Lo que dicen los columnistas

El dinero y la violencia

Somos solidarios de una estructura que al haber vuelto todo mercancía vehiculada por el dinero fomenta la competencia, la desconfianza, la injusticia, la explotación, la corrupción, el poder, la fuerza y la guerra.

JAVIER SICILIA

Proceso

 

A la memoria de Rossana Reguillo, una luz en la tiniebla de la violencia

Asociado con el poder y el lucro, el dinero es visto con recelo. Tiene algo de maligno. Es lo contrario de la sacralidad y el bien; su rostro invertido. Se suelen citar al respecto las frases de Jesús contra la imposibilidad de servir a Dios y al dinero y la no menos dura de entregar al César las monedas que le pertenecen para salvaguardar la libertad que debemos a Dios. En la era del industrialismo, Léon Bloy lo condenó como objeto de explotación e injusticia –“El dinero es la sangre del pobre”—y Giovanni Papini lo asoció con el demonio: “El dinero es el excremento del diablo”. Más penetrante, Ezra Pound, en su espléndido Canto XLV –donde denuncia uno de los rostros más terribles del dinero, la usura, que la Iglesia condenó hasta la emergencia del capitalismo en el siglo XVI– muestra su capacidad de destruir el trabajo creador y la belleza del mundo: “CONTRA NATURAM/ han traídos putas y cadáveres/ al banquete de Eleusis (los misterios de la celebración de la vida)/ por mandato expreso de la usura”. Hoy ya es casi imposible separar el dinero de la violencia del crimen organizado, de las corrupciones del Estado, de la destrucción de la naturaleza, del armamentismo, la guerra, la digitalidad y el transhumanismo. 

No siempre fue así. La idea de lo que hoy llamamos dinero nació hacia el año 3000 a C para facilitar el trueque. Formaba parte de la economía, entendida en su sentido primero, el “cuidado de la casa”. Era parte de un ethos y un etnos con el mismo rango que la religión, la familia, el trabajo, la diversión… Aristóteles miraba con sospecha su acumulación, que llamaba “crematística” (el arte de adquirir riqueza y acumular bienes materiales). El imperio romano lo privilegió –no es casualidad que la palabra “denario” diera nombre al “dinero”. Era la manera de sostener el poder, los ejércitos y el sometimiento de los territorios que ocupaba. Hubo un templo en el siglo IV a C, en la zona alta de la colina Capitolina, dedicado a Juno Moneta, que al mismo tiempo que rendía culto a la diosa, albergó la primera fábrica de moneda y el tesoro romano. Pese a ello, la economía en su sentido aristotélico, continuó siendo la base de una vida buena. Podría pensarse, en este sentido, que las palabras de Jesús que pide devolver al César lo que le pertenece –el denario que llevaba su efigie— tenía ese significado: los asuntos relacionados con el dinero no nos pertenecen. Lo nuestro es la gratuidad del amor de Dios y la vida pobre de las tribus de Israel.

Fue también con el imperio romano, dice Iván Illich, que la Iglesia, vuelta parte de su estructura, recurrió al poder y al dinero para crear instituciones que atendieran todo tipo de necesitados y fundó las bases de las sociedades actuales de servicio que son impensables sin ellos.  

El dinero, sin embargo, sólo adquirió el valor que hoy le atribuimos cuando los objetos de uso que, a veces se compraban para sostener la autarquía económica, se transformaron en lo que Marx definió como el “fetiche de la mercancía”, cuando en el siglo XIX y la revolución industrial, dice Karl Polngy en La gran transformación, la economía se “desincrustó” del tejido que conforma la vida de la gente y convirtió todo en mercancía. A partir de entonces, argumenta Georg Simmel, el dinero, a la vez que como un Dios pervertido pudo medir y comprar todo, pudo también instrumentalizar la vida, fomentar su racionalización y exaltar el individualismo por encima del común destruyendo los diversos ámbitos que lo conforman.

Nada, desde entonces, escapa a la mercantilización y al dinero; nada, por los mismo, está exento de violencia. Somos solidarios de una estructura que al haber vuelto todo mercancía vehiculada por el dinero fomenta la competencia, la desconfianza, la injusticia, la explotación, la corrupción, el poder, la fuerza y la guerra. Por más honestos y pacíficos que seamos, formamos parte de ella y la sostenemos. No es extraño entonces que toda nuestra educación fomente profesiones que reditúan dinero y que nuestros deseos más nobles estén acompañados de terminología bélica: combate a la pobreza, competitividad para el desarrollo, campañas de sensibilización, estrategias para la paz, vencer obstáculos… No es extraño, por lo mismo, que el éxito –otra palabra del mercado­– se mida por la capacidad de adquirir poder y dinero, el anverso y el reverso de la sociedad moderna, y que los imbéciles encuentren en la fuerza de las armas que atemorizan, someten, y destruyen, la manera de adquirirlos. No es tampoco extraño que el Estado mexicano –corrompido hasta la médula– se haya aliado con ellos para financiar campañas políticas, programas sociales y mantener su presencia a costa de su vocación fundamental: la seguridad, el orden, la justicia y la paz.

Bajo la lógica del dinero el mundo perdió su horizonte ético y se precipita al desastre que se mide en cuerpos despedazados, fosas, desplazamientos forzados, extorsiones, guerras perpetuas y arrasamiento del medioambiente donde una comunidad humana florece, en síntesis, en crímenes de lesa humanidad que el gobierno de Morena y el Estado se empeñan en negar. 

No sé si las propuestas de Polanyi que publicó su tratado sobre La gran transformación en 1944 sean aún viables en un mundo donde el dinero y el poder se han vuelto más abstractos, insidiosos y globales. Es probable que no. Pero no es innecesario recordar dos; en medio del desastre se han vuelto un horizonte que algunas comunidades como las zapatistas todavía preservan: pensar de nuevo el valor de la economía como el cuidado de la casa y a partir de él volver a incrustar la economía en las relaciones sociales, políticas, religiosas y familiares; hacer que el dinero sea sólo una parte de todo el cuidado económico y que su uso priorice el bienestar del común sobre el beneficio económico impersonal y meramente utilitario y mercantil. 

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. 

Razones

Ni por dónde empezar

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Los españoles dirían que la presidenta Claudia Sheinbaum puso un circo y le crecieron los enanos. Otros dirán que la coyuntura internacional y Trump no la ayudan. Algunos pensarán que, simplemente, la herencia de López Obrador es demasiado pesada como para poder avanzar, apenas si puede sostenerla.  

Pero lo cierto es que pareciera que no hay ni por dónde empezar: son demasiadas las variables que se están saliendo de cauce y el gobierno federal no parece tener operadores y voluntad como para atenderlas con la capacidad para sacarlas adelante, salvo áreas del gabinete de seguridad o economía. 

La respuesta gubernamental ante las diferentes y simultáneas crisis pasa por difundir encuestas con datos tan poco creíbles como la de ayer sobre Sinaloa, con 45% de apoyo a Morena, o la del crecimiento constante de la aceptación presidencial. O por los distractores tipo el debate sobre Hernán Cortés.

Son demasiadas crisis simultáneas. La primera y principal, la relación con Estados Unidos. Ayer, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, insistió en un tema en el que han abundado desde el presidente Trump hasta el último de los funcionarios estadunidenses en las últimas semanas: si México no hace más contra los cárteles, actuaremos nosotros. 

No es en absoluto casualidad que ayer mismo CNN haya publicado un amplio reportaje sobre las supuestas acciones encubiertas que ha iniciado la CIA en México, entre ellas, la explosión de un coche bomba que acabó con la vida de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa saliendo del AIFA (doble simbolismo, la bomba se colocó en un espacio muy restringido para la seguridad nacional). El fiscal Todd Blanche confirmó el viernes que vienen nuevas acusaciones contra funcionarios y políticos que ya han pasado por un gran jurado y se extiende la molestia por la negativa a detener con fines de extradición a Rocha Moya y los otros nueve acusados. Terry Cole, director de la CIA, afirmó ayer que “altos funcionarios mexicanos y narcos han estado juntos en la cama durante años… esto apenas comienza”. Cole fue durante dos años el representante de la DEA en México y se fue en medio de un fuerte conflicto con la administración López Obrador.

Ayer, la presidenta Sheinbaum reconoció que no habían tenido respuesta a las notas diplomáticas enviadas a Washington por el tema de la supuesta participación de la CIA en Chihuahua y por las acusaciones contra Rocha Moya. No hay respuesta de Estados Unidos ni ahora ni desde la extracción de El Mayo Zambada a ninguna de las notas o quejas diplomáticas presentadas: eso tendría que hacer reflexionar sobre cuál es el estado de la relación, en plena renegociación del T-MEC y a menos de un mes del Mundial.

En ese sentido, es un verdadero autogol de pronóstico reservado insistir en hacer juicio político y destituir a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por combatir a los narcotraficantes y desmantelar uno de los mayores narcolaboratorios del país, colaborando con Estados Unidos y en un operativo donde participó el Ejército mexicano, mientras se protege a Rocha Moya y los otros nueve acusados y se dice que no se encuentran evidencias contra ellos, olvidando que las acusaciones contra los funcionarios sinaloenses vienen avaladas por las declaraciones de El Mayo Zambada y Ovidio Guzmán, entre otros narcotraficantes que ha enviado México a Estados Unidos. Y falta por ver si se concreta la entrega negociada de Iván Archivaldo Guzmán, imposible de darse sin un acuerdo previo de colaboración. Habrá pruebas a pasto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe demoledor por las desapariciones en México, donde se habla de la abierta colusión de autoridades y delincuentes. Las madres buscadoras planean una marcha el día de la inauguración del Mundial que tendrá repercusión global y el gobierno sigue sin siquiera recibirlas en Palacio Nacional.

Las lluvias en la CDMX están demostrando que ni las vialidades ni la movilidad están preparadas para el Mundial, como lo han demostrado los juegos realizados en los últimos días en el Azteca. Y mucho menos se tiene controlada la piratería en la CDMX, Guadalajara y Monterrey, que conllevará a un conflicto inevitable con la FIFA. El problema es que los líderes de la piratería y el comercio ambulante están, en la mayoría de los casos, coludidos con las autoridades.

En Chilapa, Guerrero, continúa el conflicto de años entre los Ardillos y los Tlacos, con muertos, desaparecidos, ataques hasta con drones, explosivos y desplazamiento de la población, y la respuesta gubernamental es pedir una tregua y decir que platicarán con las organizaciones indígenas, sin asumir que ellas están controladas por los dos cárteles en lucha. No hay otra opción que acabar con esas cadenas de complicidad y protección, y con los mandos de esos grupos que actúan públicamente desde hace años y nunca pasa nada.

Hablando de autogoles, pocos como el infligido con el tema de la modificación del calendario escolar, que no sólo provocó un reclamo casi generalizado, sino que exhibió una crisis que estaba escondida por la abrumadora agenda nacional: la de la educación pública en el país.

Y, finalmente, los datos de la economía son desoladores: inflación, sobre todo de la canasta básica (8.8% en marzo), caída de la inversión y estancamiento económico, mientras Standard & Poor’s cambia la perspectiva de la economía de México para los inversionistas a negativa y alerta por el bajo crecimiento, y el crecimiento de la deuda pública. Lo que está en riesgo es el grado de inversión. 

Pero mejor sigamos hablando de Hernán Cortés.

Juegos de poder

El gobierno de EU le sube la lumbre al de México

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Firmado por el presidente Trump, la Casa Blanca dio a conocer un documento de 195 páginas titulado Estrategia nacional de control de drogas 2026.

La palabra México aparece 31 veces.

Nuestro país es uno de los actores centrales del documento de marras. México se muestra como socio necesario, fuente del problema y territorio donde operan organizaciones hostiles.

El tono es extremadamente duro, de guerra, en contra de los cárteles mexicanos, que son considerados como organizaciones terroristas internacionales. Al fentanilo ilícito y sus precursores se les categoriza como “armas de destrucción masiva”.

Estados Unidos considera a México como plataforma principal de producción y tráfico de esta droga que tantas muertes ha causado por sobredosis en el vecino del norte. El documento sostiene que los cárteles mexicanos compran precursores químicos principalmente de China, producen fentanilo y metanfetaminas “a escala industrial” y trafican las drogas hacia EU.

Siendo una amenaza a la seguridad nacional, el gobierno estadunidense menciona que, para combatirlas, utilizará herramientas antiterroristas, sanciones, inteligencia y operaciones integradas. Estas últimas se refieren a la cooperación de múltiples agencias estadunidenses: la DEA, el FBI, Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP), Immigration and Customs Enforcement (ICE), United States Coast Guard, Departamento de Defensa, Inteligencia Financiera del Tesoro, fiscales federales e inteligencia nacional (no lo dice explícitamente, pero podemos asumir que se refiere a la CIA).

Si el gobierno estadunidense antes trataba al narcotráfico mexicano de manera fragmentada, ahora su respuesta será unificada con un modelo de contrainsurgencia y contraterrorista.

Ya no se trata de un problema policiaco, sino de lógica militar con inteligencia estratégica, sanciones financieras y operaciones encubiertas. En particular, les preocupa los grandes cárteles: el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Aunque el documento evita acusaciones diplomáticas explícitas, sugiere que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente por varias razones estructurales y políticas. Se menciona la corrupción e infiltración del aparato estatal mexicano penetrado por el crimen organizado. Esto incluye a policías locales, alcaldías, aduanas, fiscalías, algunos gobiernos estatales y hasta estructuras federales.

También habla de la debilidad institucional en el vecino del sur. La incapacidad mexicana de llevar a cabo investigaciones criminales. La lentitud del sistema judicial y la poca profesionalización de las policías locales. Todo lo cual deriva en altísimos niveles de impunidad.

No lo dice explícitamente, pero, si Estados Unidos siente la necesidad de actuar tan agresivamente, es porque considera insuficiente el control territorial y operativo del gobierno mexicano sobre los cárteles.

Estados Unidos va en serio y cada semana que pasa le sube más la lumbre al gobierno mexicano que, por el momento, se encuentra pasmado tratando de ganar tiempo, como si esto fuera posible.

Tan sólo ayer, el jefe de la DEA, Terry Cole, dijo sobre la histórica acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha: “Les aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.

Por su parte, la cadena CNN informó que la explosión de una camioneta el 28 de marzo en la carretera México-Pachuca, que dejó dos muertos, habría sido “un asesinato selectivo, facilitado por agentes de operaciones de la CIA”. El vehículo transportaba a un presunto miembro del Cártel de Sinaloa conocido como El Payín Beltrán.

Tanto la CIA como el gobierno mexicano, en voz de Omar García Harfuch, negaron la participación de dicha agencia en este presunto atentado.

De acuerdo con la nota de CNN: “Desde el año pasado, agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques mortales contra varios miembros de cárteles, en su mayoría de nivel medio, según las fuentes. ‘La letalidad de sus operaciones se ha incrementado considerablemente’, afirmó una de las personas informadas sobre las operaciones. ‘Representa una expansión significativa del tipo de acciones que la CIA ha estado dispuesta a realizar dentro de México’”.

Esto se suma a la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo del gobierno de Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio, lo cual ha sido muy criticado por las autoridades federales, al punto de querer enjuiciar a la gobernadora de ese estado.

Nada nuevo que la CIA esté operando en México. Lo novedoso es que lo está haciendo de acuerdo con la nueva directriz de operaciones integrales ordenadas por la Casa Blanca en contra de los cárteles mexicanos. Y esto apenas comienza.

Astillero

CIA: ¿Más agentes “en acción directa”? // Explosivos en Tecámac // DEA y Pentágono asegundan // “Esto es sólo el comienzo”: Hegseth

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Tres de los principales instrumentos del intervencionismo estadunidense clásico produjeron ayer filtraciones y declaraciones que dan cuenta del nivel creciente de agresividad de la administración de Donald Trump contra la presidencia de Claudia Sheinbaum y el proceso denominado Cuarta Transformación.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, conforme a sus siglas en inglés) habría filtrado información a Cable News Network (CNN) para puntualizar que tiene agentes en territorio mexicano actuando contra miembros de cárteles, con el objetivo de “desmantelar redes de narcotráfico enteras”. El texto, sostenido como principal durante horas en el portal de CNN, lleva de título “Exclusiva: La CIA intensifica su guerra secreta contra los cárteles con operaciones letales dentro de México”.

La presunta filtración de la CIA (la agencia negó veracidad a la nota, pero CNN la mantuvo en lo alto, como si fuera un juego acordado) señala en específico que el pasado 28 de marzo se realizó en una carretera del estado de México la Operación Beltrán, mediante la cual se hizo estallar un artefacto explosivo en un vehículo en el que, con un acompañante, viajaba Francisco Beltrán, El Payín, “un miembro de nivel medio del cártel de Sinaloa”.

Según asegura CNN, sus fuentes le dijeron que “el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes de operaciones de la CIA”, como “parte de una campaña ampliada de la CIA en México, hasta entonces desconocida, liderada por la unidad de élite y secreta Ground Branch (rama terrestre), de la agencia”. El relato afirma que “el grado de implicación de la CIA en las operaciones” en México “ha variado, desde el intercambio pasivo de información de inteligencia y la prestación de apoyo general hasta la participación directa en operaciones de asesinato” (https://goo.su/6l4mi). Se menciona en especial el caso de la ubicación y asesinato de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

Como sería de esperarse, el máximo jefe policiaco de México, Omar García Harfuch, negó que se hubiera dado una participación directa de la CIA en el asesinato con explosivos de El Payín y su acompañante en Tecámac, estado de México: “el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

A su vez, en una audiencia con senadores de su país, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, asumió un papel abiertamente amenazante contra políticos y gobernantes mexicanos, al declararlos corresponsables de las muertes por consumo de drogas ilegales en Estados Unidos. Y, al abordar lo sucedido con Rubén Rocha Moya y nueve personas más, de quienes se solicitó detención provisional con fines de extradición, dijo a uno de los legisladores: “le aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.

El secretario de Guerra, Peter Hegseth, al hablar ante la Cámara de Representantes, reconoció la “colaboración sin precedente” de México con Estados Unidos para acciones contra el narcotráfico, pero advirtió que “eso es lo que espera el gobierno de Estados Unidos del de México. Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

En México, mientras tanto, el gobierno panista de Chihuahua, por medio de la comisión creada para investigar el caso, confirma que cuatro “personas extranjeras” participaron en el operativo contra narcolaboratorios, luego del cual murieron dos presuntos “agentes de la CIA” y, en Guerrero, el ataque de un grupo criminal, Los Ardillos, contra comunidades de La Montaña, duraba seis días sin ser atendido directamente, hasta ayer, ya con funcionarios y militares en la zona.

El régimen en la encrucijada

Carlos Martínez García

La Jornada

El principal factor disruptor para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y el Movimiento de Regeneración Nacional no viene de afuera. Y no procede de allí porque simplemente la oposición partidista no logra recomponerse de la estrepitosa derrota electoral padecida en 2024.

La descomposición que amenaza al régimen está inoculada por fuerzas internas, particularmente por personajes y corrientes que se incorporaron a Morena cuando constataron que donde antes militaban políticamente su futuro peligraba a causa de la declive en las intenciones del voto de la ciudadanía y difícilmente podrían ser representantes populares o funcionario(a)s gubernamentales de cierta relevancia. Cada vez se hace más evidente lo erróneo de haberle dado lugar a quienes tenían trayectoria de usufructuar cargos más en beneficio de sí mismos y sus cercanos que en fortalecer los intereses y derechos de la población.

Es tiempo de que al interior, sobre todo del gobierno federal y el movimiento que lo llevó al poder, tomen decisiones y se deriven las acciones respectivas para hacer a un lado a quienes son lastres y por lo mismo alimentan avalanchas de críticas de los adversarios que, lógicamente, aprovechan los tropezones y excesos de quienes buscan ampararse diciendo que los señalamientos en su contra son meros golpeteos políticos de los opositore(a)s. Descalificar las críticas a su proceder denunciando conjuras provocadas por intenciones aviesas, de tanto recurrir a la táctica, se va desgastando y deja sin argumentos válidos a los dizque “impolutos” sorprendidos en alguna triquiñuela.

El reciente malabarismo del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al solamente en cuatro días mostrar nacionalmente que como dice una cosa luego dice completamente otra, exhibió lo dañino que es tenerlo en un puesto clave en el desarrollo de la sociedad mexicana. En la infortunada acción de modificar al vapor el calendario escolar, para después, apresuradamente, anunciar que siempre no tendría lugar el cambio, Mario Delgado dio una muestra más del talante manifestado cuando entusiastamente apoyó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto para más tarde, con el fin de congraciarse con los nuevos vientos políticos, declarar ufano que de tal reforma no quedaría ni una coma. Así lo aseguró en septiembre de 2018, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Desde un principio de su designación como secretario de Educación, Mario Delgado dio sobradas evidencias de que el puesto le quedaba muy grande. Llegó a la SEP arrastrando un expediente que, en las actuales circunstancias de presiones al gobierno mexicano por parte de Donald Trump, hacen muy difícil la continuidad porque su permanencia al frente de la Secretaría de Educación Pública tiene saldos negativos y ningún beneficio para la Presidencia de la República. Ayer en estas páginas escribió Julio Hernández López, Astillero, la rémora que representa Mario Delgado para Claudia Sheinbaum, porque: “En un cargo que requería de su titular un historial diáfano, esperanzador, experto (esto, incluso por el perfil científico de la responsable del designio), instaló a un político marrullero, acusado de actos cuando menos desleales con el espíritu de la Regeneración Nacional y señalado de manera constante en involucramientos con financistas oscuros (o muy claros, según la cromática que se prefiera) para campañas electorales (no sólo en el caso del huachicolero Sergio Carmona; no sólo en Baja California, Tamaulipas y Sinaloa)”. Igualmente ayer el punzante cartón de Hernández pintó con agudeza al balbuciente titular de la SEP (https://www.jornada.com.mx/2026/05/12/cartones/3).

Por distintas razones, en el anterior gobierno y en el actual dejaron pasar circunstancias para deshacerse con todas las de la ley de Rubén Rocha Moya, y así dejar un mensaje claro a quienes se cobijaron en un movimiento en el cual no debieron tener cabida. El hoy gobernador de Sinaloa con licencia supo cómo fue, en julio de 2024, el asesinato de su anterior aliado político Héctor Melesio Cuén Ojeda. Decidió encubrir el crimen y se sumó a la endeble versión defendida por la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada. Después de que la Fiscalía General de la República evidenció el montaje para encubrir que la eliminación de Cuén tuvo lugar como lo denunció Ismael Zambada, secuestrado y entregado en Estados Unidos, la fiscal renunció y no sucedió nada más. Entonces Rocha Moya debió ser hecho a un lado; dejarlo en el cargo es un combustible aprovechado por el presidente Trump, a quien mueven intereses ajenos a la justicia.

Prácticamente todos los días se multiplican los desvaríos y excesos de político(a)s que automáticamente entonan como mantra, al ser cuestionado(a)s por ser descubierto(a)s perpetrando acciones contrarias al ethos del movimiento que los llevó al poder, que todo se trata de propaganda del conservadurismo. Sin negar que dicha propaganda circule por muchos medios, hay sólidas evidencias que no deben desdeñarse, a la vez que poner alto a quienes han abusado de su posición. Es claro que los llamados presidenciales a voluntariamente autolimitarse no son suficientes. Es tiempo de deshacerse de los personajes que desde adentro están devorando un movimiento que se define de izquierda.