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El desastre y el “chivo expiatorio”

Javier Sicilia

Proceso

López Obrador construyó un “chivo expiatorio”: “los neoliberales”. Impreciso como todo chivo expiatorio, en esa categoría metió tanto a los regímenes del pasado como a quienes de una u otra forma criticamos no los principios de su pretendida transformación, sino sus métodos.

En su profunda y compleja obra sobre el deseo mimético, René Girard habla de la figura del “chivo expiatorio”. Cuando en una sociedad, resumo, la violencia se generaliza, la misma sociedad, para evitar sucumbir a ella, busca un responsable de esos males, alguien sobre el cual concentrar la violencia. En el momento en que lo encuentra, lo persigue hasta confinarlo, asesinarlo y con su desaparición recuperar cierto orden. A veces, incluso, el “chivo expiatorio” se siente responsable, como Edipo, a quien se culpa de la peste de Tebas por haber cometido asesinato e incesto. Así, dice Girard, las sociedades, desde tiempo inmemorial, han resuelto su caos de manera sacrificial: sobre el asesinato de Remo se fundó el orden de la civilización romana, sobre el de Abel el del cainismo, sobre el de Luis XVI el de la democracia, sobre la persecución judía el de la Alemania nazi… Donde quiera que aparece el caos, un nuevo orden social surge de la construcción y el sacrificio de un chivo expiatorio.

La 4T no ha sido la excepción. Desde su ascenso al poder y su deseo de detener la violencia que se apoderó del país a causa de la corrupción, el crimen organizado y la miseria moral, López Obrador construyó un “chivo expiatorio”: “los neoliberales”. Impreciso como todo chivo expiatorio, en esa categoría metió tanto a los regímenes del pasado como a quienes de una u otra forma criticamos no los principios de su pretendida transformación –México necesita una y profunda–, sino sus métodos.

Este mecanismo bárbaro y sacrificial, no ha funcionado, sin embargo, con la lógica que le atribuye Girard. Lejos de concentrar la violencia del país sobre ese grupo de personas, la ha ahondado, multiplicando los “chivos expiatorios” y dividiendo al país en una confrontación mimética que escala día con día. Si para López Obrador la culpa del desastre del país se debe a Calderón, a Peña Nieto, a sus colaboradores –sobre los que selectivamente se ha volcado con saña– y a quienes lo criticamos, para la oposición el responsable es el propio López Obrador, las corrupciones de su gabinete y su parentela, la inacción del Ejército ante el crimen organizado y, con el surgimiento de esa otra violencia, la pandemia de covid, López-Gatell, ese Edipo mexica carente de conciencia pero responsable de tener un comercio innatural con López Obrador y de la muerte, por negligencia, de miles de personas.

Esa lógica, que concentra los males sobre personas o grupos, sean culpables o no, a la vez que no resuelve nada, oculta las profundas causas de la descomposición del país y convierte todo en una sumatoria de acusaciones, exculpaciones y venganzas que alimentan la violencia y el caos. Cuando en medio de una violencia sin freno y en constante acenso todos son a la vez culpables e inocentes, la sociedad se convierte en un mundo de perseguidores y perseguidos, de víctimas que se vuelven victimarias y victimarios transformados en víctimas. Atrapados en esa zona gris, lo que queda es una cacería de brujas en la que las más débiles serán las próximas en arder en la pira de las redes sociales, en la venganza que se ampara en la justicia, en la siguiente balacera o en el escarmiento y la intimidación del crimen organizado.

Lo que importa en un mundo así es tener razón contra el otro y permanecer impune. “Mandar es respirar (…) lo esencial es enojarse sin que el otro tenga derecho a responder”, decía el juez-penitente de La caída. Frente a uno siempre habrá alguien a quien perseguir y culpar de nuestras desgracias. Con ello, el odio y la frustración se satisfacen, pero la justicia se humilla y el caos reina.

Si el chivo expiatorio, como lo mostró Girard, es sólo el mecanismo perverso de una humanidad que no es capaz de asumir la responsabilidad de cada uno en la producción de la violencia y ha extraviado su entendimiento para la verdad y la justicia, su multiplicación la perpetúa y la disemina.

Girard no encontró una salida clara para romper ese mecanismo. Varios de nosotros la buscamos en la Justicia Transicional. Reconocíamos con ella que en un país donde la violencia es descomunal, en el que los índices de corrupción e impunidad van de la mano de los centenares de miles de asesinados y desaparecidos, era imposible resolver caso por caso. Proponíamos entonces –eso acordamos con López Obrador como presidente electo– que, sin dejar de investigar los casos, se construyera un mecanismo extraordinario de verdad para todo el país y todas las víctimas, y otro de justicia que juzgara a los máximos responsables del desastre, semejante a como se hizo en Sudáfrica o en Nuremberg.

Lo que se resume en esta frase difícil de entender para quienes buscan una justicia absoluta en circunstancias imposibles: “El mínimo de justicia para la mayor cantidad de víctimas y toda la verdad para ellas y la sociedad”. López Obrador aceptó. Después, traicionó los acuerdos y decidió –quizá porque él también tendría que comparecer ante esos mecanismos– transitar, en un primitivismo sacrificial, hacia el chivo expiatorio y la venganza. La consecuencia, de la que él sí es responsable directo, es esta zona gris en donde en nombre de una justicia humillada continuaremos arrancándonos los ojos unos a otros.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

Arsenal

“¿De qué presume, señor Presidente?”

Francisco Garfias

Excelsior

En el México de la 4T que imagina el presidente López Obrador “ya no hay ladrones” en el gobierno, tampoco impunidad ni complicidades con la delincuencia organizada; bajaron los homicidios dolosos y al país llega, “como nunca”, la inversión extranjera.

El mandatario dice que, según sus encuestas, siete de cada diez mexicanos aprueban su gestión. “Son muy buenos los resultados, vamos avanzando”, dijo ayer en la mañanera.

Esa verdad oficial nada tiene que ver con la realidad que vivimos los mexicanos: los años más violentos en la historia del país, desde que se llevan estadísticas, han sido bajo el mando de AMLO.

En 2019 hubo 34 mil 690 homicidios; en 2020, 34 mil 550 y, en 2021, 33 mil 308, según cifras oficiales. Súmele que somos el país más letal para los periodistas. Van cinco en lo que va del año y contando…

El crecimiento económico es negativo (-0.1 en 2019, -8.2 en 2020, +5.4% en 2021). Traemos un déficit de -2.4 por ciento. Ya ni en sueños alcanzaremos la meta de 4% promedio anual que prometió para su sexenio.

Para colmo, la OCDE prevé que este año el crecimiento en el país será sólo de 2.3 por ciento. El FMI proyecta poco más, pero no mucho: 2.8 por ciento.

La inflación, el año pasado, fue de 7.3 por ciento. La más alta en dos décadas. La inversión extranjera en México aumentó, es cierto, un 8.7% en 2021, pero se mantiene en niveles de hace un lustro. Falso que llegue “como nunca”.

La lucha contra la corrupción fue uno de los ejes en su campaña presidencial. El compromiso sigue pendiente. En la edición 2021 del Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ocupó la posición 128 de 180 países evaluados.

Con eso sería suficiente para preguntar: ¿de qué presume, señor Presidente?

* Dice Enrique Krauze que los populistas abominan la libertad de expresión. “Confunden la crítica con la enemistad militante. Por eso buscan desprestigiarla, controlarla, acallarla”, precisa en su libro El pueblo soy yo (Penguin Random House Grupo Editorial).

La cita viene a cuento por el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia Juan Luis González Alcántara que, según la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, impone un “marco censor” sobre la radio y la televisión mexicanas.

José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIRT, asegura que la censura la quieren hacer mediante cuatro modalidades.

1.- Que los comunicadores de noticias, deportes y entretenimiento tengan que separar e identificar “información” de “opinión”.

2.- Que los “códigos de ética” de todas las estaciones de radio y televisión sean avalados por el Estado.

3.- Que tengamos en cada programa “defensores de audiencia” nombrados por el gobierno. Censores, pues.

4.- Por cualquier violación a los puntos anteriores, multas económicas a estaciones y comunicadores.

¿Cómo la ven?

* Lizeth Villalobos es presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles (Anesin), es una de las cabezas de la manifestación, ayer en el Zócalo, para pedir que sea integrada a la Constitución una ley de estancias infantiles.

Nos dice que 27 estados están unidos con el mismo objetivo: crear políticas públicas y actos de gobierno que garanticen un Estado de derecho de la niñez, a través de un sistema estatal de educación inicial gratuito y obligatorio.

* Nos escribió el profesor y escritor Gilberto Guevara Niebla, autor del libro La regresión educativa, que habla de la hostilidad de la 4T contra la ilustración.

Nos invitó al foro “Por qué defender al CIDE” , a celebrarse el 1 de marzo, a mediodía, en el que participan Mauricio Merino (U. de G.); Sergio López Ayllón (CIDE); Roberto Rodríguez Gómez, UNAM; la estudiante Ximena Millán Cruz, y el propio Guevara Niebla. El foro será transmitido en vivo por las redes del Instituto de Investigación Educativa y del Cucea.

Tiempo de derechos y libertades

Santiago Nieto Castillo

La Jornada

El estado de derecho constitucional no se entendería sin la protección de las garantías jurídicas fundamentales de las personas. La concepción de los derechos humanos determina, de este modo, la actuación de los poderes públicos y sus integrantes, reconfigura, pues, la relación entre las personas y sus reclamos respecto del Estado, así como hacia grupos de poder fáctico.

Es indudable que en el derecho constitucional actual el lenguaje de las garantías individuales ha permeado más que cualquier otro, en cuyo telón de fondo subyacen largas y turbulentas luchas históricas que han derivado en aspiraciones, ideales, principios, concepciones de vida y nuevas culturas, producto mismo del cambio social. Es aquí donde reside la ductibilidad del derecho en los Estados constitucionales, referente a la capacidad del Estado de generar condiciones que permitan la coexistencia de los diversos intereses que mueven a la sociedad, así como la propuesta de una solución pacífica de los conflictos sociales mediante la creación de instituciones y el establecimiento de mecanismos constitucionales que, además, funcionen. Esto es a lo que se refería Luigi Ferrajoli con la esfera de lo indecidible, o Garzón Valdés con el coto vedado.

Que las instituciones funcionen depende de su diseño constitucional y la medida de sus resultados en beneficio de las personas, así como de un factor vitalísimo: de la voluntad política de echarlas andar y que sirvan para lo que constitucionalmente fueron creadas.

La calidad de los procedimientos y mecanismos que se cristalizan en nuestra Constitución Política depende también de su alcance, de la eficiencia de los mismos y de nuestra capacidad para identificarla.

Hoy más que nunca, la participación ciudadana como un mecanismo de acción social es imperante para reforzar el sentido de la democracia en nuestro país.

Actualmente, contamos no sólo con un sistema de representación sólido, sino que disponemos de vías alternas de democracia directa que fortalecen nuestro sistema político.

Los derechos no caen del cielo, no sólo han sido producto de cruentas luchas sociales, ahora los derechos se construyen en instancias jurisdiccionales tras largas batallas legales, que dan impulso y definición a los mismos.

Por lo anterior, hoy más que nunca las y los operadores jurídicos tienen la importante tarea de velar por la protección máxima de los derechos y libertades de los y las mexicanas.

He aquí un cambio sustancial entre el estado de derecho decimonónico y eldogma de positivismo jurídico, que pregonaba una obediencia ciega a la ley, y cuyo derecho era visto como un fin en sí mismo, y un Estado Constitucional que predomina en países democráticos, en cuyo centro se encuentra la persona y la protección de sus derechos.

Ningún grupo de interés, partido político, sindicato o religión pueden estar por encima de los derechos de las personas.

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