Lo que dicen los columnistas

La descomposición

Ernesto Villanueva

Proceso

Hasta ahora no hay visos de que las cosas vayan a cambiar en un futuro próximo ni mediano. No sólo el estado de derecho se ha ido desvaneciendo, sino incluso las mínimas reglas de urbanidad. Hay que rescatarlos, por el bien de todos.

Ni duda cabe: con el presidente Andrés Manuel López Obrador se sabía que las cosas serían muy distintas a las del pasado inmediato y qué bueno que fuera así, porque había amplísimas ventanas de oportunidad. Lo ideal hubiera sido entrar en un proceso de transición, no en una ruptura de un día a otro donde primó la visión política personal sobre el interés público, como día con día va quedando claro con datos duros.

Veamos.

Primero. Medicamentos y todo lo relacionado con la salud de los que menos tienen. Es verdad que en los gobiernos anteriores existía como práctica habitual el pago de sobreprecios en el área médica, pero la solución debió haber pasado por un análisis de la situación. Quizá lo ideal hubiera sido hablar con los proveedores, sobre todo los más grandes, como PISA, para informarles las nuevas reglas del juego, pero no eliminarlos como proveedores de un día para otro sin tener previamente asegurado el suministro de la misma calidad, a mejor precio y disponible, antes de tomar semejante decisión. No se hizo. Primero se cortó a los proveedores y después se buscó a nuevos proveedores como si se tratara de papas fritas que se pueden encontrar en cualquier otro lado. Los resultados: el desabasto y la pésima calidad de medicamentos e insumos.

La lección aprendida aquí es que debe priorizarse la lucha anticorrupción como política pública eficaz, pero sin afectar la vida y la salud de la sociedad mexicana. El desabasto de medicamentos e insumos médicos ha sido la punta del iceberg del desaseo que existe y no, no son campañas de conservadores, se trata de personas de carne y hueso, muchos sin agenda partidista, que en la desesperación transitan caminos que en otras circunstancias no lo habrían hecho.

Segundo. La generalización contra todos los medios y periodistas, de entrada, llama la atención. Resulta inverosímil que todos y cada uno no encuentren las virtudes recurrentes del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien –así lo creo– tiene las mejores intenciones cuando habla de reducir las brechas entre los más ricos y los más pobres, pero para esa tarea se ha rodeado de un número apreciable de colaboradores que no comparten esos afanes, no por lo menos en los mismos términos que el presidente de la República.

En algunos casos el pago de sobreprecios a proveedores ha aumentado; en otros simple y sencillamente no hay ese tipo de corrupción, pero tampoco las compras necesarias en diversas entidades y dependencias en tiempo y forma, lo que resulta a final de cuentas en otro tipo de corrupción, porque impide que el Estado cumpla con sus atribuciones adecuadamente.

Y de igual manera el claro divorcio entre el perfil mínimo de un cargo público con los ungidos en esas responsabilidades es otra forma de violar la Constitución y las leyes.

Tercero. La división de poderes, el tráfico de influencias y, por ende, la corrupción se ha sabido históricamente por trascendidos y ha estado fuertemente arraigada en las mediciones de percepción de la comunidad desde mucho tiempo atrás. Hoy esos dichos se han convertido en hechos para que no quede duda alguna, lo que encarece la defensa en ese terreno del nuevo gobierno. De ahí el silencio sepulcral. Ahí están los audios del fiscal general Alejandro Gertz Manero donde da cuenta sobre cómo utiliza las instituciones del Estado para asuntos personales, lo que en una democracia mínima hubiera tenido consecuencias inmediatas.

Eso se robustece con los textos de Julio Scherer y Jorge Carrasco en el número reciente de Proceso, por si lo anterior no fuera suficiente. Hasta donde se sabe es la primera ocasión en el México contemporáneo que tienen lugar esas manifestaciones, donde el responsable del Ejecutivo Federal simple y sencillamente diga que no tiene vela en el entierro. Peor todavía, las declaraciones del presidente sobre el respeto a la separación de poderes, el jueves pasado en la mañanera, son una ofensa a la inteligencia de la sociedad.

Cuarto. Hasta ahora las respuestas del presidente de la República se habían quedado en palabras. Ello, por supuesto, no es el mejor mensaje, pero es menos lamentable que de las palabras se pase a la utilización de los aparatos de procuración de justicia en el ámbito federal y en los locales afines a Morena para el ajuste de cuentas contra los adversarios políticos… por ahora.

Qué ejemplo más claro de lo que afirmo que el caso de Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García se ha quitado toda máscara para simular, al menos, que se respeta el estado de derecho. Ahí están los delitos de ultrajes a la autoridad rescatados de la ignominia de la peor cara del autoritarismo mexicano a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los declaró inconstitucionales; la privación de la libertad de Yolli García Álvarez, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, paradójicamente por hacer cumplir la ley en la lógica del mundo al revés; y del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Juan Manuel del Río Virgen, detenido sin evidencias y únicamente por dichos de personas que fueron amenazadas para decir lo que afirmaron, según me cuenta uno de los abogados y de los testigos de cómo fueron obligados a decir lo que no les constaba. En suma, la ley de la tierra de nadie.

Con todo, hasta ahora no hay visos de que las cosas vayan a cambiar en un futuro próximo ni mediano. No sólo el estado de derecho se ha ido desvaneciendo, sino incluso las mínimas reglas de urbanidad. Hay que rescatarlos, por el bien de todos.

Arsenal

“¡Al diablo con su revocación!”

Francisco Garfias

Excelsior

Como si nos faltara otra ocurrencia. El presidente López Obrador adelantó ayer que va a mandar una iniciativa al Congreso de la Unión para que sea “el pueblo” el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral.

Jura que su intención es acabar con los acuerdos cupulares para que ya no haya consejeros electorales y magistrados “que no tengan vocación democrática”, pero lo que en realidad busca es consolidar su poder personal, al margen de leyes e instituciones que le estorban.

Su idea es que los tres poderes propongan como candidatos a ciudadanos independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder presentará a 20 aspirantes para el INE y otros 20 para el Tribunal.

La iniciativa la enviará a las cámaras legislativas después del 10 de abril, una vez transcurrida la consulta para la revocación de mandato.

El anuncio es una confesión de que tiene agenda presidencial después del revocatorio. Sabe que tiene ganado ese costoso ejercicio de “democracia participativa”, antes de que los ciudadanos vayan a las urnas a ratificar lo que leemos en espectaculares colocados en todo el país: “Que siga AMLO”.

Para ponerlo en palabras del senador del Grupo Plural, Germán Martínez: la revocación es una farsa. “Así como él mandó un día ¡al diablo a las instituciones!, yo mandó ¡al diablo su revocación!”.  

* Lo que no sabemos es cómo le va a hacer para aprobar la reforma electoral. Es constitucional. Su aprobación requiere de una mayoría calificada –dos tercios de los legisladores presentes– que Morena y sus rémoras no tienen en San Lázaro ni en el Senado.

PAN, PRD, MC y el Grupo Plural en el Senado la batearon de inmediato. Las dudas se enfocan en el tricolor y en el fantasma transexenal del Primor.   

Le pedimos al diputado priista Augusto Gómez Villanueva, decano de la legislatura, una opinión sobre la reforma electoral. Su respuesta fue sospechosamente cautelosa:

“Es una propuesta del Presidente. Vamos a esperar a que se materialice por los canales institucionales. La tenemos que examinar con toda seriedad y cuidado, dado que es un cambio en la visión de una democracia representativa a un democracia llamada, por ellos, participativa. Preferiría revisarla con todo detalle antes de opinar”.

La diputada de MC Ivonne Ortega, exdirigente nacional del PRI, cree que el anuncio de desaparecer el INE y el Tribunal Electoral, tal como están, es el nuevo distractor de un presidente que no quiere hablar del incremento en el costo de la canasta básica y que minimiza la desbordada violencia que cotidianamente enluta el país.

Ivonne confiesa que le duele lo que ocurre en el PRI. Está convencida de que el tricolor negocia el estado de Hidalgo a cambio de los (56) votos de la oposición que la mayoría oficialista requiere para la reforma eléctrica.

Para ilustrar su comentario nos recuerda que en Hidalgo va como candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Carolina Viggiano, esposa del priista Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de  Diputados.

“Moreira ya anunció que la reforma eléctrica va (a comisiones) el lunes de Semana Santa”, destacó la exgobernadadora de Yucatán, al contrastar la postura del titular de la Jucopo con la que el PRI ha repetido una y otra vez: si la votan como está y antes de las elecciones de junio, votaremos en contra.

Ya encarrerada, Ortega nos hizo notar que el PVEM rompió con Morena en Hidalgo y lleva candidato propio a  gobernador. Eso le quita votos a Julio Menchaca, abanderado del guinda y le abre camino a la aspirante de la coalición, puntualizó. El lunes de Semana Santa es 10 de abril. No queda mucho tiempo para saber si el PRI vota o no la reforma eléctrica. Ese día sabremos qué tan sólido es el bloque opositor y qué tan ciertas son las versiones del resurgimiento con fuerza del Primor.

De lo que decida la cúpula depende la existencia misma del tricolor.  

* Las que siguen son voces de dos padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, indignados por la aparición de un video que tenía muy guardado la Semar, en el que se observa cómo elementos de la Armada manipulan el basurero de Cocula, sitio oficial de “la verdad histórica”.  

Habla Mario González: “Sí, señores, ya estamos cansados, encabronados, decepcionados de tantas mentiras…”.

Y Emiliano Navarrete. “Mirar esas imágenes, ese video, me llenaba de coraje. La sangre se calentaba. Mirar con qué maldad el gobierno manipulaba un lugar para después presentarlo…”.

Juegos de poder

Respuesta a López Obrador

Leo Zuckermann

Excelsior

Hay tantos problemas que aquejan a nuestro país (desabasto de medicinas, estancamiento económico, inflación, homicidios, dominio territorial del crimen organizado, rezago educativo, corrupción, abusos de poder, obras inconclusas, manejo deficiente de la pandemia, militarización, persecución de científicos, ataques a los entes autónomos), que resulta una lástima dedicarle una de mis columnas a responderle al Presidente. Pido una disculpa, pero tampoco puedo dejar que el jefe del Estado me insulte sin que yo diga nada.

En la mañanera de ayer, AMLO le dedicó algunos minutos a denostarme. No es la primera vez y sospecho que tampoco será la última. Le molesta que yo sea crítico de su gobierno. Reconozco, y él lo sabe, que nunca me ha gustado el personaje que hoy nos gobierna. Así lo he expresado desde hace más de dos décadas, cuando López Obrador era jefe de Gobierno del Distrito Federal. No coincidía ni con su ideología estatista ni con su demagogia ni con la política maniquea de polarizar a los mexicanos entre “buenos” y “malos”.

Dice AMLO que yo ataco a su gobierno, incluso de forma “obsesiva”. No es así. Yo he reconocido las cosas buenas que ha hecho. Por ejemplo, mantener la “joya de la corona” de las políticas neoliberales, es decir, la apertura comercial y, en particular, el tratado de libre comercio con Estados Unidos. También he aplaudido el respeto del Presidente a la autonomía del Banco de México (otra institución que viene del periodo neoliberal) y el relativo cuidado que ha tenido en el manejo de las finanzas públicas. Me gusta su programa de apoyo a los adultos de la tercera edad. Apoyé su reforma laboral que prohibió el outsourcing y creo que es positiva la obra del corredor del Istmo de Tehuantepec.

Todo eso queda eclipsado por la cantidad de críticas que le he hecho a su gobierno. Pues sí, hay mucho que criticar, creo yo. Tan sólo hay que ver los resultados. Y se vale hacerlo porque todavía existe libertad de expresión en este país.

Lo cual me lleva al reclamo de ayer. Circula por las redes un video de 2018, cuando entrevisté en Es la hora de opinar al director del Economista, Luis Miguel González. Arbitrariamente se presenta una escena donde hablamos del tipo de cambio y las condiciones para una posible devaluación del peso.

Dice Luis Miguel: “Si López Obrador gana con amplio margen y no hay tratado, y además mantiene el mensaje de ‘voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en la reforma eléctrica’, evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México”. Yo respondo: “Y se puede ir ahí hasta 27, 25-27 (pesos por dólar)”.

El Presidente afirma: “Qué bueno que no se cumplió el augurio”. Estoy de acuerdo. No se cumplió porque, como dijimos en el programa, la principal causa de una posible devaluación sería el fin del tratado comercial con EU. Al Presidente le gusta ser el centro de las cosas. No lo era en esta discusión. A González y a mí lo que más nos preocupaba era la promesa del entonces presidente Trump de salirse del TLCAN. Hoy sabemos que esa amenaza era real, que Trump consideró llevarla a cabo y que el peso, cuando los mercados pensaban que ocurriría, se depreciaba.

Nosotros no dijimos que se devaluaría el peso sólo porque llegaría AMLO a la Presidencia. Lo que afirmamos es que había un escenario donde se combinaban distintas variables, entre ellas, el fin del tratado (la más importante). Todavía hoy estoy convencido de que, de haber ocurrido esto, se hubiera devaluado el peso.

Aclarado esto, respondo a la acusación del Presidente que me tilda de “ultraderechista”. No me pongo el saco. Sí, como liberal, estoy a favor de una economía de mercado. Pero también del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo; de la legalización de las drogas recreativas; del derecho de los homosexuales a casarse y adoptar hijos; de la mayor libertad de expresión posible; de la prevalencia de la ciencia sobre la superchería; de la tolerancia a todas las religiones, incluyendo el ateísmo; de la virtud de escuchar opiniones diferentes y estar dispuesto a cambiar de postura porque el otro presentó mejores argumentos y evidencia. Ése es mi credo. Compárese con el de AMLO y júzguese quién es más derechista.

“Casi fascista”, me caracteriza el Presidente, “con todo respeto”. Esto ya lo tomo como broma. En 2018, durante la campaña presidencial, acusaron que la Rusia de Putin estaba detrás de la candidatura de AMLO. Con humor, el hoy Presidente respondió: “soy AndresManuelovich, AndresManuelovich, hoy estuve ahí en el muelle, ahí en Veracruz, esperando que emergiera el submarino con el oro de Moscú, no llegó”. Con todo respeto, voy a imitar al Presidente: “soy el Duce de la Roma (Norte) y hoy, con mi grupo de camisas negras, voy a salir a apalear a los judíos que controlan el poder en el mundo”.

Reforma y movimiento

Luis Linares Zapata

La Jornada

Dio inicio la discusión, en comisiones, de la reforma eléctrica enviada al Congreso por el Presidente, quien solicitó que fuera aprobada tal como se turnó. De inmediato saltaron varios personajes para asegurar que así, como se pidió, no sería aprobada. Por los tiempos anunciados en su travesía por la cámara de origen, todo indica que el proceso entero llevará pocos días. Es necesario recordar que la discusión en el parlamento abierto consumió prudente y hasta sobrado esfuerzo, tanto de proponentes como opositores. Por tanto, se ha logrado mostrar ante buena parte de la ciudadanía las ventajas y requerimientos de tan central reforma.

No se trata sólo de sopesar argumentos de una y otra modalidad. Es preciso que se recuerde la base política que sostienen los cambios que se desean introducir en la Constitución y leyes derivadas. Esta reforma es una pieza adicional encajada en el movimiento, gestado durante años, que culminó con el triunfo electoral de 2018. No fue un fenómeno cualquiera de pinta electorera. Es todo un caudal con fuerzas de base que se propone equilibrar el desbalance de oportunidades existente entre diversas clases sociales. Es decir, dar salida a una puja que tiende a lograr, además, mayor participación en la conducción de los asuntos públicos. Participación que, hasta hace tres años les estaba negada por una coalición de elite adueñada de las formulaciones partidistas existentes, PAN y PRI. Una combinación que, para motivos prácticos, se codificó como PRIAN.

El modelo prevaleciente, hasta antes de 2018 no dejaba resquicio para las ambiciones de acceder a mejores etapas al bienestar de muy amplias capas de la sociedad mexicana. El castigo en los ingresos y, por tanto, en la raquítica apropiación de, siquiera, una parte justa de la riqueza era descomunal. Ese es el núcleo vital formado dentro del movimiento, que cristalizó en el partido Morena. Se llegó, también, a darle contenido y certeza al empuje para reversar la veloz tendencia a la desigualdad. La precaria posición en ingresos y oportunidades de la mayoría de los mexicanos no debía proseguir, fue el clamor. El mandato popular, por demás firme, aunque muchos quieran nublarlo. Así debe entenderse: llevar a cabo un cambio drástico que termine con el estado de cosas previo.

En este proceso hacia una mayor igualdad México no está solo. Hay todo un ensamble mundial que trabaja con ahínco en esa dirección. Quienes lo consoliden serán los que mejor se coaliguen para darle consistencia y claridad a sus pretensiones de cambio. El consistente y continuo ofrecimiento, del entonces candidato y ahora del Presidente fue centralmente ese: sustituir el modelo concentrador prevaleciente por uno justiciero de amplia gama de bienes y oportunidades para los que, hasta entonces, habían sido privados de ellos. Esa es la fuerza que está detrás de la petición presidencial de aprobar la reforma eléctrica. Esa es la correspondencia entre la actual dirigencia del país y la multitud que apoya y requiere ser escuchada y atendida.

No puede entenderse tal reforma como una simple negociación entre lo existente y una colección inocua de componendas. Lo que está en el fondo es la lucha para terminar con un modelo, conveniente y funcional, para incrementar la desigualdad en una industria vital para el desarrollo del país. Se trata, en primer lugar, de situar al Estado como conductor y garante de tan crucial industria. Apartarla, por tanto, de las manos y las ambiciones de un conjunto de empresas privadas que han tratado de darse a ellas mismas el privilegio de ser los titulares. En verdad esta reforma persigue situar a las empresas, actualmente generadoras, como una parte del mercado total. Una parte que, por lo demás, es importante pero no la conductora como se intenta conseguir. Podrán generar casi la mitad de lo que se oferte de energía cada año. Para el tamaño del mercado nacional esa parte, a la que se le asigna 46 por ciento, es de tamaño suficiente y, por demás, satisfactorio. Pero se pone coto a la pretensión de desplazar a la CFE y ser las entidades dominantes. Ese horizonte injusto y peligroso, debe terminar.

Los legisladores deberán entender lo que implica la reforma. Es una exigencia popular expresada en votos, de un movimiento masivo de cambio hacia un estado de cosas menos injusto. Una prolongada búsqueda de mayor bienestar. Y en esa ruta se trabaja con ahínco, inteligencia y determinación. No es la postura de un Presidente autoritario, como acusa la oposición, sino la voluntad de un pueblo que exige ser tratado con justicia. Y en la energía ha depositado su confianza de conseguirlo. Tampoco se agota en invertir en renovables, señuelo usado para ocultar el dispendio y las enormes subvenciones a los privados, sino, también, para descolonizar la industria, ahora bajo control externo. Ojalá los diputados y senadores oigan ese reivindicatorio reclamo popular.