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Lo que dicen los columnistas
Corrupción: beneficiarios finales protegidos
La percepción ciudadana es que la corrupción se combate de manera selectiva: se llega a los niveles medios y bajos, pero pocas veces se alcanza a quienes tienen mayor poder económico, político o capacidad de decisión. ¿Dónde están los grandes peces?
Proceso
Cada día conocemos presuntos actos de corrupción. Todo ello gracias al periodismo de investigación y a las denuncias de la sociedad.
Empresas fantasma, compañías vinculadas entre sí, contratos adjudicados sin respetar la ley, operaciones poco claras y reuniones entre actores políticos y empresarios que, mientras públicamente se quejan de los impuestos y aseguran que el Estado los está “ahorcando”, por otro lado parecen encontrar caminos alternativos para avanzar y acercarse al poder.
Pero ¿quién está realmente detrás de esas personas, empresas, contratos y operaciones?
Porque cuando hablamos de corrupción no basta con conocer el nombre de una persona física o de una empresa. Hay que saber quién está detrás de ellos, quién toma las decisiones y, sobre todo, quién recibe finalmente los beneficios.
El concepto de beneficiario final no es nuevo. En México, jurídicamente se utiliza el término “beneficiario controlador”, y la legislación establece que debe identificarse a la persona física que, en última instancia, obtiene los beneficios económicos o ejerce el control sobre una entidad.
Entonces, si las herramientas legales existen, ¿por qué seguimos sin conocer a los grandes beneficiarios de determinadas operaciones? Ese es precisamente el problema que debemos atender. No se necesitan necesariamente más leyes: se necesita aplicar las que ya existen.
Parece que fue ayer cuando discutíamos y resolvíamos las peticiones de información y verdad sobre los problemas del Tren Maya, Dos Bocas, las plataformas de Pemex, el robo de combustible, la estafa de Segalmex, el Tren Interoceánico o el desabasto de medicamentos. Proyectos y decisiones que han generado cuestionamientos, costos, retrasos o consecuencias que, en algunos casos, siguen vigentes.
Mientras tanto, la percepción ciudadana es que la corrupción se combate de manera selectiva: se llega a los niveles medios y bajos, pero pocas veces se alcanza a quienes tienen mayor poder económico, político o capacidad de decisión.
¿Dónde están los grandes peces?
También preocupa el desempeño de algunas instituciones que deberían ser garantes de nuestra democracia, justicia y combate a la corrupción. Una Suprema Corte que, en determinadas actuaciones, ha generado cuestionamientos por el nivel de preparación o conocimiento mostrado por algunas de sus integrantes. Un Instituto Nacional Electoral cuyas decisiones recientes también han provocado dudas y desconfianza respecto de su imparcialidad.
Y cuando las instituciones que deberían generar certeza empiezan a generar dudas, el problema deja de ser solamente institucional: se convierte en un problema de confianza pública.
Ahora se anuncia un nuevo paquete de reformas anticorrupción. Bienvenido cualquier esfuerzo que fortalezca la fiscalización, la investigación y la sanción de los actos de corrupción.
Pero regresamos al inicio: ¿realmente necesitamos nuevas leyes para empezar a actuar?
Porque con las herramientas jurídicas que ya existen se puede investigar, fiscalizar, identificar responsabilidades, determinar beneficiarios y, cuando existan elementos suficientes, sancionar a quienes hayan cometido un delito.
El problema muchas veces no está en la ausencia de normas, sino en la falta de voluntad, capacidad institucional y resultados.
No podemos convertir cada nuevo escándalo en una investigación periodística que después desaparece de la conversación pública sin que existan consecuencias. El periodismo está haciendo su parte: investigar, documentar y poner los hechos frente a la sociedad.
Ahora corresponde a las instituciones hacer la suya.
La corrupción no termina cuando encontramos una empresa fantasma. Empieza a combatirse de verdad cuando llegamos a la persona de carne y hueso que se benefició de ella y, si cometió un delito, responde ante la justicia.
Por eso, el verdadero reto del paquete anticorrupción no será anunciar nuevas leyes. Será demostrar que el Estado puede utilizarlas para llegar hasta quienes antes parecían intocables.
Porque mientras los responsables finales permanezcan ocultos, mientras los grandes beneficiarios sigan sin ser identificados y mientras la impunidad continúe siendo más fuerte que las instituciones, seguiremos sin creer en el combate a la corrupción.
Razones
Unidad, soberanía y paranoia
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
La unidad y la soberanía, los dos ejes del informe y de la narrativa presidencial, entran en una lógica impredecible cuando se transita hacia teorías de la conspiración.
Semanas atrás, el director de la DEA, Terrance Cole, en una reunión internacional de lucha contra las drogas, en Buenos Aires, describió al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, como un “socio de confianza” y “un buen amigo”. Lo reiteró en otros ámbitos. Es evidente, antes y después de esa declaración, que para la administración Trump, García Harfuch es un interlocutor válido en temas de seguridad. Ése tendría que ser motivo de satisfacción para un gobierno que no está pasando por su mejor momento en la relación con Estados Unidos. Para transitar con un gobierno y un presidente como Trump, la interlocución personal es clave: por eso es un error, por ejemplo, que la presidenta Sheinbaum, más allá de muchas llamadas telefónicas, no se haya sentado cara a cara con Trump.
Pero ayer se fue más allá. Durante la mañanera, la Presidenta explicó que esos elogios selectivos —hablar bien de un integrante del gabinete mientras se presiona o se revoca visados a otros funcionarios del oficialismo, dijo— forman parte de una estrategia deliberada para “generar divisiones al interior del gabinete de seguridad” y debilitar a los gobiernos que, en sus palabras, defienden su soberanía.
“Piensan, agregó la Presidenta, que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso, porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo… Ellos buscan, de una u otra manera, debilitar a los gobiernos, porque esto es uno de sus objetivos y en particular gobiernos independientes, que defendemos la soberanía, buscan dividirnos internamente, es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, generar división del gabinete federal, son tácticas de injerencia”.
¿De verdad pensamos que elogiar a un funcionario (han elogiado en distintos ámbitos a García Harfuch, pero también al general Trevilla, a Marcelo Ebrard, a Roberto Velasco, entre otros pocos) es una estrategia injerencista para dividir al gobierno?, ¿tanto dolió en los sectores duros de la 4T que en esa reunión de la DEA no se elogiara al gobierno como un todo?, ¿de verdad piensan que se debe medir de la misma forma a García Harfuch que a Rocha Moya, al general Trevilla que a Fernández Noroña?
En el ámbito de la seguridad, vale preguntarse si eso sería posible cuando estamos hablando de un gobierno que al mismo tiempo que ha detenido a más de 30 mil delincuentes y desmantelado todo tipo de laboratorios de drogas, ha decidido no desarticular las redes de complicidad y protección política de los cárteles, evidente en el caso de Rocha Moya o Enrique Inzunza y los demás acusados en Sinaloa. Pero también con el medio centenar de políticos y funcionarios a los que se les ha quitado la visa estadunidense y en las más de 200 investigaciones abiertas contra ellos en la justicia estadunidense.
Estados Unidos, lo hemos dicho aquí muchas veces, no tiene una doble o triple política en estos temas: tiene una misma estrategia que transita por vías alternas para enfrentar una realidad que dista de ser homogénea: somos el principal socio comercial de Estados Unidos, hay enormes cadenas integradas de producción regional, son millones los ciudadanos estadunidenses que tienen origen mexicano, pero, al mismo tiempo, los cárteles son los proveedores de drogas que, como el fentanilo, ha matado a cientos de miles de estadunidenses, que fomentan la inmigración ilegal y que son parte de una trama internacional que afecta los intereses estadunidenses en muchas partes del mundo. El CJNG o lo que fue el Cártel de Sinaloa tienen presencia en más de 40 países en el mundo.
Por supuesto que se buscará con quiénes trabajar y a quiénes oponerse, en un gobierno y con un partido en el poder que, por más que se diga, exhibe profundas divisiones internas y defiende simultáneamente intereses contradictorios. Colocar todo eso en el terreno de la injerencia es la demostración de cómo la paranoia se puede apoderar de muchas decisiones institucionales.
La de la injerencia es una narrativa que se queda sin sustento cuando se la quiere manipular de esta forma. Se suma a iniciativas incomprensibles como la de castigar la doble nacionalidad (asumiendo que existen mexicanos de primera y de segunda, incluyendo en ello a millones de paisanos que viven en Estados Unidos y que tienen doble nacionalidad) o la de hacer revisar inversiones por el gabinete de seguridad.
La doble vía o el doble discurso, lamentablemente, es parte de nuestra narrativa. No existe la unidad de la que se presume en la 4T, así como la injerencia extranjera es un fantasma que se agita para disimular esas divisiones internas y las insuficiencias de muchas decisiones públicas.
En la política de la administración Trump, guste o no el mandatario estadunidense, hay algo que queda claro: van por la destrucción de las cadenas de complicidad con los grupos criminales. Lo reiteró ayer el embajador Ronald Johnson en un evento con la UIF: “Se trata de hacer más efectivas nuestras acciones y unir esfuerzos e ir tras sus recursos (de los cárteles) en todas las etapas. La red completa y quienes la facilitan y vamos contra la corrupción. Esa corrupción que aleja inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”. Que nadie se llame a engaño, es una política estratégica.
Juegos de poder
Otra regada más del gobierno de Estados Unidos
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
“Es un robo en despoblado”, así describió el experto en materia energética Gonzalo Monroy al “acuerdo” entre Estados Unidos y Venezuela para la explotación de 17 campos petroleros en la nación sudamericana. A propósito, pongo entre comillas la palabra acuerdo porque en realidad estamos viendo una imposición al gobierno bolivariano de Venezuela, quien tiene que aceptar todo lo que le pongan enfrente por el temor a que Estados Unidos los quite del poder.
Patético ver a la presidenta Delcy Rodríguez anunciar el “acuerdo”. Es la misma quien, en 2019, tuiteó: “Lo mejor q tiene para ofrecer a Venezuela @realDonaldTrump es una agresión militar! Es el tipo de ayuda imperial q llevaron a Iraq, Libia, Siria. El pueblo de Venezuela jamás permitirá que imperio alguno vuelva a atentar contra nuestra integridad nacional!”. Pues no sólo el pueblo, sino el gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas permitieron que los militares de Estados Unidos se metieran a un cuartel en Caracas, detuvieran al presidente Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York.
En su lugar quedó Delcy, quien ahora, sin ningún tipo de empacho ni dignidad alguna, anuncia que el imperio yanqui se quedará con parte de su riqueza petrolera.
Fuera máscaras. El objetivo del gobierno de Donald Trump está claro: quedarse con el crudo venezolano. La democracia les vale un pepino. Si para conseguir el hidrocarburo tienen que dejar en el poder al régimen bolivariano, pues que así sea.
De esta forma, el gobierno de Trump está comportándose como la caricatura del Tío Sam, capitalista e insaciable, que se apropia de los recursos naturales de las otras naciones por la fuerza. Un estereotipo hecho realidad.
Rodríguez dice que, sumando las obligaciones fiscales contempladas en el acuerdo, “por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”. Esto incluye una regalía mínima y el impuesto sobre la renta. Monroy, sin embargo, asegura que la regalía es de sólo tres dólares por barril. Yo le creo porque hay que ver cómo quedó el esquema de explotación.
La empresa North American Blue Energy Partners (cuyo propietario, Alejandro Betancourt, hizo su fortuna durante el gobierno de Hugo Chávez) tendrá la concesión de los 17 campos petroleros. El Departamento de Estado obtendrá el derecho a comprar 20% de toda la producción presente y futura de NABEP a costo de producción. Washington tendrá derecho de primera negativa sobre 80% restante, es decir, antes de vender ese petróleo a otros compradores, Estados Unidos podrá adquirirlo. En consecuencia, tendrá la opción estratégica sobre prácticamente toda la producción de esos campos.
A cambio, Venezuela obtendrá el capital, tecnología y recuperación de una industria que lleva años produciendo muy por debajo de su capacidad. Sin embargo, el gobierno recibirá migajas de lo producido.
Como dice Gonzalo, es un robo en despoblado.
Y un gran error de los estadunidenses.
Sí, en el corto plazo, se quedarán con el petróleo venezolano. Pero existe una amplia literatura académica que demuestra cómo los abusos en la explotación petrolera extranjera fomentan la aparición de movimientos políticos nacionalistas, antiimperialistas y, bajo ciertas condiciones, populistas.
La dinámica es la siguiente: el capital extranjero controla el petróleo, una parte desproporcionada de la renta sale del país, surge la percepción de dependencia/imperialismo, el petróleo deja de ser simplemente una mercancía para convertirse en patrimonio de “la nación”, aparece el nacionalismo de los recursos naturales, un líder se aprovecha y redefine el conflicto político como “pueblo vs. élites extranjerizantes”, el discurso se torna popular, el líder llega al poder prometiendo la redistribución de renta, se nacionaliza/expropia el petróleo que se convierte en símbolo de la soberanía, las empresas extranjeras pierden sus activos.
El nuevo arreglo venezolano con Washington sienta las bases para que, en un futuro no muy lejano, surja de nuevo el nacionalismo petrolero no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina, incluyendo México.
Por eso, Estados Unidos la está regando.
Cuando Trump invitó a las grandes petroleras estadunidenses a invertir en Venezuela, Darren Woods, CEO de ExxonMobil, se mostró escéptico recordando que a ellos ya les habían expropiado dos veces sus activos en ese país.
Con “acuerdos” como el anunciado, Estados Unidos está sentando las bases para que eventualmente se los expropien por tercera ocasión. Porque una cosa es hacer buenos negocios en el sector petrolero que beneficien a todas las partes y otra es utilizar el poder del imperio para apropiarse de los recursos naturales de una nación.
México SA
¿Y la “guerra contra las drogas”? // Consumo, incremento exponencial // ¿Qué ha hecho la “implacable” DEA?
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Cincuenta y cinco años después de “iniciada” la que dos mandatarios estadunidenses denominaron “guerra contra el narcotráfico”, por ser el “enemigo público número uno” de su país (Richard Nixon, 1971 –en 1973 creó la Administración para el Control de Drogas, mejor conocida como DEA–, y Ronald Reagan, 1980; “mano dura”, pregonaba, pero un bienio después, la esposa de este último, Nancy, se limitó a una campaña propagandística – Just say no–, igual de onerosa que ineficaz), el balance resulta social y políticamente desastroso, pues Estados Unidos ha mantenido intacto el liderazgo como importador de estupefacientes (toneladas y toneladas de todos colores y sabores) y el aumento en consumidores, muchos de ellos fallecidos por sobredosis año tras año.
Desde el inicio de tal “combate”, y 10 mandatarios gringos después (incluidas sus relecciones), la producción mundial de droga no sólo ha crecido de forma exponencial (siempre con el mercado estadunidense como objetivo), sino que sus “programas de contención e incautación” para “evitar” la introducción de toneladas y toneladas de enervantes a territorio estadunidense han servido a quienes las producen, envían y comercializan, amén de que en Estados Unidos el número de muertes por sobredosis (por cualquier droga) ha escalado de forma brutal. Ello, sin obviar que sus farmacéuticas han “contribuido” decididamente al fallecimiento por uso de opioides y al ejército de zombis que deambula por las calles de aquel país.
No es para burlarse, sino para encender las alarmas y tomar cartas en el asunto, por tratarse de un grave problema de salud pública. Pero, sólo como ejemplo, de 1999 a 2023 las muertes por sobredosis de opioides se incrementaron mil 333 por ciento (alrededor de 20 por ciento de ellas recetados por médicos gringos), mil 200 por ciento por cocaína y así por el estilo, de acuerdo con la estadística del National Institute on Drugs Abuse, una institución del propio gobierno estadunidense.
A todo esto, ¿a qué se ha dedicado la DEA, desde 1973, cuando fue declarada el “brazo ejecutor” en la “guerra contra las drogas”? Bueno, entre otras muchas actividades, a introducir a México armamento de uso militar para incrementar el poder de fuego de los cárteles, especialmente el de Sinaloa (por ejemplo, Rápido y furioso, con Felipe Calderón), “combatir” a los narcotraficantes en Colombia, Perú y Bolivia, hoy más fuertes que nunca y produciendo-enviando-introduciendo-comercializando toneladas y toneladas de producto a Estadios Unidos, sin olvidar que agentes y ex agentes de ese “brazo ejecutor” participaron en el tráfico y protección de quienes decían “perseguir”. También, a chantajear a países soberanos.
Para no ir más lejos, lo más reciente, que no lo último: “una polémica táctica policial que permitió que cantidades asombrosas de fentanilo mortal llegaran a las calles (de Estados Unidos, de 2023 a 2025) cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura se encuentra ahora bajo investigación de los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, cuyo presidente, James Comer, “envió una carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, para solicitar registros relacionados con la controvertida estrategia de la DEA de vigilar –pero no incautar– grandes cargamentos de fentanilo” (La Jornada, Ap).
Pero no sólo la DEA: el propio magnate naranja. Va como cápsula de memoria: “el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico (no menos de 400 toneladas de cocaína), salió de prisión (2 de diciembre de 2025) tras recibir el indulto de Trump; la liberación de Hernández ocurre en medio del despliegue estadunidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, que Washington asegura tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia su territorio” ( La Jornada, Afp).
Las rebanadas del pastel
Resulta que la Casa Blanca asegura que la “concesión” petrolera de Venezuela a Trump no es por 25 años (Delcy Rodríguez dixit), sino por un siglo, amén de que Washington podrá comprar 20 por ciento del oro negro extraído a precio de producción, no de mercado, mientras el Departamento de Defensa de Estados Unidos se queda con 35 por ciento de las acciones. Entonces, ¿“no seremos patrio trasero de ningún imperio”? (según dicho de la “presidenta encargada”). Y el hermano de la susodicha, Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de la nación sudamericana, asegura que el “acuerdo” con el gringo “no tiene nada de esotérico, de extraterrestre”. No, desde luego, pero sí de colonial.
Astillero
Intrigas gringas “topan con pared” // Elogios de DEA a Harfuch // Turismo, relojes y Haces // Explosivos en Zacatecas
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
La presidenta de México asegura que se topan con pared las argucias de personajes del trumpismo que creen posible debilitar a gobiernos soberanos e influir en elecciones.
Lo ha dicho en respuesta a preguntas periodísticas sobre los elogios que al máximo jefe policiaco mexicano, y precandidato presidencial no declarado, Omar García Harfuch, ha dirigido el director de la agencia gringa contra el narcotráfico externo (en lo interno, en el consumidor llamado Estados Unidos, apenas algunas pinceladas de vez en cuando). “Son tácticas (…) de injerencia” que buscan dividir y debilitar, pero se estampan, señaló la Presidenta, con un gabinete de seguridad muy coordinado, unido y patriota.
Las palabras presidenciales ayudan a García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a despojarse un poco de la carga negativa que implica el parecer un precandidato presidencial preferido y apoyado por las agencias y el gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora, parece el puntero de una carrera de larga distancia, en la que lo importante es sostener el paso y evitar las zancadillas de los demás contendientes.
En 2021 fue candidata a diputada local en Tlaxcala por Fuerza por México, el partido que fue una de las aventuras políticas fallidas de Pedro Haces Barba, el ostentoso empresario, líder sindical y diputado federal (del primer círculo de Ricardo Monreal). Derrotada que fue (dicho partido no ganó ninguna elección a nivel nacional y perdió el registro nacional), Josefina Rodríguez Zamora fue premiada con la secretaría de turismo en Zacatecas, en lo que fue entendido como una compensación para el grupo de Haces Barba, dueño de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la presunta “CTM de la Cuarta Transformación”.
Del gobierno tlaxcalteca encabezado por la morenista Lorena Cuéllar, pasó Rodríguez Zamora a la secretaría federal de turismo, como la más joven integrante (35 años de edad, entonces) del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo. Poca presencia mediática a nivel nacional ha tenido.
Aunque ayer apareció en primera plana de un diario nacional en un par de fotografías tomadas en una playa. En la primera se le ve con su novio, ambos con relojes que se dice son de un costo elevado y, en una prenda, un logotipo de una marca cara. En la segunda gráfica desaparecieron tales puntos de referencia. La secretaria Rodríguez Zamora asegura que sus actividades privadas las financia con fondos propios (“patrimonio familiar”) y no públicos y no hay ninguna prueba o indicio en contra. Lo que no explica es la razón que le llevó a ocultar, mediante edición digital, las prendas de cronometración y de vestir que ya no aparecieron en la segunda gráfica.
La historia en mención es infinitamente menor en comparación con hechos escandalosos de ostentaciones y despilfarros (la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y sus decenas de vuelos privados “con su dinero”, por citar un ejemplo), pero ayuda a alumbrar tanto los nexos políticos y posibles padrinazgos de ocupantes de altos cargos públicos, como la desatención de varios de ellos a los llamados genéricos de la presidenta Sheinbaum para gobernar “con humildad y sin excesos”, tal cual dijo el martes en su segundo informe de gobierno, “con sencillez, sin extravagancias, cercanos al pueblo”, como reiteró ayer en la mañanera.
Y, mientras la presidenta Sheinbaum visita mañana Zacatecas, con los integrantes del gabinete de seguridad, y se informan los detalles de lo sucedido con vehículos cargados de explosivos que detonaron la noche del sábado anterior en Ojocaliente, en el marco de fiestas populares (la Feria de la Tuna y la Uva y la coronación de la reina de esos festejos) y, un día antes, en un tramo carretero que va de Villa García a Asientos, este municipio correspondiente a Aguascalientes, ¡hasta mañana, con el ex presidente de Colombia, Gustavo Petro, revelando que la presidenta de México le invitó a“unas coordinaciones intelectuales académicas que no me disgusta hacer, pero yo decidí vivir en Colombia”!