Para febrero 2023, análisis del voto a personas privadas de su libertad

Derivado del contenido del Plan B de la Reforma Electoral, cuyo proceso final quedó pendiente para febrero próximo en el Senado, donde el INE deberá contemplar para votación a personas privadas de su libertad, corresponde al respeto de los derechos humanos, sentenció el diputado morenista Héctor Malavé Gamboa.  

Sin embargo, el legislador precisó que esta nueva disposición tiene sus limitantes en ejecución, pues no todos los internos en Centros Penitenciarios podrían votar.  

En el país, se estima que al menos 100 mil personas en prisión preventiva oficiosa puedan ejercer su derecho al voto para elegir Presidente, senadores y diputados federales. 

El nuevo artículo 284 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Nacional Electoral proveerá lo necesario para garantizar el voto en los centros penitenciarios y así garantizar su sufragio en las elecciones de 2024.