México, ¿país de semiconductores?

El sueño de convertir México en un país de semiconductores se enfrenta a retos gigantescos, pero no carece de fundamentos si se apuesta por la especialización y la integración con la cadena de valor estadunidense.

Jorge Bravo | Proceso

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 6 de febrero último, mediante Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, coordinador del Proyecto de Semiconductores, sobre la creación de un centro de diseño de chips para 2027, ha generado optimismo sobre la aspiración de que México se convierta en una potencia de la industria.

Se habló de definir el modelo de fabricación en 2026, crear una empresa de participación pública, privada o mixta, inaugurar una fábrica de semiconductores en 2026, consolidarla en 2029, para cerrar el círculo con ensamble, pruebas y empaquetamiento en 2030. Ese plan, de cumplirse, pondría al país en la senda de abarcar toda la cadena de valor de los semiconductores.

Sin embargo, esta visión choca con la tendencia global de especialización. La industria de los semiconductores se caracteriza por la fragmentación y la concentración al mismo tiempo: cada país y cada compañía se enfoca en un eslabón específico, pues la complejidad técnica y el volumen de inversión requieren de competencias altamente especializadas. El libro La guerra de los chips, de Chris Miller, analiza en detalle cómo la cadena se ha segmentado: diseño, fabricación, fundición, ensamble, pruebas y empaquetamiento, con cada etapa dominada por un puñado de poderosos actores.

Según la Semiconductor Industry Association (SIA), el mercado global de semiconductores alcanzó en 2023 un valor de 526 mil?900 millones de dólares. Estados Unidos concentra 50.2?% de la cuota de mercado, seguido por Corea del Sur (19.8?%), Europa (8.7?%), Japón (7.9?%), Taiwán (7.3?%) y China (6.1?%).

Estos componentes resultan vitales para múltiples sectores: comunicaciones (32?%), PC/computadoras (25?%), automotriz (17?%), industria (14?%), consumo (11?%) y gobierno (1?%). La diversificación refleja la omnipresencia de los semiconductores, indispensables para smartphones, vehículos eléctricos, centros de datos, equipos médicos, dispositivos de internet de las cosas y un sinfín de aplicaciones más.

Empresas como Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm, Mediatek, NVIDIA, AMD y otras han construido su liderazgo y especialización. Intel domina el diseño y la fabricación de CPUs para servidores y computadoras personales, mientras que AMD y NVIDIA han sobresalido en procesadores gráficos (GPU) y chips de última generación para la inteligencia artificial.

Qualcomm, con un modelo denominado “fabless” (sin fábrica), se concentra en el diseño de semiconductores para comunicaciones móviles. TSMC, en Taiwán, es líder en la manufactura por contrato (foundry): produce chips para clientes como Apple, NVIDIA o AMD.

Samsung combina la fabricación de chips lógicos con el dominio en memorias DRAM y NAND. ASML, en Países Bajos, fabrica la maquinaria de litografía más avanzada, sin la cual es imposible crear los chips de última generación.

El panorama evidencia la inversión continua. La innovación en chips requiere miles de millones de dólares anuales para investigación y desarrollo y para construir fábricas cada vez más sofisticadas.

Erigir una planta de semiconductores puede tomar de dos a cinco años. La constante actualización tecnológica implica ampliaciones y mejoras permanentes. Las empresas líderes invierten enormes sumas y los gobiernos se ven obligados a ofrecer incentivos fiscales y subsidios para mantener competitivas sus instalaciones, como lo han hecho EU, China y Europa. No se trata de construir una fábrica, sino de tener el modelo de negocio y conocer la demanda de chips para que esa fábrica sea productiva.

El plan de México para cubrir de inicio a fin la cadena de valor (diseño, fabricación, ensamble, pruebas y empaquetamiento) se antoja utópico. La tendencia ha sido que los países desarrollen áreas de fortaleza específicas: Taiwán se ha centrado en la manufactura de alta precisión. Corea del Sur en memoria y en chips lógicos. EU en el software de diseño y en la innovación de arquitecturas. Japón en la provisión de equipos y materiales. Europa en la maquinaria de litografía.

No obstante, existen oportunidades para México. La proximidad con EU –que ostenta 50?% del mercado global– y el T-MEC permiten atraer inversión extranjera directa. Grandes fabricantes podrían establecer plantas de ensamble y pruebas, áreas que, si bien son menos sofisticadas que la litografía ultravioleta extrema, no dejan de requerir mano de obra capacitada y estándares de calidad elevados.

Asimismo la emergencia de nuevos actores en el sector automotriz –vehículos eléctricos, conectividad avanzada y sistemas de asistencia al conductor– puede servir como palanca para el desarrollo de semiconductores en territorio mexicano, dada la relevancia de la industria automotriz nacional.

El ensamble y las pruebas son eslabones que ya cuentan con presencia en México. Varias empresas han instalado líneas de producción de componentes electrónicos. Consolidar y expandir este nicho es más realista en el corto plazo que la fabricación de nodos de cinco nanómetros o menos, donde TSMC y Samsung han invertido miles de millones de dólares durante décadas. Un centro de diseño de semiconductores podría servir para formar ingenieros y generar propiedad intelectual local, si se logran alianzas con universidades, institutos de investigación y empresas.

La competencia geopolítica por los semiconductores es un eje de la guerra tecnológica. China gasta más en importación de chips que en petróleo. Estados Unidos ha impuesto restricciones a las exportaciones tecnológicas hacia empresas chinas. Las compañías buscan diversificar sus cadenas de suministro para minimizar riesgos y garantizar su producción. México debe beneficiarse de este reacomodo si ofrece certidumbre legal, infraestructura digital y talento que responda a las exigencias de la industria.

¿Es realista crear un centro de diseño para 2027 y una fábrica de semiconductores que arranque en 2026? La respuesta depende de la capacidad de articular esfuerzos públicos y privados y priorizar las fases en las cuales México tiene ventajas competitivas. Levantar una fábrica de chips requiere años de preparación, formación de especialistas, enormes recursos de capital y una estrategia que incorpore a los principales actores globales de la industria.

El sueño de convertir México en un país de semiconductores se enfrenta a retos gigantescos, pero no carece de fundamentos si se apuesta por la especialización y la integración con la cadena de valor estadunidense.

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Número cero

EU presiona por “golpes” con declaración de narcoterrorismo

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La persecución de los cárteles como objetivos terroristas colocaría la relación con EU más allá de lo conocido en el último siglo. Los meteoros que se avecinan serán la mayor prueba al liderazgo de Claudia Sheinbaum y le exigirán “golpes” contundentes para convencer de los resultados de su estrategia contra el crimen organizado antes de que Donald Trump cumpla sus amenazas económicas y de seguridad.

EU se dispone a clasificar como terroristas a cárteles mexicanos de acuerdo con la orden de Trump el primer día de su mandato. Aún no se materializa, pero los mensajes perturbadores de su gobierno y la presión pública del Pentágono sitúan a México en el centro del nuevo paradigma de la guerra contra las drogas; en el momento de mayor cambio en el sistema de seguridad internacional desde la cruzada antiterrorista con el ataque a las Torres Gemelas. ¿Hasta dónde se correrán las fronteras de la relación bilateral? Sheinbaum se parapeta en que la soberanía no se negocia.

Los vuelos de vigilancia del Pentágono pueden ser sólo muestra de poder o mayor presión, pero también una pica de Flandes para operaciones conjuntas con el Ejército, como admite el Comando Norte. Que pasan por tener más facultades para sancionar económicamente a los grupos y entidades vinculados a ellos, a la migración ilegal y hasta campañas de contrainsurgencia contra el narcoterrorismo para la “eliminación total” de cárteles.

La guerra contra el narco presupone decapitar a las cúpulas para derrotarlo, como creyó Calderón. ¿La coordinación que ofrece Sheinbaum incluiría operaciones conjuntas en una estrategia como ésa? ¿Es parte de los acuerdos para diferir aranceles? Es decir, ¿cabría pensar que los resultados que le exigen en seguridad cruzan por “golpes” contra capos o políticos vinculados al narco, como reclama EU?

México es uno de los más afectados por los miedos y temores que delinea la agenda de Trump. La Presidenta ha salido bien librada de los primeros escarceos, incluso beneficiada en su popularidad, pero con su manejo afianza un liderazgo político cuestionado hasta hace poco por la ascendencia de su antecesor. El peligro exterior ayuda a aglutinar fuerzas en su movimiento para consolidar el enorme poder de las urnas con el control del Congreso y la mayoría de los gobiernos estatales.

En contrapartida, las tormentas de Trump encuentran al país con debilidades institucionales en seguridad y justicia, que López Obrador relegó de su agenda los últimos seis años en que la violencia desbordó su política de abrazos, no balazos. A diferencia de éste, Sheinbaum sí la prioriza con resultados en la disminución de homicidios, pero sin tiempo suficiente para demostrar su eficacia y menos revertir la narrativa “trumpista” de un país controlado por cárteles, y la imagen de un “narco Estado” con que justifica su cruzada como amenaza terrorista a su seguridad nacional.

La escalada de la presión de EU no ha esperado a conocer avances como si la medida estuviera tomada sin importar lo que haga México o quizá a la espera de “trofeos” o el rodar de “cabezas” de narcos o políticos para entregar a sus bases electorales. La reducción de 12% de homicidios en los últimos cuatro meses, el nuevo esquema de operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Inteligencia e Investigación, o contra el contrabando chino, no parecen contar para eludir los aranceles. Y, sin embargo, EU espera alcanzar pronto acuerdos en seguridad y migración, según dijo Marco Rubio tras declarar la necesidad de desmantelar los cárteles porque “hay muchas partes de México, en las que el gobierno no controla”. Entonces, ¿el proteccionismo comercio depende del resultado al combate al fentanilo o la migración, o no?

Pero un acuerdo será difícil de encajar para Sheinbaum y su rechazo a la guerra contra las drogas. Por lo pronto rebaja la “alarma” de los sobrevuelos militares y apura su Plan Nacional de Seguridad con dos iniciativas al Congreso para reforzar el poder del superpolicía García Harfuch en la SSPC, que centraliza y coordina su estrategia anticrimen; con una apuesta decidida al trabajo de inteligencia contra la violencia de los delitos de alto impacto, que incluyen un polémico registro nacional de usuarios de telefonía móvil contra secuestro y extorsión. En el aire hay más preguntas que respuestas…

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Mensaje directo

Malhechos

Fabiola Guarneros Saavedra | Excelsior

Lo que mal empieza…

Amparos, suspensiones, impugnaciones, enfrentamientos y pleitos entre Poderes de la Unión; juego de vencidas entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, traiciones en el Consejo de la Judicatura, tómbolas y listas incompletas… Sobre este andamiaje se sostienen la reforma y elección judicial.

Y todavía más… El viernes, el INE encontró errores en la lista de candidatos para la elección de jueces, magistrados y ministros que el Senado le entregó el miércoles 12 de febrero. ¿Recuerda la foto que difundieron las oficinas de prensa del Senado y el INE? Sí, ésa donde aparecen Gerardo Fernández y Guadalupe Taddei muy sonrientes y satisfechos. Sí, donde ambos invitaron a votar el 1 de junio.

¿Ya se acordó? Sí, fue en el acto protocolario de la entrega de los listados que corresponden a los tres Poderes y donde Noroña dijo: “La Cámara de Senadores termina su función como órgano auxiliar del Instituto Nacional Electoral, por lo que nosotros no tenemos más tarea…”. Pues resulta que hicieron mal la tarea, porque dos días después de ese “gran evento” que se preparó para la prensa, el INE tuvo que enviar un oficio al propio Gerardo Fernández, presidente de la Mesa Directiva, en el que le dice que, al concentrar 4 mil 224 registros de aspirantes en un solo archivo Excel, “se identifican espacios vacíos, derivado de que no se pudo obtener información y que forman parte de los datos mínimos requeridos” para continuar con el proceso de la elección judicial…

¡¿Qué dijo?! Disculpe, querido lector, que use los signos de pregunta y admiración al mismo tiempo, pero era necesaria esa licencia para enfatizar la pregunta y lo inverosímil del hecho. Lo que el INE quiso decir es que en las listas de candidatos a la elección judicial no hay información de contacto —ya sea correo electrónico o número de teléfono—, datos de identificación como CURP o clave de elector, y en algunos casos tampoco tienen fecha de nacimiento.

En los listados, el INE identificó espacios vacíos de los que no pudo obtener parte de los datos mínimos requeridos para avanzar en las siguientes fases del proceso de la elección judicial. Por ejemplo, la mayor parte de las inconsistencias están en las listas de candidatos del Poder Judicial, cuyo Comité de Selección no pudo terminar la depuración de los candidatos, porque acató suspensiones otorgadas por jueces y luego sus integrantes renunciaron cuando el Tribunal Electoral ordenó que el Senado se hiciera cargo de sus tareas.

Ninguno de los 955 candidatos del Judicial tiene datos de contacto, como correo o teléfono, ni datos de identificación como CURP o clave de elector. Mil 416 candidatos corresponden al registro del Poder Legislativo y aquí el INE encontró que uno tiene su fecha de nacimiento incorrecta, cuatro carecen de CURP y ocho no tienen clave de elector. El Ejecutivo envió mil 430 registros, 13 sin correo electrónico, en dos casos no se especifica por qué circuito o especialidad compiten y ninguno tiene fecha de nacimiento ni número telefónico. Pero, ¿qué se podía esperar de un proceso tan atropellado, apresurado, calzado a la fuerza y producto de tómbolas y berrinches?

El Consejo General del INE tenía previsto aprobar ayer sábado los listados, que contienen 4 mil 224 candidatos en total, pero decidió aplazar la sesión para darle tiempo al Senado para que subsane los errores hallados en el registro de las candidaturas. En el oficio enviado el viernes 14 de febrero, el INE le dio al Senado 48 horas —como adelantó Excélsior en su edición de ayer—, con el propósito de recibir la información necesaria que requiere para la integración del listado de candidaturas y cuyo plazo vence hoy 16 de febrero.

El instituto conminó a los senadores a cumplir con los plazos establecidos, “sin margen de demoras que puedan comprometer la legalidad y certeza de la contienda”. Noroña respondió el mismo viernes a través de un video publicado ¡en redes sociales! —otra licencia—, en el que le echa la culpa al Poder Judicial y dice que emitirán un oficio en el que subrayarán que no tienen la información porque la tomaron de los listados públicos. Pero, aun así, aseguró: “Se resuelve porque se resuelve. Estamos en tiempo”.

¿Lo lograrán? Ojalá no salgan como Pepito, quien cuestionó a la maestra qué quería: rapidez o precisión.

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El desarrollo como programa

Rolando Cordera Campos | La Jornada

Como país hemos perdido la brújula, se ha impuesto el aquí como medida única del tiempo. Con el arribo de Trump y su banda, esta carencia de coordenadas para ubicarnos en el mundo se ha agravado y no es exagerado proponer que nos movemos a la deriva.

Una muestra es el poco o nulo interés de la sociedad, de sus organizaciones políticas y de acción e intervención social, en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Obligación constitucional expresa, su formulación debería estar en primer lugar del orden del día nacional. Desde él tendrían que precisarse las prioridades y sus plazos, para así articular las varias políticas económicas y sociales que dan sentido y plataforma a la conducción del Estado en su conjunto.

La UNAM ha contribuido a esta tarea republicana, con el fin de sumarse a la convocatoria constitucional para tejer, entre el mayor número posible de voces, lo que tendría que conformar la hoja de ruta para este gobierno que inicia. El pasado 6 de febrero el rector Leonardo Lomelí, acompañado por el director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), Enrique Provencio, y el coordinador de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional, Enrique del Val, entregaron al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, una serie de propuestas alineadas con los temas bajo los que fue convocada la consulta para el PND 2025-2030, cuya elaboración debería darnos la oportunidad de esclarecer una problemática económica que se complica y oscurece nuestras miradas. Y lo mismo podríamos decir de eso que Mario Luis Fuentes nos invita a llamar lo social. Ahí se anidan las relaciones sociales básicas y se alimentan sus agudas contradicciones.

A pesar de los muchos pesares, sigo convencido de que México tiene que encontrar pronto la ruta para que su economía crezca sostenidamente y superar la pobre trayectoria seguida ya por más de 30 años. La conveniencia de asumir los déficits en el bienestar y la justicia social tiene que ser componente básico de un compromiso nacional que a través del PND podría tornarse en proyecto colectivo, que las crisis nuestras y del mundo nos han llevado a olvidar.

Podríamos conformar un gran acuerdo en torno a la urgencia de promover dosis liberadoras de inversión pública y privada, apuntando a tasas de acumulación que nos lleven a niveles de crecimiento socialmente satisfactorios. Además, inscribir la centralidad de la dimensión distributiva, de equidad y justicia.

De hecho, ya podríamos plantearnos el tema crucial de la reforma del Estado, la cual tendría que arrancar de una convención fiscal que le propusiera al país todo un régimen financiero del Estado dirigido a su fortalecimiento y, por esa vía, construir un consenso inspirado en una idea ilustrada del desarrollo.

Tras una deliberación como la sugerida, tendríamos que convenir en que sin un Estado sólido no hay estabilidad que aguante; estabilidad que no puede hacerse a costa de mantener una situación económica y social siempre en los bordes del estancamiento y la desocupación masiva. No es cuestión de revivir al Leviatán, menos al ogro filantrópico que tanta angustia provocó al poeta. Lo que tenemos por delante es la invención y construcción de un Estado democrático, sostenido en una comunidad política efectivamente comprometida con una transformación racional y fruto de la deliberación y la cooperación. A riesgo de pecar de voluntarista, me atrevería a decir que es factible y posible si ponemos todos algo de nuestra parte.

En particular, necesitamos contar con los recursos públicos suficientes para brindar, como mandata la Constitución, un sistema de salud universal y una educación pública, laica y de excelencia, con maestros bien preparados y bien pagados y con instalaciones adecuadas para la educación de nuestros niños y jóvenes, además de echar a andar un seguro de desempleo y contar con un ingreso básico sin seguir posponiendo una adecuada reforma al sistema de pensiones.

En el documento entregado al secretario de Hacienda (los lectores interesados pueden consultar Las contribuciones para el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 http://pued.unam.mx/publicaciones/PropuestasPND.pdf) se proponen dos vías para obtener los recursos necesarios: “1) una reforma fiscal integral en los tres niveles de gobierno; 2) …construir un nuevo sistema de financiamiento al desarrollo, modernizado y actualizado”.

Convengamos en la necesidad de distribuir para crecer y crecer para distribuir, ir fincando bases de convivencia justas donde la sociedad se reconozca y se comprometa. Necesitamos recuperar las capacidades constitucionales del Estado nacional para estimular el crecimiento y auspiciar su sostenibilidad y, a la vez, encarar la desigualdad y la pobreza de manera progresiva y gradualmente acelerada. Un Estado comprometido con la garantía del acceso universal a los derechos humanos consagrados en la Constitución.

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Funcionarios de Estados Unidos son cómplices criminales

Antonio Gershenson* | La Jornada

Desde siempre, es conocido que el gran negocio de todos los gobiernos de Estados Unidos es la venta ilegal de armamento bélico a nuestro país. La complicidad de los gobiernos mexicanos también ha sido clave para la proliferación de grupos mafiosos. Pero más lamentable es que el gremio, supuestamente salvaguarda de la verdad de los derechos a la información y el defensor de la libertad de expresión –es decir, la prensa– haya sido el principal secuaz protector de las bandas narcotraficantes.

No omitimos el valiente y digno papel que han jugado cientos de periodistas en defensa de su profesión. Lamentamos por quienes han pagado con su vida y su seguridad personal por su lucha contra el sector corrupto que cobra un precio alto por su silencio compinche.

La venta ilegal de armamento, como ya lo hemos repetido en múltiples ocasiones en este espacio de La Jornada, deja enormes ganancias para los fabricantes y, por otro lado, nos ha ocasionado miles de muertes civiles.

Recordemos que no sólo es Sinaloa el lugar donde la violencia está cobrando cientos de bajas. Pero también reconozcamos que es el lugar donde los mafiosos están siendo localizados, neutralizados y aprehendidos. Este es el teatro de operaciones de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de la Marina: en el territorio nacional ha estado en pie la lucha contra las mafias desde décadas atrás. El éxito de éstas ha sido gracias al apoyo de los gobiernos estadunidenses a las grandes empresas fabricantes de equipo bélico. Y, por supuesto, no debemos perder de vista el papel definitivo de los gobiernos mexicanos neoliberales, ya que todos, desde antes de Miguel de la Madrid, estuvieron allí para operar a favor de la mafia.

Lo importante es que, además de continuar limpiando ese gran estado norteño, se agilice el programa de seguridad para neutralizar a la delincuencia en otras ciudades y estados de la República que lo necesitan con urgencia, mientras se avanza con el desarrollo de programas que atienden las causas que originan la debacle social.

La ingeniera Rocío Nahle está enfrentando un pandemonio delincuencial, especialmente en la heroica ciudad veracruzana de Poza Rica. Fuente importantísima en la extracción de hidrocarburos y otrora puntal petrolera boyante por su dinámica laboral que fortaleció a Pemex.

Hemos constatado el deterioro que esta ciudad ha tenido desde la invasión de grupos criminales traficantes de droga y maleantes en general. Hemos visto infinidad de casas abandonadas, calles completas desiertas, comercios cerrados y gente temerosa de salir de sus casas, como antes lo hacían. Las noches de paseo en fines de semana, en vacaciones o días festivos han pasado a la historia; los centros de reunión donde la cultura cotidiana se reproducía han quedado atrás. Nos lo cuentan amigos, camaradas y testimonios de habitantes de esa ciudad.

No sólo los gobiernos federales y locales anteriores a los de la 4T, en ese estado sureño, son responsables de tal deterioro. Han sido el armamentismo incontrolable y la complicidad de la prensa manipulada quienes amenazan a nuestra sociedad. Por lo menos desde los años 70, la acción que propició el crecimiento de los diversos grupos conocidos como cárteles de la droga en el país se debe a la corrupción oficial.

Como un secreto público ha entrado al país por vía ilegal desde Estados Unidos un arsenal que nos ha costado millones de víctimas y millones de dólares. Sin embargo y, por fin, Estados Unidos reconoce y da a conocer las acciones que está llevando a cabo actualmente para controlar el tráfico de armas hacia México.

Con Omar Hamid García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los resultados del desmantelamiento de los grupos de traficantes y delincuentes de la droga ya son evidentes. Las incautaciones de armamento, droga y equipo para fabricar algunas sustancias tóxicas ilegales son múltiples, pero lo más destacado son las detenciones de líderes importantes de varias agrupaciones criminales.

Es evidente que el trabajo en equipo con los titulares del Ejército y de la Marina está resultando un frente definitivo para rescatar los espacios sociales, productivos y comerciales que han usurpado las bandas criminales.

No obstante lo anterior, creemos que el reconocimiento público de funcionarios estadunidenses en cuanto a su intervención para frenar la venta del armamento ilegal a México es una pose oportunista por parte de su presidente abyecto.

Las declaraciones absurdas del jefe de la Casa Blanca y protector de los grupos amantes de las derechas y ultraderechas recalcitrantes mundiales, que incluso ahora viven también junto al presidente en la misma casa, buscan cualquier movimiento espectacular para desviar la atención a los incontables errores cometidos en corto tiempo, desde que el republicano asumió el poder .

Tenemos la seguridad de que pronto las fuerzas castrenses de seguridad nacional en contra de la delincuencia que operan en este momento en Sinaloa, pasen al estado de Veracruz y eliminen lo más pronto posible a las bandas de delincuentes que se han apoderado de la tranquilidad de la población de diversas localidades, como es el caso de la ya mencionada ciudad de Poza Rica.

* Colaboró Ruxi Mendieta.