Lo que dicen los columnistas

Julio Scherer Ibarra, la campaña

Ernesto Villanueva

Proceso

La realidad apunta más bien a una disputa del fiscal Alejandro Gertz Manero contra el abogado por dos asuntos que estaba fuera de las posibilidades del exconsejero de poder cumplir.

Cada día que pasa se desactiva la infausta campaña contra Julio Scherer Ibarra, la cual no tiene elemento jurídico alguno que soporte o sugiera alguna conducta al margen de la Constitución y la ley del exconsejero jurídico presidencial. Veamos.

Primero. A estas alturas ha quedado claro que el supuesto intento de Julio por “apropiarse” de la Caja Libertad de Juan Collado fue, en realidad, una estrategia para dinamitar los derechos al honor y a la propia imagen de Julio. La revelación de la carta de Collado al presidente López Obrador (https://acortar.link/HHPoG9) donde pondera las credenciales de Julio para resolver en el marco legal el fondo del asunto y el reconocimiento del propio presidente de la República de privilegiar la reparación del daño (https://acortar.link/tZmfYi) sobre el aspecto esencialmente punitivo. En todo caso, como ha trascendido, la Caja Libertad habría sido uno de los bienes que podrían haber quedado en garantía a sugerencia del imputado y de sus hijos para la reparación de referencia, pero obviamente no como propiedad directa o indirecta de Julio, ni mucho menos, como se buscaba sembrar en el ánimo de la opinión pública. La realidad apunta más bien a una disputa del fiscal Alejandro Gertz Manero contra Julio por dos asuntos que estaba fuera de las posibilidades del ex consejero de poder cumplir.

Segundo. Una de ellas se refiere a la línea editorial de Proceso donde se publicó la existencia de un valioso inmueble de Gertz que no había sido revelado en su declaración patrimonial como servidor público. (https://acortar.link/FTJNTw) De entrada, parecería retórico decir que Julio no tiene capacidad de decisión sobre qué y cómo se publican los mensajes noticiosos en Proceso, ni como accionista importante de la empresa editora de Proceso y menos sin la tenencia de esas acciones. Sé que, en prácticamente todos los medios, la decisión del dueño – o del accionista mayoritario- encarna la línea editorial en la vida real. No es, ni ha sido, el caso de Proceso. Esto le consta no sólo a quienes siguen en la revista, sino aquellos que estuvieron y conocieron de primera mano que los temas, portadas y contenidos fueron resultado de una deliberación estrictamente periodística. Y así sigue siendo por una simple, pero importante razón: esa fue la política editorial creada por su fundador Don Julio Scherer García e internalizada en el equipo de Proceso. Vamos, incluso el propio Julio Scherer Ibarra fue objeto de escrutinio en las propias páginas del semanario en tanto servidor público relacionado con asuntos de la agenda pública. Y como cualquier otro actor político ejerció su derecho de réplica en el propio medio. ¿Alguien cree que en otro medio hubiera sucedido algo mínimamente parecido?

Tercero. Y quien de plano quiso subirse al barco que pretendían que zarpara con destino al destierro de Julio, fue la senadora Olga Sánchez Cordero, quien no tuvo empacho en declarar que: “Legalmente, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación tenía la atribución, las facultades y las competencias para la relación con los Poderes: con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo, y estas facultades se las había arrogado el señor consejero jurídico” (https://acortar.link/kpSDps) ¿En verdad una persona en su sano juicio podría creer que, como si estuviera en la secundaria, Julio Scherer se auto otorgó atribuciones a plena luz del día sin que el presidente de la República y la propia afectada no dijeran nada? ¿Por qué Sánchez Cordero no denunció estas acciones que considera fuera de la norma y las asumió como actos consentidos? ¿Nunca pasó por la mente de Sánchez Cordero que los artículos 12 y 43, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgan atribuciones expresas al presidente de la República para encomendarle tareas específicas a sus secretarios, incluido el consejero jurídico? ¿Por qué no renunció a esta irregular situación en cuanto tuvo noticia y, en cambio, se esperó tres años para hacerlo público, ya fuera del cargo y justo cuando estaba en proceso una campaña de desprestigio contra Julio? Esto pinta de cuerpo entero a Olga Sánchez Cordero.

Pd. En el universo noticioso de estos días, no tuvo suficiente espacio informativo la toma de postura del Consejo General de la Abogacía Mexicana, el organismo que aglutina a los colegios y asociaciones de abogados profesionales del país, sobre los videos filtrados del fiscal Gertz Manero: “conflicto de interés” “comportamiento no ético” y “posible delito de ejercicio ilícito de servicio público” (https://acortar.link/hdd70o).

De naturaleza política

Desecha Morena prohibir mañana uso de gases…

Enrique Aranda

¿Quién paga las costosas pifias

en el diseño del Tren Maya?

Mañana, cuando miles de mujeres tomen las calles de la Ciudad de México para exigir respeto a sus más elementales derechos, el cese inmediato de la creciente violencia en su contra y garantías para su desarrollo, alguien en el ámbito oficial debería explicar por qué en la pasada sesión del Congreso, la mayoría lopezobradorista desechó un punto de acuerdo por el que se solicitaba a la jefa de Gobierno y al secretario de Seguridad garantizar condiciones de seguridad a quienes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, participarán en actos masivos en la vía pública.

La impresentable regenta Claudia Sheinbaum al igual que su alfil en Donceles, Martha Ávila, podrían hacerlo –“si quisieran, claro”–, puesto que son ellas quienes controlan mente y corazón, el voto, pues de la servil bancada oficialista que, a juzgar por el comportamiento asumido ante la “provocadora”  iniciativa de la panista Gabriela Salido, decidió ignorar el pedido que, a la luz de lo ocurrido en años anteriores, se hacía al jefe policiaco Omar García Harfuch para que en los operativos a implementar por la dependencia a su cargo, se anteponga la seguridad de las manifestantes y la no violación de sus derechos, “por lo que (sus elementos) deben abstenerse de utilizar instrumentos que dañen a las personas, como gases lacrimógenos”.

Este último punto en concreto violentó en tal forma a los morenos que con una votación de 30 contra 20 desecharon el punto de acuerdo que, en sus considerandos, explicitaba que en la “ciudad de las libertades y los derechos”, cual es la capital, “en lo que va del año, ha habido un incremento en la comisión del delito de femicidio de 30% y en Iztapalapa, desde que Clara Brugada es alcaldesa, la comisión del delito de violación aumentó 29%, pues en 2019, en su primera gestión, hubo 252 carpetas por ese delito, el siguiente subieron a 265 y en 2021 llegaron a 325, siendo la alcaldía con más investigaciones abiertas”.

Muy probablemente también les molestó la advertencia de que este 8 de marzo, miles de mujeres tomarán las calles ”para volverle a espetar a la cara a este gobierno que de nada ha servido que una mujer esté al frente de la Ciudad ni que una mujer esté al frente de la Fiscalía, porque nos siguen violando y nos siguen matando; que en lugar de que la policía nos cuide, es la propia policía la que nos agrede” o más aún, aquello de que por cada una de las que han sido violentadas o asesinadas, habrá miles “gritándole a un gobierno incompetente que no merece nuestro voto de confianza, ante su incapacidad para garantizarle seguridad a las capitalinas”.

Duros términos y juicios estos que, queremos pensar, hirieron la piel sensible de quienes 48 horas después, se encaminaron al Monumento a la Revolución a aplaudir y rendir pleitesía a quien desde el Zócalo define qué y cómo votan…

Asteriscos

* ¡Vaya alto precio! El que debió pagar el administrador del partido del gobierno, el impresentable Mario Delgado, por buscar quedar bien con su incuestionable gurú, refiriéndose a medios y periodistas como “mercenarios”. Ahora sí que, perdón, no les basta con serlo, les gusta que se les note…

Juegos de poder

La justicia en México es una basura

Leo Zuckermann

Excelsior

Hoy que está de moda hablar de conflicto de intereses, escuchamos cómo el fiscal general de la República litiga directamente un caso que lo involucra. Me refiero al presunto homicidio de su hermano. Alejandro Gertz Manero está convencido que su familia política lo asesinó por la falta de cuidados cuando ya no podía valerse por sí mismo. Desde luego que está en su derecho de demandar justicia. Pero no puede él, como fiscal, utilizar a la institución que encabeza para ganar el caso. Tendría que excusarse y solicitar que un fiscal independiente lleve el asunto. No es así. Por el contrario, él mismo está liderando el caso en un clarísimo conflicto de interés.

Así lo escuchamos, con franqueza, en unas grabaciones que salieron este fin de semana. (Por cierto, resulta un escándalo que alguien esté grabando al fiscal y se hagan públicas sus conversaciones privadas; nada nuevo en este país, por desgracia).

Nos hemos enterado, gracias a las grabaciones, que la Fiscalía tiene el apoyo de tres ministros de la Suprema Corte, el tribunal que, al final, decidirá sobre el presunto homicidio de su hermano.

Desgraciadamente no nos sorprende esta revelación. Así funciona la justicia en México. Aquí no es ciega. Al revés, tiene mirada de águila. Distingue con nitidez entre las personas. Es inequitativa y llena de privilegios. Policías, fiscales y jueces la utilizan como vehículo de venganzas y/o enriquecimientos personales. Ni qué decir para detener la carrera de adversarios de sus amigos políticos.

Tenemos, en suma, una justicia que sirve a los intereses privados, no públicos.

En eso no ha cambiado nada este país. Ni con la democracia ni con el lopezobradorismo. La Suprema Corte ciertamente ha resuelto algunos casos emblemáticos tratando de corregir los excesos pero, en el fondo, seguimos teniendo una justicia basura.

Mientras que el crimen organizado controla territorios completos de la República, asesinando y extorsionando, el fiscal que los debe perseguir está concentrado en resolver el presunto homicidio de su hermano. Así sus prioridades. Y, como escuchamos, está dispuesto a todo. Quiere mantener, a toda costa, a su exparienta en la cárcel.

El gobierno de López Obrador, por su parte, usa la vieja táctica de utilizar la justicia con fines políticos. Presiona a la Fiscalía para procesar penalmente a posibles candidatos presidenciales en 2024 como Ricardo Anaya. Los otros posibles opositores toman nota.

Rosario Robles y José Luis Lavalle se presentaron muy decididos a probar su inocencia en un juzgado. Craso error. Los encarcelaron. Ahí siguen a pesar que la Fiscalía no ha probado su culpabilidad. La verdad es que su suerte estaba echada. Al gobierno de AMLO le convenía encarcelarlos, por venganza en el caso de Robles; por imagen, en el de Lavalle.

Ahora sale a la luz pública el presunto caso de tráfico de influencias y extorsión desde la mismísima Presidencia. El gobierno detiene a un abogado que sabe todos los tejemanejes de políticos corruptos del pasado. Juan Collado se defiende argumentando que lo están extorsionando. Abogados, presuntamente vinculados con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, le han solicitado dinero y las acciones de su empresa a cambio de su liberación. Collado decide denunciarlo. Se pasa, entonces, del lado de la Fiscalía. La “blanca palomita” ahora es testigo protegido.

Muy bien. El criterio de oportunidad se justifica si puede caer un pez más grande. Pero la FGR sólo acusa a cuatro abogados y un banquero, no a Scherer. ¿Por qué? ¿Lo está protegiendo su exjefe, el presidente López Obrador? La sospecha tiene fundamentos: no sería la primera vez que caerían, en nuestra justicia, los eslabones débiles de la cadena.

Igual y ni ellos porque como dice Agustín Acosta, abogado de uno de los presuntos implicados, no puede haber tráfico de influencias. Como la Fiscalía no está acusando a ningún funcionario público, pues no hay delito de tráfico de influencias. Así de lógico y contundente. Al exonerar a Scherer, el proceso no tiene ni pies ni cabeza.

Por mucho tiempo pensamos que una de las soluciones para tener una mejor justicia era la autonomía de los fiscales del Poder Ejecutivo. No ha sido suficiente. La realidad es que, aún con la autonomía, persisten las viejas prácticas de la justicia mexicana: corrupción, amiguismo, abuso de poder, ineficacia, servilismo, tortuguismo. Ahí siguen estas lacras en las policías, fiscales y jueces. El resultado es público y notorio: la justicia en México es una basura.

Astillero

Futbol, negocio y violencias // No sólo Querétaro // Los datos de Kuri // Claudia, como si ya fuera

Julio Hernández López

La Jornada

Lo sucedido en un estadio futbolero de Querétaro muestra de manera salvaje la acumulada irresponsabilidad en el manejo del negocio deportivo socialmente más arraigado.

Ha sido fuerte el contraste entre las crudas imágenes difundidas en redes sociales y la nada convincente respuesta de autoridades empresariales del ramo (Mikel Arriola, miembro de la tecnocracia del peñismo, ex candidato priísta a gobernar la CDMX, sólo ha dicho que “las barras visitantes ya no van a poder ir a los estadios a partir de hoy”) y gubernamentales (Mauricio Kuri, panista a cargo de Querétaro, duramente criticado en redes por su reporte médico poco creído).

A la hora de cerrar esta columna se mantenía la versión del gobierno queretano de que no se había registrado ningún fallecimiento, lo cual es de desear que así sea confirmado. Pero también circuló de inmediato otra interpretación: Mauricio Pedroza, quien se define en su cuenta de Twitter como profesional de ESPN, tuiteó el mismo sábado, a las 23.14: “Un directivo que prefiere el anonimato: ‘Si se reportan muertos adentro o alrededor del estadio, hay una responsabilidad penal-civil para el equipo y la liga. Si se reportan muertos, dirán que murieron en el hospital’”: https://bit.ly/3hO3TWY).

El fondo de lo vivido en la capital queretana (y en otras plazas de futbol profesional, aunque no con la atrocidad de este sábado), se relaciona con el manejo turbio que incluye el apoyo y promoción de barras que se convierten en instrumentos de violencia contra los seguidores de equipos contrarios, la preminencia feroz del sentido de lucro de empresas dueñas de equipos como las televisivas (sobre todo Televisa, históricamente adueñada del mando de la Federación Mexicana de Futbol) y de firmas dedicadas a las apuestas (como Grupo Caliente) y de la irresponsabilidad de autoridades estatales y municipales, en este caso las de Querétaro.

El futbol profesional no debe quedar exento de la oleada de reformismos que propone la llamada Cuarta Transformación. Algunos de los capitales presentes en operaciones futboleras de primer nivel han estado bajo sospecha de lavado de dinero. Una hipótesis sobre la violencia sabatina de inmediato habló de grupos del crimen organizado confrontados en el estadio, y también se habla de arreglos oscuros en cuanto a las concesiones en general y en especial del servicio de seguridad privada del inmueble. El impacto social de lo que sucede en esas canchas es de interés público y requiere una reglamentación rigurosa y una vigilancia gubernamental constante y a fondo.

Cual si fuera un destape masivo gradual, Claudia Sheinbaum encabezó en sábado y domingo sendos actos públicos en los que parte de los asistentes corearon ¡presidenta, presidenta!, en abierto apoyo a las posibilidades de la actual jefa de Gobierno capitalino de ser la abanderada de Morena en 2024.

La primera de esas reuniones se realizó en el Monumento a la Revolución, con la presencia de mujeres que ocupan cargos públicos, especialmente las gobernadoras de estados, en una especie de posicionamiento femenino guinda ante las marchas y protestas programadas para este martes como parte del Día Internacional de la Mujer, las cuales incluyen un distanciamiento o abierto rechazo a las políticas practicadas por Palacio Nacional respecto a temas del feminismo no partidista.

El domingo se reunieron autoridades de municipios de todo el país ganados por Morena. Fue en el World Trade Center de la Ciudad de México y asistieron gobernadores y gobernadoras, altos funcionarios federales (Adán Augusto fue uno de los oradores), la dirigencia nacional de ese partido (Mario Delgado, por cierto, había recibido sonoro rechazo en Oaxaca por parte de periodistas a los que molestó el mal presentado alegato que hizo el dirigente en relación con mercenarios de la información) y precandidatos a las seis gubernaturas en juego este año. Ahí también fue oradora Sheinbaum y concentró reflectores, aplausos y coro presidencial.