Lo que dicen los columnistas

La incuestionable voluntad del régimen

Según la iniciativa, su fin es reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las reformas constitucionales; las que este régimen nos imponga.

Luis Miguel Cano López | Proceso

Ayer se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 1º, se adiciona un último párrafo al artículo 103, adiciona un último párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción II del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Largo nombre para decir una cosa: “el Estado es el régimen”.

Los senadores Adán Augusto López Hernández y Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, junto con los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, integrantes del grupo parlamentario de Morena, son los que presentaron tal iniciativa; la cual ayer mismo fue leída ante el Senado, respaldada por todos los grupos parlamentarios de Morena, del Verde y del Trabajo, y turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Hoy parece que han dejado de pisar el acelerador, así que en una semana o más sabremos si pasan o no otra reforma constitucional que vulnera nuestros derechos.

Llama la atención que la iniciativa, en su exposición de motivos, plantea que el problema que pretende resolver es que no se burle nuestra tradición constitucional conforme a la cual la Constitución es inimpugnable. Repasa diversos precedentes resueltos en la Suprema Corte para respaldar esa “tradición” y convenientemente olvida el más importante de todos, el del amparo en revisión 186/2008, fallado por el Pleno de la Corte el 29 de septiembre de 2008, en el que se incluyó hasta la posibilidad de un día tener la necesidad de ejercer un control de límites materiales.

Eso que dicen de que la historia la hacen quienes vencen, es lo que nos quieren aplicar con esta iniciativa que sigue a la letra esa idea. Según la iniciativa, su fin es reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las reformas constitucionales; las que este régimen nos imponga.

Obviamente desde ayer se reparó en lo contradictorio que resulta de parte del oficialismo, repetir hasta el cansancio que los actuales amparos para cuestionar la reforma judicial son notoriamente improcedentes, para luego proponer otra reforma que les dé la razón. El peligro de esta maniobra es evidente: ahora resulta que si estoy en juicio disputando un caso, puedo reformar la Constitución para que ese juicio quede sin materia, sea sobreseído y termine de inmediato, a favor de mis intereses. Esta iniciativa, tal cual, lo que vuelve inimpugnable es la voluntad oficial.

La iniciativa da más luces de la verdadera cara del régimen. Uno de los argumentos que la sustentan es que en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales ocurre una conversación libre de distintos puntos de vista sobre el quehacer público, pero una vez que deciden pronunciarse no queda más que acatar su voluntad política que ha adquirido rango constitucional, que se ha convertido en Norma Suprema de la Unión, pues la suya es la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo.

A mí esa postura es la que más me altera. Así que tengo que repetirlo: el gobierno no es el pueblo, el régimen no es el Estado. A mí este tipo de iniciativas no me representan y por lo tanto puedo decir que no se han hecho en mi nombre. Como yo, probablemente más personas opinen algo similar. Por eso no se sostiene que la iniciativa presuma tener una dignidad democrática especial, ni que las reformas de este régimen sean resultado de un amplio proceso deliberativo. Son imposiciones de una banda de la clase política que nunca va a representarnos a toda la población.

De ahí que también resulte equivocado que en la iniciativa se afirme que al Poder Judicial federal no le compete impedir el cambio constitucional, ni mover la voluntad soberana del pueblo. Ignora el oficialismo que en el artículo 41 constitucional se dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, incluido el Judicial, pero siempre “en los términos establecidos” en la Constitución, que incluye, desde hace más de una década, a la par, compromisos internacionales.

Con esa aclaración, no me queda otra conclusión: el actuar del régimen lo exhibe cada día más. Cada día que pasa hace más notable las violaciones a derechos humanos que infringe y el asalto a la esencia de la democracia, que no es imponer la voluntad mayoritaria por encima de los derechos de todas las personas y con exclusión y desprotección de las minorías. Por eso cada día se hace más patente que llegado el momento, sus acciones motivarán la condena del Estado mexicano en sedes internacionales, en las que ordenarán como garantía de no repetición, modificar sus reformas constitucionales abusivas y no aplicarlas mientras se van. Y antes de que eso suceda, internamente tendrían que presentarse más amparos contra esta iniciativa, los cuales espero de verdad, se entiendan como procedentes.

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Juegos de poder

Morena y la Constitución

Leo Zuckermann | Excelsior

Morena viene de ser una oposición semileal. Aceptaban las leyes e instituciones del Estado si les beneficiaban. En contraste, cuando les perjudicaban, se quejaban y las desconocían.

“Al diablo con sus instituciones”, gritaba el fundador del movimiento.

Pero ahora ellos son los que controlan las leyes e instituciones del Estado. Tienen mayoría calificada en ambas cámaras y pueden modificar la Constitución a su antojo. Si hay el menor atisbo de un control judicial sobre leyes posiblemente inconstitucionales, resulta muy fácil la solución: reformar la Constitución. Santo remedio.

Es lo que están haciendo con la nueva enmienda constitucional propuesta por Morena. Que no proceda ni el amparo ni acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales contra ninguna reforma a la Constitución y su proceso legislativo. De un plumazo, se resuelve el embrollo de la reforma al Poder Judicial.

Ya lo había advertido la jurista Ana Laura Magaloni. De nada sirven las revisiones de la constitucionalidad de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando una fuerza política tiene mayoría calificada y puede modificar la Constitución.

En este sentido, se hubieran podido ahorrar toda la reforma judicial. Pero, ya lo sabemos, su apetito político suele ser insaciable.

Con su hegemonía en el Poder Legislativo y los congresos locales ya controlan las leyes y la Constitución. No obstante, quieren también apoderarse del Poder Judicial por medio de la elección por voto popular de todos los juzgadores, tanto federales como locales. Morena controlará las candidaturas por medio de los Comités de Evaluación y utilizará su poderoso aparato electoral para movilizar a los votantes, quienes elegirán a cuadros cercanos a la 4T.

De esta forma, dominarán a los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y ya anunciaron que debilitarán o desaparecerán a los órganos autónomos del Estado, salvo el banco central. No habrá, en este sentido, contrapesos políticos.

Hablando del Banco de México, si mañana les disgusta lo que está haciendo la Junta de Gobierno en materia de política monetaria, pues muy sencillo: modifican la Constitución y diseñan un banco central a su medida. En una de ésas proponen la elección popular del gobernador y cuatro subgobernadores.

Si mañana les disgusta lo que están diciendo los medios, se enmienda la Constitución y se modifica el régimen de concesiones para ellos controlar la radio y televisión y transmitir pura propaganda a favor de la 4T.

Todos los sectores de la economía ya se encuentran sujetos a la incertidumbre de un gobierno que puede cambiar las reglas del juego por poder para modificar la Constitución: bancos, aerolíneas, empresas de telefonía, productores de alimentos, vendedores de autos, desarrolladores de vivienda, industria del entretenimiento, etcétera. Nadie se salva.

Es un poder enorme. Ya lo estamos viendo en el caso de los juzgadores.

En lugar de ser la ley fundamental de México, la Constitución se ha convertido en el instrumento de control político de la 4T.

Por lo pronto, han respetado la autonomía del banco central y dicho que seguirán por ese camino.Dicha institución depende, entonces, de la palabra y no de un mandato jurídico. Si cumple o no su promesa depende de su humor y de las posibles consecuencias económicas de cambiar de opinión.

A los empresarios, se les ofrece certeza jurídica. Se respetarán las inversiones privadas. Perfecto. Pero, de nuevo, es una promesa de palabra. Cuando se puede modificar la Constitución y se controla al Poder Judicial, la seguridad de las inversiones depende de la buena relación que se tenga con el gobierno, no de derechos adquiridos.

Dice, con toda razón, mi colega Carlos Bravo Regidor que el gobierno actual se resume en “mucho poder, poco dinero”.

La voluntad de Morena y su partido se puede llevar a la Constitución de un día para otro. En el extremo, podrían legalizar la esclavitud. Suena ridículo, pero jurídica y políticamente es posible porque, en breve, estará prohibido que una autoridad judicial pueda revisar y detener cualquier enmienda constitucional. Lo de la esclavitud, como cualquier cosa, lo podrían hacer; si no lo hacen es sólo por falta de apetito.

Enorme poder. Sin embargo, carecen de dinero para financiar todos sus compromisos de campaña. De ahí que requieran a la inversión privada y ofrezcan certidumbre. Una promesa más de palabra, a diferencia de leyes que lo aseguren. Ya sabrá cada uno si creerles o no.

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Arsenal

Rumbo a la autocracia perfecta

Francisco Garfias | Excelsior

Ni en sus tiempos de partido hegemónico el PRI se había atrevido a proponer algo parecido.

De buenas a primeras, el oficialismo presentó un proyecto de decreto para impedir a los juzgadores otorgar amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias contra reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.

Es la respuesta del autoritarismo a la resistencia que los juzgadores mantienen contra la muy controvertida reforma judicial que los manda a la calle si no quieren participar en la elección “por voto popular” de jueces, magistrados y ministros que el oficialismo promueve para tener un Poder Judicial a modo.

En su lugar pondrá a candidatos que tengan ocho de promedio en su carrera y cartas de recomendación de cinco vecinos, como describió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en Harvard, lo que arrancó risas que en Palacio Nacional tomaron como una “burla a los mexicanos”.

El daño al Poder Judicial se fraguó en la reunión a puerta cerrada celebrada la mañana de ayer, en la que participaron las cúpulas parlamentarias de Morena en el Congreso.

Asistieron los coordinadores de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Pero también los presidentes de las mesas directivas en ambos órganos legislativos, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente.

Los cuatro firman el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución sobre derechos humanos; adiciona un último párrafo al 103 y al 105: y reforma el párrafo primero, fracción II, del 107.

Adán Augusto presentó el proyecto al pleno en la sesión de ayer. Dijo en tribuna:

“Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de la constitucionalidad mediante recursos establecidos por la ley”.

Según Adán, las normas que componen la Carta Magna son la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control constitucional.

No todos los legisladores de Morena están de acuerdo con el proyecto. “Ése es el resultado de dar tanto poder a una sola persona. Nos estamos convirtiendo en oficialía de partes”, confesó un senador de Morena. “Es un manotazo”, agregó.

Otro pronosticó que, “con todo esto”, ningún partido volverá a tener una mayoría calificada en el Congreso dentro de tres años. Uno más se excusó: “No la he leído, no puedo opinar”.

Los nombres me los guardo por obvias razones.

* La oposición no tardó en reaccionar. La bancada del PAN fue la primera. La coordinadora de la bancada azul en la Cámara alta, Guadalupe Murguía, dijo:

“Tal pareciera que cualquier reforma a la Constitución, por el hecho de ser aprobada por la mayoría oficialista, ya es inimpugnable”.

Hizo notar que la modificación que pretenden hacer al artículo primero de la Carta Magna es “claramente violatoria” de los tratados internacionales de los que México es parte.

El senador Ricardo Anaya, en entrevista por separado, alertó: “Hay que entenderlo. Este es un paso gigantesco hacia la consolidación de un régimen de corte autoritario”.

El excandidato presidencial del PAN destacó: “El hecho de que hayan presentado esta iniciativa implica que están reconociendo que, respecto de la reforma judicial, hoy la Suprema Corte de Justicia sí se puede pronunciar, tanto a través de controversias como de acciones de inconstitucionalidad”.

Alito Moreno (PRI) dijo que el proyecto, que se perfila para ser ley, deja un poder político sin límites. “Viola el principio de no retroactividad y el de propersona, al cerrar procesos de amparo ya en curso”, puntualizó.

El senador de MC Clemente Castañeda fue elocuente. “Es la reforma más peligrosa para el orden jurídico en la historia”, destacó.

Va, como ejemplo, lo que el oficialismo proyecta agregar al artículo 105 de la Constitución:

“Son improcedentes las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo y legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes”.

Y al 107:

“No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.

Al modificar a modo el Poder Judicial y tener bajo control el Poder Legislativo, el Ejecutivo tiene los ingredientes para consolidar la autocracia perfecta.

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Astillero

Ministra Piña, ¿otra derrota? // 4T, sin freno: ¿se radicalizará? // Slim: optimismo transexenal // De la Fuente pierde pieza

Julio Hernández López | La Jornada

La ministra Norma Piña está a la puerta de otra derrota significativa. El pasado 9 perdió el control del Consejo de la Judicatura Federal, que preside, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando por un voto de diferencia se aprobó desoír las suspensiones dictadas por otros jueces y entregar las listas de plazas de jueces y magistrados que deberán ser puestas a elección el año entrante.

Ahora su nuevo riesgo se decidirá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la facción dominante, integrada por tres de cinco magistrados, está por resolver si es procedente la elección de juzgadores, como plantean los poderes Ejecutivo y Legislativo, y desechar las objeciones de una parte del Poder Judicial al que el citado tribunal pertenece. Mónica Soto y los dos Felipes (uno de ellos, De la Mata, ha difundido su proyecto que avalaría la realización de las elecciones judiciales) han estado en abierta línea de consonancia con la llamada Cuarta Transformación, así que podría ser que desde el TEPJF se dé el segundo golpe interno a la ministra de bromeliáceo apellido.

En otra pista, igualmente delicada, de la batalla por la remodelación del sistema político y judicial, el coordinador de los senadores de la llamada 4T, Adán Augusto López Hernández, ha presentado una iniciativa de reformas constitucionales que en los hechos blindaría de cualquier revisión u objeción de los jueces, magistrados o ministros las decisiones que la mayoría calificada encabezada por el partido guinda llegue a tomar en el Poder Legislativo.

De aprobarse tal pretensión, la 4T verá incrementada la denuncia interna e internacional de opositores, relacionada con el autoritarismo y el abatimiento del estado de derecho. A cambio, Morena y sus aliados tendrán la insólita oportunidad de avanzar en reformas constitucionales y legales que se encaminen a un cambio verdadero de régimen, pues no tendrán más límite que la pragmática búsqueda de básicas condiciones propicias. Con tal poderío y sin frenos a la vista, la llamada 4T habrá de enfrentarse, además, a la comprobación de su capacidad real de impulsar cambios acordes con la regeneración nacional, sin pretextos, evasivas ni simulaciones.

Por lo pronto, ayer visitaron Palacio Nacional el hombre más rico del país y uno de los más relevantes del mundo, Carlos Slim, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Según los primeros reportes, se reunieron durante más de tres horas con la presidenta Claudia Sheinbaum. El multimillonario Slim dijo a la salida de la reunión que ve para México un panorama bueno, interesante y potente. El empresario, quien mantiene similares perspectivas optimistas desde que despegó su fortuna con Carlos Salinas de Gortari como presidente, adelantó que el año próximo habrá un gran volumen de inversión privada en México.

Astillas

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, se ha quedado sin una pieza clave para cumplir el encargo presidencial de mejorar la atención a los paisanos que viven en Estados Unidos. Jorge Islas, del equipo político proveniente de la UNAM al que pertenece el canciller, declinó ayer el cargo de coordinador de los consulados en el vecino país a causa de las duras acusaciones de acoso laboral y misoginia que le enderezaron varias mujeres que colaboraron en el consulado de México en Nueva York, que asumió en mayo de 2019. Islas fue abogado general de la UNAM cuando De la Fuente fue rector, también fue consultor jurídico de Tv Azteca de 1997 a 2002 (https://goo.su/eVem7)… Y, mientras en Chiapas ha sido detenido el presunto asesino del sacerdote católico Marcelo Pérez, defensor de pueblos indígenas y causas populares, y en Sinaloa el gobernador montajista Rubén Rocha Moya maniobra para tratar de evitar su caída.

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México, SA

Gutiérrez Ortiz Mena, chacotero // ¿Se ríe de la corrupción? // Tres de Harvard, ladrones

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En la Universidad Harvard muy contento, chacotero y en abierta campaña negra contra la reforma judicial (que forma parte de la Constitución) apareció el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –calderonista de cepa e integrante de la banda de los ocho–, pero ya que le gusta reír, tiene que recordar a tres hampones neoliberales egresados –como él mismo– de ese centro de estudios que venera: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y el propio Felipe Calderón, tercia que, desde sus respectivos gobiernos, destrozó al país y a los mexicanos. Eso sí, para ellos sólo flores.

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena se reunió con sus contlapaches en la sede universitaria (privada, desde luego) de la ciudad de Cambridge, Massachusetts, en calidad de ex alumno distinguido, para participar en un ciclo de conversatorios con la comunidad académica (Traphagen Distinguished Alumni Speaker Series) y ahí, en su mero mole, despotricó en contra de la reforma judicial y de todo aquello que atente contra sus intereses y privilegios monárquicos. Una joya de la farándula político-familiar del cártel de la toga (es nieto de Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda de Adolfo López Mateos y del asesino Gustavo Díaz Ordaz).

Fue tal su tanda de chistoretes en la Escuela de Derecho de Harvard que, además de risas de su audiencia, provocó que la presidenta Claudia Sheinbaum invitara a los directivos de esa universidad a carcajearse por la actual cuan fétida composición del nido de los impartidores de justicia en nuestro país. Así, preguntó la mandataria: ¿Qué opina Harvard de que haya 50 por ciento de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? A ver si les parece también simpático.

Así es: muchas risas, mucho chacoteo, pero cero análisis de los sabiondos y neoliberales de Harvard sobre la tenebrosa realidad del Poder Judicial en México –del que Gutiérrez Ortiz Mena forma parte–, incluso después de exhibidas y documentadas sus prácticas sucias, su abierta violación constitucional, sus escandalosos salarios y prestaciones, su corrupción y la comprobada servidumbre al gran capital de jueces, magistrados y ministros. De eso, nada, con el apoyo del sicariato mediático. Mejor, celebrar a carcajadas los chistoretes del desprestigiado ministro mexicano que descaradamente forma parte de la campaña negra en contra de la reforma judicial, que ya es Constitución, ergo, ellos son exactamente iguales a la banda de los ocho.

La mandataria insistió: será muy reconocida la escuela de (Derecho de) Harvard, pero sería bueno que hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos, es decir, allá se eligen; es más, hay estados en los que los jueces se eligen por partido político. Pero de eso no se ríen.

Recordó la presencia del payasito Gutiérrez Ortiz Mena en aquella universidad: “Allá se fue un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se pagan impuestos en la Suprema Corte o sobre los amparos que violan la Constitución, o sobre las liberaciones de delincuentes? ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? Los ministros andan hasta en Harvard, otra vez en campaña: ‘En México no hay estado de derecho’; ‘se acabó la justicia’. ¿Quiénes son los voceros? Curiosamente de García Luna ya nadie habla. Y quienes están violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente a la reforma al Poder Judicial constitucional”.

Pero a Norma Piña lo anterior le vale: lo único que le importa es el dinero. Presentó su propuesta presupuestal 2025 para el Poder Judicial y, ¡sorpresa!, el pleno de esa instancia se lo rechazó. Lo dejó en claro la presidenta Sheinbaum: El presupuesto del próximo año se va a establecer de acuerdo con lo que establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la Presidenta de la República.

Los siempre austeros ministros querían aumento, porque ya se les hacen poco, los 791 mil pesos que reciben, pero se quedarán con las ganas y con salarios por debajo de la percepción de la Presidenta de la República, amén de que deben reintegrar sus voluminosos fideicomisos al presupuesto público. De esto, todo indica, ya no se ríen.

Las rebanadas del pastel

De pena ajena: el rector de la máxima casa de estudios del país, Leonardo Lomelí, de la mano de Norma Piña. Y después dicen que la UNAM no fue secuestrada por la derecha.

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Haiga sido como haiga sido, Calderón es un prófugo de la verdad

Juan Becerra Acosta | La Jornada

Delincuentes se hicieron nombrar políticos y llamaron persecución política a la persecución del delito. Intentaron resguardarse en cargos mal habidos para, tras violar la justicia, evadirla y distraer la atención al pretender confundir diligencias legales con revanchas políticas. El que un delincuente sea político no lo exime de su responsabilidad legal, ni es atenuante, incluso tendría que ser agravante.

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón al tiempo que operaba para el cártel de Sinaloa. Felipe Calderón declaró una llamada guerra contra el narco para intentar legitimarse en un poder que democráticamente no le correspondió. No combatió al narco, sino, coludido con unos narcos, enfrentó a otros, aquellos antagónicos del grupo criminal con el que se alió. Provocó un baño de sangre, causando cientos de miles de muertes y una descomposición social cuyos estragos dejaron heridas profundas y pérdidas irreparables.

No sabía, dice el ex presidente que, haiga sido como haiga sido, fue jefe de un narcoestado y asegura desconocer los nexos de su hombre de confianza con la delincuencia. Resulta cínico pretender engañar a la opinión pública con un deslinde tan absurdo; García Luna no nació con Calderón, se encumbra durante su sexenio, pero en 2006 ya traía consigo un largo historial de colusiones, engaños, montajes y torturas. ¿Acaso el entonces presidente de México no acudió a los mínimos exámenes de confianza para acreditar la viabilidad de su elegido en la estrategia de seguridad?, ¿no contaba con asesores que le observaran aquella omisión?

El general Tomás Ángeles Dauahare, entonces subsecretario de la Sedena, informó a Calderón sobre el oscuro historial criminal de García Luna. Primero de manera verbal en una audiencia en que también participó el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y, de manera posterior por escrito –a solicitud de Calderón–, el general detalló nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa y movimientos sospechosos del encargado de la seguridad del país.

Al concluir la audiencia, Mouriño se retiró del despacho quedando solos Calderón y el general Dauahare, quien hizo saber al presidente su opinión sobre la estrategia de trabajar de la mano con el cártel del Pacífico, considerado el más fuerte y poderoso de todos los grupos delincuenciales que operaban en el país. Tontísima idea, aseguró el general, intentar acabar pronto con los cárteles de la droga uniendo fuerzas con el cártel del Pacífico. Adelantaba entonces parte de lo que terminó sucediendo: la fragmentación de células delictivas que se convirtieron en grupúsculos criminales.

Dauahare fue arrestado acusado de tener nexos con el cártel de los Beltrán Leyva. Estuvo preso 11 meses en el penal de máxima seguridad del Altiplano. En 2013 fue liberado al no haber pruebas suficientes para mantener las acusaciones en su contra.

Entre 2006 y 2012 no hubo una “guerra contra el narco”, sino una guerra entre cárteles; en ella el gobierno de Calderón apoyó al cártel de Sinaloa, también llamado del Pacífico, para debilitar a sus rivales. El encargado de operar esa guerra fue Genaro García Luna, narcotraficante declarado culpable y sentenciado en Estados Unidos que vestía uniforme y ocupaba el cargo de secretario de Seguridad del gobierno de México. Ordenó a la tropa disparar contra mexicanos y ponerse a las órdenes de La Maña. ¿Por qué Calderón lo permitió? ¿Por qué encarceló a quien le advirtió sobre los nexos de su superpolicía con el crimen?

Calderón sabía. Señalar que no, lo coloca no sólo como un mentiroso y cínico, también como un cobarde que, refugiado en España, tiene la osadía de cuestionar a los gobiernos que se encargan, aún con pendientes, de apagar el incendio que causó, mientras afirma que volvería a encender las llamas con las que, al igual que Nerón quemó Roma, él incendió al país mientras tocaba la lira.

Opina Calderón de todo. Presume saber de economía y finanzas, de política migratoria, relaciones internacionales, soberanía. Se ufana de contar con amplios conocimientos en energías limpias y renovables, asegura saber de salud, de epidemias. Se vanagloria de tener conocimientos en políticas públicas, en democracia. Curiosamente de lo único que reconoce no tener conocimiento es de que su secretario de Seguridad era narcotraficante y de que él es responsable de una serie de crímenes que se alimentan con las muertes de su absurda y criminal guerra. Se dice perseguido político, cuando es prófugo de la verdad.