Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
El voto oculto que puede decidir la elección
El INE parece tener una venda en los ojos, pero sí tiene lentes para ver lo que le cuestionamos los ciudadanos en redes sociales e ir por la persecución de quienes ejercen su libertad de expresión. Necesitamos que deje de actuar como si estuviera inclinado hacia un lado.
Proceso
El 10 de septiembre de 2026 se inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, aunque las campañas todavía no comienzan.
Y fue el propio consejero electoral Arturo Castillo Loza quien denunció la resistencia de los partidos a respetar las reglas, el abuso de la normativa y la realización de eventos disfrazados de campañas.
Lo que no entienden o no “quieren entender” los coordinadores, o como les llamen en sus movimientos, es que arrancó la ruta institucional que implica instalar los consejos locales y distritales, organizar, capacitar, preparar la infraestructura electoral y garantizar las condiciones para una jornada que tendrá lugar el 6 de junio de 2027.
¿Qué es lo que realmente les preocupa? ¿Perder la mayoría calificada y ya no poder modificar la Constitución a su antojo? Al contrario, podría venir un revés, seguramente en buena parte sobre aquello que desaparecieron.
Por ello, esta elección es relevante y no sólo por la renovación de las 500 diputaciones federales. También se celebrarán elecciones locales para miles de cargos, entre ellos 17 gubernaturas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Que, por cierto, la transparencia y la legalidad son de lo que menos estamos viendo en su proceso de destapar a sus supuestos coordinadores, que realmente están disfrazando como precandidaturas. De esa manera, el INE parece tener una venda en los ojos, pero sí tiene lentes para ver lo que le cuestionamos los ciudadanos en redes sociales e ir por la persecución de quienes ejercen su libertad de expresión.
Las precampañas comenzarán oficialmente el 4 de enero de 2027 y las campañas, formalmente, el 4 de abril y concluirán el 2 de junio. Es decir, todavía falta tiempo para que los ciudadanos entren de lleno a la etapa de decisión, reflexionen, conozcan oficialmente a los candidatos y candidatas de la contienda y elijan a quienes consideren que pueden representar un verdadero progreso para cada entidad.
Aquí lo increíble es el engaño: las narrativas de triunfos, la violación de la ley descaradamente. Desde meses atrás vemos movimientos políticos, posicionamientos, encuestas, acuerdos y nombres que comienzan a festejar como si la elección ya estuviera resuelta.
Y hay algo muy interesante: existe un voto oculto que puede ser mucho más relevante de lo que hoy alcanzamos a medir.
No me refiero a un voto que carezca de preferencias. Me refiero a ciudadanos que no se sienten libres de expresar públicamente lo que piensan.
Son personas que prefieren guardar silencio porque dependen de un empleo, porque temen perderlo, porque tienen una relación laboral con algún gobierno o porque consideran que expresar una preferencia política distinta puede traerles represalias.
Ese voto existe. Está ahí, pero permanece en silencio. Y ese voto puede resultar decisivo.
Y quizá ese sea uno de los grandes errores de quienes hoy creen que las encuestas a modo, los acuerdos políticos en la opacidad o las estructuras gubernamentales permiten anticipar el resultado.
Una cosa es lo que un ciudadano dice frente a los demás y otra, muy distinta, lo que hará cuando esté solo frente a una boleta.
Precisamente por eso, el papel del INE es fundamental. Necesitamos que deje de actuar como si estuviera inclinado hacia un lado.
Su responsabilidad no es únicamente organizar técnicamente una elección; también es garantizar que las reglas se respeten, que exista equidad en la competencia y que los ciudadanos tengan confianza en que su voto será respetado.
No puede ser indiferente ante la promoción anticipada ni permitir que la competencia se adelante mientras algunos actores construyen ventajas fuera de los tiempos establecidos.
Los señalamientos sobre posibles aviadores, compromisos o estructuras internas deben investigarse y, en su caso, corregirse. Una institución encargada de garantizar elecciones democráticas debe ser particularmente escrupulosa y transparente y no dedicarse a perseguir a ciudadanas y ciudadanos que observan sus actuaciones.
La verdadera evaluación será el 6 de junio. Nada está escrito. Vigilemos el uso de recursos públicos. También debemos recordar que los programas sociales son derechos reconocidos constitucionalmente y que no son dádivas de una persona o de un gobierno, porque presentarlos como favores personales puede convertirse en un arma poderosa para el engaño.
Existen personas que llevan toda una vida trabajando en los gobiernos de estas 17 entidades federativas. Profesionales preparados, capaces y ajenos a la política partidista que no deberían convertirse en moneda de cambio. El empleo público no puede utilizarse para condicionar preferencias políticas. El ciudadano no puede tener que elegir entre su trabajo y su libertad para votar.
Por eso, el verdadero reto democrático no está solamente en saber quién será candidata o candidato a cualquier puesto de esta elección. Está en garantizar que cada ciudadano pueda llegar a la urna sin miedo, con la libertad de elegir y con la certeza de que su decisión será respetada. Porque hoy no conocemos realmente la dimensión de ese voto oculto, pero lo percibimos y lo conoceremos el domingo 6 de junio de 2027.
Ese día se sabrá quién logró convencer al ciudadano y quién solamente creyó tenerlo de su lado. También se evaluará si el árbitro electoral fue imparcial.
Porque el voto que hoy no se ve puede ser, precisamente, el voto que decida la elección.
Razones
“Exponer, arrestar y enjuiciar”
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
Para Bibiana Belsasso, por la presentación de su libro
y su programa: Sin Bajar la Guardia.
El gobierno de Donald Trump, más allá de los avances que se puedan generar en otros ámbitos, no va a retroceder en un capítulo que para ellos es principal: la destrucción de las redes de protección política de los grupos narcoterroristas. En eso tienen toda la razón: sin la destrucción de esas redes, todos los avances en detenciones, decomisos e incautaciones están destinadas a perder su efectividad en el tiempo: la protección política y la corrupción, son las que hacen posible la permanencia del crimen organizado.
El diagnóstico que hace la administración Trump el día de ayer en el documento sobre la Determinación presidencial sobre los principales países productores de drogas ilícitas para 2027, una suerte de certificación antidrogas de nuevo cuño, no deja lugar a dudas y es difícil de rebatir.
Dice el documento de la Casa Blanca, refiriéndose a lo que sucede en América del Norte, que si bien se han asegurado con éxito las fronteras estadunidenses, la que tienen con Canadá y con México, ambos países necesitan hacer mucho más “para detener los flujos de drogas mortales hacia nuestro país”. El fentanilo, señala el documento, “continúa produciéndose ilícitamente en laboratorios canadienses clandestinos, y los productos químicos precursores y las drogas sintéticas continúan ingresando a los Estados Unidos a través de Canadá”. Este país, continúa, “necesita tomar medidas significativas para desmantelar los laboratorios de drogas, fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y degradar las redes criminales y las pandillas chinas que operan a lo largo de nuestra frontera norte”. Es durísimo, pero no es una visión parcial sobre lo que sucede en Canadá respecto al fentanilo, una droga que también ha hecho estragos en ese país: en Canadá hay narcolaboratorios, muchos de ellos manejados por cárteles chinos y mexicanos, y por allí ingresan muchos de los precursores que se utilizan para producir fentanilo ilegal. No es algo nuevo: eso está detectado, por lo menos, desde las primeras investigaciones sobre las muertes por fentanilo, entre 2016 y 2017.
El diagnóstico que se hace de México es más complejo aún: dice el documento que reconoce “a la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos policiales y militares adicionales en nuestra frontera compartida. Además, agrega, la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México ha ayudado a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho”.
Pero no se queda ahí: “Sin embargo, destaca, México debe tomar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas áreas de su territorio y continúan amenazando al pueblo estadunidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro solicitando una mayor participación de la industria privada y aumentando significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada. Además, las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para mantener y expandir sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales. Esto incluye exponer, arrestar y enjuiciar a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
No se puede estar en desacuerdo con ninguno de estos juicios. Los grupos del crimen organizado siguen controlando vastas zonas de la geografía nacional. Cuando se habla demasiado de soberanía se olvida que nada vulnera más la misma que no tener control pleno del territorio nacional. Se debe incrementar mucho más la seguridad y el control de los puntos de entrada al país: simplemente los escándalos de contrabando fiscal y las denuncias de corrupción sobre aduanas son una demostración de que en ese ámbito hay muchísimo aún por hacer.
También es verdad que no destinamos los recursos suficientes para la seguridad civil y militar. Países como Chile o Colombia invierten mucho más de lo que destina México para estos rubros y muchos de esos recursos en nuestro caso se pierden en gastos administrativos y laborales que no van al centro de esa actividad. Los países de la OCDE invierten cerca de 1.7 por ciento del PIB en seguridad, México destina cerca de 1.28 por ciento, ubicándose entre los miembros que menos invierten en ese rubro. El promedio de los países de América Latina y el Caribe es de 2.2 por ciento del PIB, superando ampliamente el gasto reportado por México. Esto es mucho más notable aún porque, de acuerdo con reportes como el Índice de Paz México, el costo económico de la inseguridad y la violencia equivale a 18 por ciento del PIB, superando con creces la inversión destinada a prevenirla o combatirla.
Y sobre todo tiene razón el informe en que una de las principales exigencias es “exponer, arrestar y enjuiciar a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
Los discursos sobre la injerencia externa tendrían que diferenciar la propaganda de los diagnósticos certeros sobre la situación del país.
Juegos de poder
Una fotografía de la inseguridad en México
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
El pasado 10 de septiembre, el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 cuyo objetivo es obtener información representativa a nivel nacional y estatal sobre la victimización delictiva y la percepción de seguridad. En este caso, se refiere a delitos ocurridos durante 2025, mientras que la percepción de inseguridad y evaluación de autoridades se levantó entre febrero y abril de 2026.
La fotografía general es bastante clara: la proporción de personas víctimas de delitos bajó ligeramente en 2025, pero la incidencia delictiva prácticamente no cambió; la enorme mayoría de los delitos sigue sin llegar efectivamente al sistema de justicia y tres de cada cuatro adultos perciben inseguridad en su estado.
En 2025 hubo 23 millones de víctimas adultas, equivalentes a 23 mil 473 por cada 100 mil habitantes. Esto representa una disminución estadísticamente significativa frente a las 24 mil 135 víctimas por 100 mil de 2024. El 28.5% de los hogares, unos 11.7 millones, tuvo al menos una víctima.
Sin embargo, el número total de delitos permaneció muy alto: 33.8 millones, equivalentes a 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes. La tasa no presentó un cambio estadísticamente significativo respecto de 2024. En promedio hubo aproximadamente 1.5 delitos por víctima.
La estructura del delito es interesante porque el principal problema ya no es simplemente el robo. El fraude representa 24.1% de los delitos, seguido de extorsión, 19.8%, y robo o asalto en calle o transporte público, 16.4%. Juntos concentran alrededor de 60% de todos los delitos estimados por la encuesta.
El dato probablemente más preocupante de la ENVIPE es la cifra oculta —delitos no denunciados, denunciados sin carpeta de investigación y los casos en que esto no se especificó— que alcanzó 93.4 por ciento. De los 33.8 millones de delitos, solamente 9% fue denunciado. Y no todas las denuncias terminaron en una carpeta de investigación. En 2024 era 93.2%, de modo que prácticamente no hubo mejoría.
El problema es especialmente extremo en algunos delitos: la cifra oculta alcanza 98.2% en secuestro, 97.5% en extorsión y 96.5% en fraude. El robo total de automóvil es una excepción importante: su cifra oculta es mucho menor, 33.8 por ciento.
Y aun cuando existe carpeta de investigación, los resultados son limitados: en 38.1% de los delitos con carpeta “no pasó nada”.
Las propias víctimas explican parte del fenómeno: entre las razones atribuibles a la autoridad para no denunciar destacan “pérdida de tiempo”, 35.8%, y “desconfianza en la autoridad”, 13.0 por ciento.
La percepción de inseguridad ha disminuido, pero sigue siendo extraordinariamente alta. Entre febrero y abril de 2026, 74.0% de los adultos consideraba inseguro vivir en su entidad, una reducción estadísticamente significativa frente a 2025.
La inseguridad sigue siendo, con diferencia, el tema que más preocupa a la población: 60.7% la menciona, frente a 36.7% salud y 33.8% aumento de precios.
Los espacios que generan mayor inseguridad son el cajero automático en vía pública (70.4%), la carretera (62.6%), el transporte público (62.3%), la calle (58.9%) y el banco (57.4%). En cambio, sólo 14.3% se siente inseguro en su propia casa.
El efecto social va más allá de quienes efectivamente sufren un delito. Por temor, 62.8% dejó de permitir que los menores del hogar salieran solos, 44.7% dejó de salir de noche y 43.1% evitó llevar efectivo. También se reducen actividades como caminar, visitar amigos, viajar por carretera, utilizar transporte público o ir al cine.
En cuanto al costo económico, el Inegi estima que la delincuencia y la inseguridad costaron a los hogares 267 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 1.06% del Producto Interno Bruto. La pérdida promedio por persona afectada fue de 6 mil 130 pesos. Parte considerable del costo de la inseguridad ocurre antes incluso de que haya un delito: cerraduras, puertas, ventanas, rejas y otras medidas de protección.
La confianza en las instituciones de seguridad muestra una brecha muy grande. Entre quienes identifican a cada autoridad, la mayor confianza corresponde a Marina (89.5%), seguida de Fuerza Aérea (88.9%), Ejército (87.0%) y Guardia Nacional (79.4 por ciento). En el otro extremo aparecen las instituciones civiles más cercanas al ciudadano: policía de tránsito 45.8%, policía preventiva municipal 57.1%, jueces 58.3%, MP y fiscalías estatales 58.4% y policía estatal 58.6 por ciento.
En conclusión: la victimización individual disminuyó ligeramente, pero uno de los grandes problemas estructurales permanece prácticamente intacto: la cifra oculta alcanza 93.4% de los delitos.
Astillero
¿Ganadores? ¡Los gobernadores! // Seis de 10, con dos en tratos // Pragmatismo electoral extremo // Trump quiere encarcelados
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
De 10 destapes de virtuales candidaturas morenistas a gobiernos estatales, en seis casos hay gobernadores triunfantes, en dos hay cierta distancia con el mando actual pero con margen para acuerdos, y en dos estados donde el guinda es oposición las postulaciones han transitado sin problema de cúpulas.
No hay indicios de piezas marcadamente impulsadas por Palacio Nacional que estuviesen encaminadas a gobernar alguna de estas entidades federativas. Las primeras victorias pueden ser adjudicadas a las inercias grupales, el pragmatismo electoral, las tesorerías estatales y el poder de las actuales jefaturas políticas de los estados para sacar adelante, en términos electorales, las concesiones, forzadas o por convicción, del poder central.
Los gobernantes ganadores corresponden a Baja California (Marina del Pilar Ávila Olmeda con Julieta Ramírez), Campeche (Layda Sansores con Pablo Gutiérrez Lazarus), Colima (Indira Vizcaíno con Rosa María Bayardo), Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla con Carlos Torres Piña), Quintana Roo (Mara Lezama con Eugenio Segura) y Zacatecas (David Monreal con Verónica Díaz).
En Guerrero, Evelyn Salgado no tuvo espacio para impulsar a su padre al relevo nepótico y ahora el apoyo a Beatriz Mojica Morga está en proceso de negociación, mientras en Sinaloa Rubén Rocha Moya tampoco tuvo capital político para imponer a alguno de sus favoritos, aunque con Imelda Castro se pueden consolidar entendimientos. En dos entidades con gobiernos panistas no hubo mayor problema: Querétaro con Santiago Nieto y Aguascalientes con Nora Ruvalcaba.
Por otra parte, en el mes de la patria, la presidenta Sheinbaum ha centrado su discurso en la reivindicación de la independencia y la soberanía nacionales y el rechazo al intervencionismo extranjero.
Grito nocturno y desfile diurno en la capital del país y en otras ciudades, mientras Donald Trump ha entregado al Congreso gringo un informe anual sobre temas de narcotráfico en cuyas páginas iniciales exige, entre otros puntos, que México desenmascare, arreste y enjuicie a “muchos de los funcionarios públicos corruptos que han asistido e instigado a los carteles y traicionado la seguridad y soberanía de su propio país”.
En el desfile cívico-militar del 16, la presidenta tradujo el concepto de independencia como el hecho de “siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia, ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.
Trump no señala nombre y apellidos de aquellos a quienes refiere sean detenidos y sancionados, pero mantiene vigente la solicitud de acciones contra diez sinaloenses, encabezados por un gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, la metralla mediática de Washington y sus reproductores en México no se refiere solamente a este mandatario, sino a otros más y a personajes hoy pertenecientes al Poder Legislativo e incluso algunos sin cargo formal alguno (Adán Augusto López Hernández en constante inclusión principal en esas quinielas, al igual que un joven aspirante a diputado federal y otros mandatarios estatales).
Astillas
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, adelantó ayer que ya está listo “el informe” sobre los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Tal “informe”, dijo, estará sustentado en las “nuevas líneas que hemos abierto”. A 12 años de los hechos, a cumplirse el próximo 26, es de esperarse que el reporte de la FGR sea algo más que la apertura de “nuevas líneas”. Darle nuevos nombres a la ineficacia y acogerse a discutibles novedades tecnológicas servirá de poco si no se cumplen las exigencias básicas, verdad y justicia, hasta ahora escamoteadas. Ojalá la FGR aporte mucho más que palabrería reformulada o pretensiones de “nuevas” indagatorias…
México SA
Trump y su onerosa “victoria” // Su aventura aumenta costo global // Grupo México: ¿“remediación”?
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
El delirante inquilino de la Casa Blanca no desperdicia día para pregonar que “Irán ha sido derrotado”, que “gané la guerra”, que el poderío militar de la nación persa “ha sido aniquilado” y, de pilón, que “reabrí el estrecho de Ormuz”, no sin antes declarar esa área geográfica como “nuevo territorio de Estados Unidos”. Y como ésas, mil sandeces más. Se cumplen siete meses de la agresión estadunidense-israelí y en ese periodo el magnate naranja no ha dejado de presumir su falsa “victoria”, mientras su cúpula militar se resquebraja y su inventario armamentístico va en declive.
Pero insiste: “¡Gané la guerra!”, dice, no obstante que por medio de su enloquecido secretario de “Defensa”, Pete Hegseth, pide más y más presupuesto para lo que dice que ya obtuvo. De hecho, el pasado martes, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que, hasta el 1º de agosto, la agresión a Irán ha costado a los ciudadanos estadunidenses alrededor de 38 mil millones de dólares y contando. Pero la intención del delirante de aumentar el flujo de recursos es permanente. Y lo único que realmente ha “ganado” es la destrucción de buena parte de sus bases militares en Medio Oriente y el creciente rechazo de la ciudadanía, sin olvidar los costos aparejados para su economía y la mundial.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que la agresión estadunidense-israelí a Irán “pone de manifiesto la magnitud de la interdependencia de la economía mundial y la rapidez con que las disrupciones y los choques se transmiten entre países y regiones. Los canales de transmisión son múltiples: el comercio, la logística y las cadenas globales de valor, los precios y la inflación, las cuentas fiscales y las condiciones monetarias y financieras, así como el crecimiento económico global. Estos canales no operan de manera uniforme y su impacto depende de la inserción internacional de cada economía”.
Tal embestida generó “disrupciones en la navegación del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial, por la que transita alrededor de 50 por ciento del azufre que se comercia por vía marítima en el mundo, 34 por ciento del petróleo crudo, 29 por ciento del gas licuado de petróleo, 19 por ciento del gas natural licuado, 19 por ciento de los productos refinados derivados del petróleo y 13 por ciento de los productos químicos, incluidos fertilizantes. Dada la centralidad de esta ruta en el comercio mundial, las disrupciones del tránsito en el estrecho de Ormuz han afectado a múltiples cadenas de suministro, que se extienden a diversos sectores productivos”.
Los daños a infraestructuras críticas en los países del golfo Pérsico y la paralización casi total del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz han provocado merma en la producción y el comercio de bienes claves, especialmente en los mercados de energía y sus derivados. “Dada la alta concentración geográfica de la oferta mundial de ese tipo de bienes en esta región y las limitadas posibilidades de sustitución en el corto plazo, se han generado restricciones significativas de oferta a escala internacional, configurando –en el caso del petróleo– la mayor disrupción en la historia del mercado mundial”.
En el contexto de las restricciones de oferta y las disrupciones logísticas descritas, señala la Cepal, los precios de los bienes cuya producción y comercio están concentrados en la región del golfo Pérsico (principalmente petróleo, gas natural, combustibles y fertilizantes) se dispararon tras la agresión a Irán, afectando rápidamente los precios mundiales de la energía e, indirectamente, a los de productos relacionados (alimentos, químicos y petroquímicos).
Los precios de los alimentos se han incrementado y es previsible que el encarecimiento de la energía y de los fertilizantes continúe trasladándose gradualmente debido a su impacto en los costos de la producción agrícola y del transporte en las próximas cosechas. “El aumento de los precios de la energía y de otros insumos, junto con los problemas de oferta y los mayores costos del comercio internacional, apuntan a un escenario de inflación mundial más persistente y elevada”.
Pero insiste: “¡gané la guerra!”
Las rebanadas del pastel
Casi dos meses después del más reciente derrame tóxico cerca de Naco, Sonora, nada se sabe del “plan de remediación” que supuestamente pondrían en marcha Grupo México y su subsidiaria Ferromex, responsable directa. Lo que sí se conoce es que murió una de las víctimas tras permanecer hospitalizada por las graves afectaciones dada su exposición a los gases liberados. Entonces, ¿hasta cuándo?