Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Irak, más de 20 años de ocupación de Estados Unidos
Tanto Irak como Afghanistán operan como recordatorio de que el derrocamiento de un régimen, por cruel que sea, no puede garantizar un cambio. Así se ha demostrado también en Libia y está sucediendo en Siria.
Proceso
El 17 de enero de 1991 entrando en una dulcería por la tarde, me detuve frente a un televisor que transmitía imágenes que lo atravesaban al mismo tiempo que escuchaba sus estruendos. Era el inicio del bombardeo de Estados Unidos sobre la ciudad de Bagdad, en una acción que designó Tormenta del desierto en la guerra del Golfo. Sucedía luego del ultimátum para que Irak se retirara de Kuwait que había tomado en agosto de 1990, alegando que su territorio le pertenecía y, por lo tanto, su petróleo. Por primera vez, los ciudadanos de cualquier parte del mundo presenciamos el inicio de una guerra en tiempo real, debido a los avances de la tecnología.
Esa revolución de los medios se mostró con mayor contundencia el 20 de marzo de 2003 cuando la CNN usó teléfonos satelitales seguir en las televisiones otro nuevo ataque de la aviación de Estados Unidos sobre Bagdad; no se sabía, aunque presagiaba una invasión que duraría varios años. Se vieron imágenes nocturnas con proyectiles que dejaban a su paso tonos verdosos de las bombas inteligentes guiadas por rayos láser para dar en el blanco. Como consideración al público, las cámaras se no trasmitieron las bajas humanas.
Como sucedió en Afghanistán en 2021, con el fin el conflicto armado más largo de la historia de Estados Unidos, en este 30 de septiembre de 2026 se puso fin a su presencia militar en Irak, desde que este país fue invadido hacía más de veinte años. El día fue festivo para Irak porque celebró su supuesta soberanía, aun cuando sigue enfrentando fuertes dilemas y eso pese a que en veinte años ha intentado superar varios de ellos.
Apenas si se recuerda al viejo dictador Saddam Hussein, presidente de 1979 a 2003, en torno al cual Estados Unidos montó una fuerte propaganda negativa. No puede olvidarse que fue el blanco que debía vengar el atentado terrorista de las Torres gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. Al demostrarse que no tenía relación con ese hecho, el presidente Georges W. Bush se inventó el cuento de las armas de destrucción masiva, que los mismos estrategas estadunidenses debieron desmentir. Todavía en 2016 en su primer periodo presidencial, Donald Trumpo llamó a esa guerra “la peor decisión que alguien ha tomado en la historia de su país”. Aludía a los cientos de miles de iraquíes muertos y al menos cinco mil soldados fallecidos, a varias batallas perdidas, aproximadamente seis millones de desplazados y al desajuste económico en los mercados internacionales.
En la presidencia de Barak Obama en 2011 Estados Unidos retiró sus fuerzas de ese país, sólo para regresar 4 años después para hacer frente al terrible Daesh (Estado Islámico de Irak y Siria, de corte fundamentalista yihadista wahabita). Entonces el ejército iraquí fue entrenado por militares estadounidenses, para hacerle frente porque con rapidez se desplazaba conquistando territorio para el Estado Islámico, que dio tanto que hablar por sus violentos métodos de acción y de reclutamiento. También el país ocupante movió como quiso sus fichas, imponiendo un gobierno de mayoría kurda, cuando su población está compuesta principalmente por árabes sunitas.
No es lo más grave, porque ante el vacío militar y político que queda, está la presencia de Irán que surte a Irak de gas natural para iluminar sus hogares y sus calles, mientras encuentra la forma de recuperarse económicamente con su riqueza petrolera maltrecha, y Turquía ocupando áreas del norte del país. Por su parte Arabia Saudita y Pakistán avanzan con un nuevo pacto militar con Ankara.
El vacío militar en el Kursitán iraquí, con Erbil, como la última unidad militar desocupada ahora, deja a los amigos, pero se lleva los sistemas de defensa que garantizaron relativa autonomía a una región que ha tenido miles de impactos de misiles y drones al ser atravesada por varios conflictos. Sin embargo, Estados Unidos mantendrá sus bases militares en los lugares próximos Catar, Bahréin, Arabia Saudita, Jordania, Omán, así como la fuerza naval en el Golfo Pérsico como muestra de su profundo arraigo en los países que rodean a Irak y las dificultades para abandonarlo. La evidencia se presentó en los días más álgidos de la guerra que aún no termina de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Tanto Irak como Afghanistán operan como recordatorio de que el derrocamiento de un régimen, por cruel que sea, no puede garantizar un cambio. Así se ha demostrado también en Libia y está sucediendo en Siria. Los dictadores autoritarios han sido derrotados siempre con el apoyo de Estados Unidos, sin planes de lo que podría venir después en cuanto a organización política y a sus programas de reconstrucción. Se toman drásticas decisiones sin pensamiento de futuro. De hecho, el ministro iraquí Ali al-Zaidi, estableció el compromiso de desarmar a las milicias que operan en el país, entre las que se cuentan las chiitas de Irán, Hezbolá y otras, con las dificultades que eso significa como está sucediendo en Líbano.
Entre ellas la temida Resistencia Islámica que se encuentra negociando a través de un comité de cuatro miembros en el Marco de la Coordinación del proceso de regulación de armamento a cambio de la soberanía; de lo contrario responderán a cualquier violación de Estados Unidos y mientras no tenga garantías afirma no estará sujeto a ningún plazo o acuerdo.
Y permanecen las Fuerzas de Movilización Popular, aunque afiliadas al Ministerio de Defensa, formadas desde 2014 para luchar contra el Estado Islámico, con financiamiento oficial que asciende a 4 mil millones de dólares. Es decir, con un gran poder para actuar paralelamente a la fuerza militar estatal a la que tiene el poder de oponerse.
Lo que es la recomposición de todo el campo de lucha, en el que participan varios contendientes, puede desencadenar una violenta disputa por el poder. Aunque se haya realizado el retiro en forma pausada, no puede dejarse fácilmente atrás el hecho de que en 2007 la presencia del ejército estadounidense alcanzó 170 mil soldados, cifra que ahora llegaba apenas an 2 mil cuatrocientos que formaban el Comando Central de Estados Unidos. Su retirada marca el fin de las fuerzas y equipos de la base aérea de Erbil, siguiendo el protocolo de la Operación Inherent Resolve en Israk. Las tareas de la coalición seguirán desde Jordania donde quedará establecido el Cuartel General de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada contra Daesh. Así las fuerzas estadounidenses continuarán apoyando las operaciones contra ese grupo en Siria.
Difícil tener certezas sobre los costos de esa guerra. Según estudios de la Universidad de Brown estiman que la guerra provocó la muerte de 210 mil civiles iraquíes y más de 4 mil militares estadounidenses (cifras que otras fuentes elevan). Los costos presupuestarios de las guerras de Estados Unidos en Irak y Siria alcanzan ya 2.89 billones de dólares, incluido los gastos de atención a los veteranos de guerra hasta 2050. Y bien Estados Unidos se retira de Irak, dejando una estela de problemas y una situación tan mala o peor de la que se encontraba hace 20 años.
Juegos de poder
Las propuestas de Mazzucato para México
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
Ayer glosé el diagnóstico del reporte “Transformación del Estado para el Plan México: un enfoque por misiones para alcanzar una prosperidad compartida” de una de las heroínas de la izquierda mexicana ilustrada, la economista Mariana Mazzucato, en coautoría con Lara Merling. Hoy resumo sus propuestas.
Las autoras proponen transformar la manera en que el Estado ejecuta el Plan México.
Su apuesta consiste en coordinar inversión, crédito, compras públicas y regulación alrededor de objetivos verificables. El propósito es una política industrial que genere capacidades nacionales y bienestar, con obligaciones explícitas para quienes reciben recursos públicos.
La primera propuesta es convertir las prioridades del plan en misiones: resultados concretos, medibles y sujetos a plazos.
El informe propone cinco grandes áreas: fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, seguridad hídrica, salud para todos, soberanía energética y soberanía alimentaria.
Para ejecutarlas, se propone un consejo interinstitucional con poder efectivo para definir prioridades, alinear propuestas presupuestarias y financiamiento, resolver obstáculos y publicar evaluaciones. Participarían Hacienda, secretarías sectoriales, banca de desarrollo, empresas públicas, reguladores, gobiernos locales, universidades y actores sociales.
Una misión sanitaria, por ejemplo, debería precisar qué productos se busca fabricar nacionalmente, en qué proporción y para qué fecha.
Mazzucato y Merling proponen que los proyectos demuestren aportaciones productivas o sociales, lo cual debe acompañarse de clasificación transparente, evaluación publicada y escrutinio independiente. También sugieren modificar las reglas fiscales para proteger la inversión pública productiva, evaluando no sólo el déficit y la deuda, sino también los activos y el patrimonio que genera esa inversión.
Por lo que toca a la agenda tributaria, se tendría que ampliar los ingresos del Estado de manera progresiva, lo cual incluye considerar gravámenes sobre grandes patrimonios y herencias, fortalecer el predial, revisar la tributación de dividendos y ganancias de capital y evaluar impuestos al sector financiero o a beneficios extraordinarios.
CFE, Pemex y organismos como Conagua deberían incorporar los objetivos del plan a sus inversiones y criterios de desempeño. El informe pide una función permanente de coordinación que supervise su contribución conjunta, comparta capacidades y evalúe resultados económicos, laborales y ambientales junto con su situación financiera.
Para las empresas privadas, propone condicionar créditos, incentivos, contratos y concesiones a compromisos verificables: inversión adicional, desarrollo de proveedores, transferencia tecnológica, trabajo digno, acceso asequible y uso responsable de recursos.
Cuando el Estado asuma riesgos que generen ganancias privadas importantes, podría participar mediante acciones, regalías, reparto de beneficios o compromisos de reinversión. Los apoyos, condiciones, plazos y consecuencias del incumplimiento deberían ser públicos y estandarizados.
Hacienda coordinaría a Nafin, Banobras, Bancomext, Fonadin y FIRA como un sistema, con criterios comunes para financiar intervenciones complementarias.
Las afores podrían participar mediante vehículos adecuados a su horizonte, con salvaguardas fiduciarias. Banco Mundial, BID y CAF aportarían garantías, plazos largos, instrumentos en moneda local y preparación de proyectos a través de instituciones nacionales.
Las compras gubernamentales crearían demanda previsible mediante planes anticipados, contratos plurianuales y coordinación entre instituciones. Dividir contratos en lotes, apoyar consorcios y ofrecer asistencia técnica facilitaría la participación de proveedores pequeños.
El documento propone la formación permanente de funcionarios en coordinación, gestión de riesgos y evaluación; un laboratorio público de innovación con personal de carrera y financiamiento estable; y sistemas digitales interoperables.
Comunidades, trabajadores y productores participarían desde el diseño hasta la evaluación. Los incentivos de los Polos de Desarrollo incorporarían obligaciones sobre proveedores locales, empleo, cuidados y sostenibilidad.
La restauración de la cuenca de Tula podría servir como piloto para combinar estas herramientas antes de extenderlas. El financiamiento integraría tratamiento, reutilización, riego y proveedores tecnológicos. Los contratos exigirían resultados sobre calidad del agua y reducción de contaminantes; concesiones y permisos incluirían obligaciones ambientales. Un tablero público permitiría seguir avances y ajustar decisiones. El producto esperado sería tanto una cuenca recuperada como un modelo de ejecución probado y adaptable.
Nudo gordiano
¿Y Movimiento Ciudadano?
YURIRIA SIERRA
Excelsior
Hay momentos en que la política le pone a un partido la mesa servida. A Movimiento Ciudadano le pasó este año, y la está dejando enfriar.
Mire usted el tablero. Morena carga con Rocha Moya y su segunda licencia, con los vuelos de Mara Lezama, con las visas retiradas y con un proceso interno para 2027 que ya huele a pleito. El PRI se aferra a Alejandro Moreno y el PAN sigue sin encontrarse. Entre un oficialismo gastado por sus escándalos y una oposición tradicional que nadie extraña, cabía un partido que se presentara como el que sí sabe gobernar. MC tenía la marca y dos estados para usarlos de escaparate. Ese escaparate es justo lo que hoy le estorba.
Empecemos por Nuevo León. Samuel García llegó en 2021 con la promesa del “nuevo Nuevo León” y su gobierno se recuerda más por los pleitos que por las obras. Nadie olvida diciembre de 2023, cuando pidió licencia para ser candidato presidencial, el Congreso nombró a un interino ajeno a su equipo, el estado amaneció con dos gobernadores y él acabó renunciando a la candidatura para volver a Palacio de Cantera. Tampoco se olvida la gigafábrica de Tesla. Se anunció a principios de 2023 en Santa Catarina, con cinco mil millones de dólares de inversión, y el gobernador la convirtió en emblema de su sexenio. Cuando surgieron dudas, tuiteó: “Tranquilos, Tesla sí va”. En julio de 2024 Elon Musk la puso en pausa por los aranceles que prometía Trump. Milenio fue a ver el terreno y no encontró ni planta ni empleos. La foto con Musk quedó como recordatorio de lo que pasa cuando se presume antes de firmar. Lo demás va en la misma línea. El paquete fiscal de 2026 terminó en amenaza de veto. La Interserrana no estará lista en su sexenio. Las líneas 4 y 6 del Metro darían servicio completo hacia octubre de 2027, cuando él ya vaya de salida. En septiembre, con Sheinbaum de visita en Monterrey, alcaldes, legisladores y empresarios firmaron un desplegado que decía “Nuevo León no aguanta más” y pedía a la Federación investigar al gobierno estatal. La encuesta de El Financiero de julio le da 40% de aprobación y 58% de desaprobación, con Morena nueve puntos arriba de MC.
En Jalisco la historia es otra y el resultado se parece. Pablo Lemus llegó en diciembre de 2024 prometiendo conciliar en lugar de confrontar. Su crisis vino de la llave del agua. Desde 2025 había quejas por agua turbia y con mal olor; el SIAPA las reconoció en marzo, Lemus destituyó al director y las protestas siguieron. El Cepad contabiliza al menos 320 colonias que desde marzo reciben agua con metales, materia fecal y sin cloro. Apenas el 6 de octubre el gobernador aceptó que la ciudad vive una crisis y anunció seis meses de tandeos y un acueducto que tardará dos años. Decisión correcta, siete meses tarde. Y luego vino el domingo. Unas 10 mil personas marcharon de la Minerva hacia el centro y fueron frenadas por antimotines frente a Casa Jalisco. Algunos manifestantes lanzaron piedras, sí, y la respuesta fue gas lacrimógeno, chorros de agua y macanas durante al menos dos horas. Horas antes, Lemus había dicho que giró instrucciones para que la marcha fuera ordenada y segura. A una ciudad donde las familias cuentan que se bañan con la boca cerrada le respondieron con gas. Ese error no lo corrige ningún acueducto.
A eso súmele la fractura interna. Lemus y García rechazaron el Plan B de la reforma electoral que la bancada de Jorge Álvarez Máynez votó a favor. “MC Jalisco se cuece aparte”, respondió el gobernador. Así es difícil venderse como alternativa nacional. Ni Tesla ni el agua sucia eran inevitables.
En 2027 Nuevo León elige gobernador y Jalisco renueva Congreso y ayuntamientos. Será la primera vez que MC tenga que defender lo que hizo y no lo que prometió. Tenía a la mano a quienes empiezan a hartarse de Morena, y esos votantes hoy miran a Monterrey y a Guadalajara sin encontrar razones para cambiar de bando. ¿Y MC? Apagando sus propios incendios mientras la oportunidad se le sigue yendo.
ADDENDUM
Y, además, Dante Delgado parece perder el control en MC. En Sonora, pactó la candidatura por Hermosillo con el exalcalde panista Alejandro López Caballero a cambio de su renuncia al PAN. Sin embargo, tras concretarse la salida, Colosio Riojas vetó la postulación. Ahora Dante duda entre complacer a Colosio o cumplir su palabra; dejar colgado a un aliado daña su prestigio y pone en duda el valor real de sus acuerdos..
Astillero
Poncio Pilatos tapatío // Lemus recula y se excusa // Liberan a detenidos, pero… // “Gobernador-persona”
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
El gobernador jalisciense, Pablo Lemus, no tuvo alternativa: corría el riesgo de que lo superara, hora tras hora, la movilización social contra el montaje represivo que el emecista estaba sosteniendo desde el pasado domingo y que, en sus últimas y desmadejadas maromas, pretendía instalar en el penal de Puente Grande a siete de las 39 personas detenidas a causa de las protestas contra el suministro tóxico, sucio y maloliente de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
El empresario-gobernante optó por el recurso de la autoexculpación piadosa: él no sabía lo que debía saber, los policías se pasaron de la raya por sí mismos, él puede reconocer (pero no se aplica una sanción proporcional a las graves pifias reconocidas) y corregir (pero sólo hace promesas, sin una sola acción concreta en lo inmediato), porque “antes que gobernador” es “una persona” (toing: esta columna se declara en estado de conmoción constitucional y política: ¿o sea que al elegir a un gobernante se vota en dos boletas: una para el cargo oficial y otra para la “persona”? ¿En qué momentos y bajo qué circunstancias una persona es gobernante y, en otras, un gobernante es persona? ¿Pueden eludirse las responsabilidades del gobernante al aducir que tomó decisiones como persona?).
Lemus permitió o instruyó (a fin de cuentas, los hechos son responsabilidad del gobernador-persona) que la policía plantada para cuidar la Casa Jalisco desarrollara una actitud abiertamente confrontacional, provocadora y represiva, al grado de usar gases lacrimógenos y chorros de agua (triste papel asignado al cuerpo local de bomberos) contra los manifestantes.
De esa redada, con policías de civil infiltrados, fueron llevados a la fiscalía estatal de “justicia” 39 personas, todas las cuales fueron liberadas ayer en su totalidad. Libres, pero con expedientes abiertos en la mayoría de los casos, con documentos firmados tramposamente para eximir de responsabilidad a policías y gobiernos, sin acceso a las carpetas de acusaciones y obligados a asumir para su defensa a abogados de oficio y no a los penalistas solidarios que los detenidos deseaban. Libres, pero golpeados, arrastrados rumbo a la Casa de Tortura Jalisco (residencia oficial de policías torturadores… y del gobernador), incomunicados durante casi 24 horas y amenazados.
La fallida estrategia del gobernador-persona intentó desde el primer momento atribuir responsabilidades a un “grupo de choque” integrado por “400 personas” equipadas para agredir y destruir (así lo declaró Lemus). Ese primer apunte del mandatario dio paso a cuentas en redes sociales y medios locales de remarcado control oficialista que trataron de culpar de los hechos a Morena, el gobierno federal y grupos supuestamente llevados desde otros estados y la Ciudad de México, entre estos, “el bloque negro”. “Morena no entrará a Jalisco”, proclamaban algunas voces movidas con cuerda electoral.
Este primer logro de un incipiente movimiento social tapatío ¿logrará articularse de manera horizontal, participativa, en una especie de contraloría ciudadana sobre el tema del agua (y negocios de la élite relacionados) y la seguridad pública? ¿La visión empresarial de Lemus y el interés electoral de Movimiento Ciudadano tendrán la habilidad para revertir una tendencia que hoy les es adversa? ¿Cumplirá el gobernador naranja sus promesas forzadas o pronto regresará al modo fresoide?
Y, mientras se mantiene la vista puesta en que la crisis hídrica es uno de los puntos rojos de la realidad jalisciense, pues ahí siguen la especulación inmobiliaria, el liderazgo nacional en personas desaparecidas, los graves problemas ambientales, la inseguridad pública, el asomo de los negocios israelíes (aunque Lemus diga que no) y los cacicazgos y élites dominantes… ¡hasta mañana, en espera de los resultados de la “consulta sindical” charra que ayer fue descalificada de antemano y repudiada masivamente por trabajadores del Seguro Social!
México SA
SCJN: chatarreras, fuera de las escuelas // Dieciséis años después, ya sin “ayudas” // “Técnica” Salinas Pliego no les funcionó
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Las empresas dedicadas a producir comida chatarra aplicaron la “técnica” Salinas Pliego en su intento por quitarse de encima una ley contraria a sus intereses comerciales, pero altamente benéfica para los consumidores; el abonero la utilizó para no pagar impuestos y los consorcios promotores de la obesidad para impedir que sus chucherías dejaran de venderse en las escuelas. Sin embargo, en ambos casos se apestaron sus pretensiones, porque, a pesar de sus rabietas, el Riqui Riquín versión chavorruco (AMLO dixit) está pagando –en abonos no tan chiquitos– al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las chatarreras se toparon con una pared conocida como Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Jornada (Iván Evair Saldaña) lo reseñó así: “La SCJN avaló este martes la prohibición de vender comida chatarra en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades. El fallo rechazó los argumentos de empresas que alegaron, entre otras cosas, que los universitarios, al ser mayores de edad, pueden decidir libremente qué consumir. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que negó un amparo a la empresa Eric Kayser México, vinculada a la cadena francesa de panaderías Maison Kayser, al concluir que el Estado mexicano tiene facultades para proteger el derecho a la salud y garantizar una alimentación adecuada en los centros educativos”.
Algo más: “las empresas quejosas que han acudido al juicio de amparo en este y otros asuntos similares se equivocan al sostener que el Estado sólo está obligado a garantizar la alimentación saludable de las personas menores de edad, pero no de quienes ya son mayores de 18 años, como es el caso de las personas jóvenes y adultas. La falencia del argumento de las empresas quejosas obedece a que la ley fundamental reconoce el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, sin hacer distinción alguna por razón de la edad que tengan”, dijo el ministro Giovanni Figueroa (ídem).
Así, la “técnica” Salinas Pliego a la larga resultó totalmente fallida no sólo para el ególatra empresario, sino, por copionas, para las chatarreras. El de los abonos chiquitos y los intereses de agio la aplicó durante 16 años (desde 2008, protegido por el régimen neoliberal, utilizando para ello amparo tras amparo, largas y más largas, cochupo tras cochupo, junto con su ejército de abogados y cabilderos), hasta agotar los recursos legales y legaloides, de tal suerte que la SCJN lo sentenció a pagar, ya, los impuestos causados, pero no enterados al SAT.
En el caso de los consorcios chatarreros (trasnacionales, en la mayoría de los casos), su intento por evitar cualquier normatividad contraria a sus intereses (valiéndoles el incremento de la obesidad en el país) comenzó en noviembre 2010, cuando el Senado de la República aprobó una ley (con un solo voto en contra) para evitar la venta y publicidad de “alimentos y bebidas con bajo valor nutrimental” (léase “comida” chatarra) en las escuelas del país, aunque más tardó esa instancia del Legislativo en aprobarla que el régimen neoliberal en congelarla.
Como en el caso de Salinas Pliego, las chatarreras contaron con el apoyo de Los Pinos (en ese entonces con Felipe Calderón de inquilino) y sus secuaces (con las secretarías de Educación y Salud –Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio y José Ángel Córdova Villalobos– a la cabeza) para evitar que se aplicara la nueva legislación. Como se comentó entonces en este espacio, el “líder” de la bancada panista en el Senado Gustavo Madero aseguró que “no cedimos a presiones” de las trasnacionales de las burbujas y los carbohidratos para frenar la aprobación de la ley contra la comida chatarra, pero lo cierto fue que 60 iniciativas legislativas a fin de contener la inundación de ese tipo de productos y frenar el bombardeo publicitario asociado a su comercialización acabaron en el bote de la basura.
En marzo de 2025, el impresentable Mario Delgado, “titular” de la SEP, intentó repetir el numerito para proteger a las chatarreras, pues las “incorporó” al “esfuerzo” gubernamental, solo para pactar con ellas y así evitar la deschatarrización en las escuelas. ¿Cómo se “incorporaron”? Fácil: donaron básculas y “material para promover la actividad física”. Y a seguir engordando, hasta que la SCJN sentenció: se acabó.
Las rebanadas del pastel
No deja de fluir agua puerca, contaminada, fétida y represora de Pablo Lemus, “gobernador” de Jalisco. Entonces, urge una limpia a fondo, comenzando por el autoritario “mandatario”.