Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Morena: hegemonía y partidos satélite
Desde 1997 no había tanta centralización de poder en un solo partido. En ese año el PRI perdió en las elecciones su mayoría en la Cámara de Diputados y el gobierno de la capital del país.
José Gil Olmos | Proceso
Desde sus orígenes Morena se ha alimentado de personajes formados y militantes del PRI. De hecho se podría considerar que es la transformación o evolución del priismo, en su rama nacional revolucionaria, encabezado por un expriista, Andrés Manuel López Obrador, que trae en su gen político las fórmulas que hicieron al PRI un partido hegemónico y que ahora en Morena repite para alcanzar la sobrerrepresentación legislativa mediante sus aliados PVEM y PT, los “partidos satélite” con los cuales tendrá una mayoría absoluta.
En las épocas en las que el PRI era el partido predominante en los tres poderes de la Nación –legislativo, ejecutivo y judicial–, así como en los gobiernos de los estados, la figura presidencial asumía todo el poder gubernamental y desde su trono dabas las órdenes violando la soberanía y la separación constitucional de los tres poderes mencionados, así como el de los gobiernos estatales.
No se mueve la hoja de un árbol sin la orden presidencial. “Sí, señor presidente”, eran dos de las frases predominantes en cualquier nivel de gobierno y en todos los rincones de las oficinas gubernamentales.
La concentración del poder en el régimen presidencialista trajo consigo muchos de los excesos cuyas consecuencias hoy seguimos padeciendo: fraudes, corrupción, amiguismo, influyentismo, compadrazgo, impunidad, injusticia, inseguridad y violencia.
En el curso de las últimas décadas se realizaron varias reformas electorales para regular e impedir la sobrerrepresentación legislativa. En el artículo 54 de la Constitución quedó establecido el 8 por ciento como límite a la sobrerrepresentación, pero con una estrategia propia del pasado ahora Morena busca la mayoría absoluta, tanto en las cámaras de Diputados y Senadores para aprobar, sin modificar una sola coma, las 18 reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la reforma al Poder Judicial.
Aparejados van el nuevo sistema de partidos satélite supeditados a Morena –como lo fueron antes para el PRI otros partidos– y la sobrerrepresentación con la cual el partido del presidente tendría la mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.
De acuerdo con los datos del cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4?%, el Partido del Trabajo 5.4 y el Partido Verde 8.3; en total reúnen 54.1?% de los votos emitidos.
En curules con los distritos obtenidos por Morena y sus aliados, el partido del presidente López Obrador alcanzaría la mayoría calificada en San Lázaro, con 365 curules, mientras que en el Senado, con 83 puestos, estaría a solamente dos escaños de conseguirla. Cifra que podría ser mayor en San Lázaro si tomamos en cuenta lo que dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Calderón, quien según un cálculo con base en los resultados del PREP, la coalición Morena-PVEM-PT alcanzaba 372 diputados.
Morena y sus aliados PVEM y PT también arrasaron en las elecciones estatales, donde ganaron 529 de 663 diputaciones de mayoría relativa en disputa, asegurando 79.78 por ciento de los escaños de todo el país.
Desde 1997 no había tanta centralización de poder en un solo partido. En ese año el PRI perdió en las elecciones su mayoría en la Cámara de Diputados y el gobierno de la capital del país. La pluralidad y la distribución del poder se vieron reflejadas en mayor competencia política, avance de instituciones de vigilancia a los derechos humanos y la transparencia de los gobiernos, diversificación de la opinión pública y la democratización del poder político.
Los intentos del PAN del 2000 al 2012 de regresar a esa época priista del poder hegemónico se vieron frustrados por la competencia política ciudadana y partidista. Hoy esa sombra amenazante al avance del proceso de transición democrática regresa con Morena y Andrés Manuel López Obrador.
Morena sostiene que el límite de 8 puntos en exceso de la Constitución sólo aplica a partidos y no a coaliciones. Es decir, que los partidos satélite PVEM y PT le darían al partido oficial la sobrerrepresentación necesaria para contar con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, aún falta la última palabra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que podría retomar el criterio de la cláusula contra la sobrerrepresentación incorporada a la Constitución en 1996, mediante la ley electoral reglamentaria, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 60, párrafo 4: “A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido”.
Por cierto… El proyecto de Andrés Manuel López Obrador de reforma al Poder Judicial, con la elección de autoridades mediante el voto, es una copia del realizado en Bolivia por el presidente Evo, amigo y frecuente visitante del mandatario mexicano. Pero lo que allá se planteó como el modelo idóneo para impartir y ejecutar la justicia no ha tenido los mejores resultados.
Fernando B. Escobar Pacheco y Alfio M. Russo, en el artículo «Elección Popular de jueces en Bolivia: aportes del derechos constitucional comparado al debate”, señalan que después de las elecciones del 2001 de las que no resultó una mejor impartición de justicia, se tomó la decisión en 2016 de realizar una Cumbre de Justicia en la que surgió la idea de la elección por voto popular de los integrantes de los órganos judiciales, convirtiéndose en el único país en el mundo en establecer este modelo electoral para elegir a las autoridades de impartición de la justicia.
Los autores, ambos con nivel doctoral en derecho por las universidades suizas de Laussane y Neuchâtel, señalan tres problemas del modelo de justicia boliviano: a) La autoridad judicial llega al máximo nivel de la administración judicial sin que la carrera judicial haya sido una precondición; b) El candidato tiene que realizar sacrificios económicos para una permanencia corta en la máxima función judicial; c) No existe posibilidad de reelección en la alta función judicial y, por tanto, su paso por esa es efímero.
Estos tres elementos, concluyen los autores del artículo, provocan que no haya arraigo, compromiso o conocimiento de la función judicial.
Otros especialistas bolivianos, como Luis Alberto Ruiz Guerrero, señalan que lamentablemente la experiencia no ha sido positiva para la impartición de justicia, que se ha burocratizado, corrompido, coludido con los grupos delincuenciales, politizado y controlado por el presidente cuando tiene también controlado al Legislativo.
Hasta ahora ha habido dos elecciones judiciales en aquel país y está pendiente una más para septiembre, en la que se espera subsanar muchas de las deficiencias del modelo instaurado por Evo Morales.
En México las advertencias de amenazas a la autonomía del Poder Judicial, la influencia e incidencia del crimen organizado, el desequilibrio entre los poderes del Estado y la falta de garantías en cuanto a transparencia en los procesos de elección por votos, son algunas de las fallas que han señalado especialistas de la UNAM, las barras y colegios de abogados, empresarios e inversionistas.
Los augurios no son esperanzadores cuando en el horizonte está la hegemonía de una sola fuerza política, y menos aún si detrás de la propuesta el presidente López Obrador sólo hay venganza y no justicia.
– – –
Juegos de poder
La reivindicación de la técnica en el gobierno
Leo Zuckermann | Excelsior
La demagogia ha sustituido a la capacidad.
El mercado no resuelve todo en la vida. Hay situaciones donde falla y eso justifica la intervención del Estado. Dicha operación suele ser complicada, por la existencia de múltiples intereses económicos y políticos que dificultan las soluciones más eficaces.
Los técnicos que saben de política y administración públicas no tienen por qué gobernar un país. Les corresponde a los políticos democráticamente elegidos tomar las decisiones. Pero se tienen que apoyar en gente con capacidad y experiencia, con el fin de maximizar beneficios y minimizar costos. Que los políticos sepan qué están haciendo y cuáles son las posibles consecuencias.
En México carecemos de un servicio civil de carrera con técnicos que apoyen a los políticos. Salvo en tres instituciones, que son de las que mejor funcionan en nuestro gobierno: la Secretaría de Relaciones Exteriores –que formalmente cuenta con el SEM–, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda que, aunque no tienen un servicio formal, existe en la práctica.
Por eso es tan importante la conformación del gabinete presidencial ampliado. Se espera que ahí se encuentre gente que sepa de los temas. Expertos que puedan asesorar al Presidente y hasta decirle que “no” a sus ocurrencias.
Este gobierno ha adolecido de eso. Por la personalidad que tiene, nadie le puede decir que “no” a López Obrador. Como secretario de Hacienda, Carlos Urzúa trató y sólo duró siete meses en el encargo. En la gran mayoría de las dependencias, AMLO puso a gente leal, que nada o poco sabían de los temas que les incumbían. Al frente del Insabi, su gran apuesta para mejorar el sistema de salud pública, puso a un arqueólogo sin experiencia alguna en sanidad.
El director general de Pemex es un agrónomo que ha llevado a la quiebra a la empresa.
En su discurso antielitista AMLO ha sido muy duro en contra de los expertos, sobre todo los que han estudiado en el exterior. Su retórica la ha llevado a la práctica resultando en un gobierno popular, pero ineficaz. La demagogia ha sustituido a la capacidad.
Celebro que Claudia Sheinbaum esté reivindicando el papel de los técnicos y profesionales en la gobernanza. Ella misma es una mujer con una educación de primera y conocida por tomar decisiones con base en evidencia empírica.
Así lo hizo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Además, se rodeó de gente capacitada y experta. Su gabinete era mejor que el de López Obrador en el gobierno federal.
Parece que quiere repetir la fórmula. Por lo menos es lo que vimos en el anuncio de los primeros funcionarios que nombrará en su gabinete.
Comienzo con el que ya había informado previamente, es decir, la permanencia del secretario de Hacienda en el próximo sexenio. Es una buena decisión. Rogelio Ramírez de la O conoce, como nadie, los problemas fiscales que enfrentará el nuevo gobierno. Son muchos los desafíos. Importante será ver quién queda como director general de Pemex para ver si existe una verdadera voluntad de corregir el problema financiero y operativo que le está costando miles de millones de pesos al erario.
Marcelo Ebrard, que tan mal la jugó en la sucesión presidencial, se tragó un sapo enorme y se “someterá a esa señora” como secretario de Economía. Más allá de las rencillas personales, con esta decisión, tanto él como Sheinbaum demuestran ser políticos profesionales dispuestos a trabajar juntos por el bien del país. Nadie mejor, creo, que Marcelo para negociar el Tratado de Libre Comercio en 2026 cuando se revise, sobre todo si en la Casa Blanca se encuentra Donald Trump.
Rosaura Ruiz es una académica que conoce muy bien el sector científico y de educación profesional. Buena su designación para resarcir las profundas heridas que ha dejado este gobierno con esa comunidad.
Ni qué decir de Juan Ramón de la Fuente, un gran cuadro del Estado mexicano que ha servido en distintos gobiernos, siempre con eficacia. Tiene todo para ser un gran secretario de Relaciones Exteriores.
Poca gente como Alicia Bárcena, conocedora de los temas del medio ambiente. Además, con capacidad política probada. Es otro de esos cuadros de excelencia del Estado.
De Julio Berdegué sé menos, pero su currículum parece impecable para secretario de Agricultura.
Veo natural el nombramiento de Ernestina Godoy como consejera jurídica de la nueva Presidenta. Conoce perfectamente ese puesto, ya que lo ejerció en la capital. Además, supongo, la pone en la ruta para eventualmente sustituir a Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Ernestina podrá ser controvertida, pero conoce los intríngulis del sistema jurídico.
En conclusión, buenos los primeros nombramientos. Ojalá vengan más así.
– – –
De naturaleza política
Armonioso, sí, pero largo deslinde…
Enrique Aranda | Excelsior
Ingobernabilidad y más muertes en Guerrero.
Si bien no son muchos quienes al interior del gobierno federal y en el entorno más cercano a Claudia Sheinbaum estiman “muy posible” que Andrés Manuel López Obrador cumpla su ofrecimiento de viajar a su emblemático rancho en Palenque apenas entregue la banda a su impuesta sucesora, no son escasos igualmente los que creen que, si bien el anunciado deslinde y recuperación de autonomía por parte de la exregenta y el tabasqueño habrá de concretarse, ello no ocurrirá sino hasta bien entrado el periodo de gestión del nuevo gobierno.
Y esto no sólo por la incuestionable amistad e influencia mutua que desde sus tiempos en la UNAM existe entre ambos, sino en esencia, porque si bien para uno el ejercicio del poder conlleva una altísima dosis de protagonismo personal, para su contraparte el mismo podría constituir una acción producto más de una altísima carga ideológica y profesionalismo que, de apostar sólo al liderazgo o popularidad de quien lo encabeza. Ello, al menos, es lo que piensan quienes constituyen y han venido estrechando el círculo que rodea a quien en 100 días más, el próximo primero de octubre, encabezará el país.
Evidencia clara de lo anterior, argumentan quienes apuestan por un deslinde “gradual, ordenado y respetuoso, aunque acelerado sólo en la medida de lo posible…”, lo constituye la paulatina integración del próximo gabinete donde es necesario reconocer la inclusión de perfiles profesionales y hasta lejanos o ajenos incluso al lopezobradorismo más radical, aunque vale también destacar los vínculos de Sheinbaum con el morenismo más extremo, constituyen una realidad innegable en razón de compartir con muchos de sus miembros una larga y no siempre fácil historia en el quehacer político…
A la vista de lo anterior, entonces, es dable asegurar que lo que hoy mismo estamos atestiguando, los recorridos conjuntos de López Obrador y su virtual sucesora por las más diversas regiones del país, en un entorno de plena armonía, no son más que un festejo compartido del triunfo obtenido el pasado 2 de junio y un adelanto de lo que para unos será una separación armoniosa y para otros, los más, el inicio de un proceso no necesariamente corto en que uno deje el poder y otra lo asuma plenamente.
Lo comentaremos…
Asteriscos
* No debió ir muy lejos la impuesta ministra Lenia Batres para constatar el escaso apoyo que a nivel popular y más específicamente entre trabajadores del Poder Judicial tiene la propuesta de reforma del inquilino de Palacio e impulsada por el oficialismo más radical. Tal fue el nivel de la rechifla y los gritos destacando su carencia de carrera judicial que el foro organizado en Iztacalco para promover aquella debió cancelarse. Uf…
* Generalizado reconocimiento en la península yucateca, particularmente en Quintana Roo, por la coordinación y eficiencia en la aplicación del denominado Plan DN-III de efectivos de Defensa y Marina en apoyo de la población afectada por la incidencia de huracanes, en la colonia Bicentenario de Chetumal, particularmente donde, inclusive, participaron en la salvaguarda de la vida de ciudadanos en riesgo…
– – –
Astillero
Los nombramientos (y definiciones) que vienen // Primera tanda, moderada // Sedena, SG y Seguridad // Se confirma: GN a Defensa
Julio Hernández López | La Jornada
La reforma judicial y los nombramientos del futuro gabinete presidencial se han convertido en intensos campos de batalla de la especulación mediática. En ambos casos se intentan encontrar claves respecto a la continuidad dominante del presidente saliente o la adaptación con sello propio de la entrante.
Las especulaciones sobre el primer punto plantean que López Obrador impone tiempos y formas en cuanto a la polémica reforma citada y Sheinbaum Pardo intentará eludirlos (aunque la retórica diga otra cosa) para que, ya instalada en la silla presidencial, las negociaciones y consecuencias le correspondieran inequívocamente a ella.
Respecto a los primeros nombramientos del gabinete claudista hay opiniones encon-tradas: unos creen que la primera tanda es una maniobra engañosa, en busca de aparentar moderación y desactivar protestas o recelos, sobre todo de empresarios y segmentos socioeconómicos de alto nivel, y otros creen encontrar motivos reales de esperanza de una modulación claudista, menos confrontacional.
Este jueves, cuando se presente la segunda lista de nombramientos, la atención estará puesta en las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana. La primera tiene una relevancia extraordinaria, ahora también en empresas y áreas distantes de lo estrictamente militar. Un cambio histórico sería que al mando llegara un civil, que además fuera ajeno a las camarillas verde olivo que pugnan por mantener sus privilegios (algo doblemente histórico sería que la designación recayera en una mujer). Sin embargo, el mayor enigma se refiere al bando interno que será postulado para el siguiente sexenio y el grado de continuidad impuesta que podría, o no, implicar.
Para ocupar Gobernación se mencionan en especial los nombres de Rosa Icela Rodríguez Velázquez y, con menos fuerza, Mario Delgado. La actual titular de Seguridad y Protección Ciudadana ya ocupó, con la propia Sheinbaum, el segundo lugar en el organigrama, como secretaria general del gobierno capitalino (un equivalente a la cartera federal de Gobernación) e incluso fue invitada en su momento a ocupar la jefatura interina de gobierno, que finalmente recayó en Martí Batres. En aquella ocasión, Rosa Icela prefirió seguir con el presidente López Obrador en la SSPC.
Otro enigma a resolver es el relacionado con Omar García Harfuch, a quien Sheinbaum quiso instalar de candidato a la jefatura del gobierno capitalino, pero predominó la instrucción en favor de Clara Brugada. La virtual presidenta electa busca colocar a su ex jefe de policía como secretario de Estado (¿y un temprano precandidato presidencial para 2030), aunque las mismas reticencias dominantes que impidieron que fuera candidato a gobernar la Ciudad de México pretenden frenar la llegada al gabinete legal de quien fue director de la Agencia Federal de Investigación después de Iguala-Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto. A menos que, al final del duelo de poderes, pasen Rosa Icela a Gobernación y García Harfuch a Seguridad y Protección Ciudadana.
No necesariamente estas tres titu-laridades deberán anunciarse el jueves de la semana en curso. Recuérdese que las secretarías de Estado, y la Consejería Jurídica, a la que se da ese nivel, son 20, así que, de sostenerse el ritmo de entrega de seis en seis, bien podría darse un jueves más de nombramientos del gabinete legal, el 4 de julio. De ese primer nivel, quedarían dos designaciones pendientes. Y faltarían las más relevantes (Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Issste, Seguro Social, entre otras) del gabinete que suele llamarse ampliado, el cual incluye 299 dependencias y organismos descentralizados.
Y, mientras Claudia Sheinbaum ha confirmado que la Guardia Nacional será parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a las reformas constitucionales derivables del plan C.
– – –
México SA
PJF, boyante empresa familiar // Orgullo de nuestro nepotismo // Toda la parentela en nómina
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
En el Poder Judicial se han tomado muy en serio aquel apotegma del ex presidente José López Portillo, quien en ejercicio de su mandato presidencial no dejó de presumir que su familia tenía prioridad y que ella podía hacer y deshacer sin consecuencia alguna, y que el orgullo de mi nepotismo fue su hijo José Ramón (sin olvidar las barbaridades de su hermana Margarita, la pésima musa; las de doña Cuquita, doña Carmen, con todo y piano; las hijas Paulina y Carmen Beatriz, y su primer círculo, como Rosa Luz Alegría o Sasha Montenegro).
López Portillo transformó la Presidencia de la República, al país en su conjunto, en una gran empresa familiar, y se dio vuelo con ese concepto (no fue el único inquilino de Los Pinos que lo hizo, desde luego), y el ejemplo caló hondo entre los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde procedieron de la misma forma que el ex mandatario, bajo la consigna de al abordaje.
La Jornada (Iván Evair Saldaña) informa que “puede haber 65 miembros de una misma familia trabajando en el PJF… Dieron empleo 455 jueces y magistrados a hijos, padres, esposas, tíos y hasta suegras… La mitad de los juzgadores contrató a un pariente”, y todos aparecen en la nómina, de por sí abultada, del aparato que dice impartir justicia, claro está, con los impuestos de los mexicanos.
Dicha información se basa en un estudio (2022) elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (¿Mérito o nepotismo?), en el que se detalla hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el PJF, 23.8 por ciento (tienen) más de cuatro parientes, 49 por ciento, dos. En noviembre de ese año, la red –de familiares– de mayor tamaño en el CJF se formaba por 79 servidores públicos activos, mientras en agosto de 2022 ésta era de 65.
Lo anterior, a pesar de que el pleno del CJF acordó establecer, en noviembre de 2020, con el ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de esa instancia, el plan integral de combate al nepotismo, dado que de acuerdo con la nueva política de la Judicatura, es fundamental recuperar la confianza ciudadana y legitimidad del Poder Judicial de la Federación. Uno de los ejes centrales para lograr este fin es el combate al nepotismo, lo que además permite prevenir cualquier potencial conflicto de intereses, favoritismo, problemas de convivencia laboral o riesgo de corrupción.
Y ese acuerdo subraya que “es necesario desarrollar una auténtica política que resuelva el problema de origen y elimine los efectos nocivos que han provocado la opacidad y la falta de acción frente a dicho fenómeno… Así, hasta el 13 de noviembre de 2019 fue posible detectar 89 redes familiares en 21 estados de la República”.
De acuerdo con La Jornada, la ministra Lenia Batres, “apoyada en dos estudios, ambos publicados por el CJF, preguntó si en el PJF los cargos se consiguen por mérito o nepotismo… El primero que citó es el informe de las relaciones registradas en el padrón electrónico de relaciones familiares de la Judicatura, de diciembre de 2022, en el cual también se lee que para esa fecha, 89.7 por ciento de las redes familiares en el citado CJF son de entre dos y hasta cinco personas, y es posible afirmar que en los últimos dos años (de 2020 a 2022) las redes parentales bajaron 17.5 por ciento”.
De la información divulgada por la ministra, destaca: en noviembre de 2020, la red (de familiares) de mayor tamaño en el CJF se formaba por 79 servidores públicos activos, mientras en agosto de 2022, ésta era de 65; en un estudio de 2018 se indicó que 48.6 por ciento de los juzgadores habían contratado a algún familiar; 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras; 7 mil 148 servidores públicos de 31 circuitos compartían espacio laboral con algún pariente.
Entonces, la derecha debe modificar su consigna: ya no será el Poder Judicial no se toca, sino la empresa familiar no se toca.
Las rebanadas del pastel:
De pilón, “entre sueldos, prestaciones de ley y seguridad social, pagos por riesgo que se dan algunos funcionarios –como los ministros de la Corte–, sumados a seguros y fondos de ahorro, el salario de cada empleado del PJF costará a las finanzas públicas un millón 31 mil 382 pesos en promedio este año, en un país que se ubica como el sexto más impune de América Latina, de acuerdo con un reporte de Eurasia Group”. ( La Jornada, Dora Villanueva). Ministros y magistrados se cocinan aparte.
– – –
Ultraderecha, una amenaza mundial. No tuvo eco en México
José Murat | La Jornada
Inmersos en la intensa dinámica de las elecciones presidenciales y sus secuelas, la opinión pública nacional no ha aquilatado en su real dimensión la gravedad de la amenaza de la ultraderecha en el mundo, especialmente en Europa, y sus afanes siempre expansionistas. Afortunadamente esos movimientos neofascistas no tuvieron eco en México, esas expresiones radicales, minoritarias, pero estridentes, incrustadas en la campaña del bloque de la derecha.
El subcontinente latinoamericano no está blindado para resistir a estos movimientos clasistas, raciales, antimigrantes y abiertamente violatorios de los derechos humanos, como lo hemos visto claramente en el gobierno de Javier Milei, quien en su predilección por las políticas represivas y de fuerza, ya solicitó asesoría en El Salvador para montar megacárceles a lo largo del territorio argentino, como también lo planteó para México, en la desesperación de una campaña que nunca penetró en los sectores populares y medios, sólo en el delgado sector de la clase media alta, la candidata de la derecha difusa.
Vayamos por partes.
En las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas del 6 al 9 de junio, los partidos y movimientos neofascistas de ultraderecha tuvieron un notable ascenso, con especial acento en Francia, Italia, Alemania, Austria y Países Bajos.
En el balance global, el péndulo del poder se desplazó del centro hacia la derecha, como lo evidenció la clara victoria en los comicios del conservador Partido Popular Europeo, que ganó 186 escaños de los 720 que componen el Parlamento Europeo, frente a los 135 de los socialdemócratas.
Hecho el análisis país por país, en Francia la Agrupación Nacional de Marine Le Pen superó ampliamente al partido centrista gobernante. El partido ultraderechista de Le Pen obtuvo 31.5 por ciento de los votos, más del doble que la coalición liberal del partido de Emmanuel Macron, 15.2 por ciento, quien quedó casi en empate técnico con los socialdemócratas, 14 por ciento. La reacción inmediata de Macron, una decisión precipitada para algunos analistas, fue convocar a elecciones parlamentarias anticipadas para el 30 de junio, que podrían derivar en la formación de un nuevo gobierno.
En Alemania, los cristianodemócratas se ubicaron como primera fuerza política, con 30.3 por ciento de los votos, pero la extrema derecha de Alternativa por Alemania se situó como segunda fuerza con 16 por ciento, superando a los socialistas, 13.9 por ciento, y a los ecologistas, 11.9 por ciento. Estos resultados han derivado en la exigencia de adelantar las elecciones, tentativa que hasta al momento no ha tenido una respuesta favorable del gobierno.
Francia y Alemania son los dos países que más escaños aportan al Parlamento Europeo, por lo que contribuirán decisivamente a que la extrema derecha tenga más representantes en esa cámara multinacional. El hecho crudo es que la ultraderecha antieuropea incrementó notablemente su fuerza en los dos principales países fundadores de la Unión Europea.
Por su parte, en Italia el partido Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, también creció y ratificó su condición de primera fuerza política nacional al alcanzar casi 30 por ciento de la votación nacional, y obtener 24 de los 76 escaños que aporta Italia al Parlamento Europeo, 14 posiciones más que las obtenidas en las elecciones europeas de 2019.
También en Austria la ultraderecha, representada por la organización Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), registró un resultado histórico, con 27 por ciento de la votación nacional, que le otorgó la victoria frente a los demócratas, 23.5 por ciento, y a los socialistas, 23 por ciento.
En Países Bajos, donde la ultraderecha de Geert Wilders ganó las elecciones legislativas el año pasado, ahora fue la segunda fuerza política, pero todavía con 17.7 por ciento, superada sólo por la coalición de socialdemócratas y ecologistas, con 21.6 por ciento.
En España, en la misma tendencia ascendente, el partido racista Vox duplicó el número de escaños que obtuvo en los anteriores comicios europeos, con seis eurodiputados, y se constituyó en la tercera fuerza política nacional.
Para la mayoría de analistas de la geopolítica mundial, los resultados de las elecciones europeas no fueron sorprendentes: desafortunadamente son parte de una tendencia observada en los últimos años a nivel nacional en los diferentes países que integran la Unión Europea.
Lo grave es que, si bien cada una con su agenda nacional, hay una coincidencia medular en la ideología de estas fuerzas neofascistas de ultraderecha: su rechazo a la migración, en particular a la proveniente de los países musulmanes y, en algunos casos, de ascendencia latinoamericana.
Decíamos, al inicio de este espacio de opinión, que la ultraderecha arcaica, incrustada en el bloque difuso y contradictorio de la derecha no tuvo éxito en México en las elecciones presidenciales, casi coincidentes en el tiempo con las elecciones del Parlamento Europeo. Apelar al apoyo de los centros financieros de Estados Unidos, al respaldo de Vox de España, y al ejemplo de Milei de Argentina, fue un error estratégico más, muy grave, de la campaña de Xóchitl Gálvez. En las próximas colaboraciones haremos un análisis del alicaído sistema de partidos y su impacto en cada una de las fuerzas políticas tradicionales.
