Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas

El río Yaqui como “asunto de Estado”
Ricardo Raphael
Proceso
La duda sobre la sinceridad de la oferta presidencial surge de los estudios hídricos y también de las declaraciones de funcionarios federales que sugerirían imposibilidad para dotar de agua en la cantidad prometida.
Andrés Manuel López Obrador anunció que pediría al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que fuesen desechados los amparos solicitados contra el decreto presidencial que redistribuye el derecho al agua en la cuenca del río Yaqui.
El mandatario ofreció como argumento que este tema debía ser tratado por el Poder Judicial como asunto de Estado: “Puede salir un leguleyo a decir que se tiene que respetar el estado de derecho, pero siendo un asunto de Estado y de justicia del Estado… (estos amparos) no tienen cabida en situaciones como las que estamos tratando”.
Estas declaraciones despiertan controversia por tres razones: primero, porque según el orden Constitucional mexicano el titular del Poder Ejecutivo rebasaría sus facultades si pide al presidente de la SCJN que intervenga en un juicio de amparo; segundo, porque el presidente de la SCJN no cuenta tampoco con autoridad para ordenarle a un juez el desechamiento solicitado y; tercero, porque el argumento del “asunto de Estado,” según la Ley de Amparo, no se encuentra entre las razones por las que este recurso sea considerado improcedente.
Más importante que todo es suponer que hay otros caminos, distintos a la ley y la administración de justicia, para resolver la crisis social y política provocada por la disputa del río Yaqui.
Los antecedentes de esta discordia remontan varias generaciones, incluyen también momentos de paz gracias a diversos acuerdos entre el gobierno federal y las comunidades originarias de Sonora.
Entre ellos destaca el decreto de 1939 firmado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río mediante el cual se otorgó al pueblo yaqui 50% de los almacenamientos de la presa de la Angostura, que es la primera alimentada por el río Yaqui y que se halla en la parte alta de ese afluente.
Durante más de 70 años privó la calma gracias a aquella decisión, la cual se vio vulnerada cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa autorizó que parte de las aguas de esa cuenca fuesen desviadas, a través del Acueducto Independencia, hacia la ciudad de Hermosillo.
Sumó tensión un estudio realizado en 2006 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual concluyó que la sobreexplotación impuesta sobre el río Yaqui, sumada a otras causas naturales, provocaría un déficit de más de 250 millones de metros cúbicos en la siguiente década.
Estos dos argumentos llevaron a que diversos líderes yoreme se movilizaran contra el acueducto promovido por la administración calderonista. Entre ellos debe mencionarse a Tomás Rojo Valencia quien, muy probablemente por su activismo, fue asesinado el año pasado.
Las comunidades yaquis asumieron equivocadamente que, con la llegada a Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto del acueducto sería revertido y también que el nuevo gobierno, presuntamente cercano a las causas de los pueblos originarios, haría que el decreto de 1939 recuperara vigencia.
Sin embargo, la administración lopezobradorista sorprendió con una solución que, para muchos, es percibida como una trampa.
El 28 de septiembre del año pasado se emitió un decreto presidencial que en la letra grande promete triplicar la dotación de agua, proveniente del río Yaqui, para las comunidades yoreme, pero que en la letra pequeña contradice tan generoso discurso.
En concreto, el decreto del año pasado propone que las poblaciones yaquis contarán con una dotación de más de 670 millones de metros cúbicos anuales, los cuales provendrían, ya no de la presa de la Angostura (situada río arriba), sino de la presa Álvaro Obregón, que es la última (río abajo) de la cuenca.
La duda sobre la sinceridad de la oferta presidencial surge de los estudios hídricos y también de las declaraciones de funcionarios federales que sugerirían imposibilidad para dotar de agua en la cantidad prometida.
Al estudio del IMTA, solicitado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se suman las declaraciones de Elena Burns, directora de la Conagua, quien el viernes 4 de febrero dijo que, en las circunstancias actuales, esa dependencia no podía otorgar un título por más de 250 millones de metros cúbicos. Es decir que sería imposible cumplir con la oferta referida en el último decreto presidencial. En el mismo sentido se ha expresado el director general del organismo de la Cuenca Noroeste, José María Martínez Rodríguez.
Es por tales motivos que integrantes de distintas poblaciones yaquis presentaron sendos amparos contra el decreto del 28 de septiembre. Como era previsible, tales recursos han venido obteniendo, de parte de la autoridad judicial, la suspensión del acto reclamado.
Los juzgadores ordenaron que, de acuerdo con la Constitución, se consulte a los pueblos yaquis, ya que el decreto habría desatendido ese mandato obligatorio, así como los protocolos internacionales que obligan a México a respetar los usos y costumbres de las comunidades.
Sorprendentemente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) combatió la referida suspensión con el argumento de que las comunidades que presentaron los amparos carecían de “legitimidad jurídica”.
En otras palabras, el argumento del gobierno de López Obrador para combatir la suspensión es el desconocimiento de los pueblos originarios como sujeto de derecho con capacidad para interponer amparos ante la autoridad judicial.
Como ha dicho antes Alberto Vizcarra, quien con su análisis riguroso ha seguido muy de cerca este conflicto, sorprende que la autonombrada Cuarta Transformación y el gobierno calderonista hayan, cada uno en su tiempo, recurrido al mismo razonamiento invisibilizante de los pueblos yaquis.
Al pretender influir, a través del ministro Zaldívar, sobre los juicios de amparo, el presidente López Obrador viola los artículos 49 y 116 de la Carta Magna en los cuales se establece la división de poderes.
El mandatario impone también un criterio inexistente en la Ley de Amparo al introducir “el asunto de Estado” como razón para desechar los recursos interpuestos.
Por último, por definición “un asunto de Estado” es aquel que trasciende los intereses de los partidos políticos. ¿Qué tiene que ver tal cosa con el conflicto del agua en el río Yaqui? Ahora que, si el mandatario se confundió y en realidad lo que quiso decir es que debían desecharse los juicios por “razón de Estado”, estamos obligados a preguntarnos por qué el mandatario se ha decidido, respecto de este y otros temas, por apelar a la doctrina maquiavélica.
Juegos de poder
Ucrania, el nuevo orden mundial y México
Leo Zuckermann
Excelsior
Me llama la atención lo poco que se habla de los ucranianos en todo este conflicto que tiene con Rusia. Al final, son los que ya están sufriendo las consecuencias. Estoy hablando de más de 44 millones de seres humanos que hoy están durmiendo con el Jesús en la boca esperando que los rusos no se atrevan a invadir su país.
Rusia, de acuerdo con fuentes de inteligencia militar de Estados Unidos, está por lanzar una ofensiva para quedarse con el territorio ucraniano. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha declarado que Ucrania es en realidad parte de su país. Ha reconocido la independencia de dos regiones ucranianas del este: Donetsk y Lugansk. Esto, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es el primer paso para la invasión de Ucrania.
Rusia no tendrá problemas en intervenir en estas dos provincias con fuerte presencia de población rusa. Pero no será lo mismo si cruza el Rubicón y se lanza a tomar la capital, Kiev. El ejército ucraniano cuenta con más de 200 mil elementos y un millón en reservas. No tiene, desde luego, el equipamiento que el ejército ruso. Pero, por lo que veo en la prensa, son un grupo de gente patriota dispuestos a dar la lucha para evitar que Rusia se trague a su país de un bocado.
En una guerra, seguramente ganarán los rusos por la superioridad militar que tienen. Sin embargo, no será un paseo de campo. Habrá muertos y heridos de los dos bandos, aunque los rusos acaben conquistando la capital ucraniana y, eventualmente anexándose este territorio, tal y como lo hicieron hace unos años con la península de Crimea.
Así que no olvidemos, en primera instancia, que detrás de este conflicto hay gente de carne y hueso cuya vida peligra hoy en día por la posible guerra.
Pero, más allá de esta triste realidad, está la geopolítica mundial. Lo que está en juego es mucho.
Estados Unidos, al renunciar a la posibilidad de intervenir militarmente para evitar la invasión rusa, le ha dejado el camino abierto a Moscú para devorarse a Ucrania. Ciertamente le dolerán a los rusos las sanciones económicas, pero tampoco quebrarán a ese país.
Lo cual nos lleva a la nueva realidad geopolítica. En la medida en que Washington ha renunciado a convertirse en el policía mundial, le ha dejado la puerta abierta a regímenes autoritarios para apropiarse de territorios extranjeros. Rusia se quedaría con Ucrania y, siguiente en la lista, los chinos estarían tentados a recuperar a Taiwán.
Aquí ya estamos hablando de otro tipo de conflicto. Ucrania no pinta en el escenario económico global. Si se lo quedan los rusos, no habría un impacto duro en la economía mundial. Otra cosa, sin embargo, es el caso de Taiwán que es uno de los cuatro tigres asiáticos junto con Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. La economía taiwanesa es indispensable para las cadenas globales de valor de la industria electrónica. Es el principal productor de microchips en un momento donde hay escasez de estos bienes. Que China invada y se anexe a Taiwán tendría repercusiones muy serias para la economía global.
Imaginemos que Rusia se traga a Ucrania y China a Taiwán. Sería un desastre para la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Dos de sus rivales demostrarían su fuerza. El problema es que tanto Rusia como China son regímenes autoritarios que desafían a las democracias occidentales. Dejarlos ejercer su poder militar implica abrir la posibilidad que países consideren que el autoritarismo es una forma superior de gobierno que la democracia liberal. Esto significaría un potencial deterioro en los de por sí vapuleados regímenes democráticos-liberales.
¿Y México cómo la va a jugar en esta coyuntura internacional?
Por supuesto que vamos a salir a apoyar posibles soluciones pacíficas a conflictos bélicos. Eso se da por descontado. Pero, más allá de eso, en la realpolitik de la geopolítica internacional, ¿qué hará nuestro país? ¿Se alineará a las democracias liberales de América del Norte y Europa o coqueteará con las autocracias rusa y china para presionar a Washington?
No lo sé. Lo que sé es que no alcanza la bobería del gobierno actual de que “la mejor política exterior es la política interior”. No. En la coyuntura actual, México requiere una política exterior para defender sus intereses frente al mundo. Que maximice sus beneficios y minimice sus costos. Ojalá se lo explique la secretaría de Relaciones Exteriores al presidente López Obrador.
Astillero
ABC: Zaldívar exhibe al calderonismo // Poder faccioso del Estado // Señala a Gómez Mont // Proteger (no sólo) a Margarita
Julio Hernández López
La Jornada
Es probable que no haya ninguna revelación tan contundente de sometimiento del Poder Judicial de la Federación al Ejecutivo federal (en el caso, ocupado por Felipe Calderón Hinojosa) como la hecha por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al presentar su libro 10 años de derechos: autobiografía jurisprudencial (420 páginas, editorial Tirant lo Blanch, https://bit.ly/3vdFnGH).
Fue un desahogo, en tono reposado pero palabras duras, que se permitió quien también preside el Consejo de la Judicatura Federal, ante asistentes a esa presentación literaria en la Escuela Federal de Formación Judicial. El concepto mediáticamente tomado a partir de ese momento fue el de operación de Estado, que engloba la serie de presiones, amenazas y marrullerías realizadas, según el relato de Zaldívar, por el aparato de gobierno y de control mediático de Felipe Calderón Hinojosa para proteger a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo y a otros altos funcionarios federales involucrados en la tragedia de la guardería sonorense ABC.
Zaldívar aseguró que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo presionó durante horas, terminando la discusión a gritos, para que cambiara el proyecto de resolución que presentaría ante los demás ministros en relación con los hechos que causaron la muerte de 49 niños y heridas graves a un centenar, en una guardería que el Instituto Mexicano del Seguro Social subrogó a una sociedad en la que participaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Puntualizó Zaldívar: hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento.
Según la versión del ministro presidente de la SCJN, que no incluyó en su libro, “los salones de la Corte, los pasillos, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Ahí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS (…) paseaban todos los servidores públicos. Los que estuvimos ahí en la Corte pudimos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte”.
El entonces titular de Gobernación, Gómez Mont, respondió que las palabras de Zaldívar, a quien calificó de trasnochado y de hacer un papelón tristísimo, constituyen un acto de arrogancia e irresponsabilidad. Aceptó que, como en muchos otros casos en los que el gobierno federal puede legítimamente presentar sus posturas y alegatos ante un juzgador, lo hizo con Zaldívar en el episodio mencionado.
En la entrevista que dio a un medio de Internet (¡Ya, supéralo!: Gómez Mont a Zaldívar https://bit.ly/3IhLRIu), el abogado ex panista reconoció que en aquel diálogo fuerte con el ministro, en 2010, mezcló algunos elementos de consideración personal y política con los de una estricta técnica judicial. Zaldívar asegura que el entonces titular de Bucareli le hizo saber un recado de Calderón: dice el presidente que no te apoyamos para esto.
Lo relatado por Zaldívar embona con lo denunciado entonces, subsistente hasta ahora: todo el poder de Los Pinos, ocupada esta casa por Felipe Calderón y Margarita Zavala, frenó la aprobación de un proyecto jurídicamente avanzado, que abría la puerta a establecer responsabilidad penal a otros altos funcionarios por el desorden e incumplimiento de sus obligaciones, en detrimento de la población.
No se protegió judicialmente sólo a la rama Gómez del Campo de la familia de Margarita Zavala, ella alojada entonces en Los Pinos, sino al entramado criminal que con Genaro García Luna, y mandos militares y de la Marina, empezó y desarrolló el gravísimo proceso de descomposición nacional denominado guerra contra el narcotráfico.
México SA
Calderón: operación de Estado // Gómez Mont: visita de buena fe// ABC: 13 años de impunidad
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Más claro no puede ser: Felipe Calderón maniobró para dejar impune el caso de la guardería ABC; hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, en el que murieron 49 niños y 104 resultaron lesionados.
La denuncia, con todas sus letras, la hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien días atrás presentó su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, y en esa ocasión subrayó: ¿dónde estaban los que hoy se las dan de paladines de la justicia y la democracia cuando votábamos estos derechos? ¿De qué lado estaban votando? ¿De qué lado estaban hace 10, nueve, ocho años? ¿Estaban del lado de los derechos o en complacencia con el poder político de entonces?
La respuesta correcta es esto último, es decir, totalmente del lado de la complacencia con el poder político de entonces, y la denuncia concreta, con nombres y apellidos, es muestra fehaciente de ello, porque casi 13 años atrás Calderón garantizó impunidad absoluta a la parentela de su esposa y a todos los involucrados, del sector público y privado, en el caso de la guardería ABC, y es la fecha en que los responsables no han sido tocados.
Zaldívar detalló una ríspida visita a su oficina (previa a la decisión de la SCJN sobre el caso ABC) del entonces secretario de Gobernación, el abogado corporativo de Grupo México Fernando Gómez Mont: “me presionó para que cambiara el proyecto de sentencia, en donde señalo las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala (la dueña de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, es familiar de la hoy diputada panista y fue señalada en la investigación como responsable de incurrir en omisiones que facilitaron la tragedia).
El tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me advierte: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’. Y le contesté: ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’… Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”.
Para Gómez Mont, cínico entre los cínicos, esa visita no fue más que una acción de buena fe, sin vergüenza, y no para litigar en contra de los padres de las víctimas. En realidad, chantajeó y amenazó a Zaldívar, quien tuvo a cargo el proyecto de dictamen sobre la guardería ABC. Pero el entonces inquilino de Bucareli ya había visitado a los demás ministros para hacer lo que no pudo con el actual presidente de la SCJN.
La crónica jornalera de entonces narró que “durante los días previos al dictamen, el secretario de Gobernación acudió sistemáticamente a visitar a los ministros, actividad que, según el funcionario, está en el ámbito de sus atribuciones como representante del Ejecutivo federal ante los otros dos poderes de la Unión. En sus constantes visitas a la Corte ‘no fuimos a defender a nadie’”.
Si de cara dura se trata, Felipe Calderón no ha dado la cara, pero rápidamente mandó a su esposa, la hoy diputada panista Margarinflas Zavala. Lágrimas de cocodrilo de por medio, afirmó que Zaldívar “miente; sólo se le ocurrió en ese momento… es un distractor… Ya no tenga ocurrencias… y concéntrese en su trabajo que es la justicia de México”. Como chiste es pésimo, pero como declaración es un desastre, porque el hecho es que su pariente está libre y se mantiene impune. ¿Quién la entrevistó? Lord Montajes, desde luego.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, ese 5 de junio de 2009 la Auditoría Superior de la Federación denunció que en su primer año de gobierno Felipe Calderón incurrió en un subejercicio por 120 mil millones de pesos (que) se dejaron de invertir, recursos multimillonarios, en los ámbitos de seguridad pública, desarrollo social e infraestructura. El destino de aquel monto se dividió en fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos análogos, dándose por gastado a través de la Tesorería de la Federación. Se incumplió la normatividad en el ejercicio del gasto. Eso sí, hoy Borolas y su pandilla están muy interesados en el correcto ejercicio del gasto.
