos se declara católico. Por ende, la violencia afecta más a los practicantes de esa religión. No es novedad que esa Iglesia fije posturas frente a acontecimientos nacionales. Desde hace 50 años publican posiciones oficiales sobre nuestra sociedad, la suya, sin contravenir ningún precepto. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha difundido alrededor de 120 documentos en el último medio siglo. Chiapas en 1994 ocupó varios, pero también la violencia en 2021 o el fallo definitivo del TEPJF en 2006. La paz es un claro eje rector. Los sucesos en la Tarahumara y otros no podían ser eludidos.

Pero, en esta ocasión, la CEM además convoca a una auténtica movilización social: misas, la del pasado domingo con dolorosas fotografías de las víctimas ligadas a la Iglesia; homenajes en los sitios significativos de violencia y muerte; dedicar todo julio a las víctimas de homicidios dolosos, desaparecidos, feminicidios, activistas sociales, periodistas perseguidos o asesinados. La convocatoria incluye dedicar la eucaristía –quizá el máximo rito en esa religión– a los victimarios y pedir por su redención. Sumando las diferentes categorías de las víctimas, el terreno es muy fértil. México grita contra la violencia.

Ante la barbarie y la indignación, se convoca a la unidad de obispos, sacerdotes, párrocos, fieles y otros. Pero van más allá de los católicos, también se convoca a ciudadanos de “buena fe” a que participen en la construcción de la paz. Por ello es un llamado a la unidad nacional.

Vaya contraste: el gobierno ofendiendo a los clérigos y a la institución –“hipocresía”– y la Iglesia católica abriéndose a los hechos e invitando a la construcción de la paz, todo al amparo de la Virgen de Guadalupe, la Morena.

Las iglesias tienen una misión espiritual y también social, son poder permanente. ¿Será acaso el inicio de una discusión que el gobierno evade?

Ante la insensatez, esto genera esperanza.

Arsenal

Pesimismo en EU sobre la reunión Biden-AMLO

Francisco Garfias

Excelsior

Poco interés ha mostrado la prensa de Estados Unidos por la reunión que sostendrán hoy los presidentes López Obrador y Joe Biden en Washington.

La inflación, las malas prácticas de Uber, el tema Elon Musk-Twitter, el aborto, llenaban ayer las primeras planas de Washington Post, NYT, The Wall Street Journal, Los Angeles Times…

Y, sin embargo, el Grupo Eurasia, consultor de riesgos políticos alrededor del mundo, le dedicó su reporte sobre México a la visita de AMLO. “No es probable que surjan acuerdos significativos de la cumbre”, concluye.

La reunión se centrará en los temas más polémicos de la relación bilateral: migración, energía, drogas.

Eurasia subraya que la migración ha estado en el centro de atención al norte del río Bravo. “Es un tema extremadamente polémico, antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos”, advierte. Y recuerda que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha criticado las políticas de inmigración de Biden y de López Obrador, y ha propuesto un plan para enviar inmigrantes de regreso a México.

AMLO ha dicho que le pedirá a Estados Unidos que aumente el número de visas para trabajadores temporales.

“El tema los obliga a colaborar estrechamente. Con esto, López Obrador, hasta ahora, ha podido reducir las tensiones en otros temas controvertidos, como el energético, donde sus políticas se desvían de los objetivos estadunidenses.

“Sin embargo, la administración Biden parece estar cada vez más incómoda con las políticas nacionalistas de México y probablemente pedirá un trato justo y reglas claras para las empresas estadunidenses, aunque es poco probable que obtenga mucho a cambio, ya que López Obrador seguirá impulsando su agenda nacionalista”. En cuanto al narcotráfico, el fentanilo es el principal tema a abordar.

* El anuncio de que se canceló el citatorio de Florencia Serranía, exdirectora del Metro, en el marco de las investigaciones de la tragedia de la L-12 (26 muertos y más de 100 heridos), levanta sospechas.

Dice la Fiscalía de la CDMX que no hay una línea abierta de investigación sobre el mantenimiento y que, por ello, se pueden violar los derechos de la exfuncionaria. ¿No será que le quieren dar carpetazo para evitar que el tema salpique las ambiciones presidenciales de Claudia Sheinbaum? Es pregunta.

Parece que la Fiscalía capitalina “olvidó” el resultado del tercer peritaje de la empresa noruega DNV, elegida por la mismísima jefa de Gobierno para realizarlo.

Ese reporte dejó muy claro que no sólo hubo problemas de construcción y diseño en la L-12, sino que no hay registros de inspecciones o de trabajos de mantenimiento.

El abogado de las víctimas, Teodoro Benítez, protestó enérgicamente por el anuncio: “Esas afirmaciones están fuera de contexto. El MP está obligado a agotar todas las líneas de investigación y a efectuar todas las entrevistas que sean necesarias para esclarecer un hecho criminal. “¿Las víctimas no tienen derechos? ¿De qué lado está el MP? ¿De la justicia o de no molestar a la amiga de su jefa?”, cuestiona el abogado.

* Arrecia el “fuego amigo” en Morena. El coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció en Twitter que ya presentó denuncias ante la FGR en contra del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; del senador Alejandro Armenta, gallo de Ricardo Monreal para presidir la Mesa Directiva de la Cámara alta, y del extitular de la UIF, Santiago Nieto. La denuncia es por revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, “con el propósito de perjudicar sistemáticamente a Morena y a personas que son contrarias a sus intereses económicos, políticos y personales”, según el denunciante.

Pide a la FGR que realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el debido proceso, para evitar falsas narrativas, como lo hicieron en su contra, “lo que motivó que la UIF emitiera un enérgico extrañamiento a la Fiscalía de Puebla por falsear información”, dijo Mier en un video.

Barbosa negó haber filtrado información y pidió al diputado que mejor aclare sus posibles vínculos con la comisión de delitos que han llevado a la cárcel a alguno de sus socios.

* El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reporta más de un centenar de acciones represivas (105) en el marco del primer aniversario de las manifestaciones del 11-J en Cuba. Dice que desde el pasado viernes la policía política ha desplegado un fuerte operativo con el fin de impedir que los ciudadanos recuerden de manera pública el primer aniversario del 11-J.

El OCDH denuncia que entre los detenidos se encuentra el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sajarov, de la Unión Europea, quien fue arrestado desde el pasado viernes 8 y a cuyos familiares se les continúa impidiendo comunicarse con él.

Astillero

Las cloacas del periodismo // España: noticias burdas // Frenar a Podemos-Iglesias // Igual en México y Latinoamérica

Julio Hernández López

La Jornada

En 2016, a un mes de las elecciones generales de España, diversas casas encuestadoras mostraban en segundo lugar de preferencias a la coalición Unidos Podemos (https://bit.ly/3RpE54c), integrada por Izquierda Unida y Podemos, el joven y sorprendente partido que iba rebasando al anquilosado Socialista Obrero Español.

El avance de una izquierda no atenazada por el sistema fue frenado por diversas vías, entre ellas la profusión de artículos editoriales y mesas de análisis en medios electrónicos que acusaban a Podemos y a su dirigente, Pablo Iglesias, de estar alineados con el chavismo, el castrismo y otros ismos generadores de alejamiento electoral en España (entre similares comicios de diciembre de 2015 a los de junio de 2016, Podemos perdió un millón de votos).

Ahora se ha sabido que en campaña contra el ascenso de Podemos se difundió, a sabiendas de su precariedad, una fabricación desde sótanos del poder contra Pablo Iglesias, supuestamente receptor de fondos del gobierno de Venezuela a través de una cuenta a su nombre en el paraíso fiscal de Euro Pacific Bank, con sede en Kingstown, capital de la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

Según la revelación hecha en el Ok Diario (www.okdiario.com), dirigido por Eduardo Inda, acusado con insistencia de ser un profesional de la mentira mediática, “Pablo Iglesias cobró en 2014 y sólo dos meses después de la fundación de Podemos 272 mil 325 dólares del régimen de Nicolás Maduro por ‘asesorías para el desarrollo social en el país’, según consta en la documentación a la (que) ha accedido Ok Diario”. Cuatro altos mandos de Maduro firmaron el pago, remachaba tal medio (https://bit.ly/3c79fwY).

La historia fue retomada como cierta por el poderoso corporativo Atresmedia (Antena Tres y La Sexta, en televisión; Onda Cero, en radio, como principales marcas del conglomerado), a través del conductor estelar del programa Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, director del área editorial y de informativos de La Sexta. En diversos programas informativos, tertulias y mesas de discusión (de distintos medios españoles) se asentó la versión como cierta. García Farreras ofreció a Pablo Iglesias la oportunidad de responder al aire sobre la acusación, que tajantemente negó.

Ahora se sabe que el propio García Farreras supo que la información tenía una confección, por decirlo así, burda y un origen situado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, con colaboración de fuentes de la DEA estadunidense.

El escándalo se ha precipitado al filtrarse una grabación de audio en la que el citado García Farreras y el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía, acompañados de otros personajes, reconocen la factura insostenible de la noticia contra Iglesias. El policía Villarejo: “…¿sabes lo que pasa? Que (el periodista) Eduardo (Inda) yo le presenté en su día a Pino (el director policiaco adjunto) y a toda esta gente (los tíos de la DEA) y tal. Pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son…”. A lo que García Farreras añadió y reconoció: “Yo le dije: ‘Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo’” (https://bit.ly/3Iz5gFF).

Iglesias, Podemos y buena parte de la sociedad española han denunciado de manera contundente estas cloacas mediáticas que allá, como en otros países, México entre ellos, sufre las fabricaciones periodísticas para frenar opciones políticas y electorales contrarias a los poderes confabulados.

Presidentes latinoamericanos, entre ellos López Obrador, han condenado este episodio español, que forma parte de las campañas de desestabilización desde los medios, que no siempre se pueden probar, como ahora con Villarejo y Farreras, pero son claramente perceptibles.

Y mientras hoy se reúnen los presidentes López Obrador y Biden, con los migrantes como tema relevante.

México SA

AMLO va por visas // Urge tratado formal // Crecen deportaciones

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

El presidente López Obrador ya se encuentra en Washington, en donde se reunirá con su homólogo Joe Biden, con quien abordará temas bilaterales como migración, inflación, seguridad y programas de cooperación para el desarrollo, no sólo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica, de acuerdo con el propio mandatario mexicano.

Además, dice López Obrador, tenemos una relación económica muy importante, somos el segundo socio comercial de Estados Unidos en el mundo (el primero es Canadá) y hablamos de un intercambio comercial constante, permanente. Por la crisis económica actual, por la inflación, México es un país con muchas oportunidades para la inversión y está llegando mucha inversión extranjera a nuestro país, como nunca, y se fortalecen las relaciones económicas y comerciales con el vecino del norte.

Con todo, hasta donde se sabe la prioridad del presidente López Obrador es el tema migratorio. Dos semanas atrás el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el gobierno estadunidense aceptó entregar 150 mil visas temporales de trabajo para mexicanos y un número similar para ciudadanos centroamericanos, como una solución para hacer frente a las caravanas de migrantes.

De acuerdo con el inquilino de Bucareli, tal acuerdo será dado a conocer durante la visita del presidente López Obrador a Washington, y confió en que esas 300 mil visas de trabajo contribuirán a bajar la tensión provocada por miles de migrantes que se hacinan en distintos estados del país a la espera de llegar al norte y conseguir cruzar a Estados Unidos ( La Jornada).

Pero no es un platillo fácil de cocinar, porque si bien 300 mil visas en total (mitad para mexicanos y mitad para centroamericanos) es una cantidad no despreciable, ni lejanamente soluciona el constante flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos; ese número de visas temporales sólo son aspirinas para un problema infinitamente mayor”, de tal suerte que se requiere un tratado migratorio amplio, formal y de largo alcance.

En vía de mientras, la Organización de Naciones Unidas divulgó el siguiente informe: durante los primeros meses de 2022 se ha observado que los eventos de detención registrados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos van en aumento. En el primer mes del año se registraron 154 mil 812 eventos; en el segundo, 165 mil 894, y en el tercero, 221 mil 303. Al comparar los datos del primer trimestre de 2021 con los del año en curso, se observa un aumento de 53.6 por ciento, ya que en 2021 se registraron 352 mil 790 eventos, mientras que en 2022 van 542 mil 9. Los actos de detención de niñas, niños y adolescentes también han tenido un pequeño incremento. Durante el mismo periodo, en 2021 se registraron 34 mil 92 mientras que en 2022 van 34 mil 868, lo que representa un aumento de 2.28 por ciento. Lo anterior indica que es probable que los siguientes meses la tendencia continúe al alza.

Durante los primeros meses del año se refleja un ligero pero continuo aumento de eventos de repatriación de connacionales desde Estados Unidos. Al comparar cifras de enero y febrero de 2021 respecto de 2022, destaca un aumento de 66.35 por ciento ya que, comparativamente, durante este periodo el registro pasó de 24 mil 788 a 41 mil 231 eventos deportaciones, de las cuales 86.8 por ciento correspondieron a hombres y 13.2 por ciento restante a mujeres.

Aunque a finales de 2021 se observó una disminución en los eventos de personas extranjeras presentadas por la autoridad migratoria en México, durante los primeros meses de 2022 se registró una tendencia ascendente. Al comparar los primeros meses de 2021 con los de 2022 también se identifica un aumento considerable, ya que durante el año pasado, hasta febrero, se contabilizaron 22 mil 457 contra 46 mil 688 en 2022, lo que significa un incremento de 107.9 por ciento. Las principales nacionalidades de las personas presentadas o canalizadas son hondureñas (25 por ciento), guatemaltecas (24.7) y cubanas (11.8)

Las rebanadas del pastel

Nadie sabe qué relación existe entre la tenebrosa existencia de Luis Echeverría y su muerte, las rebajas de 70 por ciento en una tienda de ropa y el incremento del crédito otorgado por la banca que opera en el país, pero bueno así se dan las cosas. Igual se trata de una ecuación que los mortales de plano no alcanzamos a descifrar o tal vez sea una simbiosis que sólo los iniciados entienden.

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