Lo que dicen los columnistas

Lo que sigue en la defensa contra la reforma judicial

Por mientras, lo sucedido hasta ahora evidencia una vez más que el oficialismo busca que su voluntad sea Derecho y que el único Derecho que siguen es el que les conviene.

Luis Miguel Cano López | Proceso

Siempre puede ocurrir que en el Senado la oposición se haga presente y nuestro orden constitucional se conserve por un voto. También puede pasar que el régimen muestre su descaro e imponga que 85.33 no son 86, aunque 85 no alcance a ser las dos terceras partes de 128. Habrá que esperar unos días más para el desenlace.

Por mientras, lo sucedido hasta ahora evidencia una vez más que el oficialismo busca que su voluntad sea Derecho y que el único Derecho que siguen es el que les conviene. El dictado de una suspensión de amparo no detuvo ni un instante a la Cámara de origen. De hecho, sólo les sirvió para volver a denostar al Poder Judicial.

Por eso creo que lo que está en juego con la reforma judicial es el entendimiento de nuestro Derecho. El día que la gente perciba que sólo es Derecho lo que el gobierno quiera, ahí sí, todo estará perdido. Por eso es trascendental que nos defendamos de esta reforma y las que siguen, y sobre todo, desenmascarar las mentiras dichas.

Empiezo por una de ellas. ¿A este día es procedente un amparo para reclamar una reforma constitucional? No para impugnar su contenido, pero sí para cuestionar el apego del procedimiento a los estándares constitucionales. Los precedentes de la Corte son de hace años. El amparo del caso Camacho Solís fue el primero de ellos.

Cierto que con motivo de la mal llamada “reforma indígena” la Corte cambió de criterio y en la controversia constitucional 82/2001 estableció que no era posible control jurisdiccional alguno sobre el procedimiento de reformas constitucionales. Pero volvió a cambiar de parecer en el amparo en revisión 186/2008, hace 16 años.

Cabe aclarar que la integración de la Corte varió durante ese tiempo. Como sea, el precedente hoy todavía vigente es que aquel procedimiento de reformas está sujeto a control judicial, entre otros medios, a través del amparo. Lo cual incluso se ratificó en diciembre de 2021, por su Segunda Sala, en la contradicción de tesis 105/2021.

Precisado que el amparo es procedente, debo reconocer que me pareció inusual que las suspensiones dictadas para frenar el procedimiento de reforma en cuestión, ignoraran el criterio de que los actos que integran un procedimiento legislativo sólo pueden impugnarse a partir de la publicación de una norma, o bien, de su vigencia.

Sin embargo, su innovación tampoco carece de todo sustento. El amparo en revisión 25/2021, fallado por la Primera Sala de la Corte, permite el control constitucional de los actos intra-legislativos. El criterio ahí desarrollado conforma una jurisprudencia por precedentes obligatorios. Así que, caso a caso, los amparos resultan oportunos.

Y en sí mismas, las suspensiones pueden concederse de reunirse los requisitos de siempre. El más potente de ellos, evitar una auténtica destrucción de nuestro orden constitucional, en palabras empleadas por la Corte en el citado amparo en revisión 186/2008. Por eso son bienvenidos más amparos para detener la reforma judicial.

¿Para frenar la votación en el Senado? Sí, con mucha prisa. ¿Para evitar que las legislaturas locales aprueben la reforma votada en el Congreso de la Unión? Sí. ¿Una vez publicada la reforma y entrada en vigor? También. ¿Y si nada de eso le importa al régimen y desacatan cuanta suspensión se dicte? Mostrarán su esencia.

Entre tanto, otra mentira caerá si esos amparos los presentan grupos de personas afectadas con la reforma, como las personas con carrera judicial e integrantes de los Poderes Judiciales locales. Porque la reforma no combate privilegios, conculca derechos, y no nada más de titulares y personal judicial, sino de toda la población.

El derecho a una tutela judicial independiente y efectiva para defender derechos humanos está en juego. Nuestra lucha no terminará hasta que el oficialismo cese en sus intentos por imponer su voluntad como Derecho. Si para ello se debe acudir a instancias internacionales, se hará. Podrán desacatar todos los amparos, pero no nos quitarán nuestros derechos. Claro, mientras conservemos el ánimo de exigirlos.

—

Arsenal

Los 43 que pueden tirar la reforma judicial

Francisco Garfias | Excelsior

Se equivoca la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuando afirma que no hay forma de echar atrás la reforma al Poder Judicial. Sí la hay. Basta que los 43 senadores de la oposición se mantengan firmes frente a las brutales presiones de que son objeto para que voten a favor.

Hay denuncias de amenazas, ofertas millonarias para que se ausenten o se pasen a las bancadas del oficialismo. Hay hasta presiones del INE, asegura el senador Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Sheinbaum sabe que, a diferencia de la Cámara de Diputados, el bloque Morena, PT y Verde no tiene en el Senado la mayoría calificada, indispensable para modificar la Constitución. Le falta un voto para alcanzarla.

No lo dice, pero la Presidenta electa confía en que sus operadores sabrán cómo arrancar ese voto.

En su discurso, Sheinbaum copia los argumentos de López Obrador:

“Fue la decisión del pueblo de México, además, nadie tiene por qué preocuparse de que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo, es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del Poder Judicial”.

Argumento falaz. El pueblo sólo les dio 56% en la elección del Congreso. El INE y el TEPJF, y no los ciudadanos, completaron la tarea.

Dieron al oficialismo la sobrerrepresentación que necesitaban en la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría calificada y los dejaron a tres escaños de obtenerla en el Senado. Pero como los traidores nunca faltan, dos senadores del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino, chapulinearon hacia Morena.

* Así las cosas, la suerte que corra el sistema de justicia en México no está en manos de Morena y anexas, sino de un senador, uno solo, de oposición.

Si cede a las presiones, entregará el poder absoluto al oficialismo y adiós la autonomía del Poder Judicial.

Una propuesta medular de la reforma que trae a México de cabeza es la elección, por voto popular, de jueces, magistrados y ministros. Digan lo que digan los morenistas, los que se apunten como candidatos necesitarán de apoyos políticos para triunfar en las urnas. La carrera judicial, los méritos para ganarse el cargo, ya no contarán si pasa la reforma.

La magistrada Olga Lidia Treviño resumió con una ingeniosa rima la propuesta de López Obrador en entrevista con López-Dóriga: “Un juez votado es un político disfrazado”.

* Los responsables de las bancadas del PAN, PRI y MC aseguran que de su grupo no saldrá el traidor ni con las arengas de las ministras cuatroteras, Loretta Ortiz y Lenia Batres, que ayer se unieron a una manifestación en favor de la reforma.

Otra manifestación, en contra de la reforma, obligó a los senadores a sesionar en sede alterna: la vieja casona de Xicoténcatl.

En la bancada azul se anunció que los senadores de ese partido estarán presentes el día que se vote en el pleno, tanto los propietarios como los suplentes, por cualquier contingencia. No vaya a ser que alguno se enferme o pierda el vuelo hacia la CDMX.

Los 15 diputados del PRI acordaron un voto en bloque contra la minuta de la controvertida reforma.

El exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, a quien le practicaron un cateterismo y está en cama, aseguró que, si se recupera, estará presente en la votación —en principio, el miércoles próximo— y, si no, pedirá licencia para que su suplente emita su voto en contra.

No faltó algún despistado que apuntara al senador del PRI Manlio Fabio Beltrones para obtener ese voto que el bloque oficialista necesita. Su pleito con Alito lo puso en la mira. No lo conocen. Escribió en sus redes:

“Reafirmo mi convencimiento total de que ésta no es la reforma que México necesita. Siempre he sostenido que hay que fortalecer las instituciones, no debilitarlas, por lo que reitero que, en su momento, asistiré a la sesión en donde se discuta y votaré en contra”.

Los simpatizantes del oficialismo le apostaban también al senador de MC Daniel Barreda para tener ese voto que les falta. Era el único del partido naranja que no había fijado su postura frente a la reforma. Lo hizo ayer.

“Quiero decirles que, después de haberla estudiado, de haberla leído, mi voto será totalmente en contra”, declaró a los reporteros de la fuente.

En sus redes fue más explícito:

“Quiero compartir mi postura sobre la reforma judicial, así como denunciar los abusos que hemos sufrido en Campeche por parte del gobierno de Layda Sansores.

“Mi voto es en contra de esta reforma que amenaza la imparcialidad de la justicia y vulnera los derechos humanos”.

—

De naturaleza política

Hacia la disolución de la oposición

Enrique Aranda | Excelsior

Ahora, Adán(cito) nos salió economista…

Consumada la aprobación de la indefendible reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador por parte de la “supermayoría” que, a nivel Cámara de Diputados, obsequiaron los órganos electorales —el Instituto Nacional Electoral (INE) que, ¿dirige?, la morenista encubierta Guadalupe Taddei Zavala, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de Mónica Aralí Soto—, el oficialismo se apresta ahora, con el aval del Senado y 17 congresos estatales, a concretar la demolición de la democracia para, más tarde que temprano si se quiere, sentar las bases de un régimen de corte dictatorial, similar al de sus cómplices sudamericanos.

En cuestión de días, en efecto, el gobierno, su partido y parásitos aliados del Verde Ecologista y del Trabajo con aquél, darán pasos adicionales hacia la disolución de la oposición con miras a imponer nuevas opciones de reforma que, tanto en lo económico y financiero, que en educación, desarrollo social e infraestructura, por ejemplo, permitan ir poniendo en entredicho el Estado de derecho, minando la propiedad privada y las libertades de la ciudadanía con el único y exclusivo propósito de sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo donde, a imagen y semejanza de lo que ocurría en tiempos del echeverrismo más radical, la única figura y voluntad dominante sea la del Ejecutivo o, si se prefiere, de quien defina su decir y actuar…

Más pronto de lo que podemos imaginar entonces, la ahora encendida “creatividad” de decenas, cientos de lopezobradoristas que, “ni en el mejor de sus sueños”, se imaginaron llegar a formar parte del Legislativo federal, comenzarán a generar toda suerte de iniciativas, las más de ellas ridículas, con el único propósito de hacerse notar por quien hoy —y en el futuro próximo también, según no pocos— asume la totalidad de las decisiones sobre quién es y en dónde es que debe colocarse a todos y cada uno de sus afines en San Lázaro o en la sede senatorial de Reforma. Apueste usted que lo vamos a ver.

¿Que no? Analicemos entonces la distribución que de las principales posiciones en las comisiones del Congreso federal y de la Ciudad de México se hizo en las últimas horas para constatar cómo es que sus principales integrantes se han posicionado en ellas y qué es lo que, eventualmente, podemos esperar, si no de todos —“no les da”, opinan no pocos—, sí de algunos de los más ambiciosos, ideológicamente más radicales o ansiosos de notoriedad.

Veremos…

ASTERISCOS

* En verdad cuestionable la decisión de las impresentables ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf, viuda ésta del también polémico titular de la que fuera la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ahora FISEL, José Agustín Ortiz Pinchetti, de abandonar sus oficinas, toga y birrete incluidas, para salir a liderar un mitin de activistas en apoyo a la reforma judicial recién aprobada en la Cámara baja. Vaya nivel…

* Vaya cara dura la del expanista y neomorenista Javier Corral Jurado, que —acusado formalmente por la Fiscalía de su natal Chihuahua de un desvío por casi 100 millones de pesos durante su gestión al frente del gobierno estatal, lo que, a decir de ésta, le convierte en un prófugo de la justicia— promovió entre sus nuevos “aliados” y aceptó presidir la Comisión de Justicia en el Senado. ¡En verdad se necesita no tener…!

—

México SA

Carísimo precio a pagar // En pocas manos, 20% del PIB // Piña, aberrante y arbitraria

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Dice el presidente López Obrador que decidió no cambiar las reglas a los banqueros, mantenerlos intocados, entre algodones, porque es un precio que hay que pagar, pues es muy importante mantener estos equilibrios; ellos siguieron invirtiendo en México, y nos garantizó el no cambiar esas reglas que se mantuviese estabilidad económica, financiera. Ni con el pétalo, pues.

Sin duda, de primera importancia resulta mantener la estabilidad económica y financiera, pero en el caso de los bancos que operan en México (extranjeros lo de mayor relevancia, y los que no propiedad de barones marca Forbes, beneficiarios de la política privatizadora) la decisión de no cambiar las reglas (todas del régimen neoliberal) ha resultado carísimo para los bolsillos de los mexicanos, por ser los pagadores de las voluminosas cuan crecientes utilidades netas.

La tecnocracia garantizó a la mafia financiera –nacional y foránea– que México sería su paraíso, a tal grado que en no pocos casos (como en el del español BBVA) alrededor de 40 por ciento de sus utilidades globales las obtienen en este país, cuyo gobierno decidió no cambiar las reglas, es decir, que sin mayor problema la banca siga exprimiendo a la clientela mediante el cobro de comisiones hasta por respirar y tasas de interés nivel agiotaje. Y también, al no modificarlas, avaló la existencia del oligopolio en el mercado financiero autóctono, concentrado en cinco instituciones, mexicana apenas una de ellas, propiedad de la familia de aquel personaje popular que daba consejos: un político pobre es un pobre político.

Tras su comentario sobre la decisión de no cambiar las reglas, el presidente López Obrador recordó que en 2023 la banca que opera en el país obtuvo utilidades netas por 272 mil millones de pesos, limpios de polvo y paja, un monto nunca registrado, y mencionó que puede hacerse una consulta, entrevistas a los 30, 40, 50 empresarios más importantes de México, sobre cómo les ha ido en este sexenio en cuanto a utilidades, y todos, todos te van a decir que han obtenido ganancias lícitas importantes. Y ya ni hablar de los banqueros. Así, dijo, “yo puedo decir que en mi sexenio –y se puede probar– a empresarios y a banqueros, les fue pero muy bien, como nunca en la historia, pero tengo la dicha de poder decir también que les fue muy bien a la mayoría de los mexicanos y, sobre todo, que sacamos de la pobreza a millones de mexicanos, como no sucedía en décadas”.

Así es: por ejemplo, y como parte de los equilibrios, en el presente sexenio las fortunas conjuntas de los barones Forbes se incrementaron 51 por ciento y cerraron 2023 en 199 mil 700 millones de dólares (algo así como 8 por ciento del producto interno bruto nacional a precios actuales, en manos de una veintena de hombres de negocios). En el caso concreto de Carlos Slim (casi 6 por ciento del PIB en sus manos), el aumento fue de 60 por ciento, es decir, en esos seis años pasó de 64 mil a 102 mil millones de billetes verdes, y en el del tóxico Germán Larrea el avance fue de 111 por ciento, de 13 mil 300 a 28 mil millones, y falta conocer el logro de 2024.

En el caso de los bancos que operan en el país, desde la llegada del régimen neoliberal (Fobaproa incluido), la jauja ha sido la norma. Solo en el sexenio que está por finalizar, ellos acumularon un billón 300 mil millones de pesos en utilidades netas, un monto similar al que se embolsaron, de forma acumulada (otro billón 300 mil millones), en los tres sexenios previos (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes tampoco cambiaron las reglas).

Entonces, en 23 años (falta el resultado de 2024) en los que no se han cambiado las reglas, la banca que opera en el país obtuvo utilidades netas acumuladas por alrededor de 2 billones 600 mil millones de pesos (alrededor de 10.4 por ciento del PIB mexicano), todo de los bolsillos de los mexicanos, a quienes no cambiar las reglas les ha resultado onerosísimo.

En síntesis, por no cambiar las reglas y derivado del precio que hay que pagar, cerca de 20 por ciento del PIB en manos de una veintena de hombres de negocios y un grupúsculo de bancos, mayoritariamente extranjeros.

Las rebanadas del pastel

La burda maniobra de la impresentable Norma Piña para impedir la reforma al Poder Judicial, resulta aberrante, arbitraria, violatoria de la Constitución y afectaría el estado de derecho; no creo que prospere, dijo el presidente López Obrador, pues no le importa la democracia ni la justicia; solamente sus intereses y privilegios; son partidarios de la corrupción.

—

El Informe presidencial de la transición

Álvaro Arreola Ayala * | La Jornada

Andrés Manuel López Obrador es un gran presidente. El único político en condiciones de quitarle a la izquierda organizada el enorme complejo de inferioridad causado por un régimen político que desde 1940 y hasta 2018 ocupó, decidió y dominó el país desde una visión monolítica y en beneficio de una minoría social y política.

Como líder, ha sido el único gran personaje del México contemporáneo. En seis años convirtió al país en envidia de otros países del continente y fuera de él. Es el único político que ha hecho comprender que gobernar no significa corrupción ni privilegios. No le correspondía a él hacerse responsable de las transgresiones históricas del Estado y, sin embargo, lo hizo: indios yaquis, guerra sucia o Ayotzinapa.

Durante su mandato, la nación se desarrolló como nunca. En lugar de desmantelarse como lo presagiaban sus adversarios reales y de pacotilla, incluidos algunos empresarios, políticos, periodistas e intelectuales. El riesgo al llegar al poder era convertirse en un presidente cínico. No fue el caso.

Pudo ser un presidente más y no lo fue. Como los anteriores, pudo ser sólo una caja de resonancia. Con fuerza y enorme convicción se expresó con claridad contra las intromisiones del poderoso vecino del Norte y contra la hipocresía, vaguedad y falsedades de su oposición, la derecha mexicana. Este personaje tan criticado y vituperado en los medios de comunicación tradicionales ha servido a los marginados y demás grupos sociales del país mejor que cualquier otro gobernante. Siempre con una postura definida.

En condiciones más favorables (dos años de pandemia) se hubiesen alcanzado más logros de gobierno. Si se compara cómo vivía el pueblo hace seis años y cómo vive ahora, se llega a la conclusión de que buena parte de la siempre postergada estabilidad económica se ha conseguido.

Queda a la nueva legislatura y el próximo gobierno la tarea de consolidar la transformación democrática impulsada por AMLO. Lo cual debe ser un compromiso permanente en los próximos años.

El gobierno que termina su ciclo histórico representa un modelo político que no se parece en nada a sus antecesores: ni presiones ni amenazas lo doblegaron. Nunca intentó cooptar a los opositores tradicionales ni se intentó practicarles fraude electoral para debilitarlos. El Estado dejó de manipular e intervenir en comicios locales y federales.

Acusado de ser férreo nacionalista, fue todo lo contrario a la claudicación en defender a una industria eléctrica y nunca oponerse con vigor al modelo de expoliación neoliberal.

La descalificación que hacen de él algunas plumas prianistas al adjetivarlo de dictador o presidente autoritario (por no aceptar negociar las leyes o los principios, por suponerse que están fuera del marco constitucional de componendas) no es nueva y mostró a lo largo de estos años la falta de inteligencia y escrúpulos que tiene la oposición partidaria e intelectual.

Las plumas del prianismo se equivocaron al considerar que el movimiento de transformación es producto de una deriva autoritaria o una próxima monarquía (sic). La claridad de la organización gubernamental, la fidelidad a respetar las bases de la democracia, está ahí para demostrarles su error, aunque les cueste entenderlo.

Las fuerzas políticas institucionales opositoras se oponen a toda movilización social que no pueden controlar. Siempre han terminado por combatir todo proyecto social o político que escape a su control y beneficio monetario.

No entienden que las verdaderas movilizaciones sociales actúan fuera del ámbito de los partidos. Los resultados electorales del sexenio favorables al movimiento autodenominado 4T dejaron constancia de que los mexicanos saben que los principales adversarios son los políticos y empresarios de derecha, que con una falta absoluta de patriotismo abonaron por décadas a la desigualdad social y destrucción de las instituciones nacionales y, por ello, sufragaron con toda simpatía a favor de los partidos políticos del movimiento transformador.

El tiempo puso las cosas en su sitio, los resultados gubernamentales exhiben la mejor de las propuestas para el futuro y transformación de México.

* Sociólogo e historiador Investigador titular del IISUNAM.