Lo que dicen los columnistas

El mito democrático

Lo que se juega después de la borrachera electoral no es la democracia, sino la vida del Estado que debe hacerla posible. La dictadura que vivimos hoy no es la del populismo lopezobradorista, como cree la oposición, sino la del crimen organizado.

Javier Sicilia | Proceso

Después de la larguísima e insoportable contienda electoral, la pregunta que se impone es: ¿tenemos democracia? Si la reducimos al momento de la elección habría que decir “sí”: Claudia Sheinbaum y la coalición de partidos Sigamos Haciendo Historia ganaron la elección del 2 de junio. Si, en cambio, la pensamos como una forma de gobierno donde los ciudadanos podemos vivir con justicia y armonía, habría que decir “no”. Es imposible hablar de democracia en un país cada vez más capturado por el crimen organizado y la violencia, plagado de corrupción, miedo, extorsiones, fosas clandestinas, desaparecidos, asesinados y un 96% de impunidad. 

El mismo día de las elecciones hubo 62 homicidios; un día después la criminalidad cobró la vida de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánches, y de su escolta, cuyo nombre ningún medio de comunicación se tomó la molestia en registrar. Los siguientes días han sido un aumento constante y aterrador de lo mismo.

Claudia Sheinbaum y Sigamos Haciendo Historia podrán haber llegado al poder con la legitimidad del voto (casi 36 millones), pero no ganaron el gobierno ni caminan sobre un suelo democrático. La razón es que el Estado, el andamiaje que hace posible la gobernanza garantizando la paz, la justicia y la seguridad de los ciudadanos, está tan capturado por el crimen organizado que impide cualquier posibilidad de gobierno. Las palabras con las que desde la época de Calderón hasta la de López Obrador se le ha calificado –“Estado fallido”, “Narco Estado”— lo dicen con la luminosidad del oxímoron.

Sin Estado, el gobierno y la democracia son imposibles: una ilusión, un sueño, una utopía que aparece en cada momento electoral y se desvanece días, meses o años después.

La única posibilidad de que Claudia Sheinbaum y el país pudieran escapar a ese flagelo que desde la transición democrática se vuelve cada vez más grave, es, en primer lugar, aceptando la realidad: el Estado mexicano y el país están sometidos por el crimen organizado; después, unificando a la nación sobre la prioridad única y absoluta de una política capaz de refundar al Estado y devolverle su vocación fundamental 

Por desgracia, Sheinbaum se ha negado a aceptar la realidad. Fue enfática en la carta con la que acompañó la firma de Los compromisos por la paz promovidos por el episcopado mexicano. En ella rechazó el diagnóstico del documento: no aceptó que el país está sitiado por grandes redes criminales, que la delincuencia común aumentó durante el sexenio de López Obrador, que hay militarización y que las estrategias de seguridad nacional, estatal y local han sido insuficientes para detener la avalancha del crimen. Para ella no existen las casi 500 mil víctimas que desde el gobierno de Calderón al de López Obrador se han acumulado y carecen de justicia. Tampoco los Semefos abarrotados de cadáveres ni las más de tres mil fosas clandestinas descubiertas por las Madres Buscadoras; no existen las carreteras tomadas por grupos criminales, los más de 100 mil desaparecidos ni la corrupción moral del país. 

Como para la mayor parte de la gente que ha integrado el horror a su cotidianidad normalizándolo, esa realidad es para Sheinbaum una nebulosa tela de fondo en medio de la embriaguez de su triunfo electoral.

Por ello, sus propuestas para atender una problemática que destruye su capacidad de gobernar y de construir un suelo democrático son en su mediocridad tan descorazonadoras como preocupantes: profundizar la militarización del país desarrollar inteligencia militar, mejorar la coordinación entre la policía y los fiscales, becas a los jóvenes y fortalecimiento de la Guardia Nacional. Ellas, lejos de sanar la vida social y política, la abandonarán a una destrucción mayor.

Para que Sheinbum pudiera cumplir el mandato de gobernar este país y rescatarlo de la violencia, debería dirigir su mirada y su voluntad a descapturar al Estado de la criminalidad. Ello implicaría poner en el centro de la razón política a las víctimas –las más pobres de los pobres– y a partir de ellas construir una seria e integral política de verdad, justicia y garantías de no-repetición con el fin de descapturar al Estado, devolverle su razón de ser y dirigir al país hacia la paz. 

Los compromisos por la paz están llenos de propuestas en ese sentido; también lo están los documentos sobre Justicia Transicional que se elaboraron al inicio del sexenio que termina y que traicionados por López Obrador han profundizado el deterioro del Estado y del país. Si el gobierno de Sheinbaum, los partidos, las academias, los empresarios, los estudiantes, las organizaciones sociales, etcétera, no lo asumen esta vez como la prioridad de la nación y vuelven a darle la espalda, el infierno –no dejaré de repetirlo– se hará más hondo, más profundo y oscuro. 

Lo que se juega después de la borrachera electoral no es la democracia –nunca la hemos conocido–, sino la vida del Estado que debe hacerla posible. La dictadura que vivimos hoy, no es la del populismo lopezobradorista, como cree la oposición, tampoco la del regreso de la “dictablanda” del viejo priato, sino la del crimen organizado que desde la transición democrática no ha dejado de someter al Estado y de apoderarse del país. 

Si esta vez no le ponemos un coto, si lo dejamos crecer en nombre de un nuevo y pírrico triunfo electoral, habremos perdido por muchas décadas más al país y nuestra democracia seguirá siendo, como siempre ha sido, un mito, una utopía, una ilusión y un sinsentido en medio del infierno.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

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En riesgo, el derecho de acceso a internet

El derecho de acceso a internet en México enfrenta una amenaza con la posible desaparición del IFT, como parte de la propuesta de extinción de varios organismos autónomos.

Jorge Bravo | Proceso

En junio se conmemoran dos hitos cruciales en el avance de los derechos humanos en el ámbito digital.

Primero, en 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a internet como un derecho humano. Este pronunciamiento estableció que el acceso a la red es esencial para el ejercicio de otros derechos, incluida la libertad de expresión y el derecho a la información.

Segundo, en junio de 2013, México promulgó una reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica, en ella reconoció el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluida la banda ancha e internet. Sin embargo, hoy en día, este derecho fundamental enfrenta una amenaza significativa ante la posible desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe que subrayaba la importancia del acceso a internet como una herramienta clave para promover la libertad de expresión, un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El informe, elaborado por Frank La Rue, entonces relator especial para la Libertad de Expresión, destacó que internet revolucionó la manera como las personas ejercen su derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas. Además, La Rue enfatizó que la desconexión forzosa del acceso a internet, impuesta por Estados como una medida de represión, es una violación de los derechos humanos y contraria al derecho internacional.

Este reconocimiento de la ONU sentó un precedente al subrayar que el acceso a internet no es un lujo, sino una necesidad básica para el ejercicio pleno de la ciudadanía en la era digital. Según la ONU, “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser protegidos online”.

Internet se ha convertido en una plataforma indispensable para la educación, el comercio, la participación política, la organización social y la expresión cultural. Por lo tanto, garantizar el acceso universal a internet es esencial para el desarrollo económico y social de cualquier nación.

Siguiendo esta línea, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 representó un paso significativo hacia la democratización de internet en México. Esta reforma reconoció explícitamente en el artículo sexto el derecho de acceso a las TIC, incluida la banda ancha e internet.

La inclusión de este derecho en la Constitución no sólo alineó al país con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, también estableció un marco legal para promover la competencia y la inversión en el sector de las telecomunicaciones.

Entre los objetivos principales de la reforma estaba la reducción de la brecha digital, para que más ciudadanos, especialmente aquellos en comunidades rurales y marginadas, pudieran acceder a servicios de internet de alta velocidad y a precios asequibles.

El artículo primero de la Constitución mexicana establece que «todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte». Esta disposición garantiza la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. El derecho de acceso a internet, como derecho humano, debe ser garantizado para todas las personas sin discriminación alguna.

La universalidad implica que todos los individuos deben disfrutar de este derecho, independientemente de su condición socioeconómica, ubicación geográfica, género, etnia o cualquier otra característica.

La interdependencia e indivisibilidad señalan que el derecho de acceso a internet está intrínsecamente relacionado con otros derechos humanos, y que su realización contribuye al pleno ejercicio de otros derechos como educación, salud y libertad de expresión.

Finalmente, la progresividad exige que el Estado adopte medidas para avanzar en la plena realización de este derecho y evite cualquier retroceso en su garantía.

Pese a estos avances, el derecho de acceso a internet en México enfrenta una amenaza con la posible desaparición del IFT, como parte de la propuesta de extinción de varios organismos autónomos.

La existencia de un regulador independiente es fundamental para asegurar que las políticas y decisiones en el sector respondan al interés público y no a intereses particulares o políticos.

La desaparición del IFT podría comprometer los esfuerzos para cerrar la brecha digital en México. Sin un regulador fuerte e independiente, las iniciativas para expandir la infraestructura de telecomunicaciones a zonas rurales y marginadas podrían verse debilitadas, perpetuando la desigualdad en el acceso a internet.

La declaración de la ONU en 2011 y la reforma constitucional de 2013 en México marcaron hitos en el reconocimiento del derecho de acceso a internet como un derecho humano esencial. Ahora se encuentra en riesgo ante la posible eliminación del IFT.

Es crucial que la sociedad civil, los legisladores y todas las partes interesadas defendamos la existencia de un regulador autónomo que garantice la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de los servicios de internet para todos.

Bajo el principio de progresividad, que sostiene que los derechos humanos deben avanzar constantemente, puede evitarse la extinción del IFT. Porque la sociedad y el Estado deben trabajar para mejorar el acceso a internet y garantizar que sea inclusivo y asequible, así como una herramienta para el empoderamiento y el desarrollo humano en el siglo XXI.

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Arsenal

Cincuenta tarjetas amarillas y no hubo expulsión

Francisco Garfias | Excelsior

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, bateó la oferta de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, de abrir un diálogo para procesar las diferencias derivadas del asalto a la embajada de México, que culminó con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En abril pasado, fuerzas policiacas y militares de ese país sudamericano irrumpieron en forma violenta en la embajada mexicana en Quito para llevarse a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, a quien México le había concedido asilo.

Sheinbaum, sin embargo, no le cerró las puertas a un arreglo. Exige al gobierno de Ecuador una disculpa, la reparación del daño, y que permitan al exvicepresidente Glas, asilarse en México.

“No es un asunto de sentarse a platicar… ellos tienen que dar el paso”, sintetizó. Claudia recordó que hay una demanda de México en la Corte Internacional de Justicia que pide la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas.

La condena internacional al gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue unánime. El exvicepresidente Glas está preso desde abril. Hoy cumple 65 días en huelga de hambre. Sólo ingiere agua y su salud se deteriora rápidamente, según el diario La Hora de Perú.

* Renato Sales duró poco más de dos años ocho meses como fiscal de Campeche. Demasiado tiempo con la ruidosa morenista, Layda Sansores, como gobernadora del estado.

Ayer nos confirmó su renuncia vía WhatsApp. ¿La gota que derramó el vaso es el pleito con los policías locales?, preguntamos al ahora exfiscal.

“¡De todo un poco!”, respondió. Completó su mensaje con un sticker de Kalimán y las palabras “serenidad y paciencia”. En su cuenta de Facebook puso que se iba “por motivos personales”, no sin antes agradecer a la gobernadora de Campeche la confianza que le tuvo.

Medios locales señalan que dejó la Fiscalía por no estar de acuerdo con el uso de la fuerza pública en contra de policías locales, que desde el 16 de marzo pasado mantienen una protesta en demanda de la destitución de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz.

La protesta se originó luego de que mandaron a los y las policías a sofocar un motín, en el penal de San Francisco Koben, causado por el traslado de ocho reos a un penal de Michoacán. Los presos aprovecharon que no iban armados para cometer toda clase de vejaciones en contra los elementos de la fuerza pública.

* Xóchitl Gálvez impugnó la elección. No pide que se anule. Sería ridículo. Le sacaron más 30 puntos. Lo que exige es que se investigue y sancione la intervención del presidente López Obrador, por un lado, y la violencia ejercida por el crimen organizado para coaccionar el voto.

“Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al Presidente. Ha habido más de 50 tarjetas amarillas. En un partido de futbol con dos tarjetas amarillas te expulsan. Aquí no. El Presidente siguió, siguió y siguió. Algo tiene que hacer el Tribunal. No puede dejarla pasar”, dijo la excandidata opositora.

“Las pasadas elecciones no se caracterizaron por ser limpias y de piso parejo. Se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial —hoy virtual presidenta electa— Claudia Sheinbaum.”

El PAN y el PRD también lo hicieron. Alegan que no hubo piso parejo. Denuncian la intervención de López Obrador en el proceso electoral, violencia e intervención del crimen organizado, uso del aparato del Estado para promover a Sheinbaum.

Además del Presidente, denuncian intromisiones de la CNDH, al entonces ministro Arturo Zaldívar, la senadora Antares Vázquez, entre otros.

* El activista Fernando Belaunzarán Méndez, filósofo de formación, político de profesión e izquierdista de corazón, confiesa su tristeza por la desaparición del partido que lo llevó a una diputación federal.

“El PRD nació para empujar la democracia y ahora el PRD puede desaparecer con el fin de la transición demócrata”, lamenta. Pero no hay mal que por bien no venga. Hay planes de fundar un nuevo partido —socialdemócrata y liberal al mismo tiempo—, a partir de lo que hoy es el Frente Cívico Nacional.

El 6 de julio próximo, esa organización que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, hará un balance de lo que ocurrió en las elecciones. “Vamos a decidir si el camino es construir un nuevo partido”, dijo Belaunzarán.

A Fernando le preguntamos ¿cuál es ahorita su principal preocupación?, no dudó en su respuesta: La política permisiva del gobierno con el crimen organizado. “El gobierno se ha olvidado de sus responsabilidades en esa obsesión por el control político. Subordinó todo al control político”, acusó.

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Presidenta versus maximato

Por el bien de México, deseo que sea una Presidenta respetada, valiente y patriota. Que la quieran porque logre méritos, no porque diga mentiras. Que sea una Presidenta con banda y no una banda sin presidenta. Que se merezca ser llamada la-señora-Presidenta-de-la-República, como reconocimiento a su investidura y no como apodo lastimero o lastimoso.

José Elías Romero Apis | Excelsior

Hace casi 10 años escribí El jefe de la banda, libro que fue generosamente recibido dentro y fuera del país. Más tarde escribí dos secuencias que me retribuyeron satisfacción y ahora se me ha ocurrido escribir La dama de la banda, sobre la futura Presidenta. Son libros que resaltan lo grato de nuestra política y no escarban en nuestros caños.

Por el bien de México, deseo que sea una Presidenta respetada, valiente y patriota. Que la quieran porque logre méritos, no porque diga mentiras. Que sea una Presidenta con banda y no una banda sin presidenta. Que se merezca ser llamada la-señora-Presidenta-de-la-República, como reconocimiento a su investidura y no como apodo lastimero o lastimoso.

Hoy, muchos suponen que vamos hacia un maximato. Pero bien dice Pascal Beltrán del Río que la futura Presidenta deberá cortar amarras. Si no lo hace por su voluntad, la obligarán los mercados, la ciudadanía, la opinión pública, los medios de comunicación y hasta nuestros países socios. Y, sobre todo, la realidad. Ningún poder político ha vencido a la realidad.

El maximato es un maximito. Sólo existió el de Plutarco Elías Calles y los cuatro presidentes que lo sucedieron fueron apodados popularmente como Los Peleles I, II, III y IV. El último fue Lázaro Cárdenas, quien frenó a Calles y hasta lo exilió del país. Los posteriores intentos nunca se realizaron.

Un maximato hoy es irrepetible, pese a que el presidente AMLO ya se ofreció para colaborar. Desde luego, los expresidentes alguna vez fueron requeridos para simbolizar la unión nacional, que no unión de partido. Ávila Camacho convocó a Calles y a Cárdenas para sumarse a su equipo durante la II Guerra Mundial. López Mateos invitó a los 7 presidentes aún vivos. No tan sólo a su antecesor, sino a todos ellos. No como signo de complicidad, sino de unidad.

El maximato es la perversión política que más nos repugna de todo un siglo. Todo lo demás lo hemos tolerado, menos esto. Hasta la ratería, la bufonería o la tontería. A todo Presidente la historia lo ha perdonado de cargar el sambenito de “el ratero”, “el payaso” o “el pendejo”, aunque bien se lo hayan ganado.

Pero la historia no perdona el maximato. Es tan dañoso y tan odioso que su simple rumor devaluó el peso casi en un 100% en un solo día de la transición del año 1976, después de 22 años de estabilidad paritaria.

Así, también, en 1994 sufrimos el llamado “error de diciembre”, con una devaluación repentina del 300 por ciento. Durante tres décadas, un velo cegador lo ha atribuido a la llegada de los nuevos presidente y secretario de Hacienda. Pero no fue por eso. Zedillo era un prestigiado economista del equipo salinista y con tendencias conservadoras. Jaime Serra fue el secretario de Economía del régimen anterior y constructor del TLC.

Lo que esos talentosos economistas, pero políticos lerdos, no alcanzaron a ver fue que, en el propio diciembre, su reforma judicial provocó un terror nacional porque cancelaba a toda la Suprema Corte de un solo jalón. Exactamente como lo que hoy se propone y cada quien sacará sus propias conclusiones. No sabían nada de política y no sabían nada de justicia.

Zedillo culpó al régimen anterior diciendo que “le habían dejado la economía prendida con alfileres”. Salinas respondió que “¿para qué carajos le quitó los alfileres?”. Y yo les diría, ¿no viste lo que provocaría tu reforma judicial, güey?

Volviendo a nuestro tema inicial, Cárdenas desapareció el maximato para siempre. Si leemos bien la historia y la política, cuando los presidentes mexicanos celebran la expropiación petrolera no es para engrandecer al sindicato ni para denigrar a los ingleses. Es para advertir a los expresidentes que no se les ocurra ni siquiera hablar.

Memento Lázarus. Acuérdense, expresidentes, que a Calles no lo tronaron por lo que mandaba, sino por lo que hablaba. No por sus órdenes, sino por sus palabras. Cárdenas no es el símbolo de la soberanía petrolera. Es el símbolo de la dignidad presidencial.

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Nudo gordiano

La oposición en su laberinto

Yuriria Sierra | Excelsior

El pasado 2 de junio, las urnas hablaron con contundencia en México, dando una clara ventaja a Claudia Sheinbaum y al partido Morena. La respuesta de los partidos opositores a esta “paliza electoral” ha sido, por decir lo menos, desconcertante. En lugar de una reflexión profunda y un ajuste de rumbo, los principales partidos de oposición parecen haber perdido la brújula, enfrentando escenarios de confusión y fragmentación interna que amenazan con debilitarlos aún más.

El PRD y el PAN, en una jugada que muchos consideran desesperada, han decidido impugnar la elección presidencial. Esta decisión refleja no sólo su incapacidad para aceptar la derrota, sino también una falta de estrategia clara para reconstruir su base de apoyo. La impugnación, lejos de parecer una medida basada en fundamentos sólidos, se percibe como un intento de prolongar la agonía de una campaña que no logró conectar con el electorado.

Impugnar una elección con una diferencia tan amplia en votos no sólo es improbable que tenga éxito, sino que también erosiona la credibilidad de estos partidos ante la opinión pública. En lugar de trabajar en propuestas constructivas y en una autocrítica honesta, el PRD y el PAN parecen estar optando por un camino que podría llevarlos a una mayor irrelevancia. El PRD está arañando un último intento para no perder el registro; el PAN, arañando un intento para no perder sus privilegios.

Por su parte, el PRI ha optado por abstenerse de impugnar la elección. Este silencio puede interpretarse de varias maneras: una aceptación tácita de la derrota, una estrategia para evitar conflictos internos mayores o, simplemente, un guiño al partido en el poder. El PRI refleja una parálisis que podría ser aún más perjudicial para su futuro.

El PRI, que alguna vez fue el partido dominante en México, ahora se encuentra en una encrucijada sin una visión clara de su rol en la política actual. Su decisión de no impugnar puede ser vista como un intento de evitar el caos, pero también podría ser interpretada como una falta de compromiso con la lucha política que define a una oposición efectiva.

Movimiento Ciudadano (MC) enfrenta su propio desafío. El partido está inmerso en una guerra interna sobre quién debería asumir la dirigencia y cuál debería ser su posición estratégica: acercarse a la oposición tradicional o alinearse con Morena. Esta disputa interna refleja la falta de consenso sobre el camino a seguir y amenaza con dividir al partido en un momento crítico.

La indecisión de MC es sintomática de la confusión general que afecta a la oposición en México. La lucha por el liderazgo no sólo distrae de la necesidad urgente de definir una estrategia coherente, sino que también debilita la capacidad del partido para actuar de manera unificada y efectiva en el escenario político nacional.

La fragmentación y la falta de dirección clara entre los partidos opositores plantean un futuro incierto para la política mexicana. En lugar de ofrecer una alternativa sólida y viable al gobierno de Morena, los partidos opositores están sumidos en disputas internas y estrategias de corto plazo que podrían alejarlos aún más de los votantes.

Para que la oposición recupere su relevancia será necesario un esfuerzo concertado de autocrítica y renovación. Los partidos deben dejar de lado las impugnaciones, las luchas internas y concentrarse en reconstruir su conexión con el electorado, ofreciendo propuestas claras y coherentes que respondan a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía.

La derrota electoral del 2 de junio ha dejado a la oposición en México en un estado de completa desorientación. Si estos partidos quieren recuperar su relevancia, deberán reenfocar sus esfuerzos en la autocrítica, la renovación y la construcción de una alternativa sólida y coherente para el futuro de México. Sólo así podrán encontrar la brújula que les permita navegar con éxito en el complejo escenario político del país.

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Astillero

Marko, ideal chivo expiatorio de Xóchitl // Confidencias a conveniencia // ¿Partidos rosa y de ultraderecha? // Alfaro contra élite naranja

Julio Hernández López | La Jornada

Xóchitl Gálvez esparció en espacios mediáticos afines un relato de autorrevictimización política con propósitos electorales a diferente plazo: la realización de una gira nacional de reconciliación con la derrota, como preparativo de la tentativa en 2025 de crear un nuevo partido (¿rosa?) que deberá competir por sí mismo, sin alianzas, en las intermedias de 2027, con la vista puesta en los comicios generales de 2030 en los que, a pesar de todo, la ingeniera hidalguense pretendería insistir en una segunda postulación presidencial.

En su estilo dicharachero, con presuntas confidencias a conveniencia (ji ji y jo jo poselectoral y dramaturgia barnizada con brochazos de género), Gálvez centró a su táctico chivo expiatorio, el débil Marko Cortés al que, en acometida simultánea, ex gobernadores panistas (varios de ellos de larga cola pisable) conminan a que ya deje el cargo, sin esperar al próximo fenecimiento natural de su periodo directivo.

El gelatinoso armado discursivo de Xóchitl busca arrebatar bases del partido blanquiazul para intentar la creación de uno tal vez de color rosa o, en otro escenario sin rupturas, forzar a la estructura de Acción Nacional a negociar con la sociedad civil de las dos equis (Claudio X y la ex candidata de inicial X) para recomponer al partido histórico de la derecha mexicana en su peor momento electoral y programático y responder al amago, hasta ahora más bien retórico, del fallido Eduardo Verástegui a quien la levantisca estructura eclesial no quiso acompañar en la elección pasada, pero sí le podría ayudar en un intento de crear un partido neocristero, con abierto respaldo de Donald Trump, Vox y ultraderechistas latinoamericanos y europeos.

Vale recordar, en el contexto de los reacomodos partidistas e incluso de creación de nuevas organizaciones, que la cúpula de la Iglesia católica pretendió lanzar el mayor reto histórico (desde la Guerra Cristera) al gobierno federal en turno y su proyecto de sucesión continuista, pero ante la inviabilidad de los aspirantes opositores prefirió replegarse para esperar mejores tiempos, mientras que uno de los principales multimillonarios del país, Ricardo Salinas Pliego, también ha mantenido en redes sociales y en espacios televisivos una campaña de confrontación con la administración obradorista y los izquierdistas, en el contexto de los cuantiosos adeudos fiscales en litigio que el principal accionista del Grupo Salinas va perdiendo, aunque le quedan recursos judiciales por ejercer.

En tal escenario de remiendos y restauraciones puede verse la virtual declaración de guerra que ha soltado el gobernador saliente de Jalisco, Enrique Alfaro, contra los principales personajes de la marquesina naranja. Obviamente, contra el gerente general nacional del negocio, Dante Delgado, y los frívolos neoleoneses Samuel García y Mariana Rodríguez, destapadores éstos de la filosofía política consistente en la repetición gráfica y mercadológica de la palabra fosfo y, también, del tutelado relevo en la candidatura presidencial, Jorge Álvarez Máynez.

Y, mientras es desgastada de arranque la oferta claudista de amplio diálogo y consulta en materia de reforma judicial, al valerse de encuestas ordenadas por Morena para realizarse este fin de semana, con resultados a conocerse el lunes (es decir, se pretende blandir como resultado, para fines generales, el ejercicio de una parte del espectro político y social, bajo control del partido dominante), ¡hasta el próximo lunes, luego de la reunión del máximo multimillonario mexicano, Carlos Slim, con el presidente López Obrador en Los Pinos, justamente cuando la arremetida de capitales contra la venidera reforma judicial (Bolsa de Valores, paridad cambiaria) es motivo de preocupación política en el contexto de la transferencia del poder presidencial!

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México SA

Salinas Pliego, ¡a la caja! // Debe pagar 24 mil millones // Larrea: homicidio industrial

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Antier, un grupo de magistrados decidió hacerle una mala jugada a Ricardo Salinas Pliego –él que se cree intocable– para distraerlo de su descarada acción desestabilizadora, junto con otros barones, del mercado cambiario nacional, pues le negó el amparo 98/2021 a una de sus empresas, Grupo Elektra, que la mantenía impune ante los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, determinó que el soberbio empresario pague algo así como 24 mil millones de pesos en impuestos hasta ahora evadidos.

No hay que imaginar la tremenda rabieta que tal decisión legal provocó en el tercer hombre más rico del país (siempre a costillas de la nación), hasta ahora entretenido en apostar en contra del peso mexicano (en asociación con otros barones impresentables), por lo que nada raro será observar en las pantallas de Tv Azteca otra alucinada cuan sucia campaña contra el gobierno comunista, que para eso tiene a su ejército de gritones.

¡Claro que le arde la decisión del tribunal!, pues el pago exigido (24 mil millones de pesos que debe cubrir al SAT, equivalentes a mil 411 millones de billetes verdes) representa cerca de 11 por ciento de su fortuna (ésta, de acuerdo con la información de Forbes). Pero eso no es todo, pues en litigio se mantienen otros adeudos que podrían sumar alrededor de 40 mil millones de pesos adicionales por el mismo motivo, de tal suerte que el barón no se puede quejar ni atribuir sus males al gobierno comunista, porque ese voluminoso adeudo no es por carecer de recursos suficientes, sino derivada de su permanente cuan caprichosa negativa de cumplir con el fisco.

Por cierto, días atrás una semana atrás el SAT ganó otro juicio contra Grupo Elektra por adeudos de impuesto sobre la renta que ese consorcio propiedad de Salinas Pliego arrastraba desde 2008 y que logró retrasar utilizando para ello otro de sus ejércitos, el de abogados. Pero de nada le sirvió, porque fue condenado a pagar poco más de 2 mil millones de pesos, apenas un pellizco de su adeudo total al erario.

Sobre la más reciente victoria del SAT, La Jornada (Dora Villanueva) lo informó así: Elektra deberá saldar alrededor de 24 mil millones de pesos al SAT, poco más de un tercio de todo lo que el fisco mexicano le reclama a Grupo Salinas, tras haber perdido un amparo contra la resolución que desde una primera instancia le ordenaba pagar. En orden de evadir la entrega de estos impuestos, la última alternativa de la compañía es recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la que aún despacha –hasta el próximo mes de diciembre– el inmoral ministro Luis María Aguilar Morales, el cancerbero oficial de los intereses de Salinas Pliego en esa instancia judicial).

Algo más: “el vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –integrado por los magistrados Fernando Silva García, Martha Llamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López– negó el amparo 98/2021 a Grupo Elektra, por el que la compañía pedía rectificar la sentencia que en primera instancia resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a favor del SAT. La víspera, Grupo Salinas (…) amagó con pedir que los magistrados que estaban dictaminando el caso se recusaran, debido a las declaraciones realizadas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al actuar de Luis María Aguilar Morales, integrante del pleno de la SCJN”. ¿Por qué? Según el consorcio, por la presión ejercida desde la más alta tribuna de este país (que) ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados.

Interesante lo que aporta La Jornada: el adeudo en litigio originalmente sumaba 18 mil 455 millones de pesos por ISR del ejercicio 2013, pero con actualizaciones y recargos ahora está cerca de 24 mil millones, es decir, el capricho evasor de Salinas Pliego ahora le costará casi 6 mil millones más. Y faltan por resolver otros juicios, con adeudos desde 2008. Entonces, a pagar.

Las rebanadas del pastel

La información del gobierno federal sobre Pasta de Conchos (no hay indicios de explosión) tira el teatrito de Germán Larrea y su Grupo México, pues confirma, por si hubiera duda, que el tóxico empresario, con la complicidad de Vicente Fox, dejó morir a los mineros, de tal suerte que se trata de un homicidio industrial y la Fiscalía General de la República debe proceder en consecuencia, sin olvidar que en octubre de 2013 el barón se amparó para evitar el rescate de los cuerpos a sabiendas que tal acción revelaría las verdaderas causas de accidente. No más impunidad.

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Plan Claudia

Pedro Miguel | La Jornada

Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la Presidencia, el fondo del discurso de los estamentos oligárquicos desplazados del poder era el siguiente: está bien, reconocemos tu triunfo, pero gobierna como si fueras Ricardo Anaya o, por lo menos, José Antonio Meade. Ya podía el tabasqueño ceñirse la banda presidencial, pero que no se le ocurriera tocar intereses corruptos, poner fin a los múltiples mecanismos para sangrar el erario, denunciar contratos leoninos, suspender el subsidio a guarderías subrogadas, dejar de mantener zánganos de la llamada sociedad civil, disolver fideicomisos fraudulentos, dejar sin apapachos a los cortesanos de Los Pinos.

En esos y otros reclamos se les fue a los derrotados buena parte del sexenio y cuando llegó el momento de avizorar la sucesión los enlazaron, sin solución de continuidad, con el discurso de campaña de Xóchitl Gálvez, agregándoles una montaña de difamaciones, infundios, desinformación y robo descarado de consignas acuñadas por la Cuarta ­Transformación (4T).

No aprenden. Ahora que se toparon con el formidable mandato popular para Claudia Sheinbaum y para las reformas conocidas en conjunto como plan C , recurren a una treta discursiva semejante: está bien, admitimos que ustedes volvieron a ganar, pero, por favorcito, no se les vaya a ocurrir llevar a la práctica lo que le ofrecieron al pueblo ni las demandas que de él recogieron.

Al chantaje de los mercados –es decir, del puñado de magnates que han apostado filones de sus fortunas a la desestabilización del tipo de cambio y de la bolsa– se unen las voces plañideras que piden ser tomadas en cuenta para distorsionar la esencia de las reformas inminentes: no ignoren a las minorías, no destruyan la democracia, cuidado con atentar contra la certeza jurídica, miren que está en juego la división de poderes, que no se enojen los mercados, ay, los contrapesos, y así.

Por supuesto, las 18 reformas constitucionales y las dos legales que AMLO propuso el 5 de febrero no ponen en peligro los derechos de las minorías, ni la democracia, ni la certeza jurídica, ni la división de poderes, ni los contrapesos. Al contrario, buscan dar reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos; fortalecer la democracia participativa y depurar la representativa; instaurar un Poder Judicial absolutamente autónomo ante el Ejecutivo, pero también ante el poder del dinero a trasmano; dar certeza jurídica a todo mundo, incluidos de manera prioritaria los beneficiarios de los programas sociales que aún carecen de rango constitucional; proteger la salud de la población; reactivar el campo; cuidar el ambiente con mayor eficiencia; proteger el salario, mejorar las pensiones y el derecho a la vivienda y con ello, robustecer el mercado interno; impulsar la movilidad en el territorio nacional; garantizar un ejercicio austero, honesto y eficiente del poder público y avanzar en la construcción de la paz.

Enriquecido y ampliado con las propuestas formuladas por Sheinbaum en su campaña –apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años de edad, becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública, la no relección y modificaciones a Ley del Issste–, El Plan C bien podría denominarse plan Claudia. Porque suyo es también el paquete de AMLO, por más que la oligarquía desplazada siga apostando a una ruptura o cuando menos a un enfriamiento entre el mandatario saliente y su sucesora. Por increíble que parezca, aún no entiende que este proceso no es sólo un asunto entre dirigentes, sino un fenómeno colectivo y multitudinario.

La virtual presidenta electa planteó la pertinencia de abrir un periodo de escucha y diálogo con todos los sectores previo al inicio de sesiones de la próxima legislatura, en la cual deberán aprobarse las cinco reformas más urgentes.

Diálogo y escucha, sí, sin excluir a nadie: con los intereses minoritarios afectados por la 4T y con los despistados medrosos que tienen pesadillas porque ya somos Venezuela, también, pero sobre todo, con los sectores populares. Si los perdedores del 2 de junio están esperando arreglos en lo oscurito, ne­gociaciones turbias y cabildeos para perpetuar corruptelas, se van a topar con pared: no tienen cartas para negociar, salvo la amenaza de perpetuar sus campañas sucias, su basura mediática y su guerra de mentiras, pero el 2 de junio evidenció que ese arsenal no sirve para nada.

La magnitud del triunfo del 2 de junio permite a la 4T cambiar las viejas reglas del juego que tuvo que aceptar para iniciar esta revolución pacífica y democrática desde el poder presidencial. Certeza jurídica no significa mantener inalteradas de aquí al fin del mundo las normas legales depredadoras del neoliberalismo, sino poder confiar en un entorno en el que las leyes se cumplan, en el que la justicia sea justa y en el que los fallos judiciales no sean meras simulaciones ni resultado de transacciones inmundas. Y eso es parte del país nuevo que se está construyendo.

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¡Victoria, una mujer presidenta!

Gabriela Rodríguez * | La Jornada

Hoy vivimos una victoria de movimientos sociales y de organizaciones políticas que vienen construyéndose en México desde los 60. Causas indigenistas, agrarias, laborales y de género pasaron a ser prioridades de la nación hace seis años, cuando dieron contenido a los planes y programas de gobierno.

La Cuarta Transformación es el hecho histórico más importante del siglo XXI. Para una gran mayoría de la población mexicana el rumbo tomado ha sido el correcto, así lo expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Es una gran victoria, se abrió la oportunidad para profundizar los múltiples proyectos que ha desarrollado esta administración y para que una mujer dirija el Poder Ejecutivo.

Otro hito histórico ¡único!. Después de 200 años de señores presidentes, la población mexicana eligió por primera vez a una mujer como presidenta, a Claudia Sheinbaum Pardo. No sólo es un reconocimiento a su capacidad para dar continuidad al proyecto de nación, sino una alta valoración a la trayectoria de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a su liderazgo político y compromiso con las causas sociales, a su calidad ética y eficacia en la gestión administrativa, y a sus credenciales académicas. Es también un triunfo del movimiento de las mujeres, con el cual se pone un alto a la derecha, un freno a políticas retrógradas que intentan retroceder los derechos sociales y los de las mujeres.

Claudia Sheinbaum dirigirá el destino del décimo país más poblado del mundo. De los 194 países existentes sólo 23 estados tienen presidentas y primeras ministras: Bangladesh, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Dominica, Estonia, Etiopía, Georgia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Moldavia, Namibia, Perú, República Democrática del Congo, Tanzania y Trinidad y Tobago.

¿Qué importancia tiene que una mujer sea presidenta? Mucha. Simone de Beauvoir pensaba que el cuerpo de las mujeres es la clave de su sujeción, es en sus cuerpos que ellas deben edificar su libertad, haciendo de su sujeción un asunto político y no es por la vía del amor o de la mística que las mujeres conquistarán su libertad. Es transitando el camino de la fraternidad, luchando contra la tortura, el hambre, el colonialismo y la sujeción ejercida sobre nuestros cuerpos como mujeres, que alcanzaremos la libertad. Por esta vía, una de las grandes mentoras del feminismo persigue un sueño fraternal en el cual todos los seres humanos puedan ser incluidos, aun las mujeres y las llamadas mujeres (Ciriza, Alejandra Graciela, Simone de Beauvoir: de la fenomenología del cuerpo a la utopía de la libertad, en: Nomadías, 3/12/12).

Quienes votaron en mayoría por Claudia Sheinbaum fueron mujeres y hombres que tienen claro que no es el cuerpo de mujer lo que garantiza un compromiso con las causas sociales ni con los derechos de las mujeres; la decisión fue entre líderes con proyectos irreconciliables, porque sólo seguirá haciendo historia la candidata que apostó por la solidaridad para abatir las desigualdades de clase, las étnicas y de condición, las sexuales y las de género.

Construidas como sujetos, las mujeres no pensamos fuera de nuestro cuerpo ni de nuestra ubicación: No se nace mujer, se llega a serlo. Hay brechas de desigualdad directamente relacionadas con tener cuerpo de mujer, cuya sensibilidad no se vive igual entre quienes no lo tienen. Hoy se ejerce en México la maternidad voluntaria, el freno a la fecundidad (1.8 hijos por mujer) es en parte por el acceso a la salud reproductiva y al aborto. La experiencia de la maternidad no es destino, pero se ha significado como si lo fuera. Desde la condición de madre se imponen los trabajos de cuidados, sin remunerar. En México, dos terceras partes de las personas mayores son cuidadas por mujeres, así como 94 por ciento de infantes de cero a cinco años, a quienes cuida la madre en 86.3 por ciento de casos y la abuela en 7.6 por ciento (6 por ciento por padre, abuelo, tía u otros); las madres cuidan a un tercio de las personas con discapacidad y otro tercio es cuidado por una hija (20 por ciento por la pareja, 15 por el padre, abuela u otros). Sesenta y ocho por ciento de cuidadoras desearían tener un trabajo remunerado, pero no tienen en quien desplazar los trabajos de cuidados (Primera Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, Inegi/2022); ellas venden mercancías al desplazarse o en tianguis, aceptan trabajos informales con horarios cortos y bajos ingresos. De ahí que sólo 25.4 de las adultas mayores reciben una pensión retributiva, frente a 41.5 por ciento de los adultos mayores (diferente a la pensión universal, mínimo vital que reciben todos los mayores de 65 años).

Para compensar esas injusticias, la virtual presidenta electa de México plantea, entre otras, algunas estratégicas para la igualdad sustantiva: el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, que reconoce sus años de trabajo en el hogar; el apoyo para estudiantes de prescolar, primaria y secundaria Mi Beca para Empezar, clave para el desarrollo de hijos y mamás ¡la escuela cuida!. Además de la paridad en el Congreso, muchas otras mujeres ocupan altas posiciones, contaremos con un total de 13 mujeres gobernadoras, incluyendo a Clara Brugada en la Ciudad de México, gran lideresa histórica del feminismo y de movimientos sociales. La agenda feminista se fortalecerá en estos años.

* Secretaria general del Conapo.