Lo que dicen los periodistas

Inteligencia artificial con ética: la urgencia de una regulación responsable

Ya se han implementado más de 100 sistemas de IA en el gobierno, incluyendo áreas tan sensibles como la justicia y la seguridad. Esto debería encender todas las alertas.

Julieta del Río

Proceso

Mientras la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados e impacta cada vez más procesos públicos y privados, el país aún no cuenta con un marco normativo que proteja a la ciudadanía frente a los riesgos que esta tecnología representa para su privacidad.

Hablar de inteligencia artificial sin hablar de datos personales es imposible. Todo sistema automatizado requiere grandes volúmenes de información para operar, desde datos biométricos e historiales médicos, hasta patrones de consumo en la red e incluso registros financieros. Pero lo que debería gestionarse con estrictos controles y supervisión, hoy en muchos casos se hace sin transparencia, sin consentimiento real y sin mecanismos efectivos de defensa para la ciudadanía.

La IA es una herramienta poderosa, y en manos maliciosas puede tener consecuencias lamentables. No estamos hablando sólo de innovación, hablamos de proteger lo más íntimo de las personas en un contexto donde los algoritmos pueden ser herramientas de inclusión, pero también de discriminación o exclusión.

Se dice que existen más de 50 iniciativas de ley sobre el tema, pero ninguna ha prosperado. Se ha mencionado que podría ser en septiembre de este año cuando el Congreso finalmente discuta la regulación de la inteligencia artificial.

Mientras tanto, ya se han implementado más de 100 sistemas de IA en el gobierno, incluyendo áreas tan sensibles como la justicia y la seguridad. Esto debería encender todas las alertas.

Es importante subrayar que si bien la tecnología facilita el procesamiento de la información, no se debe reemplazar la capacidad de raciocinio y decisión humana, fundamental para conservar los derechos que tienen todas las personas.

Con la extinción del INAI, organismo clave para la protección de datos personales, sus funciones se trasladaron a la Secretaría de Anticorrupción. Esta reestructuración genera incertidumbre sobre cómo se protegerán los derechos digitales y cómo se abordarán futuras regulaciones en materia de IA.

Como país, debemos apostar por una IA que respete los derechos humanos desde su diseño. Es decir, que en la planeación de los nuevos sistemas se establezca claramente cómo se resguardará la información personal y cómo se garantizará el respeto a los derechos fundamentales.

Existe una escasez de profesionales capacitados en áreas como ciencia de datos, ingeniería de machine learning y big data. La oferta de talento nacional no satisface la creciente demanda de empresas e instituciones. Gran parte del personal calificado se encuentra en el extranjero, lo cual limita seriamente la capacidad de innovación del país.

Además, no siempre está claro quién es responsable por los daños que puedan causar los sistemas de inteligencia artificial. Hace unos días vimos cómo el Instituto Nacional Electoral tuvo que retirar un video en el que usó IA para recrear la voz de un actor de doblaje ya fallecido. Ante esto, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales exige que se legisle para considerar la voz como un dato biométrico, de modo que no pueda ser utilizada sin autorización.

En respuesta, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, declaró que se elaborarán reglas internas para el uso ético de la inteligencia artificial, con el fin de asegurar la legalidad y transparencia en el uso de esta tecnología. Estas acciones pueden ser el precedente y la presión necesaria para que las y los legisladores avancen hacia una regulación formal de la IA en el próximo periodo de sesiones.

Arsenal

Censura

Francisco Garfias

Excelsior

No quedan más que recuerdos de Gerardo Fernández Noroña en sus tiempos de férreo opositor. El de las prolongadas huelgas de hambre, el que confrontaba granaderos y desafiaba presidentes. Hoy no es más que un vulgar censor al servicio del poder.

Presidió ayer la sesión de la Comisión Permanente. Interrumpió a cinco oradores de la oposición apenas comenzaron a hablar del caso Bermúdez, el prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco que, simultáneamente, era líder del violento grupo criminal La Barredora.

Justificó su política del bozal con el muy gastado argumento de que el tema era la situación migratoria de mexicanos en Estados Unidos y la violación de derechos humanos en la prisión de Alcatraz de los Caimanes, y no lo que ocurre en Tabasco.

En su escaño estaba muy atento el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Cada que escuchaba “Tabasco” levantaba la cabeza y ponía atención.

El caso de Bermúdez lo salpica. Él nombró a Hernán secretario de Seguridad en sus tiempos de gobernador de Tabasco (2019-2021).

Antes de entrar en el debate sobre los migrantes, la senadora panista Mayuli Latifa Martínez pidió a Fernández Noroña incorporar a la agenda política el tema de seguridad pública.

La opositora argumentó que la creciente evidencia de vínculos de servidores públicos con la delincuencia organizada ha sido tema en la vida pública del país.

“Ya se acordó —por la mayoría oficialista— que el tema fuera el que ya anuncié”, rechazó Fernández.

La primera que se refirió al caso Bermúdez fue Margarita Zavala. Luego de unirse a la denuncia por la prisión de Alcatraz de los caimanes, la diputada del PAN alcanzó a decir:

“Tabasco hoy está entregado al crimen organizado por la claudicación del Estado mexicano de enfrentar a los delincuentes… A Tabasco, hoy, como a casi todo el país, lo alcanzó el destino de esta política de abrazos y no balazos”.

Inmediatamente brincó Fernández Noroña. “Se terminó su tiempo de intervención”, le dijo.

Siguió otra panista, Diana Estefanía Gutiérrez. También reprobó los abusos contra los migrantes en Estados Unidos. “Es claro que nos duele”, subrayó.

La interrupción desde la mesa vino cuando dijo: “Si hablamos de abusos, empecemos con los que se cometen aquí en casa. En Tabasco no sólo se toleraron los vínculos del crimen con la policía. Se institucionalizaron, se lideraron desde dentro”. Fernández volvió a interrumpir: “No meta la agenda política por la puerta trasera. Está a discusión el tema de la persecución de los migrantes”.

El emecista Pablo Vázquez prolongó el esquema de las panistas. Primero la crítica a Alcatraz de los caimanes y luego Tabasco:

“Donde también hay muchos caimanes es en el estado de Tabasco… Se trata de una entidad federativa donde operó una célula de la delincuencia organizada y cuyo líder fue designado secretario de Seguridad Pública de esa entidad. Este caso debe llamarnos a reflexión, porque revela una descomposición nacional”.

Otra vez Fernández Noroña: “El tema no es la seguridad de Tabasco, sino la cárcel infamante de Alcatraz de los caimanes y la persecución a nuestros hermanos y hermanas…”.

Mayuli Latifa Martínez volvió a intervenir. Sin vericuetos, se fue al tema Tabasco. El presidente de la Mesa Directiva la volvió a cortar. “El artículo 48, numeral 3 de las reglas básicas, dice que la moción de apego al tema… bla, bla, bla”.

Esta vez la panista lo atajó: “¿Ya vieron? No quieren que hablemos de temas que le interesan también a México…

“¿Qué pasaría si hoy ustedes fueran la oposición? Estarían con sus megáfonos hablando de ese tema. ¿Por qué nos quieren callar?”, preguntó.

Al último que interrumpió fue al también panista José Mario Íñiguez, quien hizo una pregunta que él mismo respondió: “¿Cómo se dice cómplice de corrupción sin decir cómplice de corrupción? Es fácil: gobierno de Morena”.

Casi lo olvidaba. En la parte final del debate sobre la agenda política, el diputado de Morena Leonel Godoy metió “por la puerta de atrás” el doloroso tema del genocidio en Palestina.

La congruencia de Fernández Noroña se hizo añicos. No sólo lo dejó hablar, sino que él también comentó los dolorosos sucesos en Gaza.

* Las cosas no se ven bien para los implicados en el caso Tabasco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que elementos de la Marina, la Sedena, la FGR y la SSPC detuvieron en Jalisco al expolicía federal Ulises Pinto, uno de los líderes de La Barredora.

“Este sujeto —escribió Harfuch— cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible; además de pactar una alianza con otro grupo criminal.

“Esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región”, vaticinó.

Hay reportes que vinculan a Ulises Pinto con Hernán Bermúdez cuando éste ocupaba la Secretaría de Seguridad de Tabasco.

Razones

El cerco de Trump

Cuando vemos cómo ha ido tomando forma el cerco que ha tendido la administración Trump, podemos comprender cómo todas estas medidas están coordinadas y la magnitud de la herencia maldita que dejó AMLO

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Todo lo realizado el sexenio pasado en torno a la industria aérea cae en la categoría del desastre. No sé si por la aparente fobia de López Obrador a los aviones, pero no hay una sola decisión acertada: desde la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que hoy ya habría solucionado la causa de problemas que ahora se nos presentan, pasando por el virtual regalo del avión presidencial, luego de rifas e innumerables shows (para que López Obrador terminara volando en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana) hasta la decisión de no remodelar el aeropuerto Benito Juárez, construir con prisas el Felipe Ángeles, inaugurarlo sin las vías de acceso suficientes, seguras y rápidas para operarlo; y de enviar allí todo el transporte de carga sin consultarlo con empresas y violando, con ésa y otras medidas, el convenio aéreo firmado con Estados Unidos en 2015. En medio de todo eso, nos pasamos la mitad del sexenio pasado en Categoría Aérea Dos, el mismo nivel que Venezuela, Bangladesh, Malasia, Tailandia, Pakistán, Ghana, Curazao y la Organización de Estados del Caribe Oriental. Con las sanciones estadunidenses y el deterioro existente en la operación aérea en sí, corremos el serio riesgo de regresar a ella.

Pero cuando vemos cómo ha ido tomando forma el cerco que ha tendido la administración Trump sobre México, podemos comprender cómo todas estas medidas están coordinadas y la magnitud de la herencia maldita que dejó López Obrador. Y, con ello, el grado de exigencia que nos impone nuestro principal e irremplazable socio comercial.

Hay de todo, en primer lugar, los aranceles, puestos, retirados, vueltos a poner y con un futuro aún por definir; están las sanciones contra la industria automotriz, que se ve amenazada internamente por la invasión de automóviles chinos sin que los mismos cuenten con plantas en México para producirlos.

Está el tema del gusano barrenador, una irresponsabilidad del gobierno de López Obrador, que canceló las medidas e instalaciones para combatirlo y permitió la importación ilegal de ganado desde Centroamérica. La decisión de prohibir el glifosato y los productos genéticamente transformados nos costó una sanción en el T-MEC de millones de dólares y provoca retrocesos a nuestra industria en forma constante. Los aranceles al jitomate mexicano afectan uno de nuestros principales productos de exportación.

Están los aranceles al aluminio, al acero y al cobre, muy directamente relacionado en el caso del acero con la importación de este producto de China y su venta a Estados Unidos como si fuera nacional, otra herencia directa del lopezobradorismo. La reforma energética también ha dado pie a demandas porque se violó el T-MEC, y eso se termina asociando, además, con todo el tema del contrabando de gasolinas y derivados del petróleo, una de las industrias ilegales más florecientes durante el sexenio anterior. Como si no fuera suficiente, otro tema de profunda controversia es que México le regale crudo y gasolinas al régimen cubano, lo que generará sanciones a nuestro país, como sucederá también con la contratación, en condiciones de absoluta inequidad para ellos, de médicos cubanos al gobierno de ese país.

Ni hablar de la espada de Damocles que pende sobre el sector financiero luego de las sanciones a Vector, CIBanco e Intercam, y la amenaza contra otras instituciones. Se pudo comprobar que con una declaración se puede enviar prácticamente a la quiebra a buena parte del sector. Ahí, el tema es el lavado de dinero, estimado por el gobierno de Estados Unidos en nada más y nada menos que 44 mil millones de dólares al año, ésos son los recursos, dicen, que se lavan en México y que genera el crimen organizado.

Todo gira en torno a corregir los desajustes que provocó la pésima gestión de gobierno de López Obrador, sobre todo en sus últimos tres años, pero, además, a romper con las redes de protección y complicidad política que permitieron que se dieran esos negocios, corruptelas e insensateces que generaron esa ganancia ilegal de 44 mil millones de dólares, que, según el Departamento del Tesoro estadunidense, empoderaron a los grupos criminales y provocaron miles de muertos y desaparecidos. Y detrás de todo eso está, como el argumento geopolítico central, la relación con China y, adicionalmente con Rusia, con Cuba y Venezuela.

Más temprano que tarde se tendrá que tomar una decisión: asumir el aislamiento y el cerco, con el consiguiente estancamiento crónico de la economía nacional y el deterioro político y social, o aceptar que se deben remover los lastres de la administración López Obrador, corregir el rumbo del país y establecer un orden de prioridades basado en el interés nacional, no en el de un grupo de personajes del pasado de la 4T.

PATEAR EL BOTE

Cuando Javier Duarte era el candidato al gobierno de Veracruz, durante una comida con unos pocos periodistas, le preguntamos qué haría con la deuda que le había dejado Fidel Herrera al estado. Es muy simple, nos dijo, como no la podemos pagar, vamos a patear el bote para el próximo gobierno. Es la misma estrategia que está siguiendo hoy el gobierno federal con Pemex. A patear el bote e incrementar la deuda a ver si se puede hacer rentable, por lo menos en libros, una empresa quebrada.

Astillero

Epstein-Trump y la invasión a México // ¿Concentrarse o distraer? // Sedena valida a Guacamaya // Claudia a Monreal: humildad

Julio Hernández López

La Jornada

The Wall Street Journal aseguró ayer que el nombre de Donald Trump figura entre muchos en los archivos de Jeffrey Epstein (https://goo.su/C0YRIE), el mayúsculo delincuente sexual de cuya sombra incriminadora se esfuerza en huir el actual presidente de Estados Unidos, que a la vez es un delincuente sentenciado en 2025 por falsificación de registros comerciales para silenciar una relación con la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels (https://goo.su/Yl79yA).

La secretaria de justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, habría informado en mayo reciente de ese involucramiento en los expedientes que, a su vez, Trump ha decidido no hacer públicos, desestimando su contenido. Incluso ha demandado por 10 mil millones de dólares a Dow Jones, la casa editora del WSJ por difundir una felicitación de cumpleaños con el nombre de Trump y un dibujo obsceno, que fue enviada al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2003, antes de que éste fuera acusado de delitos sexuales (https://goo.su/zspSFW), lo que Donald tacha de falsa.

Las penas, hasta ahora sin penalidad, de Trump, podrían obligarlo a concentrarse en el tema Epstein y sus consecuencias que ya se manifiestan negativamente en su contra, incluso entre la base MAGA, con lo cual México dejaría de ser una de sus prioridades belicosas. O lo contrario: necesitado de una maniobra fuerte de distracción, acometer acciones escandalosas, intervencionistas, contra México, en el contexto de su guerra contra el narcotráfico externo, que no el interno.

En la Mañanera del pasado martes hubo una respuesta del general secretario, Ricardo Trevilla, que confirma la viabilidad procesal judicial de la información hackeada por Guacamaya respecto a los señalamientos de relación entre el secretario tabasqueño de seguridad pública, Hernán Bermúdez, y el grupo criminal dominante en la entidad, La Barredora. Así respondió el titular de la Defensa Nacional a una pregunta periodística: “Seguramente usted se refiere al tema de Guacamayas. Guacamayas, ¿no? Todo lo que sustrajo por hackeo, pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la fiscalía del estado de Tabasco; y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República” (https://goo.su/62fzxB).

Dejó constancia el general Trevilla de que la información difundida por el grupo de hacktivistas denominado Guacamaya es real, sustraida de los archivos de la Sedena y no oficial, pero existente y disponible para las autoridades tabasqueñas y federales.

Ya se verá si hay voluntad política en Palacio Nacional para que las derivaciones relacionadas con quien lo designó y sostuvo, Adán Augusto López Hernández, lleguen judicial y no sólo políticamente hasta éste. Por lo pronto, ayer, el ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación presidió una sesión de la Junta de Coordinación Política del Senado, para asuntos que normalmente no merecen su augusta presencia pero que esta vez le sirvieron para inducir la percepción de que seguirá como jefe político de esa cámara, con el tema de Bermúdez y La Barredora como escaramuza superable.

En Palacio Nacional, sin embargo, pareciera sostenerse la intención de confrontar comportamientos de líderes legislativos heredados. El turno fue para Ricardo Monreal, el jefe político de la cámara de diputados que anda en España de viaje para conmemorar sus 40 años de matrimonio, según explicó en un video en ropa de descanso.

Aun cuando pudo elegir un tono lúdico para justificar las vacaciones del ex gobernador de Zacatecas, la presidenta Sheinbaum entró de lleno al asunto. Que cada quien lo valore, dijo cuando le pidieron una opinión sobre el tema. Y agregó: Siempre… Hay que decir una cosa importante: el poder se ejerce con humildad. Lo primero, siempre, para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no, siempre (…) Pero para todas y para todos: quien nos evalúa a nosotros es el pueblo siempre, y eso hay que tenerlo en mente, siempre.

México SA

La buena: Iberdrola se va // La mala: llegan los gringos // Monreal-Adán: tarjeta roja

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Una buena y otra mala: la primera, que la pestilente trasnacional española Iberdrola, con todo y el fétido mafioso Ignacio Sánchez Galán a la cabeza, se iría del país de forma definitiva y total, porque en México ya no puede hacer los enjuagues que el prianismo le permitió y aplaudió; la segunda, que en su lugar, por medio de la compra de esos activos, llegarían fondos de inversión de Estados Unidos, con lo que, en los hechos, la salida de un consorcio atracador solo conllevaría la llegada de otro, aunque ni así superarían a la Comisión Federal de electricidad (CFE).

La Jornada (Armando G. Tejeda, corresponsal en España) lo informa así: la trasnacional energética Iberdrola prepara su salida definitiva y total de México, según el portal de noticias español El Confidencial, que además informa que contrató los servicios de la entidad financiera Barclays Bank para vender hasta 15 plantas que operan en nuestro país, sobre todo las de energías renovables. El año pasado, cuando todavía gobernaba México el Presidente López Obrador, la eléctrica europea anunció la venta de una serie de activos al Estado mexicano, en lo que fue el primer paso de este proceso abierto. A robar a otra parte, le dijo el ex mandatario.

Algo más: “en la información publicada se afirma que Iberdrola ya inició el proceso para ‘desprenderse’ de los cerca de 2 mil 600 megavatios de potencia instalada en México, e incluso se advierte que la trasnacional española ‘ya ha recibido ofertas por sus seis parques eólicos, los tres fotovoltaicos y las seis centrales de cogeneración y de ciclo combinado que tiene en 12 estados del país. En concreto, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Sonora y San Luis Potosí, entre otros’. La operación por la venta de estas plantas superaría 4 mil millones de euros (alrededor de 85 mil millones de pesos). ‘Varios fondos de infraestructura estadunidenses se han interesado por estos activos, que son los que Iberdrola mantuvo cuando en febrero de este año firmó oficialmente la venta de 55 por ciento de sus negocios’ (al gobierno federal) en México”.

En nuestro país, Iberdrola se hizo famosa básicamente por dos cosas: el atraco a la nación por medio del uso de permisos para autoabasto de energía eléctrica (en realidad un descarado mercado negro) a sus clientes disfrazados de socios (falsos, desde luego, que no eran otros que grandes consorcios privados, como Oxxo, que mediante ese ilegal mecanismo pagaban infinitamente menos por el consumo de electricidad, hecho que en su momento denunció, y actuó en consecuencia, el presidente López Obrador, al tiempo que impidió la total privatización de la CFE) y también por el desvergonzado comportamiento de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cada cual con sus respectivas pandillas, que a la trasnacional le garantizaron jugosos negocios e impunidad para que procediera en contra de los intereses del Estado mexicano.

Enterrado el prianato, en 2022 la Comisión Reguladora de Energía impuso a Iberdrola una multa del tamaño de su atraco: alrededor de 10 mil millones de pesos por vender, ilegalmente y por medio de su planta de Dulces Nombres en Nuevo León, energía eléctrica a empresas no autorizadas (alrededor de 500). Sin embargo, el Poder Judicial salió en defensa de la trasnacional y el juez Ramón Lozano Bernal, entonces titular del juzgado tercero de distrito en competencia económica, le concedió suspensión definitiva, un tribunal federal la confirmó y aquélla no pagó un solo centavo.

Y en ese 2022 la CFE denunció que al menos la mitad de los permisos de autoabasto (figura creada por Carlos Salinas de Gortari en 1992) autorizados por Fox, Calderón y Peña Nieto incurrieron en prácticas ilegales y fraude fiscal, como lo hacía Iberdrola, al vender energía eléctrica a sus socios (falsos todos ellos) a precio matado y sin pagar el costo de trasmisión a esa empresa del Estado, y entre los beneficiados aparecían corporativos como Cemex, Bimbo, Alsea, Kimberly-Clark, Walmart, Femsa, Danone, Citibanamex, HSBC y algunas más.

Entonces: qué bueno que se va Iberdrola, pero, ¡cuidado!, que llegan los fondos gringos.

Las rebanadas del pastel

La ciudadanía votó a favor de quienes (de todos los colores) hoy ocupan curules y escaños, y a ellos pueden y deben reclamarles si se tuercen o tienen una conducta desleal o abiertamente ilegal. Pero en el caso de Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández ¿quién les exige?, porque nadie los votó: son plurinominales y así como llegaron, así deben irse. Entonces, tarjeta roja y que se vayan mucho a otra parte.