Lo que dicen los columnistas

Razones

Malos días para la 4T

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

No será fácil el debate en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley de industria eléctrica. Ayer tuvo que ser suspendido, pero desde el inicio las opiniones están divididas. Si bien se permitió, vulnerando antecedentes de la propia Suprema Corte, la participación de la ministra Loretta Ortiz, que en su paso como legisladora de Morena consignó como traidores a la patria a quienes apoyaran la reforma energética, rechazó por seis votos contra cinco los llamados considerandos del proyecto de la propia ministra. Se ve difícil que esos seis ministros cambien de opinión el jueves. Pero recordemos que para declarar la constitucionalidad de la ley se necesitan sólo cuatro votos. Y esos se pueden lograr, pero hacerlo en franca minoría respecto al pleno, tendrá un alto costo político.

Es mucho lo que está en juego con la aprobación de la Ley de Industria Eléctrica (LIE). Como lo reconoció ayer el propio presidente López Obrador, buena parte de la reforma constitucional planteada está contemplada en esa ley. Si existiera confianza en que la misma no vulnera la Constitución, ¿qué necesidad habría de hacer una reforma constitucional? Lo cierto es que esa reforma constitucional, que ya está en comisiones, pasará el filtro de las mismas, pero cuando llegue al pleno sin cambios, como dice el Presidente, no tiene los votos suficientes para ser aprobada, ni en diputados ni en senadores.

Pero la LIE no sólo viola las normas constitucionales, sino también las del T-MEC que, recordemos, tienen ese mismo alcance. Las presiones del gobierno, el Congreso y los empresarios de Estados Unidos están resumidos en la carta de la encargada de Comercio del gobierno de Joe Biden, Katherine Tai, donde fija las inversiones estadunidenses afectadas por esa norma legal en más de diez mil millones de dólares. Tampoco ayudó en ese sentido el desencuentro con John Kerry el pasado jueves, como lo explicábamos ayer. Y las protestas suben de nivel y se entrelazan con otra decisión tan cuestionable como la posición del gobierno mexicano y sus aliados ante el conflicto en Ucrania y la postura ante el régimen de Vladimir Putin.

La retirada rusa de territorios que ocupó durante el último mes ha dejado exhibidos los asesinatos de civiles, los fusilamientos, las amputaciones y las violaciones. En Bucha, más de 400 cuerpos quedaron en las calles. No se puede alegar que fue un montaje como dice el Kremlin porque existen, incluso grabaciones de drones en tiempo real de esos crímenes. El concierto de naciones democráticas del mundo, incluso de fuerzas políticas que tienen alguna o mucha relación con el régimen de Putin, como Vox en España, han terminado condenando esos crímenes y se suman las voces que piden que Putin termine compareciendo ante la corte internacional de La Haya por crímenes de guerra.

México, que ha tenido en el ámbito diplomático externo, con declaraciones de Marcelo Ebrard o la postura de Juan Ramón de la Fuente en la ONU, una posición sensata, cuando se regresa a territorio nacional exhibe una neutralidad que sabe a apoyo al régimen ruso. El presidente López Obrador dice que no se sancionará de forma alguna al régimen de Putin, que nos queremos llevar bien con todos, lo que es imposible ante crímenes de lesa humanidad, y en el Congreso se forman grupos de amistad México-Rusia.

Ayer mismo, mientras numerosos países expulsaban diplomáticos rusos como condena por esos crímenes, en México no había reacción. Pero en el Congreso de Estados Unidos, el legislador mexico-americano Vicente González, solicitó al Departamento de Estado y de Seguridad Nacional la revocación de las visas a 25 políticos y legisladores mexicanos que están a favor de Rusia ante la invasión a Ucrania. Entre ellos están Alberto Anaya, el líder del PT; Gerardo Fernández Noroña y Oscar González Yáñez, de ese mismo partido, y el priista Augusto Gómez Villanueva, entre otros. Quizás no ocurra en forma pública, pero que el gobierno estadunidense va a tomar nota de quienes apoyen al régimen de Putin en este conflicto global no le debe quedar a usted la menor duda.

Regresando a la Suprema Corte y al debate de mañana, hay que recordar que al gobierno federal le ha ido muy mal en las últimas horas en la más alta instancia judicial del país. Antes de discutir la LIE, el pleno de la Corte había declarado inconstitucional que el gobierno federal decida cómo administra sus ahorros presupuestales, un tema que parece técnico pero que va al corazón de la operación gubernamental, donde con el argumento del ahorro, en muchos casos se mueven miles de millones de pesos fuera del control presupuestal. El día anterior había declarado inconstitucional que se prohibiera a funcionarios públicos salientes que durante diez años trabajaran para la iniciativa privada.

Ya veremos cómo termina la discusión sobre la ley de industria eléctrica, pero esas otras dos decisiones de la SCJN son muy importantes: primero, porque se reafirma que la distribución del presupuesto era y es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, no del Ejecutivo federal; y segundo, porque era irracional exigirle a un funcionario público que gane poco, que no robe y que cuanto concluya su encargo no pueda trabajar fuera del propio gobierno durante una década. Una norma que en lugar de impedir la corrupción la alienta. Si alguien terminando su gestión pública no puede trabajar ni tener ingresos privados, lo que se incentiva es la corrupción.

Juegos de poder

La Suprema Corte y la ilegalidad de la 4T

Leo Zuckermann

Excelsior

La semana pasada felicitaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su sentencia al corregir el grosero abuso de poder de funcionarios identificados con la 4T. Me refiero a la liberación de Alejandra Cuevas y la suspensión de la orden de aprehensión de Laura Morán, víctimas del fiscal general de la República y la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

Esta semana, la SCJN resolvió otro caso importante relacionado con un problema común y corriente de todos los gobiernos democráticos. El asunto tiene que ver con las personas que van cambiando de trabajo entre el sector público y el privado, y viceversa. Se le conoce con la analogía de la “puerta giratoria”. En el gobierno, legislan y regulan a las empresas. Luego, cuando terminan su encargo, se pasan a trabajar a las mismas empresas a las que legislaron o regularon. O al contrario, de estas empresas se van a entidades públicas donde pueden favorecer a las corporaciones en las que laboraron.

El problema de la “puerta giratoria”, en este pernicioso ir y venir entre trabajos, es que el interés privado puede prevalecer sobre el público. En las agencias regulatorias, se usa como mecanismo para capturarlas.

Es, insisto, un problema real. Por eso, en la mayoría de los países cuenta con leyes que, por un lado, aseguran una completa transparencia en el paso de trabajadores del sector público al privado, y viceversa. Pero, por el otro, se ordenan “periodos de congelamiento”: restricciones para que un alto funcionario público no pueda trabajar durante algún tiempo en el sector privado cuando deje su puesto.

Generalmente, en todos los países el periodo es entre un año y tres años con la obligación de informar al público su contratación en la nueva empresa a la que antes legisló o reguló.

En México, el problema es que la Ley Federal de Austeridad Republicana de la 4T establecía un “periodo de congelamiento” absurdo de diez años. La SCJN la consideró “desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada”.

El adjetivo “desproporcionada” me parece fundamental. Diez años es un periodo muy largo para la vida profesional de cualquier persona. Si todos los países ponen prohibiciones de uno a tres años, ¿por qué esto tiene que ser mayor en México? Era ridículo porque incentivaba a que los funcionarios públicos nunca abandonaran sus cargos ya que no podrían contratarse fuera del gobierno. O viceversa, que los técnicos conocedores de ciertos asuntos no quisieran trabajar para el gobierno porque luego no podrían trabajar una década en la iniciativa privada.

No había que inventar el agua tibia, como suele hacer la 4T. Uno a tres años, con total transparencia, es suficiente para tratar de evitar la “puerta giratoria”. En este sentido, hizo bien la Corte, por unanimidad, en declarar la ley inconstitucional.

Y también hicieron lo correcto los ministros al concluir que otra reforma, también de la 4T, era inconstitucional. Me refiero a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que le permitía al Poder Ejecutivo “decidir por decreto el destino de los recursos públicos generados como resultado de la implementación de medidas de austeridad”. Dicha norma vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de determinar el destino de todos los recursos públicos del Presupuesto Federal cada año.

Así que van cero y tres sentencias correctas de la Corte.

Lo que me preocupa es el caso que ya comenzaron a discutir y están por decidir: la constitucionalidad o no de la Ley de la Industria Eléctrica, otra perla legislativa más de la 4T. Dicha legislación secundaria contradice varios preceptos de la Constitución y es, por tanto, inconstitucional. Tan es así que el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados en esta materia.

Pero no tiene los votos suficientes (dos terceras partes) en ambas cámaras del Congreso para aprobarla. Sin embargo, una minoría de cuatro de los 11 ministros de la SCJN puede votar a favor de la constitucionalidad de dicha ley secundaria lo que, en los hechos, sostendría una norma contradictoria a la Constitución.

Que una minoría de jueces no elegidos por los votantes tenga más poder que una minoría de más de una tercera parte de los representantes del pueblo me parece profundamente antidemocrático. Espero, entonces, que la SCJN, como en los casos anteriores, haga bien su trabajo defendiendo la Constitución.

Astillero

Seis puntos a favor del revocatorio // Es un paso adelante // Es legítimo y legal // Coartadas opositoras

Julio Hernández López

La Jornada

1.- El ejercicio revocatorio de mandato es un derecho avanzado de los ciudadanos, que puede ser ejercido en tiempos y formas claramente establecidos. No es una ocurrencia ni una celada; verlo o pensarlo así resultaría de una gran ignorancia jurídica y política.

Por el contrario, opositores al gobierno en turno, y quienes apoyan a éste, tienen una extraordinaria oportunidad democrática de relevarlo por la vía democrática, en el primer caso, o confirmar el apoyo, en el segundo.

Este tipo de ejercicios políticos tiene lógicamente dos posibilidades: rechazar o aprobar, culpar o exonerar, revocar o ratificar. Antidemocrático e irracional sería suponer que sólo puede considerar el flujo de un bando o lo inexorable de un resultado.

2.- Es absolutamente falso que se rompe la legalidad democrática al participar en el revocatorio, según eso porque se altera el periodo presidencial sexenal (en el caso de López Obrador, cinco años y 10 meses) y con ello se abrirían las compuertas jurídicas a una avenida releccionista.

Los senderos constitucionales para intentar reformas releccionistas, en el hipotético caso de que hubiera interesados en una propuesta así, no dependerían ni están condicionados por un ejercicio revocatorio, ni siquiera como antecedente justificatorio.

3.- No hay nada que prohíba a seguidores de un gobierno ser los promotores de un revocatorio. Cierto es que el sentido original podría considerar que deberían ser los opositores quienes impulsaran el referido ejercicio, pero a fin de cuentas se está frente a un proceso de índole política que puede tener distintos impulsos originales, variaciones e intenciones que, siempre dentro de la ley, deben desahogarse.

4.- El revocatorio del próximo domingo ha cumplido con todos los requerimientos constitucionales y legales, y ha sido avalado por todos los órganos de gobierno concurrentes: el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia Presidencia de la República.

Las diferencias operativas relacionadas, por ejemplo, con la disponibilidad presupuestal y la adecuada publicidad del proceso, incluso desde instancias legislativas o de gobierno (discusión ya resuelta por la Corte, en ambos casos), son temas importantes pero, habiendo sido legalmente zanjados y luego asumidos por los litigantes, se convierten en parte importante para eventuales ajustes legales, pero hoy no invalidan ni disminuyen en nada el citado ejercicio.

5.- Tener reticencia al revocatorio de mandato es un paso atrás en el difícil proceso de construir algo con posibilidades de ser llamado democracia en México. Sin entrar en detalles de lo que a juicio de este tecleador es una aberración histórica por parte de quienes se niegan a aprovechar el derecho constitucional a deponer a un presidente, al que dicen repudiar, el revocatorio debe ejercerse (cuando se cumplen los requisitos legales, como el caso) y consolidarse pues, como temen algunos de los opositores de hoy, pensando en su eventual regreso al poder, facultará a los ciudadanos para resolver de manera pacífica y organizada sus diferencias esenciales con la Presidencia de la República en turno y, en cuanto constituciones locales se ajusten a la federal en este tópico, con gobernadores de los estados.

Y 6.- Argüir, desde la oposición, que todo seguiría igual en caso de triunfar en el revocatorio es una torpeza evidente (en ese caso, ¿para qué seguir participando en otros procesos electorales?) y pretender que este no es un ejercicio ciudadano (cuando fue convocado por millones de personas y validado por las autoridades), porque Morena y la llamada 4T participan en la natural defensa de sus posiciones (¿los ahora opositores no lo hacen, no lo harían, en el plano legal?), puede significar sólo una coartada elaborada por la impotencia organizativa y el conocimiento exacto de su inviabilidad aritmética y política en estos momentos.

México SA

Reforma eléctrica: primer round // Que se rebelen los legisladores // PRI-PAN, a favor de la minoría

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Si es verídica la información con la que el presidente López Obrador dice contar, el derrotero de la reforma constitucional en materia eléctrica no sería tan dramático como lo han sugerido los opositores, sin dejar de lado que muchos de ellos son simples cabilderos de los grandes corporativos nacionales y foráneos, y se encargan, por lo mismo, de hacer mucho ruido y meter palos en las ruedas para que el proyecto fracase.

La cúpula tricolor, cancerbera del gran capital, ya fijó posición: tras un análisis razonado (¡¡¡!!!), votará en contra de la iniciativa presidencial. El proyecto no pasará, por tratarse, creativa que es, de un peligro para México, un desastre con consecuencias irreversibles. Al PRI nadie lo presiona, expresó el dirigente Alejandro Moreno en una declaración en la sede de la fuerza política donde estuvo acompañado de casi toda la bancada ( La Jornada, Enrique Méndez).

Del PAN no hay que esperar absolutamente nada, por tratarse de un partido político que nació a la sombra y al servicio de lo que décadas después sería calificada de minoría rapaz, siempre contraria a todo lo que signifique fortalecer la soberanía e independencia nacionales. A lo largo de sus 83 años de existencia, esta agrupación ha dado pruebas suficientes de que lo suyo no es el beneficio del país, sino de la oligarquía que lo puso en circulación.

Por lo que toca a la miserable morralla pragmática –Movimiento Ciudadano, Verde, Trabajo y la chuchería– su posición es simple: se anotará con quienes mayores beneficios económicos y políticos le procure, porque de ideologías, proyectos de nación, ética, soberanía e independencia no sabe nada ni le importa.

Pues bien, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador dijo tener información de que hay muchos legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo para que se siga protegiendo a las empresas particulares (del sector eléctrico, sobre todo extranjeras), y confío en que van a votar libremente. Y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia del sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista. Como lo hemos sostenido, vivimos tiempos de definiciones y ya en estos días vamos a saber quién es quién.

Bien dice Andrés Manuel: esto está comenzando, aunque no resulta novedosa la posición de los prianistas ni de sus rémoras. El mecanismo es sencillo, porque ni siquiera guardan las apariencias: “arriba se pusieron de acuerdo; bueno, eso lo resuelven con cenas y con comidas, y en una de esas hasta en embajadas (y) o con las cúpulas del poder económico. Pero eso es allá, en la élite, en lo más alto del poder económico, del poder político; pero falta ver qué piensan todos los legisladores, qué opinan. Y yo llamo también a que la gente esté pendiente, porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados –seguramente se van a transmitir por televisión, radio– y hay que ver quién defiende a las empresas. Porque esto ya ha sucedido en otros tiempos. El PRI y el PAN se pusieron de acuerdo cuando todavía tenían engañada a la gente de que eran (partidos) distintos y votaron por el Fobaproa para convertir las deudas privadas en deuda pública, y todavía existe esa enorme deuda”.

Por cierto, en el balance de los prianistas el Fobaproa sólo fue una de tantas barbaridades y perversidades cometidas contra la nación, pero como bien dice López Obrador “cuando no hay una ideología, no hay principios, no hay doctrina, cuando es la lucha del poder por el poder y lo que domina es el pragmatismo ramplón, pues se desfigura todo, esa es una situación lamentable. Ojalá reflexionaran y revisen la historia de sus partidos. Unos como otros deberían de hacer un análisis crítico, porque, imagínense si resucitaran Cárdenas o López Mateos, o el mismo Gómez Morin, viendo que ( tricolores y blanquiazules) son uno solo”.

Las rebanadas del pastel

En marzo, México superó la barrera de los 21 millones de empleos formales registrados en el IMSS; de ellos, 86.6 por ciento son plazas permanentes, la proporción más elevada de los últimos 12 años para el mismo mes. En el primer trimestre del año se generaron cerca de 386 mil puestos de trabajo, el mayor registro desde que se tiene estadística en periodos similares. Excelente noticia, pero falta camino por recorrer.