Lo que dicen los columnistas

A llevar la reforma judicial a sede internacional

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Pero algunas cosas se aclararán y eso no es poca cosa. El gobierno no es el pueblo. La democracia no es imponer la fuerza de la mayoría. El derecho no es ambivalente.

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Luis Miguel Cano López

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Proceso

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A veces la soberbia entorpece y me parece que eso aconteció en el Senado este 12 de octubre. El indigno espectáculo de su procedimiento de insaculación para definir las plazas judiciales que el oficialismo quiere llevar a las urnas en 2025, ha abierto más alternativas para cuestionar la reforma judicial. Su comportamiento no creo que cambie, así que es altamente probable que en lo que sigue, agrave las violaciones a derechos por las que más pronto que tarde se le condenará en sedes externas.

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Primero que todo, porque el régimen ha convertido en víctimas de esas violaciones a las personas menos indicadas. Las personas juzgadoras continúan en funciones y tienen todo lo necesario para pasar de víctimas a las más férreas defensoras de derechos, por todo el tiempo que tengan. Si el oficialismo apuesta por su desánimo se equivoca. Por cada persona que venza la desesperanza, otra tomará ese lugar. Por cada persona que tenga cooptada, una diferente cumplirá su labor de garante.

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Los amparos seguirán su cauce y llegarán a la Suprema Corte. Gracias a la reforma judicial sólo hacen falta seis votos para que una sola sentencia de su Pleno resulte obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Mismos seis votos con los que, en término, se emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad, con efectos generales, que expulse los contenidos de esta infame reforma judicial.

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Ello sin contar que, mucho antes, por vía de una acción de inconstitucionalidad, seis votos en el Pleno bastarán para declarar la invalidez de las normas impugnadas. La arrogancia que el régimen despliegue para descalificar todo fallo judicial que le sea contrario, sólo servirá para mostrar la inefectividad de los medios de garantía de nuestros derechos, el quiebre de nuestro Estado de derecho y un grosero retroceso democrático. Su legado político será ése, aunque de momento el poder les ciegue.

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Mientras tanto, como decía, el desacato generalizado a las suspensiones dictadas en múltiples amparos ha dejado claro que hoy carecemos de recursos efectivos contra las violaciones a derechos y principios comprometidos en sede internacional.

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En los ámbitos universal e interamericano de protección de derechos, por décadas se ha dicho que no pueden considerarse efectivos los mecanismos de garantía de derechos que por las condiciones generales del país o por las circunstancias particulares del caso, resulten ilusorios. Lo cual acontece cuando su inutilidad se demuestra en la práctica porque falten los medios para ejecutar las decisiones judiciales. Si esos recursos son inefectivos, no hay necesidad de agotar los internos.

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Si alguna duda podía quedar, el proceder del Senado ha hecho patente que no tenemos recursos judiciales efectivos para detener los atropellos del régimen. Eso ilustra más que las torpes declaraciones políticas que no han faltado. En conjunto, ponen de manifiesto un contexto propicio para que las instancias internacionales puedan actuar ya. Si le sumamos los exabruptos de las más radicales personas del oficialismo: golpe de Estado, choque de “vochito” contra tráiler, juicio político, y lo que se les ocurra en los días por venir, entonces además hay gravedad y urgencia.

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En concreto, las condiciones están dadas para buscar medidas cautelares en sede interamericana o medidas provisionales en la órbita universal, que podrán también ser desconocidas por el gobierno de cuarta que tenemos. Apelarán al discurso de la soberanía, condenarán las injerencias. Y poco a poco, su apuesta por nuestra indiferencia, nuestra precariedad, nuestro cansancio, nuestro hartazgo, nuestra frivolidad, les será menos redituable. Nos ignorarán y buscarán normalizar lo hecho.

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Pero algunas cosas se aclararán y eso no es poca cosa. El gobierno no es el pueblo. La democracia no es imponer la fuerza de la mayoría. El derecho no es ambivalente. Así que el ejemplo de las personas a las que han arrebatado sus derechos, titulares y personal judicial, sembrará un legado muy diferente al del oficialismo, pues todo en lo que difieren honra a esas personas que exigen justicia. Por ellas aquí seguiré.

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Juegos de poder

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Atisbos de cambio que producen optimismo

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Creo que ya nos queda claro que la respuesta no es la militarización

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Leo Zuckermann

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Excelsior

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La inseguridad es el gran problema pendiente de México. Llevamos tres sexenios –Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— quejándonos, con razón, de la violencia que azota al país.

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A lo largo de 18 años, el problema se ha agudizado. Además del crecimiento y persistencia de delitos de alto impacto, hoy existen territorios completos del país dominados por el crimen organizado.

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Los tres expresidentes anteriores le apostaron a la militarización de la seguridad pública como solución. Y cuando se hace lo mismo, se obtienen los mismos resultados: malos en tres sexenios.

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Hoy creo que ya nos queda claro que la respuesta no es la militarización.

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En la Estrategia Nacional de Seguridad del nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum atisbo cambios más allá de la militarización. No es un rompimiento radical de lo que se venía haciendo con López Obrador, sobre todo en el tema de la Guardia Nacional controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sí tiene la intención de abatir la impunidad que es el problema de fondo que causa la inseguridad.

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Para empezar, veo una estrategia que no observaba en el sexenio pasado. Abrazos, no balazos no era una estrategia, sino un eslogan político cuya intención era salirse por las ramas. La creación de la Guardia Nacional militarizada sirvió para tener una fuerza que más bien se dedicó a tener presencia física dizque disuasiva. Digo “dizque” porque la criminalidad pronto entendió que podían seguir operando con los militares ahí presentes.

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Me gusta que, ahora, se hable de toda la cadena que se requiere para castigar a los culpables de un delito, en particular los de alto impacto. En otras palabras, que no haya impunidad. Me refiero a policías, fiscalías, jueces y cárceles para conseguir la famosa “judicialización” de los casos.

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Me gusta que se proponga la creación de 32 policías estatales serias y profesionales. Si algo hemos aprendido de entidades pacíficas (Yucatán, por ejemplo) o que le han dado la vuelta al tema de la inseguridad (Coahuila o Ciudad de México) es la importancia de contar con cuerpos policiacos con la inteligencia y capacidad operativa para capturar a los delincuentes. Excelente, en este sentido, la creación de una Academia Nacional de Seguridad que capacite a policías con programas de estudios homologados para todas las entidades del país.

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Me gusta la propuesta de fortalecer las instituciones de inteligencia dedicadas al combate de la criminalidad, con el objetivo específico de coadyuvar en el armado de carpetas de investigación de los casos.

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Me gusta que se reconozcan las diferencias regionales de la inseguridad. Que no es lo mismo lo que está pasando en Guerrero de lo que está ocurriendo en Sinaloa. Que los grupos criminales son diferentes y, por tanto, hay que desarrollar estrategias focalizadas para atender realidades distintas.

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Y, en este sentido, se reconozca la necesidad de intervenir prioritariamente en los estados donde se genera más violencia. Se comenzará en los diez municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos que se encuentran, a su vez, en los cinco estados de atención prioritaria (Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco). Que también se advierta la gravedad de lo que está ocurriendo en 12 municipios de Chiapas y seis de Michoacán (llama la atención, sin embargo, que no se considere la situación crítica en Sinaloa).

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En la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad se percibe la mano de un policía profesional como lo es Omar García Harfuch, quien entregó buenos resultados como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. La Presidenta confía en él y le ha dado el mando federal para resolver el gran problema pendiente en nuestro país.

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La duda que tengo es si los militares le harán caso a García Harfuch o, como ha sido el caso en ocasiones anteriores, desdeñarán el liderazgo de un civil que no sea la Presidenta. Se lo pregunté a Eduardo Guerrero, experto en seguridad. Él está confiado que las Fuerzas Armadas sí atenderán la estrategia y operativos de García Harfuch porque éste intervino directamente en el nombramiento de los secretarios de la Defensa y Marina. Además, los jefes de las Fuerzas Armadas saben de la gran confianza que le tiene la Presidenta y no puede menospreciarse que García Harfuch conoce a los militares por ser nieto de un exsecretario de la Defensa Nacional.

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Con la Estrategia Nacional de Seguridad yo sí veo la intención de hacer cosas diferentes este nuevo sexenio. Eso me genera algo de optimismo. Con que la nueva Presidenta dé buenos resultados en materia de seguridad ya vamos de gane.

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El método

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Cecilia Soto

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Excelsior

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En ciertas decisiones que ha tomado la presidenta Sheinbaum existe la propensión a sabotearlas, a garantizar su fracaso o, como se dice más popularmente, a darse un tiro en el pie. El ejemplo más claro, sin duda, es la decisión de llevar a término la reforma al Poder Judicial de la Federación y la exhibición a todo color y para todo el mundo del uso grotesco de la tómbola para su implementación. México es objeto de crítica cuando no burla por esta reforma.

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No ha habido un solo jurista de izquierda, derecha o centro, purista o no, garantista o literalista o alguna respetable asociación internacional de especialistas en derecho que no haya advertido del peligro que representa la destrucción de la división de Poderes al diseñar e implementar una reforma cuyo único objetivo es controlar al PJF. No es teoría, ya se hizo anteriormente con el INE y el TEPJF, cuya lealtad al régimen tiene la mayoría en sus órganos colegiados. Tener en su puño al PJF le resultará útil sólo en el corto plazo. En las más importantes mediciones internacionales del estado de la democracia, México ya está clasificado como un régimen en franco declive democrático y ello incluye dudas fundadas sobre el respeto al Estado de derecho y, por tanto, a las inversiones.

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Un segundo ejemplo tiene que ver con la seguridad. Uno de los ejes anunciados por el secretario García Harfuch es el de la coordinación tanto con las diferentes instancias del gobierno federal como con los estados y municipios. Sin embargo, el ánimo de la mandataria es político, no de política de Estado. En la presentación del programa insistió en mostrar una gráfica que resaltaba el número bruto de asesinatos en Guanajuato, estado gobernado por Acción Nacional y no la gráfica más rigurosa, que medía asesinatos por cada 100 mil habitantes, en la que Guanajuato aparecía en sexto lugar. Había que proteger a sus gobernadores y debilitar a los de la oposición. Peor aún es la reiteración de que en México sólo cabe un proyecto, el suyo. Al preguntársele si la relación con la oposición sería mejor que durante el gobierno anterior, respondió: “Yo tengo la responsabilidad de cumplir con el proyecto nacional que me comprometí, con los principios de gobierno con los cuales me comprometí, con los cuales he hecho política durante muchos años de mi vida, y la relación con la oposición tiene que ver con ese proceso democrático” y mandó a la oposición a dialogar a Gobernación, porque ella sólo lo hace con el pueblo. De nuevo, sus simpatizantes son pueblo, los otros no.

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Tercer ejemplo: en el punto 34 de los 100 que presentó en el Zócalo, habló de la construcción de un pequeño carro eléctrico, el Olinia, “totalmente ensamblado en México y con una batería con litio mexicano”. ¿Dónde está el tiro en el pie? En la ley minera aprobada en aquel “viernes negro” de fines de abril de 2023. En ésta se prohíbe la minería a cielo abierto y resulta que el litio se explota así, es decir, no es minería subterránea. Hasta ahora, en México sólo hay un depósito con calidad explotable, localizado en la sierra de Sonora y el gobierno saliente canceló las concesiones a la empresa china que las tenía. Una ley anterior de 2022, nacionaliza la exploración minera, prohibiendo la participación privada en esta fase de la industria minera que lleva muchos años y de resultados inciertos, que el gobierno difícilmente puede sostener presupuestalmente. Alguien avisó de la dificultad de tener baterías con litio mexicano en el corto plazo y mandó quitar esa parte de la versión estenográfica del discurso de la mandataria. El problema no es hacer creer que no dijo lo que dijo, sino leyes que se ajustan a un ideario nacionalista de hace casi un siglo y no contemplan las realidades de la urgencia de la transición energética como un reto para todos: gobierno, sociedad y empresa privada.

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Cuarto ejemplo: en el punto 70 de su ideario, Sheinbaum se compromete a la soberanía energética, y en el 71, a impulsar las energías renovables. Pero las energías renovables requieren más componentes minerales que los utilizados en la explotación de hidrocarburos. En concreto, se requieren 17 minerales críticos, de los cuales México tiene 10. Las leyes mineras de 2022 y 2023 hacen prácticamente imposible cumplir con los puntos mencionados. Si se quiere acelerar la transición a energías renovables, tendrán que aumentar las importaciones de estos minerales críticos que las reformas dificultan explotar en México y, por tanto, la estrecha definición que tiene este gobierno de soberanía energética no podrá cumplirse.

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Todos los ejemplos y muchos más que se pueden documentar tienen un sello común, a diferencia del dicho socrático, piensan que lo saben todo.

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Astillero

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Una caricatura de oposición // Banderas, aunque sucias // Sheinbaum: diálogo, con el pueblo // Neutralizar a violentos

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Julio Hernández López

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La Jornada

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Un caricaturista con sobrados ejemplos de humor insultativo y misógino logró que una parte de la oposición que está activa en redes sociales haya reiterado su incapacidad de entendimiento político de la realidad y haya exhibido su ansiedad por tejer alguna forma de resistencia o solidaridad, aunque sea a partir de causas indefendibles.

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Antonio Garci Nieto, quien publica algunos de sus trabajos gráficos en un diario de corte económico editado en la Ciudad de México, coronó en sus cuentas de Internet una serie de ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación. Esta vez, al solamente reproducir (según sus evidentemente vanos intentos de justificación) una imagen trucada de la senadora Andrea Chávez, con un abierto propósito de estigmatización de índole sexual.

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Aun cuando en primera instancia la joven legisladora chihuahuense denunció los hechos, pero anunciando que no presentaría una demanda contra el mencionado dibujante, a fin de cuentas atendió las exigencias de mujeres para que no se dejara pasar el golpe y decidió iniciar una acción penal mediante la fiscalía de la Ciudad de México, con el señalamiento de que irá hasta el final en este proceso.

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La reacción del acusado ha sido poco afortunada, pues ha tratado de cargar el costo de sus errores a una presunta dictadura que le estaría persiguiendo, según eso en busca de acallar la libertad de expresión y el humor político. A esa ruta sin sentido se han sumado personajes (Pablo Majluf, René Franco, Sergio Iracheta y Paco Calderón, por dar ejemplos) que reivindican las hechuras del mencionado Garci, que entre más pretende defenderse más se hunde (al igual que quienes proclaman, ilusionados en tener algún tipo de bandera, aunque sea sucia, que TodosSomosGarciNieto).

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La presidenta Sheinbaum ha decidido mantener la misma política de su antecesor respecto a la oposición: dialogar con gobernadores de tal bandería pero no con dirigencias o grupos relacionados con los partidos contrarios a la llamada Cuarta Transformación. Ha dicho la Presidenta que ella dialogará con el pueblo y los opositores podrán hacerlo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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No es desproporcionada la fórmula para el sexenio en curso, pues las condiciones legales, fácticas y aritméticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo corresponden a la legitimidad electoral otorgada el pasado 2 de junio, y el deficitario peso real de los opositores no puede ser compensado o potenciado por la Presidenta de la República mediante diálogos que ni siquiera entre ellos, panistas, priístas o emecistas, pueden sostener con verdadera eficacia y unidad.

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Cada vez son más frecuentes las confrontaciones de fuerzas armadas con grupos delictivos, la detención de jefes y operadores de élite e incluso los daños colaterales a civiles. A la vista de tales hechos pareciera que, sin declararlo formalmente, la nueva administración pública federal decidió apretar el puño y liberar gatillos.

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En la presentación de la estrategia de seguridad del gobierno claudista, que el secretario García Harfuch hizo el 8 de octubre en la mañanera, se asentaron líneas que van más allá de la ahora desaparecida frase de abrazos, no balazos. Mencionó, entre los tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país, el neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia delictiva.

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También dijo que el Sistema Nacional de Inteligencia, que él ya dirige, permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, perdón, en productos operables.

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¿El giro principal está en neutralizar y generar productos operables en carpetas de investigación, así como el despliegue de unidades especiales que cumplimentarán órdenes de aprehensión en puntos de mayor incidencia?

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México, SA

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Reforma judicial, viento en popa // Jueces y magistrados, a elección // Banda de los ocho, denigrante

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Carlos Fernández-Vega

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La Jornada

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De nada sirvieron el intento de boicot, las zancadillas, el juego sucio, los bloqueos el paro de los trabajadores del sector –que acumula cerca de tres meses– y conexos de la banda de los ocho ministros y sus sicarios, porque día tras día avanza la implementación de la reforma judicial, con lo que se aproxima la salida de ese vergonzoso octeto que sólo ha denigrado a uno de los poderes del Estado y ofendido a los mexicanos.

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Entre lo más reciente, destaca lo acontecido el pasado sábado: en un paso más en la puesta en marcha de la reforma judicial, el Senado definió que 850 plazas de jueces y magistrados se renovarán en la elección extraordinaria de junio de 2025; de éstas, 711 fueron definidas ayer a través de un sorteo realizado en urnas transparentes en el salón de plenos de esa cámara. Las restantes 139 son plazas vacantes que, de acuerdo con el artículo segundo transitorio de esa reforma, pasan directamente a esa elección del próximo año, la primera de dos que se llevarán a cabo para renovar en forma escalonada la totalidad de los titulares de juzgados de distrito y tribunales de circuito. De manera implícita, luego del proceso de insaculación, la otra mitad de los titulares del total de plazas, que son más de mil 600, se elegirán en los comicios de junio de 2027; de acuerdo con ese listado del Consejo de la Judicatura Federal, 25 magistrados y cuatro jueces declinaron participar en la elección del primero de junio de 2025, por lo que después de esa fecha quedarán fuera del Poder Judicial ( La Jornada, Andrea Becerril).

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Bien lo plantea la ministra Lenia Batres: La reforma judicial abre una oportunidad de construir un nuevo sistema en la democracia. La modificación constitucional permitirá corregir las fallas estructurales del Poder Judicial Federal e impedir la reproducción de un sistema oneroso, ineficiente, discriminador y corrupto; ese poder del Estado sí tiene muy fuertes defectos estructurales que favorecen la corrupción (y el nepotismo), amén de que se asumía con la obligación de oponerse por sistema a las decisiones de las mayorías y se definía como meritocrático, lo que originó un esquema jerárquico donde juezas, jueces, magistradas, magistrados, e incluso ministras y ministros asumían que merecían su puesto por su trayectoria y no que debían ganárselos en función de sus resultados; tenemos una posibilidad sin igual de renovar a esta generación de jueces y juezas de nuestro país y poder construir un nuevo Poder Judicial democrático, sensible y con vocación de servicio ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).

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Por otra parte, tras meses de paro de actividades, los trabajadores del Poder Judicial primero dijeron que de ninguna manera lo harían, pero 24 horas después anunciaron que el próximo miércoles reanudarán labores, sin olvidar que a los mexicanos les ha costado alrededor de 9 mil millones de pesos y la cancelación de un número igual de audiencias en todos los ámbitos federales (audiencias en juicios penales, administrativos, laborales, de amparo, cambio de medidas cautelares, sentencia, extradición, extinción de dominio y autorizaciones para intervención de comunicaciones). Eso sí, el jugoso negocio de los sabadazos se mantuvo más que activo.

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Para los sicarios mediáticos y sus titiriteros, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un claro mensaje: Se han cubierto todos los requisitos y normas que establece la Carta Magna para su reforma, a partir de la correlación de fuerzas en el Congreso. Falsas, dijo, las denuncias de jueces y magistrados de que se está rompiendo el marco legal. Son ellos quienes van a tener que ceder su espacio a los nuevos; en el fondo, lo que hacen es defender sus privilegios, para lo cual promueven amparos, pero estos recursos no proceden contra modificaciones constitucionales, sino únicamente contra cambios legales o actos de autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado.

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Las rebanadas del pastel

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En Palacio Nacional pararon en seco al sombrerudo y metiche embajador estadunidense Ken Salazar, quien hasta ahora se movía como pez en el agua: cualquier reunión o tema que busque tratar con autoridades gubernamentales tendrá que hacerlo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no por la libre, como acostumbraba. La presidenta Sheinbaum lo resumió así: el supuesto diplomático llama a un secretario, a otro. Entonces, ahora si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, pues será por medio de la cancillería. Entonces, ya es tiempo de que se acostumbre a ejercer como embajador, no como procónsul.

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