Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Que viva la impunidad y muera la soberanía
Para el caso de que el gobierno de México siga renuente y se niegue a entregar los indiciados que se le requieren, es de esperarse que comandos, tipo de los que actuaron en Venezuela o en Sinaloa, penetren en territorio nacional y, con orden de detención en mano o no, sustraiga a los indiciados que más le sean útiles.
Proceso
De unos años para acá, concretamente de 2018 a la fecha, los mexicanos hemos visto una acentuada caída de nuestra independencia. Ahora está de moda afirmar que hemos perdido nuestra soberanía. Para efectos políticos es lo mismo. La independencia económica, nadie de los que vivimos la conoció. Algunos afirman que quedan algunos restos, insignificantes, si se quiere.
Desde que asumieron el poder los morenistas, por negligencia de las autoridades nacionales, que llega a los límites de la complicidad, los mexicanos perdimos nuestra seguridad jurídica; las autoridades, su independencia para investigar por sí delitos; y la policía, el poder de perseguir a delincuentes. En 2024, por acción de los mismos morenistas, perdimos también nuestro Poder Judicial: la posibilidad de que jueces mexicanos independientes y conocedores juzguen.
Como si hubiéramos dejado de ser un país soberano, se nos ordena juzgar a un numeroso contingente de mexicanos. El mandato del imperio es terminante, nos ordena:
“‘Esto incluye exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país’, advirtió la administración Trump.” (El Heraldo de México, 17 de septiembre de 2026).
A eso que hizo la administración del presidente Trump, cuando menos en mi tierra, se le llama dar órdenes; y el que las autoridades mexicanas procedan a arrestar y procesar a alguno de los delincuentes, por donde se le vea, se llama obedecer y someterse, es decir: aceptar que México no es soberano; todo lo contrario: que estamos para acatar las órdenes que nos da una autoridad extranjera.
En el pasado las peticiones provenientes del imperio eran corteses. Ahora, pese a decirnos soberanos, recibimos órdenes; éstas son tajantes y perentorias. Nuestras autoridades, tan celosas defensoras de nuestra soberanía, son las únicas y directas responsables del cambio. Ellas, en su momento, no atendieron el requerimiento amable; con su negativa dieron lugar a que se emitiera una auténtica orden.
Sólo nos falta saber hasta qué grado la administración de la señora Sheinbaum está dispuesta a acatar la orden. En principio, es de suponerse que, pese a todos los indicios, la obediencia pudiera no comprender el enjuiciamiento de: AMLO, los amlitos y de sus familiares. Antes, se entregaría la señora Sheinbaum a las autoridades norteamericanas para ser juzgada, que extraditarlos. Los miembros del gabinete, salvo prueba en contrario, pudieran estar a resguardo de la acción ordenada por la administración del señor Trump.
Para bajarle presión al problema y aparentar que se obedeció la orden, la presidenta pudiera ordenar a la señora Ernestina Godoy, nuestra independiente fiscal general de la República, finja proceder penalmente contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y el resto de los requeridos hace unos meses, salvo los que se han entregado voluntariamente; se aparentaría que se les abren juicios y, en caso extremo, mientras bajan las presiones y pasan las elecciones en el país del norte, se les internará en una prisión en la que gocen de todas las comodidades.
En cuestiones de índole penal la negligencia de la FGR y la falta de independencia de los tribunales mexicanos han llevado a que las cuestiones importantes sean los tribunales de EU los que conozcan de los procesos en los que son juzgados mexicanos por delitos cometidos contra las leyes penales mexicanas y que tienen repercusiones en los intereses norteamericanos.
En el contexto actual, son las autoridades de EU las que determinarán quién no puede ser candidato para ocupar un cargo de elección popular en México. Hasta este momento esas autoridades no han tenido a bien asumir la función de decirnos quién sí. Lo que ya es una ganancia. Es cosa de tiempo y de negligencia de las autoridades mexicanas para que lo hagan. La diputación y la inmunidad de Amlito están, como se decía antes, sobre el lomo de un venado, es decir: en veremos
Hasta ahora el concepto soberanía había sido útil para no juzgar a quienes Estados Unidos consideran como posibles delincuentes. Ha dejado de serlo. Ha llegado el momento de juzgarlos realmente o de entregarlos sin excusa.
Anteriormente, antes de que las cosas se complicaran para el señor Trump, las circunstancias permitían prever que se hubiera conformado con que el gobierno de México le saliera con una apariencia de juicio; los tiempos han cambiado. Aparentar no es suficiente. El señor Trump necesita acreditar ante sus electores que tiene imperio y que sabe utilizarlo.
En estos momentos, demostrar firmeza, convencería a muchos electores indecisos cuyos votos son necesarios para asegurar a su partido el mayor número de curules en el Congreso y gubernaturas. No va a ceder en sus exigencias.
Para el caso de que el gobierno de México siga renuente y se niegue a entregar los indiciados que se le requieren, es de esperarse que comandos, tipo de los que actuaron en Venezuela o en Sinaloa, penetren en el territorio nacional y, con orden de detención en mano o no, sustraiga a los indiciados que más le sean útiles. Esta circunstancia sería mortal para Morena y para la presidenta Sheinbaum, tan nacionalista.
Como en México las leyes no se cumplen, hasta este momento la independencia legislativa no nos ha sido arrebatada. Eso explica el cúmulo de reformas a la Constitución y a las leyes que regularmente aprueba el Congreso de la Unión.
Sin saber mucho de la materia, me atrevería a decir que, en mi humilde opinión, la mejor defensa de nuestra soberanía se logra con hechos: hacer que las instituciones funcionen libre y adecuadamente: que la Fiscalía, por sí y de manera autónoma investigue y ejerza la acción penal contra quienes resulten responsables de delitos, sin importar que se trate de AMLO, los amlitos, de la exfamilia presidencial o de los amigos y socios de ellos.
Por lo pronto, para bajarle presión al requerimiento, debe entregar al resto de los diez que quedan: que se vayan a radicar a EU durante una larga temporada: Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y demás requeridos. En el caso nada le valdrá el que alegue que Inzunza goza de inmunidad. Con ella o sin ella debe entregarlo.
Como están las cosas, la noche del 15 de septiembre, la presidenta Sheinbaum, debió haber gritado: “Que viva la impunidad y que muera nuestra soberanía”.
Arsenal
México, Irán y Cuba, en la mira del sheriff mundial
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Por razones obvias nos hemos concentrado en los señalamientos que el presidente Donald Trump hizo ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el sentido de que México es el ”epicentro de la violencia” de los cárteles.
Pero el jefe de la Casa Blanca, erigido en gendarme del mundo, dijo otras cosas que hay que resaltar. Amenazó con “aniquilar” Irán, si no se alcanza un acuerdo que ponga fin a la costosa guerra que él mismo comenzó.
Se pronunció por la desaparición de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que juzga a los peores criminales del mundo. Y, sobre todo, predijo la pronta caída del régimen comunista en Cuba “que enfrenta una fuerte presión, la más grande que jamás haya sufrido”.
Aseguró que la isla, de menos de 9.4 millones de habitantes y 104 mil metros cuadrados, es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, entre otras cosas.
* Los señalamientos del republicano sobre México llegaron a la tribuna del Senado en voz de la senadora del PAN, Lilly Téllez, a pesar de que el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Higinio Martínez, la instaba a apegarse al tema que se debatía en materia de salud.
Lilly, quien llevaba su megáfono por si le apagaban el micrófono, no hizo caso, y dijo textual: “Los mexicanos deben saber que hoy nuestro país es motivo de noticia y de vergüenza internacional. Hace apenas unas horas, en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos dijo que México es el epicentro de la violencia de los cárteles.
“Esto es brutal, no tiene precedente en la historia de nuestro país. Estamos ante el momento más grave de la vergüenza en la que el narcopartido, Morena, ha llevado a México… Si no quieren que se diga en la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, que Sheinbaum rompa el narco pacto”.
* Ya que estamos. La violencia en Sinaloa no da tregua. Entre el martes y el mediodía del miércoles se registraron otros dos homicidios y cinco carros robados. La guerra entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa acumula ya más de tres mil muertos y cuatro mil desaparecidos.
Sobre la enésima amenaza de EU, sin consecuencias, hasta ahora, hablamos con la senadora del PRI, Paloma Ruiz. “Yo creo —nos dijo— que están esperando una reacción del gobierno mexicano, pero vemos muy lejana esa reacción.
“Hubiera sido un mensaje muy positivo si realmente la Presidenta, en lugar de justificarlos y protegerlos, hubiera reaccionado. Se ha dedicado a proteger a Rocha, más que a proteger a las y los sinaloenses.
“En lugar de cuidar las relaciones con Estados Unidos, vuelve a justificar la postura de su gobierno con esto de que no hay pruebas. Todo mundo sabe que si Estados Unidos lo está diciendo, es que tienen muchísimas pruebas.
“En lugar de cuidar esa relación con el mayor socio que tenemos, se dedica a cuidar a un delincuente. Eso es lo que es Rocha Moya”.
* Ya era hora de que alguien propusiera que el Presidente (a) de la República regrese al Congreso de la Union a rendir su informe anual de gobierno. Lo hizo ayer Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.
Presentó una iniciativa para reformar los artículos 69 y 89 de la Constitución a fin de que el titular del Ejecutivo rinda cuentas ante los representantes populares, en lugar de transformar ese importante evento en un ejercicio de propaganda a favor del régimen en turno, frente a un auditorio que de antemano le aplaude.
No hay duda que la presencia física del Presidente(a) frente a las Cámaras visibiliza que el Ejecutivo no está por encima del Legislativo. En un sistema presidencialista como el mexicano, donde el jefe del Ejecutivo concentra mucho poder, ese acto simbólico y político tiene peso.
El titular del Ejecutivo en México dejó de estar obligado a presentar, en persona, su Informe de Gobierno ante el Congreso, a partir de la reforma al artículo 69 de la Constitución, publicada el 15 de agosto de 2008.
Dos incidentes precedieron esa reforma. El 1º de septiembre de 2006, el entonces presidente, Vicente Fox, no pudo leer su Sexto Informe de Gobierno. Legisladores del PRD tomaron la tribuna. Se hizo un caos. El mandatario panista entregó el documento y se retiró.
Al año siguiente la misma historia. Felipe Calderón apenas habló unos minutos y se vio obligado a retirarse en medio de ruidosas protestas.
La Iniciativa de Moreira propone un nuevo formato institucional. Incluye la asistencia obligatoria presidencial y, concluida su presentación, realizar los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras.
Posteriormente, el titular del Ejecutivo responderá a las preguntas formuladas por los representantes de los grupos parlamentarios.
¿Le gusta la idea?
Juegos de poder
¿Por qué el fracaso de las fiscalías en México?
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
Vaya ridículo de la Fiscalía General de la República (FGR) en la supuesta incautación, la mayor en la historia, de combustible ilegal, mejor conocido como huachicoleo, en Guanajuato. Con bombo y platillo, las autoridades federales y estatales anunciaron el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos refinados que estaban en la estación de almacenamiento más grande del Bajío.
Gran golpe. Aplausos. Pero… lástima Margarito. Todo resultó en un nuevo fiasco de la FGR.
La empresa propiedad de las instalaciones, Grupo SIMSA, rápidamente aclaró que se trata de almacenamiento legal de combustibles para terceros y que cuenta con los permisos correspondientes. Por lo pronto, no hay evidencia ni de robo a Pemex —huachicol tradicional— o introducido al país evitando impuestos —huachicol fiscal—. La FGR está revisando documentación y determinando la procedencia y situación legal del combustible.
Todo mal.
Al margen del daño económico y reputacional que la FGR le hizo a Grupo SIMSA cerrando sus instalaciones, los mexicanos comprobamos, una vez más, que nuestras fiscalías, incluyendo la federal, no funcionan.
El peor de los mundos: en un país donde se cometen miles de delitos al día, las fiscalías investigan poco y mal.
En este nuevo caso, la FGR debió haber investigado, conseguido pruebas, identificado la red de robo o contrabando, asegurado el combustible ilegal, emitido órdenes de aprehensión, detenido a los inculpados y procedido a la judicialización. En lugar de este trabajo profesional, se limitaron a interceptar una pipa cuya documentación y procedencia del combustible generaron sospechas, realizaron algunos cateos e incautaron el enorme centro de almacenamiento.
El operativo judicial ocurrió el 4 de septiembre, casi dos semanas antes del anuncio del “mega decomiso”, y la planta volvió a operar el 10 de septiembre. Llama la atención que el anuncio se hiciera hasta el 17 de septiembre, un día antes de la visita de la Presidenta a Guanajuato.
¿Pirotecnia política?
Muy posiblemente.
Este nuevo fiasco de la FGR nos regresa a la pregunta de por qué las fiscalías, sean las estatales o la federal, son tan deficientes.
No es nuevo que investiguen poco y resuelven todavía menos, lo cual explica en buena medida los altísimos niveles de impunidad en México. Es un problema que han venido heredando los presidentes y gobernadores. Ninguno lo ha resuelto.
En junio de este año, México Evalúa publicó el estudio Radiografía de las fiscalías en México. Ahí se presenta un diagnóstico del problema a diez años de la implementación nacional del sistema penal acusatorio. Su conclusión es que el país cambió las leyes y convirtió procuradurías en fiscalías autónomas, pero la forma cotidiana de investigar delitos no se transformó al mismo ritmo.
Para empezar, hay un problema de rezago. Al cierre de 2024 había más de 2.6 millones de casos sin concluir, y esa cifra no incluye los asuntos enviados a archivo temporal. Mientras las instituciones reciben nuevos casos, cargan con un enorme inventario de investigaciones anteriores.
Luego está el asunto de su funcionamiento. El sistema acusatorio supone investigaciones más estratégicas, con ministerios públicos, policías de investigación, peritos y analistas trabajando coordinadamente. Sin embargo, muchas fiscalías siguen utilizando prácticas propias del antiguo sistema inquisitivo: expedientes escritos, burocratización de las investigaciones y procedimientos poco orientados a resolver el caso.
En lugar de avanzar una investigación o tomar una decisión definitiva, numerosas carpetas quedan estacionadas. Al mismo tiempo, hay bajos niveles de judicialización y un aprovechamiento insuficiente de mecanismos alternativos.
México sustituyó las procuradurías dependientes del Presidente y los gobernadores por fiscalías autónomas. La autonomía ha resultado una entelequia. En la práctica, siguen dependiendo de estas autoridades, quienes, ahora, tienen el pretexto para lavarse las manos cuando hay pifias en la procuración de justicia: se justifican alegando que los fiscales son autónomos, cuando no lo son.
No ha existido voluntad política por darles los recursos materiales, financieros y humanos para mejorarlas. Lo que ha existido es la perseverancia de utilizarlas para premiar o castigar a aliados o adversarios políticos.
Anótese, entonces, la mayor incautación de combustible ilegal como una pifia más en la larga lista de fracasos de las fiscalías, en este caso de la FGR. Anunciaron como un golpe histórico contra el huachicol el aseguramiento de 59 millones de litros cuando todavía no habían acreditado que todo ese combustible fuera ilícito. Días después, FGR sigue investigando su origen y trazabilidad.
Astillero
La estropeada retórica de Trump // Amagos en la ONU // Doble nacionalidad e historia // Ariadna: encuestas posdatadas
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
Tales palabras en tal escenario hubieran producido escándalo y riesgos inminentes si las hubiera pronunciado otro orador y en otras circunstancias. Pero Donald Trump sólo reiteró su retórica chantajista (con el doble juego del policía bueno y el policía malo) y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ya no tiene la relevancia que de alguna manera llegó a tener.
La palabrería presuntamente apocalíptica de Trump (“México, el epicentro de la violencia de los cárteles”, equiparación con ISIS) ha ido cediendo ante la realidad, como se ha visto en el estrecho de Ormuz y en Irán en general, pero no sólo ahí. Es una especie de caricatura de Calígula, que mantiene poder letal y diariamente se comporta como aspirante a emperador demencial, pero en constante deterioro general (no sólo mental), en caída de popularidad, desesperado por frenar a China y con indicios crecientes de que podría sufrir un revés electoral en las intermedias de noviembre venidero.
Por ello es que la reiteración de sus amagos debe sobrellevarse sin mayores alarmas de las ya cotidianas. Preocupante, en todo caso, es que más allá de lo discursivo, México esté cediendo en terrenos comerciales y de seguridad nacional. Sosegar los enojos y agresiones verbales de Trump no debería implicar el abatimiento del interés popular (la defensa del medio ambiente, por ejemplo) para satisfacer los estadunidenses apetitos empresariales de neoliberalismo crudo que se están aceptando en los “polos de desarrollo”, a cuenta del llamado “Plan México”.
La historia de México, el registro de las diversas formas de intervención extranjera, han propiciado la aprobación de contenciones legales diversas, que podrían parecer impropias o excesivas en una primera lectura simple, pero tienen fundamento claro en momentos críticos o peligrosos, como los que actualmente fabrican contra México el trumpismo y Estados Unidos en general (sean republicanos o demócratas los ocupantes de la Casa Blanca).
En ese contexto, es válida la prohibición de que tengan doble nacionalidad quienes aspiran a presidir el país o gobernar sus estados y la capital nacional. En la Constitución hay reservas, por ejemplo, a la participación electoral de ministros de denominaciones religiosas (que a partir de la reforma salinista pueden votar, pero no ser votados como candidatos si no se separaron con la debida anticipación de su cargo religioso). En el caso de la doble nacionalidad, pareciera que quienes aspiran al intervencionismo estadunidense, y lo solicitan, están también en contra de esta justificada restricción que ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general.
La presidenta nacional de Morena rechazó que en la designación de “coordinadores estatales” no se hubiera tomado en cuenta al Partido del Trabajo y planteó la importancia de mantener las alianzas de la 4T, aunque sin abrir resquicio alguno para la eventual corrección de virtuales postulaciones ya asignadas. “Aspiraría a que estemos todos juntos (…) Todo va a ser arriba de la mesa”, señaló Ariadna Montiel, dejando en el aire si acaso el partido discrepante estuviese intentando negociaciones por debajo de la citada mesa.
El método de las encuestas para definir virtuales candidaturas ha generado desconfianza entre aquellos que oficialmente quedan como perdedores (las encuestas son un disfraz del dedazo, reconoció años atrás el secretario de Formación Política de Morena, Enrique Dussel, filósofo, académico, teólogo y escritor que falleció en 2023). Ante ello, la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, además de elogiar el método y los resultados, instó a que se den a conocer los ejercicios demoscópicos correspondientes. Montiel, en respuesta aunque sea posdatada, anunció que se harán públicas tales encuestas, pero hasta después que haya terminado el proceso de las 17 “coordinaciones”.
Y, mientras se valoran en toda su trascendencia los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en cuanto al descenso de la fecundidad en México.
Dignidad y soberanía
LUIS LINARES ZAPATA
La Jornada
El incesante llamado presidencial a la defensa de la propia independencia y soberana voluntad no desfallece, acentúa su urgencia. Se renueva con creciente pasión y fuerza retórica. No importa ante qué tipo de auditorio se encuentre situada, la Presidenta, como su antecesor, insiste en similar o idéntica visión. Siete largos años reviviendo palabras y conceptos que habían caído en desuso y hasta ninguneado olvido. La urgencia de dar cabida a intereses, pretendidamente más importantes, los habían arrumbado. Esa dignidad, que ahora se rescata, exige lugar preponderante y presencia efectiva. Se negó a quedar como pasado de actualidad o moda. La soberanía, como la independencia, le seguían en un orden de referencia que las sometía a lenta, triste retaguardia. El modelo neoliberal presentaba otra suerte de valores. Eran asuntos de eficacia, no de visión humana. Fueron, durante esos cruentos tiempos, ideas que no se podían monetizar con la premura que la eficiencia planteaba y requería.
Con tal planteamiento conservador, poco a poco se perdió la oportunidad de matizar el horizonte que la humanidad necesitaba. Fue una tendencia directa hacia la deshumanización y las medianías de dignidad y angustias del pueblo. Fue, en verdad, un dominio mundial que llegó a tener subyugadas naciones enteras. Sobreponerse a sus mandatos implicaba luchar contra una loza aplastante y de múltiples repercusiones, a cual más de ellas, rígidas y severas. Superar tan extendido modo de pensar y actuar no ha sido una tarea fácil y sin consecuencias. Cada paso en distinta dirección implica serios costos crecientes. Era, en el caso mexicano, iniciar y continuar por una ruta plagada de enfrentamientos y castigos concomitantes que no han cesado. Por el contrario, su capacidad opositora aumenta en la medida que afecta intereses ya bien consolidados y masivos. Las defensas que se requiere vencer han sido probadas y afinadas con el tiempo. El volumen de los intereses que movilizan –sobre todo mediáticos– no es, para nada, despreciable. Por el contrario, es preciso sopesarlos en toda su magnitud y poder. Contrariarlos para someterlos puede apuntarse como consigna.
En esa lucha va enrollada la dignidad de cada ciudadano donde, una vez socializada, adquiere su magna valoración completa. Corre, todavía, indigna crítica que se empeña en señalar la poca significación que conlleva tan etérea valoración. Tachan, desde la actual oposición, como simple necedad, aspirar a una independencia que resulta imposible y a una dignidad que, apenas llega a formularse, desaparece. Pugnar en esa dirección equivale a ignorar las capacidades del oponente, tanto del país como las individuales. Ese modo de pensar y mover a la acción del conservadurismo, implica aceptar continuada dependencia y menosprecio del valor personal. Tal alegato crítico, en estos días de afanes reconstructivos, se considera inaceptable. Hay imperiosa necesidad de auxiliar al individuo, al pueblo de ciudadanos conscientes, de una clara identidad, de extensa libertad y firme independencia. Ahí, en esa forma de conducir los ánimos colectivos va implícita la invaluable dignidad.
Muchos de los ataques que se reciben desde el exterior, en particular desde la ultraconservadora élite estadunidense que gobierna ese dividido país, implican feroz ninguneo y desvaloración del mexicano. Ser intolerante a tan vil y arrogante postura, es defender el presente de la nación y el respeto por cada uno en particular, hoy y mañana. Las ramificaciones de acentuar lo propio son vastas, implican al ciudadano, motor de las transformaciones en marcha. Ya sea que se refiera al deportista o al migrante, al oponente, inversor, empresario, lector o simple estudioso ciudadano. Todas y cada una de las facetas que abarca el desempeño, cotidiano y profesional del individuo, conlleva ese obligado aprecio indispensable.
Hace apenas unos cuantos años, un famoso caricaturista indagaba quién era ese pueblo. Nadie lo conocía, él no era el referente, respondían hasta con airado donaire. Una dramática consecuencia de su ninguneo desde el poder local mismo de esos tiempos. Durante incontables décadas el concepto pueblo fue sólo una palabra etérea, sin contenido. Sin políticas publicas precisas a él dirigidas. Sólo una vacía referencia discursiva. Sin beneficios ni atenciones, sin la primigenia dignidad, despojado y sometido a la miseria y marginalidad exclusión por crecientes números millonarios.
Ahora, en cambio, se precisa trabajar, arduamente, para que, a ese mexicano concreto, le sea restituida, con derechos, toda la dignidad correspondiente. Forzar su valoración y albedrío en una pugna de largo aliento, atada al desarrollo, la cultura y la innovación. Ensartado al duro y pertinaz esfuerzo cotidiano de conciencia. Con el minucioso y continuado trabajo constructor de la nación entera. Exigir, en fin, que cada ciudadano de ese heterogéneo pueblo, obtenga el respeto de ser libre e independiente.