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Lo que dicen los columnistas
La carta y sus pruebas
López Beltrán tiene razón en lo esencial: ninguna decisión administrativa extranjera prueba la comisión de un delito, y la presunción de inocencia del artículo 20, apartado B, fracción I, no cede ante un acto sin motivación
Proceso
Me pregunto qué firma legal sugirió elaborar la carta de Andrés Manuel López Beltrán al presidente Donald Trump. Todo escrito jurídico responde a tres preguntas antes de la primera línea: ante quién se promueve, qué se pide y qué queda si no se obtiene. La carta falla en las tres. No es un problema de tono, sino de técnica, y los errores de técnica dejan huella.
Primero. El destinatario carece de competencia. La revocación se rige por la sección 221(i) de la Immigration and Nationality Act, en 8 U.S.C. 1201(i), que faculta al funcionario consular o al secretario de Estado y excluye la revisión judicial, salvo cuando la revocación sea el único fundamento de una expulsión ya iniciada. El Foreign Affairs Manual cierra el círculo: el apartado 9 FAM 403.11-5(B) autoriza la revocación prudencial sin determinación de inelegibilidad, y el 403.11-4(C)(2) la exime del deber de notificación del 22 C.F.R. 41.122. La conclusión es inevitable. No había vía jurisdiccional, y el titular del Ejecutivo no es órgano revisor. Promover ante quien no puede resolver no es audacia: es un error de legitimación pasiva, el más elemental de todos.
Una comparación aclara el punto. En el orden mexicano, todo acto de molestia exige fundamentación y motivación conforme al artículo 16 constitucional. En el estadounidense, la norma dispensa expresamente de ese deber en este supuesto. Reclamar la falta de motivos ante un sistema que no los exige es litigar contra la norma equivocada. Y el escrito carece de pretensión, es decir, de la petición concreta que se somete a la autoridad. No solicita expresión de causa, ni reconsideración, ni acceso al expediente. Interroga, reprocha y califica. Un documento sin petición no prospera porque no hay nada que conceder ni negar, y quien pregunta sin pedir entrega la iniciativa al destinatario, que puede callar sin costo alguno.
La vía correcta era tediosa y eficaz. Solicitud al consulado emisor o al Departamento de Estado, pidiendo fundamento y reconsideración. Gestión paralela por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, titular de la protección consular conforme al artículo 5 de la Convención de Viena. Y, si se buscaba efecto político, un pronunciamiento aparte. Los documentos con finalidades distintas se redactan por separado: mezclarlos inutiliza el jurídico sin fortalecer el político. Ninguna de esas piezas requiere un solo adjetivo, y las tres podían coexistir sin estorbarse.
Segundo. La carta imputa la decisión a Marco Rubio, secretario de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario, con idéntico grado de certeza. Sus posiciones jurídicas no son idénticas. Respecto de Rubio hay competencia nominada en el propio precepto, lo que vuelve plausible la imputación sin acreditarla. Respecto de Landau no hay atribución expresa. El derecho distingue competencia, intervención y responsabilidad, y confundirlas es el vicio recurrente del alegato improvisado: la afinidad ideológica no es título de imputación, y tener facultades no prueba haberlas ejercido. En un documento firmado, nombrar es imputar, y quien imputa asume la carga de la prueba.
Sostiene después que no existe prueba alguna de un acto «inmoral o delictivo» suyo. Para negar que alguien posea información hay que conocer la que posee. La ausencia de causa pública es un rasgo del procedimiento, no la prueba de que no exista expediente. Y hay una asimetría lógica que el escrito no resuelve: afirmar que no se han presentado pruebas se verifica con lo disponible, mientras afirmar que no existen exige acceso a un acervo que el firmante no tiene. Sostuvo la proposición fuerte cuando le bastaba la débil. Con eso abrió un frente indefendible y perdió el único que ya tenía ganado.
Califica la medida de «política, más bien politiquera y propagandística» y la atribuye a una «enfermiza fobia conservadora». La prueba indiciaria exige reconstruir el nexo: quién decidió, qué sabía, qué perseguía y por qué se descartan las hipótesis alternativas. Un indicio no es una impresión. El motivo colectivo agrava la exigencia, porque un propósito compartido por un grupo indeterminado se acredita peor que uno individual. Y como la revocación prudencial puede fundarse en sospecha no acreditada, el silencio oficial es compatible con el propósito denunciado y también con un expediente reservado. El escrito elige la lectura que le conviene sin descartar la otra. Eso no es argumentación: es preferencia expresada en indicativo.
Tercero. La comparación «al estilo hitleriano» traslada el examen de la medida al examen de quien la denuncia. El nacionalsocialismo no es metáfora disponible para todo ejercicio estatal reputado abusivo: fue destrucción institucional de derechos, persecución sistemática y exterminio organizado desde el Estado. Quien invoque esa referencia debe identificar el elemento estructural que la autoriza. Cuando la palabra excede al hecho, la discusión abandona el hecho. La interpelación «¿está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?», con el reproche por no destituir, encierra además un falso dilema: el desconocimiento del superior no vuelve ilegítimo el acto del subordinado, y su conocimiento no lo convierte en autor.
El escrito confunde también dos categorías que el derecho separa. Emplea «burda y perversa canallada», habla de «halcones» y equipara conductas con las de «jefes de pandillas». Nada impide esos juicios: la opinión no admite prueba de verdad y por eso goza de mayor protección. Los hechos sí la admiten, y sobre ellos recae el deber de diligencia. La Primera Sala fijó esa distinción en el amparo directo 28/2010, al construir el sistema dual de protección. La consecuencia incomoda: el estándar de malicia efectiva, que ampara a quien critica al poder, exige a quien imputa hechos verificarlos con diligencia razonable. Ese estándar es el que el firmante invocaría en su defensa. Es también el que su propio escrito no satisface.
Quedan dos efectos que ningún abogado habría permitido. La carta constituye un registro firmado y público de imputaciones contra funcionarios extranjeros identificados: no caduca y es invocable en su contra. Y al declarar que no le causa problema no visitar Estados Unidos «en estos tiempos decadentes y lamentables», se desprende del interés jurídico que sostendría cualquier reconsideración futura. En términos de amparo, eso se aproxima peligrosamente a un acto consentido. Su posición más fuerte era la del afectado, y el documento la abandona para ocupar la del acusador. Ningún litigante cede voluntariamente la presunción que lo protege.
López Beltrán tiene razón en lo esencial: ninguna decisión administrativa extranjera prueba la comisión de un delito, y la presunción de inocencia del artículo 20, apartado B, fracción I, no cede ante un acto sin motivación. Pero el estándar opera en ambos sentidos. Si la medida no acredita conducta ilícita suya, sus convicciones sobre quienes la adoptaron tampoco acreditan quién la ordenó, qué sabía ni qué buscaba. Un escrito reducido a dos proposiciones verificables habría sido irrefutable: que no se le comunicó causa alguna y que ninguna autoridad mexicana ha abierto investigación en su contra. El que se publicó regala a la contraparte una salida cómoda, porque basta señalar lo no acreditado para que la pregunta de fondo desaparezca. La carta acusa mucho y acredita poco. Y lo que sí acredita, lo acredita contra su autor.
Razones
Mérida, Díaz y Andy: el naufragio
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
Es una pésima noticia para el exgobernador Rubén Rocha Moya y para el gobierno federal que el general en retiro Gerardo Mérida, que fuera secretario de Seguridad de Sinaloa y que se entregó a la justicia estadunidense días después de que fuera solicitada su detención con fines de extradición, se haya convertido ya en colaborador de la justicia de ese país. Desde hace días Mérida ha dejado la prisión de Brooklyn en la que estaba detenido y se encuentra bajo resguardo de la fiscalía del sur de Nueva York que es la que lleva su caso, la audiencia que estaba programada para la semana antepasada ya se había suspendido indefinidamente por esa negociación.
Cada vez resulta más evidente que el argumento de que “no hay pruebas” para enviar a la Unión Americana a Rocha, al senador Inzunza y a los otros seis acusados (los otros dos, el propio Mérida y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, se entregaron) no sólo no tiene sustento alguno, sino que, además, genera costos altísimos a la administración Sheinbaum. Es un lastre imposible de sostener. Mérida tuvo un conocimiento afinado, desde su posición en seguridad, de los movimientos realizados por Rocha y su equipo, así como de los mecanismos de protección de los que gozaban tanto Los Chapitos como la fracción de El Mayo Zambada.
Hay que insistir en un tema: Mérida no fue propuesto por la Defensa para la Secretaría de Seguridad de Sinaloa: fue una propuesta del que fuera jefe de la Seguridad de López Obrador y luego en el sexenio pasado el director de Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, que fue quien colocó a varios militares retirados en tareas de seguridad en la pasada administración. Mérida, con el cambio de mandos en la Defensa y el CNI, fue separado de ese cargo. Audomaro Martínez es uno de los objetivos de la seguridad estadunidense, por muchas razones, pero lo acusan, entre otras cosas, de haber filtrado a la inteligencia rusa y cubana los nombres de los agentes estadunidenses en México.
Enrique Díaz, como ya hemos dicho, es una figura clave para conocer el financiamiento de Andrés Manuel López Beltrán, de los hijos de Rocha y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, y con ellos de todo un complejo andamiaje de complicidades, que va del contrabando de combustibles (donde según las autoridades de Estados Unidos participan directamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, o que los coloca en el marco de la legislación antiterrorista) a los contratos amañados de obras públicas. La lista de complicidades pasa de Sinaloa a Tamaulipas, llegó el sexenio pasado por Palacio Nacional y el de Covián, sigue por la Ciudad de México y por Tabasco y puede terminar en Palenque. Ésa es la trama que se está desentrañando en las fiscalías de Nueva York y Chicago en los Estados Unidos. Y cada vez hay más delincuentes, funcionarios y empresarios dispuestos a colaborar para salvar lo que se pueda de su situación legal.
El retiro de la visa a Andy López Beltrán ha sido un golpe durísimo para los participantes en esa trama política y criminal, y la coartada de la defensa de la soberanía resulta, en ese contexto, francamente endeble y hasta poco creíble cuando varios de los abajo firmantes están bajo investigación y algunos dispuestos a colaborar.
Como publicó el New York Times el retiro de la visa a Andy es el caso “de mayor carga simbólica dentro de una campaña que ha quitado visas a decenas de políticos mexicanos”. La respuesta del departamento de Estado a las protestas de Morena ha sido tan lacónica como contundente: se le quita la visa “a personas vinculadas al terrorismo, espionaje, o por actos que amenacen la política exterior, la estabilidad regional y la soberanía de Estados Unidos”. En esa categoría entra Andy.
No creo tampoco que la posición adoptada por Morena sea homogénea en el gobierno federal. Es evidente en el Gabinete de Seguridad y otras áreas, que no existe la misma convicción que en los sectores duros de Morena respecto a la no responsabilidad de muchos de los acusados, en forma pública o en forma privada, por el gobierno estadounidense y de aumentar aún más la confrontación. Existe la certeza que la línea seguida es una de perder-perder: lo único que se ha logrado es un endurecimiento constante de la administración de Trump que va mucho más allá de la seguridad. La presión va de la política aérea a las exportaciones de aguacates, de la venta de acero y aluminio al gusano barrenador, de la energía y el agua a las quejas de las empresas estadunidenses con intereses en México contra el SAT, y cada día se suma una demanda más que el gobierno federal no está en condiciones de atender. Pero, además, la posición de los acusados se torna indefendible.
No es un dato menor que hoy Omar García Harfuch esté en la reunión de la DEA en Buenos Aires o que la Secretaría de la Defensa haya comprado drones y sistemas anti drones, vía un mecanismo de alta colaboración con el Pentágono. Son dos de las pocas áreas en las que la Casa Blanca mantiene confianza e interlocución.
La estrategia de Estados Unidos busca acabar con los líderes y operadores de los cárteles, pero también con sus beneficiarios, colaboradores y cómplices políticos y económicos. Ese es un capítulo innegociable para la administración Trump y la protección del gobierno federal a Rocha Moya, a los otros acusados de Sinaloa, a Andy, a Marina del Pilar y a muchos más, lo único que genera es un daño económico, político y social al país que terminará siendo intransitable.
Juegos de poder
Andy, el epítome del embuste de la 4T
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
El primero de diciembre de 2018, día en que López Obrador tomó posesión como Presidente, hizo un ritual de purificación indígena en el Zócalo capitalino. En un discurso posterior afirmó que su objetivo principal era “la purificación de la vida pública de México” mediante el combate a la corrupción desde el gobierno.
Nos engañó.
Bueno, más bien estafó a los ilusos que le creyeron, porque este columnista nunca se tragó ese cuento.
Nada ilustra mejor el embuste de una supuesta regeneración de la vida pública que la historia del hijo del fundador de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, impresentable junior de la política nacional.
No es fácil ser hijo de una personalidad. Un padre o madre famosa y/o poderosa debe trasmitirle valores sólidos a sus vástagos para que sean exitosos por sus propios méritos. Los padres fracasan cuando sus hijos se conviertan en juniors, es decir, individuos que obtienen posición, influencia, oportunidades o privilegios por pertenecer a una familia poderosa y/o adinerada comportándose como si esos privilegios fueran por méritos propios.
Es el problema intrínseco de las monarquías. El hijo u hija, tan sólo por esta condición, hereda el título y poder de su padre o madre a su muerte. Su único mérito es haber sido el primogénito producto de un espermatozoide u óvulo del rey o reina. Por eso estoy en contra de las aristocracias, por más civilizadas, democráticas y constitucionales que sean. Se trata de un régimen que premia la estirpe familiar, no el mérito. Las repúblicas son mejores porque los jefes de Estado se escogen por sus virtudes.
Afortunadamente, México es una república. Nunca, en su historia, un hijo o hija de un presidente ha llegado posteriormente a la Presidencia. Lo más cercano que hemos tenido es Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro, quien fue tres veces candidato presidencial, y Enrique de la Madrid, hijo de Miguel, que también aspiró a ese puesto. Ambos, por cierto, con una larga y exitosa carrera propia en la política mexicana.
No es el caso de López Beltrán. A diferencia de Cárdenas y De la Madrid, su poder y fama se los debe por completo a su padre.
Andy era tan sólo un confidente y operador de López Obrador antes de 2018. Cuando se papá llegó a la Presidencia, comenzó a acumular poder y, al parecer, mucho dinero. Se convirtió en uno de los power brokers más cercanos al presidente. Colocó a amigos cercanos en puestos importantes de la administración pública. Otros de sus camaradas se transformaron en empresarios exitosísimos, multimillonarios de la noche a la mañana. Así fue el ascenso meteórico de Andy en la política nacional.
Tan es así que, cuando AMLO terminó su gestión, ya lo candidateaban para ser presidente después de Sheinbaum.
Por lo pronto, le dieron el control del partido/movimiento desde la Secretaría de Organización de Morena. Ahí exhibió su incompetencia. No tenía ni el talento ni las habilidades políticas de su padre. Para colmo, a diferencia del progenitor, le gustaba el dinero y la buena vida. Un mirrey en todo el sentido de la palabra.
Si AMLO hubiera querido purificar la vida pública de México, hubiera empezado por ponerle límites estrictos a sus hijos durante su sexenio. Los hubiera mantenido alejados del poder prohibiéndoles utilizar su influencia y la posibilidad de hacer negocios con dinero de los contribuyentes.
Nada de eso hizo AMLO.
Al revés: aceptó, toleró y hasta fomentó que sus hijos, sobre todo Andy, hicieran y deshicieran bajo el paraguas del poder paternal.
López Portillo nombró a su hijo José Ramón como subsecretario y, por lo menos, aceptó cínicamente que se trataba del “orgullo de mi nepotismo”. López Obrador, en cambio, presumía una supuesta superioridad moral “purificando la vida pública del país” cuando, al mismo tiempo, su hijo Andy abusaba del poder.
En India, Sanjay Gandhi, hijo de Indira y nieto de Nehru, acumuló un poder enorme sin tener cargo alguno durante la gestión gubernamental de su madre. Terminó convirtiéndose en símbolo de abuso y arrogancia del poder que los electores castigaron en las urnas.
¿Será el caso con Andy?
No lo sé. Esta historia, creo, apenas comienza.
Lo que sí puedo afirmar es que Andy es el epítome del embuste de la promesa de purificar la vida pública. El junior confundiendo su estirpe familiar con legitimidad propia. Se lee clarito en la carta que le envió al presidente Trump quejándose por la cancelación de su visa estadunidense. Ahí exhibe la soberbia y arrogancia del mirrey que se siente impune y con derechos especiales. Porque, claro, él se apellida López, sí de los López moralmente superiores que prometieron purificar la vida pública del país.
Al parecer, hasta ellos mismos se lo creyeron.
Astillero
Zangoloteo en el tribunal de las componendas // Renuncia Mónica Soto // Grilla, traiciones, acomodos // Andy, Johnson, general Mérida
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
La renuncia de Mónica Soto Fregoso a una magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) es sólo una parte de la lamentable saga de intrigas, traiciones y oportunismo en la instancia que tiene la última palabra en los conflictos relacionados con lo electoral.
Soto Fregoso, con Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera (grupo conocido como “Los Felipes”), mantuvieron durante varios años un control aritmético del citado tribunal e hicieron política facciosa para derribar a Reyes Rodríguez Mondragón (siempre señalado de tener proclividad hacia el calderonismo y el zavalismo), quien lo presidió de septiembre de 2021 a diciembre de 2023, e instalar en el mando, hasta 2025, a la ahora renunciante.
Cual políticos chicharroneros, los tres magistrados citados se tomaron fotografía en diciembre de 2023 mientras desayunaban en un restaurante de la Ciudad de México a la hora en que Rodríguez Mondragón rendía, acompañado solo por una de sus pares, un informe anual de labores ante la Corte.
“Los Felipes” complotaron también contra otros presidentes del tribunal (José Luis Vargas y Janine Otálora) y retorcieron múltiples veces los procedimientos legales para favorecer a los políticos y partidos con los que llegaban a acuerdos. Famosa también es la fotografía en que se ve al legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna durante una comida con Mónica Soto, justo en el curso de la maniobra que llevó a declarar “falta de confianza” hacia Rodríguez Mondragón y acelerar su caída.
Con una nueva integración de la Sala Superior del TEPJF, la funcionalidad y fuerza de “Los Felipes” ha menguado. Hay un nuevo presidente, el chiapaneco Gilberto de Guzmán Bátiz García, emergido de la elección popular de 2025, al igual que Claudia Valle Aguilasocho. Sin elección de por medio siguieron Rodríguez Mondragón, De la Mata Pizaña, Fuentes Barrera y Soto Fregoso.
La Sala Superior tiene siete asientos, pero con marrullerías diversas se ha mantenido en los últimos años turbulentos con menos magistraturas activas, de tal manera que el control numérico de las votaciones quede en manos de tres de cinco partícipes de un tribunal de componendas.
Ahora, con la renuncia de Soto Fregoso, quedarán otra vez cinco de siete, justo cuando está por iniciar formalmente el proceso electoral que desde ahora está afectado (entre otros temas) por el evidente arranque temprano e ilegal de virtuales campañas electorales, no sólo de Morena, disfrazadas de “visitas territoriales”, “actividades informativas” y “elección de coordinadores estatales” que luego serán candidatos a gobernar estados de la República.
El destino jurisdiccional de las elecciones intermedias de 2027 queda en manos de magistrados con clara disposición previa a los intereses de la llamada Cuarta Transformación. El presidente, Bátiz, y la magistrada Valle Aguilasocho, tendrán el acompañamiento del talante acomodaticio de “Los Felipes” (De la Mata y Fuentes Barrera) y la oposición fluctuante de Rodríguez Mondragón, a quien señalan como felipemargarista.
En otro tema: la presidenta Sheinbaum no tocó este lunes en la Mañanera el tema de Andrés Manuel López Beltrán y su carta sobreactuada. El embajador Johnson anunció que México sigue en entendimientos cooperativos con Estados Unidos, a tal grado que se tendrá acceso a drones y sistemas antidrones del Ejército gringo para combatir a cárteles en México (¿que no haya intervención física de humanos, pero sí de tecnología y aparatos?). Y, en un giro aún impreciso, cambió la adscripción judicial del general de división en retiro, Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa con Rubén Rocha Moya como gobernador, probablemente para formalizar su condición de colaborador de las agencias vecinas y así precisar y fortalecer acusaciones criminales contra personajes mexicanos.
México SA
Trump, feliz por su “victoria” // “Logros” militares y económicos // De la Espriella, despreciable
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
El cretino que habita la Casa Blanca está feliz por sus “grandes logros” (él mismo dixit) en su enloquecida agresión contra Irán (de la mano del genocida Benjamin Netanyahu), no sólo en el plano militar (que ha sido un rotundo fracaso), sino en el económico (para Estados Unidos y el severo impacto en el resto del mundo), sin olvidar el deterioro del nivel de bienestar de los estadunidenses, algo que, dicho sea de paso, al magnate naranja le tiene sin cuidado.
De acuerdo con la información oficial (del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado), de las arcas públicas estadunidenses habían salido hasta la tercera semana de julio pasado 37 mil 500 millones de dólares (alrededor de 640 mil millones de pesos) para hacer frente a los gastos de la aventura guerrera de Trump contra Irán, que de todas ha perdido todas.
Orondo, a mediados de marzo pasado el susodicho aseguraba: “Gané la guerra en 11 días”, cuando en los hechos la agresión contra Irán se ha prolongado cinco meses y medio, y contando. Y no transcurre día sin que presuma su “victoria” y diga todo tipo de sandeces, como una de las más recientes: “Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio estadunidense”.
Lo que no detiene con sus cotidianas declaraciones de “triunfo” y sus infantiles bravuconadas es el deterioro económico por él causado –interno y externo– con su aventura guerrera (mientras el genocida Netanyahu libremente sigue masacrando a los palestinos), algo que ha intensificado el rechazo de los estadunidenses (67 por ciento están en contra de él) , especialmente hacia las ya cercanas elecciones intermedias en ese país.
Ante este panorama, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aporta su análisis sobre los efectos económicos de la agresión Trump-Netanyahu contra Irán (la cual, con “sutileza” que disfraza su miedo de decir las cosas con el nombre correcto, denomina “hostilidades recientes en la República Islámica”), y de él se toman los siguientes pasajes.
Las “hostilidades” de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus alrededores han generado disrupciones en la navegación del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial, por la que transitan alrededor de 34 por ciento del petróleo crudo y otros productos (como azufre, gas licuado de petróleo y natural licuado, refinados derivados del petróleo y químicos, incluidos fertilizantes), amén de que el tránsito marítimo en la zona se redujo de forma drástica. Dada la centralidad de esta ruta en el comercio mundial, las disrupciones del tránsito en el estrecho de Ormuz han afectado múltiples cadenas de suministro, con efectos que se extienden a diversos sectores productivos. Derivado de ello, se está induciendo un enfriamiento de la actividad económica mundial, que se refleja en una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento para 2026.
Los daños a infraestructuras críticas en los países del golfo Pérsico y la paralización casi total del tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz han provocado una merma en la producción y el comercio de bienes claves, especialmente en los mercados de energía y sus derivados. Dada la alta concentración geográfica de la oferta mundial de ese tipo de bienes en esta región y las limitadas posibilidades de sustitución en el corto plazo, estos eventos han generado restricciones significativas de oferta a nivel internacional, configurando –en el caso del petróleo– la mayor disrupción en la historia del mercado mundial, según la Agencia Internacional de Energía.
En el contexto de las restricciones de oferta y las disrupciones logísticas, los precios de los bienes cuya producción y comercio están concentrados en la región del golfo Pérsico se dispararon tras el inicio de las “hostilidades”, afectando rápidamente los precios mundiales de la energía e, indirectamente, los relacionados (alimentos, químicos y petroquímicos).
Hay consecuencias significativas para la seguridad alimentaria mundial. Las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos indican que en 2026 cerca de 45 millones de personas más podrían caer en situación de inseguridad alimentaria aguda o peor. Ello se sumaría a los aproximadamente 318 millones de personas que ya la enfrentan.
Las rebanadas del pastel
Sin respuesta a las víctimas del terremoto, el abyecto que dice “gobernar” Colombia, el empresario Abelardo de la Espriella, dedica su tiempo a regalar balones de futbol, con propaganda de su partido político, en Quibdó, una de las zonas devastadas y urgida de inmediata ayuda del Estado.