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Destinarán fondos recuperados de García Luna a escuelas en la Montaña de Guerrero

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  • Los 5.8 millones de dólares recuperados por el Estado financiarán la educación media superior y superior en zonas vulnerables

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que los 5.8 millones de dólares recuperados por el Estado mexicano, mediante las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se destinarán íntegramente a fortalecer la infraestructura de escuelas de educación media superior, superior y básica en la región de la Montaña de Guerrero.

Este monto, equivalente a aproximadamente 100 millones de pesos, representa la primera ocasión en la historia del país en que se logra reintegrar recursos de procedencia ilícita de esta naturaleza al erario público, derivando directamente de los procesos legales entablados por el desvío de recursos y lavado de dinero vinculados a Genaro García Luna y la familia Weinberg.

Durante la presentación del caso, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, detalló que el esquema de corrupción operó principalmente entre 2008 y 2018 mediante contratos públicos con sobreprecios celebrados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, lo que generó un desvío estimado en más de 403 millones de dólares.

Tras las denuncias presentadas en 2019 ante la Fiscalía General de la República y la posterior demanda civil en Florida durante 2021, la Corte de Miami-Dade emitió una sentencia definitiva que permitió la recuperación de estos primeros 5.8 millones de dólares mediante la ejecución de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades vinculadas con los involucrados.

Adicionalmente, el titular de la UIF destacó las acciones de la institución durante la presente administración federal, reportando la inmovilización de 24 mil 622 cuentas bancarias que suman un total de 8 mil 670 millones de pesos.

Entre estos bloqueos, destacan las cuentas de integrantes de organizaciones criminales y las relacionadas con el delito de extorsión como parte de la estrategia nacional para combatir las estructuras financieras ilícitas en el país.

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