Lo que dicen los columnistas

Arsenal

“López Obrador elude retos, yo no”: Creel

Francisco Garfias | Excelsior

El balance del último pleito López Obrador vs. Creel favorece al diputado panista. El Presidente se echó para atrás en el reto que públicamente le lanzó el aspirante opositor a sucederlo en el 2024.

El tabasqueño desafió: elaboremos juntos una iniciativa que desaparezca los 20 mil millones en fidecomisos del Poder Judicial y se entregue ese recurso a estudiantes de familias pobres.

Santiago aceptó el reto de analizar cómo hacer llegar más dinero para becas, sin tocar los recursos del Poder Judicial. “Hay suficiente margen en el presupuesto que tiene el gobierno. Si no sabe cómo hacerlo, yo le digo”, bravuconeó.

Y citó al Presidente para el jueves 18 de mayo. “Tú pon la hora y el lugar”, le dijo en un video.

Pero en la mañanera de ayer, López Obrador dio marcha atrás. Usó un tono burlón para tapar la reversa: “Ya para qué hablar con Creel. Qué siga su camino, ahí la lleva. Va a tener los votos de los ministros. Es más, ya los tiene. Se rayó”.

Hablamos vía telefónica con el panista. Nos dijo tajante: “Conmigo va a tener respuesta. Él elude retos. Yo no”.

En la charla surgió el tema de los tiempos difíciles que vive la SCJN. Un día sí y el otro también, los ministros reciben insultos, amenazas, descalificaciones.

El Presidente habla incluso de disolverla y elegir a los integrantes del máximo tribunal por voto popular. No tiene la mayoría calificada en el Congreso para una reforma constitucional de ese calado.

¿Puro jarabe de pico? Preguntamos al diputado

Respondió: “No puede aislarse un hecho del contexto general. Es algo muy serio. Son posiciones políticas para destruir un poder, para desfondarlo. Hay que ubicarlo en el contexto de los ataques sistemáticos a la Corte y a sus integrantes.

“Esto, precedido de los ataques al INE, la parálisis del Inai, las limitaciones de la CNDH por la presidenta que se nombró, de la manera como se nombró. Y podemos seguir y seguir. Es el intento de destrucción institucional. Hay una afrenta al sistema de división de poderes y a la Constitución. Un poder no puede atacar a otro poder cuando está en ejercicio de sus funciones constitucionales”.

* Leí en el portal del Washington Post una nota en la que se asegura que México retiró su propuesta de aceptar otros 30 mil deportados mensualmente de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. El cotidiano cita como fuente Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Me pareció una digna postura, luego de las estupideces que sobre México dijo el senador republicano John Kennedy –no confundir con su homónimo demócrata– en la audiencia de Anne Milgram, directora de la DEA. “México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio”, dijo el republicano, en forma despectiva.

Consultamos el dato de CBP con altas fuentes de la Cancillería. “No que sepamos”, dijeron.

De lo que sí obtuvimos copia es de la carta que el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, le mandó a Kennedy, senador por Luisiana, en la que revira a sus insultantes palabras: “Al escucharlo –le dice– mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante, como el que usted empleó, pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas”.

Moctezuma recordó, con datos, la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos y le pasó una cifra que probablemente Kennedy ni siquiera conoce: Luisiana le vendió a México 40 mil millones de pesos el año pasado, y le compró a nuestro país 15 mil millones. Un superávit de 25 mil millones de dólares. “No creo que la gente de Luisiana se sienta representada por las palabras vulgares y racistas que usted empleó… por el nivel moral expresado, nosotros no esperamos reconsideración de su parte”, escribió Moctezuma.

* Pronto veremos de qué pie cojean los cuatro nuevos consejeros electorales del INE. El PRD presentó ayer una queja ante el instituto por los llamados que ha hecho AMLO en la mañanera a votar por los candidatos de Morena en la elección del 2024.

“Son actos anticipados de campaña”, dice Ángel Ávila, representante del Sol Azteca ante el Consejo General del INE, en un audio que nos mandó vía WhatsApp.

Ávila precisa que de “manera burda” el Presidente viola el artículo 41 de la Constitución que establece los principios de equidad, certeza, transparencia. “Utiliza toda la fuerza del Estado para favorecer a Morena”, subraya.

Cita también el artículo 134, donde se establece que los funcionarios no pueden utilizar recursos públicos para favorecer a un partido político. “Es lo que hace el Presidente en las mañaneras, que se pagan con recursos públicos”, destacó.

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Zurda

El fallido plan C

Ruth Zavaleta Salgado | Excelsior

¿Quién lo pensaría? La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no oye ni escucha lo que sucede a un lado de su oficina. A partir de que nueve de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional la primera parte del plan B electoral, el asedio de algunos morenistas en su contra subió de tono. Pasaron de los mensajes de odio en redes sociales a ir a plantarse a las afueras del edificio de la SCJN. De los mensajes escritos en mantas y los gritos, pasaron a la violencia física. Esto es resultado del recrudecimiento del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de ellos y en especial de la presidenta Norma Piña.

Pero lo raro no es ver y escuchar al Presidente que incita en contra de las y los ministros, lo que sorprende es la actitud de la jefa de Gobierno porque ella es la gobernante de esta ciudad en donde están asentados los Poderes de la nación y, por lo tanto, es responsable de garantizar la seguridad de los integrantes del Poder Judicial o por lo menos de pronunciarse en contra de la violencia de la que son objeto.

Un poder que, hoy por hoy, es el poder de equilibrio ante el omnipotente Presidente y una mayoría legislativa que, sometida, amenazó con iniciar un proceso de juicio político en contra las y los nueve ministros que votaron la inconstitucionalidad de la primera parte del plan B, decisión por la cual el presidente López Obrador explotó y, quizás, por el enojo o la falta de conocimiento, dictó el plan C. Éste consiste en reformar la Constitución para que los miembros de la SCJN se elijan mediante el voto ciudadano. Lo apoyaron los 22 gobernadores y los legisladores de su partido. Sin embargo, para que eso suceda, Morena y sus aliados deben esperar la elección de junio de 2024 y lograr una mayoría calificada en el Congreso y una mayoría absoluta de los Congresos locales.

Pero ése no es el problema mayor, sino el hecho de que la organización de un Estado no se produce por decreto. Definir el tipo de régimen político después de la Colonia, tuvo sus grandes dificultades e implicó considerar factores históricos, políticos, sociales y, hasta geográficos de la población mexicana. No es fortuito que los constituyentes de 1823 decidieron que nuestro sistema político se conformara a semejanza de los Estados Unidos (república presidencial, federal y con división de poder tripartita) y, un siglo después, transitamos hacia un sistema político sui generis, con un presidente que ejercía el poder político “metaconstitucionalmente” (por encima de sus funciones constitucionales), muy parecido a como lo hicieron los antiguos tlatoanis.

Desde 1917, tardamos varias décadas para sacudirnos la idea de que el poder político sólo era eficiente si se ejercía de forma patrimonialista y autoritario (con presidentes militares), pero, finalmente, después de un largo y doloroso aprendizaje, los mexicanos aprendimos que la democracia sólo es posible si la separación de poder político funciona; y entonces, nos esforzamos por reformar el pacto social constitucional para garantizar que así sucediera.

Aunque puede ser perfectible, la división de poder político en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la forma de elegir a sus integrantes ha sido funcional. Además, cabe mencionar que la gran mayoría de los Estados con regímenes políticos democráticos eligen de forma indirecta a sus ministros y magistrados: EU, España, Italia, Reino Unido, Francia, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, etcétera. Incluso, algunos lo hacen bajo fórmulas que le garantizan mayor independencia al Poder Judicial, por ejemplo, con ternas que emanan del mismo Poder Judicial, o por medio de asociaciones gremiales o de profesionistas del derecho.

Por estas razones, plantear un plan C para cambiar la forma indirecta en que se eligen a las y los ministros, por una forma directa de voto ciudadano, bajo el argumento de que eso sería más democrático, resulta verdaderamente hipócrita y contrario a como ejerce el poder político el Presidente y su partido.

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México SA

Creel, crupier del gran capital // Permisos a cambio de apoyos // Casinos para la minoría rapaz

Carlos Fernández-Vega | eLa Jornada

Perdedor empedernido (candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2000; intentó serlo en las presidenciales de 2006 y 2012, amén de que su reiterada estancia en el Congreso siempre ha sido por vía plurinominal) a Santiago Creel se le queman las habas por ser el abanderado de la derecha autóctona en los comicios de 2024, por lo que se agarra de cualquier cosa para aparecer en la foto y/o el video. Sin embargo, con el aciago historial que tiene es fácil adelantar cuál será el resultado (otra vez fallido), ergo, mejor que se dedique a otra cosa, como hombrecito.

Su carrera electoral ha sido totalmente fallida, pero qué tal su fórmula mágica para procurarse recursos económicos y apoyos mediáticos para sus reiteradamente fracasados intentos de ser algo por medio del voto popular. Por ejemplo, cómo olvidar (mayo de 2005) su denodado anhelo de convertirse en el crupier oficial de la minoría rapaz, mediante el acelerado cuan selecto y amafiado otorgamiento de permisos para operar casinos (por 25 años, renovables) a escasos días de dejar el Palacio de Cobián (junio de 2005) para promoverse como candidato panista a la Presidencia de la República, ya amarrado el intercambio y apoyo económico y mediático, especialmente los electrónicos propiedad de los beneficiarios de tales permisos. Pero, una vez más, se le apestó, aunque ello no le quitó el gusto a quienes los obtuvieron, como Emilio Azcárraga Jean (Televisa, que recibió casi la mitad de ellos), Olegario Vázquez Raña ( Excélsior, radio y televisión) y Jorge Hank Rhon (Grupo Caliente).

Destapada la cloaca de los permisos para casinos, y ya fuera de la Secretaría de Gobernación (se creía virtual candidato presidencial panista, algo que le apestó otro golpeador, Felipe Calderón), Santiago Creel se dio el lujo de garantizar a Vázquez Raña, Azcárraga y demás beneficiarios que no los perderán, con todo y que la Cámara de Diputados presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la decisión de este personaje.

La crónica de entonces ( La Jornada) detalló que “una vez que los integrantes de la comisión legislativa que revisa la legalidad de los permisos otorgados por Creel recibieron copias de los expedientes y de las actas constitutivas de las siete empresas beneficiadas con autorizaciones para instalar 286 casinos en todo el país, así como hipódromos y galgódromos, se ratificó que en la organización y operación de los centros de apuestas participan Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y casi la mitad del consejo de administración de Televisa, así como el empresario Olegario Vázquez Raña –accionista de Imagen– con su socio español José Collazo Mato y el empresario Roberto Ahued Lomelí”.

Además, “una vez que los diputados recibieron la documentación por parte de la comisión especial, también se ratificó el interés de Creel, actual aspirante a la candidatura presidencial del PAN, por beneficiar a dos grupos empresariales, y en especial a Televisa, con la que consiguió espots de 20 segundos a razón de 55 mil pesos cada uno… En los últimos días al frente de Gobernación, la dependencia autorizó a Televisa realizar juegos de apuestas por teléfono, Internet y televisión abierta y restringida, con lo que resultó la empresa más beneficiada por el precandidato panista”. Se dieron casos como el siguiente: “Mio Games, sociedad constituida ante el ex procurador y notario Ignacio Morales Lechuga, con un capital social de 10 mil pesos por María del Carmen Álvarez Calderón, quien declaró dedicarse ‘a las labores del hogar’; Jorge Alberto Fernández Rodríguez y Lauro Ignacio Mercado Gasca”. Pero el candidato perdidoso Creel se refugió (¡viva el fuero!) en un escaño plurinominal. ¿Y cuánto cobró Gobernación por cada permiso?: 600 pesos.

Sirva lo anterior para contextualizar lo documentado ayer por Adán Augusto López Hernández: antes de la administración de Fox (de Echeverría a Zedillo) se otorgaron 229 permisos para operación de casinos o de salas de juegos y sorteos. Posteriormente, implosiona el negocio de los casinos (con el de la lengua larga y las ideas cortas) cuando se aprobaron 340, el mayor número en la historia del país. De ese total, 153 fueron otorgados por Creel como secretario de Gobernación; esta última cifra representa más autorizaciones que todas las otorgadas por Calderón y Peña Nieto.

Con López Obrador, no se ha otorgado permiso alguno; de hecho, se han clausurado 47 casinos irregulares.

Las rebanadas del pastel

Y Creel cacarea que la ley es la ley.