Baluarte Político

La responsabilidad periodística: cumplir la ley es el primer deber

Raúl García Araujo

Es lamentable y hasta vergonzoso que se intente convertir un incidente de tránsito en un escándalo político, con el único objetivo de atacar a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y a su administración.

Si bien cualquier hecho que involucre a autoridades debe investigarse con seriedad y transparencia, no se puede permitir que se manipule con fines partidistas o personales.

En primer lugar, quienes ejercemos el noble oficio del periodismo debemos ser los primeros en respetar y cumplir la ley.

La ética profesional no sólo implica informar con veracidad, sino también dar el ejemplo como ciudadanos responsables. No podemos exigir rendición de cuentas si nosotros mismos incumplimos las normas.

El periodismo, en su esencia, es una labor de servicio público que debe guiarse por dos pilares fundamentales: la búsqueda de la verdad y el respeto irrestricto por la ley.

La credibilidad del periodismo se cimenta en el ejemplo; exigir transparencia y responsabilidad a las autoridades es legítimo, pero jamás podemos pretender estar exentos de las obligaciones legales que aplican para todos los ciudadanos.

Un caso que ejemplifica esta responsabilidad ocurre actualmente en el Valle de México. Todos los conductores que transiten por la Ciudad de México —sean empresarios, periodistas, funcionarios o ciudadanos en general— deben portar sus placas vehiculares visibles. Es una disposición clara. Si no se cumple, se sanciona. No hay privilegios.

Muchos periodistas, al enterarnos de esta medida, la acatamos de inmediato. ¿Por qué? Porque sabíamos que, de no hacerlo, nuestros vehículos serían remitidos al corralón y se nos aplicaría una multa. Así funciona el estado de derecho.

El episodio protagonizado por el periodista campechano Jorge González Valdez, quien durante un incidente de tránsito optó por no cumplir con la normativa vigente, plantea serias dudas sobre la integridad y la responsabilidad de ciertos comunicadores.

Con una carrera que abarca 40 años y un cargo destacado en la Dirección Editorial del diario Tribuna, González Valdez ha elegido el camino de la prepotencia, valiéndose de su trayectoria para evadir lo que es, en términos absolutos, una obligación legal básica.

Resulta paradójico que alguien con una trayectoria tan consolidada en el ámbito periodístico, que debería ser un ejemplo a seguir, utilice su posición para transformar una infracción de tránsito en un escándalo mediático. Esta actitud no solo debilita la imagen del periodismo, sino que también contribuye a alimentar la polarización y la manipulación de la opinión pública a través de argumentos partidistas, en lugar de fomentar un debate objetivo y basado en hechos.

Entonces, ¿por qué el periodista campechano Jorge González Valdez consideró que esta lógica no aplicaba para él? En lugar de aceptar una posible infracción, recurrió a su trayectoria para actuar con prepotencia y convertir un incidente de tránsito en un escándalo.

El periodismo tiene el deber de informar de manera exhaustiva y transparente sobre todos los hechos que impactan en la vida ciudadana, pero ello no puede implicar el uso de privilegios que lo aparten del marco legal.

Quienes ostentan posiciones de liderazgo en medios de comunicación deben entender que su labor implica, además, educar al público en cuanto a la importancia del respeto a las normas y la legalidad. Informar sobre un incidente, sin contextualizar la obligación de cumplir con la ley, equivale a transmitir un mensaje contradictorio: se promueve la crítica hacia las autoridades, pero se tolera o incluso se justifica el incumplimiento de las mismas normas por parte de los propios comunicadores.

Por supuesto, si hubo abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza por parte de los policías que intervinieron en el hecho, debe investigarse. Nadie defiende la impunidad. Pero también es indispensable esclarecer cómo se comportó el comunicador ante la autoridad. Si hubo violencia, lo fundamental es saber quién la provocó. ¿Qué actitud tuvo Jorge González Valdez? ¿Respondió con respeto o con agresividad?

Y aquí surge otra pregunta clave: ¿de qué privilegios gozan algunos periodistas, como los que integran la Barra Noticias, para pretender que su profesión los exonera del cumplimiento legal? Ser periodista no es sinónimo de impunidad. No otorga licencia para violar reglamentos ni para usar el micrófono como escudo frente a la ley.

Es momento de dejar de usar el periodismo como arma política o como excusa para justificar conductas incorrectas. No se puede invocar la libertad de expresión para encubrir un acto de prepotencia o resistencia a una infracción de tránsito.

Que la investigación siga su curso, como debe ser. Pero que también sirva para dejar en claro que el periodismo no es un fuero. La ley es pareja para todos, y ningún comunicador —por más trayectoria que tenga— debe estar por encima de ella.

El caso en cuestión nos convoca a una reflexión profunda sobre el rol que debe desempeñar el periodismo en la sociedad. Es imperativo que los comunicadores renueven su compromiso con la verdad, la objetividad y, sobre todo, con el respeto irrestricto por el marco legal. No se puede tolerar que la profesión se utilice como escudo para evadir responsabilidades o para convertir simples incumplimientos en armas de ataque político.

La sociedad exige y merece un periodismo que actúe con integridad y que sea capaz de señalar tanto los excesos de poder como las faltas cometidas por aquellos que se creen por encima de la ley. Solo así se podrá construir un ambiente de confianza y respeto mutuo entre las instituciones y los ciudadanos, y se garantizará que la función informativa contribuya verdaderamente al fortalecimiento del estado de derecho.

En definitiva, la investigación sobre este incidente debe ir más allá de una mera búsqueda de culpables; debe servir para reafirmar que la ley es un principio ineludible, y que ningún periodista, sin importar su prestigio o trayectoria, puede estar exento de cumplirla. Es hora de que el periodismo se reconcilie con su responsabilidad social y deje de utilizar su plataforma para fines partidistas, recordándonos a todos que el respeto a la ley es, ante todo, un acto de civismo y de compromiso con la verdad.

Desde La Muralla: Nos cuentan que en el poblado de Benito Juárez, perteneciente al municipio de Candelaria, se ha puesto en marcha una transformación que trasciende la simple mejora de la infraestructura: la gobernadora Layda Sansores San Román ha entregado una obra clave para el sistema de distribución de agua potable, beneficiando a 1,300 habitantes y sentando las bases para un desarrollo sostenible.

La reciente entrega no es fruto del azar. Durante una gira estatal, la gobernadora destacó la culminación de una demanda histórica para la comunidad, al brindar a los ciudadanos un acceso más eficiente al recurso vital. La obra, ejecutada en dos etapas con una inversión de 21.7 millones de pesos, se presenta como un ejemplo de compromiso con el bienestar de las familias del poblado, reflejando una política de gobierno orientada a atender necesidades fundamentales.

La gobernadora, en un emotivo acto cargado de simbolismo, recordó el compromiso que ha mantenido con su gente, haciendo hincapié en la importancia de la lealtad y el esfuerzo conjunto. Su discurso, enmarcado en la gratitud hacia “sus hermanos de Candelaria”, refuerza la idea de un liderazgo cercano a las necesidades reales del ciudadano y de una administración que no se limita a gestiones burocráticas, sino que actúa en pro del desarrollo humano.

Desde El Fuerte: Nos dicen que en un escenario donde la generación de empleo es un tema crucial para el desarrollo regional, Campeche se destaca como el cuarto estado generador de trabajos formales a nivel nacional, según las cifras registradas ante el IMSS. Este logro no es fruto del azar, sino el resultado de políticas orientadas a fomentar la formalidad y consolidar un mercado laboral robusto.

Tan solo en marzo de este año, se reportaron 4,603 nuevos empleos formales, elevando el total de afiliados del IMSS a 134,788, frente a los 130,185 registrados en febrero. Estas cifras reflejan un avance significativo y apuntan a una tendencia positiva en la economía estatal. En un contexto nacional en el que la estabilidad laboral es un desafío, estos números son un indicador del esfuerzo y la capacidad de gestión de las autoridades locales para crear oportunidades de empleo que generen bienestar en la sociedad.

Pero el dinamismo de Campeche no se limita al sector laboral. La Expo Jaguar, un evento que se ha consolidado como el espacio ideal para que las marcas locales forjen alianzas comerciales y potencien sus productos y servicios, dejó una derrama económica que superó el millón de pesos. Con la asistencia de más de 5,000 visitantes y la participación de 235 instancias, este evento no solo impulsa el comercio local, sino que también se posiciona como una plataforma estratégica para la promoción y venta en un mercado cada vez más competitivo.

Estos logros, tanto en la creación de empleo como en el impulso económico a través de eventos de gran envergadura, demuestran la capacidad de Campeche para reinventarse y aprovechar sus recursos, consolidando una imagen de progreso y eficiencia. Sin embargo, es vital que las autoridades continúen impulsando políticas públicas que fomenten la inversión, la innovación y la colaboración entre el sector público y privado, para que el crecimiento se traduzca en beneficios tangibles para todos los ciudadanos.

En definitiva, Campeche de la mano de la gobernadora Layda Sansores San Román se muestra como un ejemplo de cómo un enfoque estratégico en la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía local puede marcar la diferencia. Es un llamado a seguir trabajando con visión de futuro y compromiso, porque en tiempos de incertidumbre, los resultados hablan por sí solos y nos invitan a soñar con un mañana más próspero para la región.