“Ratificación” del mandato: Plan B
Elisur Arteaga Nava
Proceso
Pasada la consulta, esperemos a ver qué inventa AMLO para distraer la atención de la opinión pública. Necesita que ella aparte su mirada de la tragedia sanitaria, de la falta de medicamentos, del alza inmoderada de los precios de los artículos de primera necesidad.
El miércoles 29 de diciembre de 2021, un día después del dedicado a los Santos Inocentes, apareció la siguiente noticia en El Financiero:
“Revocación del mandato: Este es el ‘plan B’ de AMLO si INE frena consulta … El mandatario sugirió algunas alternativas en caso de que el órgano electoral lo frene … La alternativa es contratar a 10 empresas encuestadoras ‘de prestigio’ en México y preguntar a la gente: ‘¿quieres que siga el presidente AMLO o que renuncie? …”
Fue otra de las puntadas de AMLO; no sé si es mejor o peor que las otras. Fue menos buena que la del “decretazo” del 22 de noviembre pasado; con éste no se midió; se pasó por el “arco de triunfo”: al Congreso de la Unión, el principio de obligatoriedad de las leyes, la protesta que rindió de respetar la Constitución y la de hacer cumplir las leyes federales. Ni los presidentes oaxaqueños: Benito Juárez y Porfirio Díaz, se habían atrevido a tanto.
La 4T se va a recordar por violar la ley; por hacerlo a la más mínima provocación. En la administración pública federal no hay alguien que se atreva a decirle a su jefe que esto o aquello es contrario a la Constitución o a las leyes. De igual manera, no hay quien ose decirle que tal o cual acción es económicamente inviable. En la antigüedad, a quienes ejercían el poder de esa manera se les llamaba tiranos. Los tiempos han cambiado. Ignoro cómo se les llama actualmente.
Respecto a la organización de la revocación del mandato, la Constitución, en su artículo 35, fracción VIII, apartado 4º, determina:
“El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
“El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas…”
En el precepto aparece el adjetivo: única; éste, en español, implica que la atribución se confiere en forma privativa al Instituto Nacional Electoral, con exclusión de cualquier otra autoridad o particular. Ni AMLO y tampoco las encuestadoras de prestigio pueden hacerlo. Si éstas, en un caso hipotético, lo hicieran, sus directivos se expondrían a ser acusados penalmente. Insisto, si lo hiciera un particular, incurría en un delito. Si la consulta la llevara a cabo un servidor público, incurría en el delito de usurpación de funciones.
Si AMLO, los servidores públicos que de él dependen y las encuestadoras hubieran organizado la consulta y la Fiscalía General de la República no actúa a instancias de quienes los denuncien o por sí, sería una prueba más de que en México no existe un estado de derecho. Puestos en ese plan, a todos nos sería dado hacer lo que nos venga en gana: legal o ilegal.
En el plan en que estuvieron AMLO y Morena, de pretender asumir las funciones que corresponden al INE, sería bueno que los particulares, ante la falta de actuación de las autoridades responsables, hagan lo siguiente:
Como el Congreso de la Unión ha sido omiso en acatar la sentencia de la Suprema Corte en el sentido de regular la siembra, cultivo y comercialización de la mariguana, la ciudadanía podría reunirse en la Plaza de la Constitución a discutir y aprobar una ley reglamentaria sobre la materia.
Como los jueces no dictan sus sentencias dentro de los plazos que establece la fracción VI del artículo 20 constitucional, y ello es violatorio de los derechos humanos, los particulares, a mano alzada, en una asamblea pública, bajo el expediente de usos y costumbres, podrían asumir la responsabilidad de hacerlo y, con ello, alivianar el trabajo de los jueces negligentes.
Con la práctica apuntada por AMLO, ante la criminalidad desmedida, que ha rebasado a todas las autoridades, no existiría inconveniente para que la ciudadanía, en ejercicio del derecho de autodefensa y del de poseer armas (art. 10), asuma las funciones que tienen confiadas las policías y que ahora, en violación del artículo 129 constitucional, realizan el Ejército y la Marina.
Nadie podrá oponerse a la realización de las acciones anteriores. El pueblo es sabio; no se equivoca y si se equivoca, a como andan los negocios públicos, ¿a quién le importa?
Los analistas serios coinciden en que es previsible que, de realizarse la consulta, no concurra el mínimo señalado por la Constitución para que tenga validez su resultado. AMLO, desde ahora, la considera como un voto de confianza de la ciudadanía; está “agarrando” vuelo para seguir violando las leyes; la ha tomado como una carta blanca para seguir derrochando los fondos públicos y para prolongarse en el poder directamente o vía su “Delfina”.
Como van las cosas, se corre el peligro –muy real, por cierto– de que AMLO, en una asamblea, a la que únicamente asistan sus partidarios y paniaguados, pregunte a los presentes si debe continuar en el cargo y, con vistas a la anuencia que a mano alzada obtenga, pretenda prolongarse en el ejercicio del cargo. Así lo han hecho otros demagogos que se han eternizado en el poder.
No sería remoto que Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, haciendo de tripas corazón, sepultando sus ambiciones personales, sean unos de los que levanten la mano y aprueben la eternización de su jefe en el poder. Pudieran pasar a la historia como los eternos aspirantes a la Presidencia de la República.
Nos urge que termine este sexenio de cinco años y 10 meses. Por la desesperación se nos va a hacer muy remoto el 30 de septiembre de 2024. Mientras tanto muchas cosas malas pueden pasar.
Con la actuación oportuna del INE, la opción B presidencial quedó sin materia y el intento de violar las leyes, sin consumarse. Que conste: no fue por falta de ganas.
Pasada la consulta, esperemos a ver qué inventa AMLO para distraer la atención de la opinión pública. Necesita que ella aparte su mirada de la tragedia sanitaria, de la falta de medicamentos, del alza inmoderada de los precios de los artículos de primera necesidad, de la corrupción generalizada y la específica que se está dando bajo el expediente de adjudicaciones directas de la obra pública y, sobre todo, para que no vea el amasiato que existe entre algunas autoridades locales y la delincuencia organizada.
¿A quién le preocupará incurrir en actos de corrupción, si sabe que la autora del “diezmo” texcoqueño, seguramente destinado a obras “pías”, fue premiada con una Secretaría de Estado?
Nudo gordiano
Testamento y herencia
Yuriria Sierra
Casi treinta periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. Tan sólo tres de estos crímenes han ocurrido en lo que va del año, y apenas estamos a 25 de enero, y dos sucedieron en la misma ciudad, Tijuana. Margarito Martínez y Lourdes Maldonado fueron ejecutados a la puerta de sus casas. Ella acudió a Palacio Nacional hace tres años para, frente a frente, pedirle ayuda al Presidente. Temía por su vida tras una disputa legal con el entonces candidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla. Maldonado pertenecía al programa de protección a periodistas de la Segob. Ayer, López Obrador pidió no adelantar juicios.
Pasaron diez días, casi dos semanas, para que el gobierno de Puebla diera un mensaje contundente respecto al caso del pequeño Tadeo. Hasta ayer fue que anunció cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la Subsecretaría de Centros Penitenciarios. Por la mañana, Miguel Barbosa, el gobernador, adelantó que sería un día decisivo en el caso, aunque no llegaron nunca los avances en la investigación, que es finalmente lo que esperamos. Tuvieron que pasar varios días para tener razón de las autoridades y tuvo que ser el trabajo de organizaciones civiles, quienes pusieron en la agenda lo que hoy es una de las narrativas más terribles y que ejemplifican gráficamente hasta dónde llega la corrupción y la impunidad: Tadeo, el pequeño exhumado y llevado a más de cien kilómetros, para terminar en un contenedor dentro de un penal. Ayer, López Obrador calificó esto como fruto podrido… pero de la política neoliberal, la del pasado, pues.
La semana la iniciamos tal como la anterior: más agresiones contra integrantes de la comunidad LGBTQ+. Otros dos asesinatos: Ximena García, una mujer trans, y Rubén Pérez, un hombre gay de Nayarit. De esto nada dijeron en Palacio Nacional.
Y otra vez Quintana Roo. De nuevo, una ejecución directa en una zona que en otros tiempos sólo eran visitadas por turistas. Hoy ya son escenarios de asesinatos a plena luz del día.
En suma, México registró más de 120 mil nuevos contagios de covid-19 el fin de semana; pero también el Inegi informó que el coronavirus se mantuvo como el máximo responsable de las muertes en el primer semestre de 2021. Casi 580 mil fallecimientos en los primeros seis meses del año pasado, 110 mil más que en el mismo periodo de 2020.
México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; México, donde nadie puede explicar cómo es que el cuerpo de un pequeño es robado he ingresado a un penal. México, donde los discursos de odio y sus consecuencias se acumulan día tras día. México el de sus muertos, por crimen o la pandemia, que nos han afirmado varias veces que “ya fue domada”.
Éstas, las condiciones de un país que, gobierno tras gobierno, hereda los mismos pendientes, no hay avances; y ahora, mientras esta herencia se anquilosa en la narrativa diaria, en Palacio Nacional no trazan rutas para cambiarlas, más bien su mirada está en los testamentos: “Tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo Presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que, en caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad…”, expresó el Presidente tras la difusión de un video luego de la inesperada intervención a la que fue sometido en el Hospital Militar.
Un testamento político innecesario, porque la Constitución es clara en ese asunto. Qué afán. Porque, honestamente, una cosa es el testamento y otra muy distinta la herencia.
Astillero
Periodistas en protesta // Tres asesinados en enero // En BC, litigio con Bonilla // Monreal, ¿borrasca en Senado?
Julio Hernández López
La Jornada
La ejecución de la periodista Lourdes Maldonado en el estacionamiento de su casa en Tijuana, a una semana de que también a la puerta de su domicilio en esa ciudad fronteriza fuera asesinado el fotorreportero Margarito Martínez, y a casi 10 días de la muerte violenta de José Luis Gamboa Arenas en el puerto de Veracruz, condensó la indignación de integrantes de ese gremio que hoy realizarán manifestaciones de protesta en varios lugares del país, incluyendo la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.
El caso de Maldonado tiene implicaciones políticas inocultables, aunque no necesariamente sean indicativas de actos de índole penal. Una empresa de medios, propiedad de Jaime Bonilla Valdez, despidió de manera injustificada a Lourdes Maldonado, una reportera y conductora de programas en radio y televisión que durante seis años había laborado en esa firma.
Según ella misma relató en una entrevista de radio, el comportamiento de Bonilla y sus abogados fue de desdén, primero, y luego de abuso de poder, sobre todo cuando el empresario llegó a gobernador de la entidad federativa, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, ante quien, ya éste en Palacio Nacional, la comunicadora denunció las maniobras legales en su contra y su fundado temor por su vida, en marzo de 2019.
Ya con un laudo a su favor, Maldonado y su representante jurídico tendrían acceso a libros contables de la empresa televisiva de Bonilla. Sin embargo, contados días se mantuvo esa expectativa, pues un disparo en la cabeza terminó con la vida de la periodista. Respecto al asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, las autoridades han planteado que habría sido un pleito entre vecinos por un terreno.
La irritación generada por estos casos tiene como contexto general la impunidad de quienes cometen estos delitos contra periodistas, desde ámbitos gubernamentales o delictivos (que con frecuencia acaban siendo lo mismo) y el incumplimiento crónico de los mecanismos de protección que los gobiernos federal y estatales establecen en algunos casos.
A nivel federal, y más allá de las buenas intenciones del subsecretario del ramo en Gobernación, Alejandro Encinas, tal mecanismo carece de recursos y efectividad. Tanto que, a pesar de estar en curso una serie de audiencias sobre el tema en esa secretaría, ínfimo interés ha suscitado en el gremio periodístico.
Además de los problemas presupuestales de Gobernación, como parte de los recortes generalizados, existe en el gremio una fundada desconfianza en los mismos protectores, agentes que con frecuencia están en contubernio con los persecutores de periodistas, incluso en términos graves como la contratación de empresas relacionadas con Genaro García Luna para que cuiden a periodistas en riesgo.
Lo que sucede con los periodistas no está desligado de lo que ocurre en general en la población. El predominio de grupos delictivos, el entreveramiento de intereses de cárteles y delincuentes con políticos y funcionarios (no sólo del ámbito policiaco) y el altísimo grado de desconfianza e impunidad en cuanto a denuncia de hechos, como en procesamientos judiciales y sentencias condenatorias, crean condiciones sumamente adversas para la convivencia social y la esperanza en la justicia y el estado de derecho.
Astillas
Visos de asonada contra el coordinador de los senadores de Morena y, en tal condición, virtual jefe político del Senado, Ricardo Monreal: 29 de 61 de sus compañeros promueven una reunión, este viernes, para desconocer la comisión especial anunciada por el zacatecano en relación con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. La lucha por 2024 va fuerte… Y, mientras el ministro Pardo Rebolledo propone a la Corte que se elimine el sesgo de ratificación en la pregunta del ejercicio de revocación de mandato, ¡hasta mañana, con Carlos Romero Deschamps seguramente con bolsa de palomitas viendo la función sindical que, de favorecer a Ricardo Aldana, le podría mantener vigente!
