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México emprenderá acciones legales ante muertes de mexicanos bajo custodia de ICE
- El gobierno federal presentará denuncias ante autoridades de EE.UU. y enviará cartas de cese y desistimiento a empresas privadas que operan centros de detención.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no será omiso ante los fallecimientos de ciudadanos mexicanos en incidentes relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
Ante esta situación, la administración federal ha decidido escalar su respuesta diplomática y legal, presentando denuncias formales tanto ante fiscalías estatales como ante el Departamento de Justicia estadounidense.
La instrucción es contundente: brindar todo el respaldo necesario a las familias y exigir justicia para quienes han perdido la vida mientras trabajaban honestamente. Las cifras detrás de esta determinación son preocupantes, pues el registro oficial señala que 17 personas de nacionalidad mexicana han fallecido en contextos vinculados con el ICE.
De este total, 14 personas murieron bajo custodia en centros de detención y tres más perdieron la vida durante operativos, siendo el caso reciente de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, un detonante crítico.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta y ha solicitado la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU.
Además de las gestiones diplomáticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para que el Estado mexicano presente denuncias formales contra los responsables. Un punto clave en esta nueva estrategia es la presión sobre las empresas privadas que gestionan los centros de detención.
El gobierno enviará cartas de cese y desistimiento exigiendo que modifiquen inmediatamente las condiciones que han vulnerado los derechos humanos, dejando claro que el Estado no tolerará más omisiones en la protección de sus ciudadanos.