Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
El Código Nacional otra víctima de la reforma judicial
La discordancia resultó de la reforma judicial que puso por delante la democratización electoral del Poder Judicial desde una visión reduccionista de legitimarse en las urnas, exponiendo el éxito de este ordenamiento legal.
Proceso
Hace cuatro años se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), como una promesa de transformar la justicia civil y familiar en el país, unificando la legislación procesal en un solo cuerpo normativo que suplirá los códigos de las entidades federativas. La apuesta es ambiciosa: mejorar la administración de justicia de estas dos materias en nuestro país.
Pero, contrario al espíritu de celeridad y eficiencia que define al Código Nacional, a menos de un año de su forzosa entrada en vigor, se está valorando postergar su operatividad otros tres años más, aun cuando el artículo segundo transitorio establece como fecha límite el 1 de abril del 2027.
Lo anterior, obedece a que los poderes judiciales de los estados han reportado insuficientes avances: el tiempo se dilapidó, es poco el personal capacitado, no se han hecho las adaptaciones organizacionales ni los proyectos de infraestructura, menos aún, fueron asignados los recursos presupuestales necesarios. Sólo Baja California y Ciudad de México cuentan con declaratoria de vigencia.
La discordancia resultó de la reforma judicial que puso por delante la democratización electoral del Poder Judicial desde una visión reduccionista de legitimarse en las urnas, exponiendo el éxito de este ordenamiento legal.
En ese contexto, recientemente la Comisión para la Implementación del Poder Judicial de Oaxaca convocamos a un foro en el que abrimos una interrogante: ¿Estamos listos para la implementación? Acudieron especialistas, juzgadores, integrantes del grupo redactor del código citado destacando la presencia de la diputada Olga Sánchez Cordero, el senador Javier Corral Jurado, y el ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Además de los desafíos de operatividad del nuevo Código Nacional, en la discusión el tema se centró en su puesta en marcha, que quedó supeditada a la elección judicial y a los nuevos juzgadores sin experiencia jurisdiccional.
El tema no es menor, este ordenamiento jurídico parte de la premisa de un conocimiento mínimo de derecho sustantivo para aplicarlo en procedimientos que privilegian la oralidad e inmediación, la justicia digital y los derechos humanos. Con el riesgo de colapsar si no se cuida el perfil de los operadores judiciales.
Desafortunadamente, los temas judiciales han estado históricamente fuera de la conversación pública. Identificar la importancia del Código Nacional en la vida cotidiana, no sólo es crucial por el valor intrínseco que reviste su cuantía, anualmente 76% de los conflictos que se judicializan pertenecen a estas materias (Censo Estatal de Impartición de Justicia del INEGI); sino también, por el valor instrumental que entraña para avanzar en la lucha por una justicia rápida, efectiva y humanizada.
Cinco ideas básicas:
El año 2027 debe ser la meta. Con una visión autocritica, debemos reconocer que las realidades cotidianas que viven la mayoría de los mexicanos continúan siendo alarmantes y profundamente injustas. Por ello, no debe postergarse este marco normativo que viene a combatir el rezago y la lejanía del juzgador frente al conflicto. Por un lado, no deben subsistir las dos realidades en el mismo año: elección judicial y la forzosa aplicación del CNPCyF. Y por el otro, esta legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá asumir como una prioridad en el Presupuesto de Egresos del año entrante, la aprobación de recursos para la implementación del Código Nacional.
Prorrogar elección judicial. Otra preocupante coincidencia es empalmar el proceso electoral con la elección judicial. No es cosa menor que pudieran coincidir representantes de casillas de partidos políticos custodiando las urnas judiciales. Tampoco el argumento del ahorro es significativo para que coexistan las dos elecciones en el mismo proceso. Hay voces que se han pronunciado en favor de que la elección judicial se celebre en el año 2028. Sin embargo, la diversidad de interrogantes que surgen al tenor de esa posibilidad está causando un desequilibrio que la prórroga podría remediar pasajeramente.
Mejorar perfiles. El escepticismo obedece, en buena medida, a la noción de favoritismo y de reglas poco claras respecto de quienes aspiran a cargos judiciales, ello debe atajarse con transparencia e idoneidad. Porque los procedimientos en estas materias comienzan a evidenciar los estragos de un panorama en el que la experiencia, habilidad y carrera judicial están ausentes. Con la enseñanza que permite mirar en retrospectiva, es trascendente el proceso electoral que se avecina: más de la mitad de los poderes judiciales estatales se renovarán.
Nivelar el piso. Si bien, el Código Nacional unificó la legislación procesal civil debido a que la dispersión de códigos causaba incertidumbre jurídica y desigualdad, el legislador no se abocó en la desigualdad existente entre las entidades federativas y las necesidades que trae aparejadas el CNPCyF. Es una oportunidad de mejorar, porque la respuesta a las primeras necesidades de la transición del sistema escrito al oral es la contratación de personal jurisdiccional. Este desafío expone nuestra fragilidad; la métrica ideal a escala internacional es de 18 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que en estados como Oaxaca la realidad abarca sólo una sexta parte de ese ideal: al contar con tres jueces por cien mil habitantes. En esta misma circunstancia se encuentran Aguascalientes y Querétaro, pero con la mitad de población.
Plan Piloto. La tensión entre escasez de tiempo e implementación es uno de los hilos conductores de nuestra agenda de trabajo. La aplicación gradual del Código Nacional en determinados procedimientos y sedes judiciales, permitirán no sólo al personal jurisdiccional, sino también abogados litigantes y justiciables, comenzar a familiarizarse con este nuevo modelo de justicia.
La capacitación no debe limitarse a un aspecto teórico, debe perfeccionarse con la aplicación en la práctica. El año 2027 debe ser la meta de la operación del CNPCyF a escala en juicios que por su naturaleza permiten el desahogo de audiencias orales reducidas, pero con la garantía de forjar la experiencia y habilidades necesarias.
Es necesario establecer un equilibrio entre democratizar a un poder del Estado y salvaguardar la misión judicial. El Código Nacional coadyuva a modelar una sociedad integrada y entraña la clave para la comprensión del funcionamiento de nuestra sociedad y su problemática.
*Magistrado, presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF, Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Arsenal
El caso Rocha-narcos cruzó el Rubicón
FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
Mientras el gobierno de Morena mantiene su defensa hacia Rubén Rocha Moya, insiste en que no hay pruebas y le da protección, en Estados Unidos comienzan a impacientarse.
El gobierno de Trump ve el caso como prueba de la “alianza intolerable” entre políticos y cárteles. Usa esta acusación para condicionar la cooperación bilateral (seguridad, T-MEC, migración…).
Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, lo llaman “Rubicón cruzado” (punto de no retorno). Dicen que no es sólo presión discreta, sino acción pública contra un gobernador de otro país.
* Y mientras en el segundo piso de la Cuarta Transformación se multiplican los discursos de soberanitis, la oposición comienza a pasar de la reacción a los hechos.
El PAN adelantó ayer que llevará el caso Rocha Moya a la Corte Internacional Justicia de La Haya. Alega crímenes de “lesa humanidad” derivados de la presunta asociación del gobierno de Morena en Sinaloa y Los Chapitos.
El anuncio lo hicieron conjuntamente Jorge Romero, jefe nacional del PAN; Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada azul en el Senado, y Elías Lixa, líder de la bancada en diputados.
Presentaron también una demanda de juicio político en contra del gobernador con licencia de Sinaloa.
“No estamos frente a un asunto partidista, sino frente a una posible captura criminal del poder político que vulnera la democracia y la soberanía popular”, explicó Lixa.
Y clavó el rejón: “La soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los ‘narcopolíticos’”.
El próximo miércoles, en el marco de la Comisión Permanente, el PAN pedirá oficialmente la desaparición de poderes en Sinaloa. Alega que los tres poderes estatales están involucrados con el narcotráfico.
El escenario de la conferencia fue el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro.
En una larga manta guinda colocada frente a los pesos pesados del blanquiazul y diputados de esa bancada que los acompañaban en la conferencia se leía: “#Soberanía Sí Narcogobierno No. Presidenta, Entregue a Rocha”.
* Al terminar la conferencia platicamos con el siempre perspicaz Germán Martínez sobre el riesgo interno que corre la presidenta Sheinbaum si entrega a Rocha Moya y otros nueve funcionarios a Estados Unidos.
“El costo para Morena es que se desgrane la mazorca, que canten lo que allí traen. Jurídicamente se responde de una manera, pero políticamente se responde de otra”, dijo.
Hizo una observación de porqué no se habla: si las pruebas se ventilan públicamente, se pudren. Zaldívar le llamó efecto corruptor.
Precisó:
“Exhibir las pruebas las debilita. Deben mantenerse en la secrecía parte de esas pruebas. La Presidenta quiere que le den las pruebas para exhibirlas, podrirlas y tener el efecto corruptor.
“Si las ventilas ante alguien que no sea un juez, antes del juicio, no van a servir. Jurídicamente lo veo como una maniobra para que exista ese efecto corruptor y no tengan validez a la hora del juicio”.
—¿México tiene capacidad para no entregar a Rocha Moya?
—No, el gobierno de Estados Unidos tiene algo más poderoso que los aranceles: las remesas.
—¿Qué sería de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán si le suben el impuesto (1%) a las remesas? —preguntó.
—¿Ves viable una intervención tipo Maduro para llevarse a quien acusan de narcopolítico? —le preguntamos.
—Una operación encubierta no es deseable. No deben de mancillar nuestro suelo. Por eso es mejor cooperar. Hay acuerdos de cooperación. Están en la Ley de Seguridad Nacional —reviró.
Y dijo más: “Económicamente, sí hay cómo apretar a México. Políticamente no hay embajador. Tercero: van a sacar otra (lista) y, cuarto: ahora sí van a solicitar la extradición (directa) que no han solicitado”.
* Muy duro el informe de la CIDH de la OEA sobre los desaparecidos en México (238 páginas). A ver si no saca ronchas en Palacio Nacional.
Entre sus conclusiones, dice:
“La desaparición de personas representa, en la actualidad, una grave crisis de derechos humanos en México, con más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos bajo custodia”.
El Informe destaca que las modalidades de las desapariciones se han transformado en las últimas dos décadas:
“De las desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990, ya reconocidas por el Estado, a desapariciones cometidas en contexto de violencia por el crimen organizado”.
Aunque matiza: “Las desapariciones cometidas por agentes estatales aún no han sido erradicadas en México”.
¡Gulp!
Juegos de poder
Lo que revela la tontería de alargar las vacaciones
LEO ZUCKERMANN
Excelsior
De algo sirvió el anuncio de que se adelantaban y alargaban las vacaciones de verano por el calor y el Mundial de Futbol y su posterior revocación: para recordarnos el desastre educativo de la 4T.
La educación nunca ha sido una prioridad de los gobiernos morenistas. Lo que les ha importado, desde que llegaron al poder en 2018, fue llevar la fiesta en paz con los sindicatos magisteriales (SNTE y CNTE). El concepto de “calidad educativa” lo consideraron como tecnocrático y neoliberal. Echaron para atrás la reforma de Peña y, en su lugar, instituyeron un sistema que desterró la evaluación de los resultados y el mérito como método para premiar a los mejores maestros.
Es una buena noticia que el gobierno haya reculado en su “genial” ocurrencia de darle tres meses de vacaciones de verano a los estudiantes mexicanos. Existe una abundante literatura en la academia que ha comprobado empíricamente que el tiempo que pasan los alumnos en la escuela sí tiene un efecto sobre su rendimiento escolar.
Más días ayudan, pero, obviamente, sólo si el tiempo se usa bien.
Los efectos son mayores en los estudiantes pobres y alumnos con rezago. Los cierres escolares tienden a aumentar desigualdad. Es un sinsentido alargar las vacaciones para un gobierno que dice tener como prioridad a los más pobres.
En 2022, después de la pandemia de covid-19, Joana Elisa Maldonado y Kristof De Witte publicaron el ensayo “El efecto del cierre de escuelas en los resultados de las pruebas estandarizadas de los estudiantes” (originalmente en inglés) en el British Educational Research Journal. Los autores analizaron alumnos en el último año de primaria en la región flamenca de Bélgica. Gracias a la pandemia, pudieron comparar grupos de estudiantes que fueron sujetos a cierres escolares por el covid-19 en 2020 con los que no lo sufrieron en años previos.
La interrupción por el covid fue de alrededor de nueve semanas en Bélgica. Sin escuela presencial, la pérdida de aprendizaje fue equivalente a 20% del año escolar.
Otro de los hallazgos es que las pérdidas fueron desiguales, es decir, los alumnos vulnerables resultaron más afectados, tanto en matemáticas como en lengua.
Esto ocurrió en un país rico como Bélgica, que tiene buena infraestructura, alto nivel educativo y buena conectividad digital. El ensayo sugiere que, si ahí hubo pérdidas grandes, el daño pudo haber sido mayor en países más desiguales.
No ir a la escuela hace que el aprendizaje sea más lento y se pierdan conocimientos ya adquiridos.
En este ensayo estamos hablando de un cierre escolar producto de una crisis de salud pública. Pero el efecto de la pérdida de conocimiento por las vacaciones también está muy estudiado.
El fenómeno se conoce como “Pérdida de aprendizaje durante el verano”.
Karl L. Alexander, Doris R. Entwisle y Linda Steffel Olson publicaron en 2007 el libro Consecuencias duraderas de la brecha de aprendizaje durante el verano (originalmente en inglés). Se trata de un estudio longitudinal que siguió estudiantes desde primaria hasta la adultez durante varias décadas en Baltimore. Lo que encontraron es que mucha de la desigualdad educativa entre estudiantes ricos y pobres no se genera durante el ciclo escolar, sino en las vacaciones.
Las escuelas sí igualan relativamente las oportunidades. Sin embargo, durante las vacaciones, las familias con más recursos continúan acumulando capital educativo mientras que las vulnerables tienden a perder terreno. Las brechas crecen mucho más rápido especialmente en lectura, vocabulario y conocimientos generales.
Los estudiantes con mayores ingresos tienen acceso a libros, campamentos, viajes, tutorías, lecturas frecuentes y todo tipo de actividades enriquecedoras, mientras que los estudiantes más vulnerables carecen de materiales, estimulación, experiencias culturales, apoyo académico y tiempo estructurado.
Las pequeñas ventajas acumuladas cada verano terminan convirtiéndose en enormes diferencias años después, demuestran los autores.
Este estudio tuvo consecuencias importantes en la política educativa en Estados Unidos. Los gobiernos locales lanzaron escuelas de verano, tutorías focalizadas y programas de lectura durante las vacaciones, amén que extendieron el calendario escolar.
Exactamente lo contrario que quería hacer el gobierno mexicano.
Pero, claro, la 4T no cree en este tipo de estudios tecnocráticos. No, lo de ellos es la política: evitar que los maestros se movilicen y echen a perder el Mundial de Futbol, aunque los estudiantes se vuelvan más burros, sobre todo los más pobres.
Astillero
Marx en la SEP: Groucho Delgado // En días, sonrientes cambios // Corcholatismo colateral // Colima y el caso Rocha Moya
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La Jornada
El pretendido recorte al calendario escolar, que había sido acordado por consenso de secretarios estatales y federal de educación un jueves, terminó desautorizado un lunes por el mismo Consejo Nacional de Autoridades Educativas, luego de un intenso rechazo social, en particular de madres de familia, y de un posicionamiento correctivo de la Presidenta de la República, que en lugar de casi tres meses de descanso escolar se manifestó a favor de que “se conserven las seis semanas” tradicionales.
El chirriante recular del caso ha deatribuirse a la cuenta de por sí deficitaria de Mario Martín Delgado Carrillo, quien a mediados del mes próximo cumplirá 54 años de edad. Una sonora derrota no sólo por el hecho de que no pudo sostener una medida de tal calado, sino porque en estos pocos días que tuvo de intensa exposición pública confirmó las razones por las cuales ni siquiera debería estar al frente de una secretaría estratégica, fundamental, como es la de Educación Pública.
Entre un jueves y un lunes, Delgado Carrillo revalidó sus credenciales negativas. Anunció ayer con la misma sonrisa, presunta convicción y argumentación enjundiosa, lo contrario de lo que escasos días atrás había anunciado con la misma frescura y alegría aparentes. Marx en la SEP, pero no el de los libros de texto, sino el cómico Groucho: si no les gustan unas modificaciones del calendario escolar por unanimidad, de manera exprés se tienen otras.
En este breve lapso, el hilo más Delgado de la SEP reiteró algunas de sus conocidas habilidades políticas, en especial las relacionadas con el turbio periodo en que fungió como presidente de Morena y gerente de candidaturas. Verborrea para presentar determinados resultados que luego pueden ser negados si el mando superior así lo ordena. Desconocimiento evidente de lo sustancial y trascendente del encargo en turno: esta vez, en una alocución de lunes, al abrir un debate que se llevó seis horas, acusó al neoliberalismo empresarial y a la tecnocracia, además de señalar que las escuelas no son guarderías (lugares de resguardo de alumnos) y que cierto tramo de fin de cursos se convierte en una pérdida de tiempo.
Delgado Carrillo es un daño colateral del corcholatismo que dio paso a la candidatura presidencial de Sheinbaum Pardo con el compromiso de incorporar a importantes cargos legislativos o administrativos a los contendientes “perdedores”. La imposición de esa transexenalidad controladora no incluía a quien era presidente de Morena, pero en los usos y costumbres del sistema político mexicano, sea cual sea el signo partidista dominante, está impresa la “obligación” de mantener al dirigente partidista en una posición importante en el siguiente sexenio.
Claudia cumplió con dicho gravamen. Pero, en un cargo que requería de su titular un historial diáfano, esperanzador, experto (esto, incluso por el perfil científico de la responsable del designio), instaló a un político marrullero, acusado de actos cuando menos desleales con el espíritu de la regeneración nacional y señalado de manera constante en involucramientos con financistas oscuros (o muy claros, según la cromática que se prefiera) para campañas electorales (no sólo en el caso del huachicolero Sergio Carmona; no sólo en Baja California, Tamaulipas y Sinaloa).
El secretario de Educación Pública, ha de recordarse, forma parte de las “quinielas” que con más constancia se mencionan en relación con posibles acciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos. Ahora, en el marco del más reciente tropiezo que ha tenido, con el fallido recorte al calendario escolar, se le menciona como posible aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Colima (una vía para zafarlo del gabinete). Habrá de verse si un enfilamiento así, hacia los delicados terrenos de Manzanillo y sus embarques recibidos, ayudará a la 4T a ahuyentar el aleteo siniestro de las acusaciones que provienen del norte y han tenido una primera concreción con Rubén Rocha Moya.
México SA
Delgado, resbalón tras resbalón // “Unanimidad” desechada // Ayuda humanitaria a Cuba
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
La Jornada
Enorme berenjenal en el que se metió Mario Delgado con todo y su “espíritu” mundialista, quien estuvo de complicarle (por decirlo suave) la paciencia a la presidenta Sheinbaum y la de padres de familia y escolares. El pasado jueves anunció, “luego de alcanzar un acuerdo unánime con los titulares de las secretarías de Educación en los estados”, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “eliminó” 40 días de clases “por el Mundial y las altas temperaturas”, lo que afecta a cerca de 28 millones de alumnos (de preescolar a bachillerato). Y lo difundió como “una gran decisión” (de papel).
Veinticuatro horas después, y luego de que la presidenta Sheinbaum subrayara que la modificación al calendario escolar anunciada por Delgado “no es definitiva” (aunque él anunció que sí lo era), el asociado de la FIFA con disfraz de titular de la SEP dijo públicamente que “se revisará la propuesta” con los secretarios de Educación de los estados que cuarenta y ocho horas atrás la habían aprobado por “unanimidad”, según dijo.
Pero la “unanimidad” resultó ser de papel –como el titular de la SEP–, porque ayer el propio Mario Delgado se vio en la penosa necesidad de reconocer que “el eco” (léase la reacción negativa) de la “propuesta indica que les faltó considerar otras voces, como las de los padres de familia y el magisterio que viven realidades muy distintas según el territorio; falta, sobre todo, confrontar el fondo del sistema, la manera en que está construido el calendario atendiendo las diferentes realidades del país” ( La Jornada, Alexia Villaseñor). Y lo dijo ayer, tras instalar la primera reunión nacional plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), es decir, el mismo cuerpo “colegiado” que el 7 de mayo había decidido, “por unanimidad”, recortar el calendario escolar al ritmo del Mundial 2026. Entonces, no sale de una cuando ya embarró otra.
Y si Delgado ya se había tirado al precipicio, ayer el terco asociado de la FIFA dobló apuesta: con la sutileza de un cocodrilo hambriento, se le fue al cuello a los padres de familia (especialmente a las madres), a quienes advirtió que “la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niños y niñas por conveniencia del mercado”, amén de que “es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral” (ídem). ¡Haberlo dicho antes!
En la mañanera de ayer, la presidenta Sheinbaum intentó clarificar el panorama, aunque bien a bien no lo logró, toda vez que reveló que la “unanimidad” originalmente anunciada y presumida por Mario Delgado resultó ser de saliva, tanta que ayer debió armar otro numerito con la Conaedu.
Dijo la mandataria: “lo primero, que es importante –porque el fin de semana, ya saben, todo mundo opinó– es que el calendario escolar que anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de Educación de los 31 estados y la Ciudad de México. Porque ahora salieron gobernadores diciendo que ‘no están de acuerdo’, y tienen derecho a decir que ‘no están de acuerdo’, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron el viernes. No fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento, y todos lo votaron. Eso es lo primero.
“Para que no digan que es… Porque hubo una campaña ahora contra Mario, y la verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de Educación del país. Lo segundo, también hay que escuchar lo que se plantea. Entonces, se plantearon vacaciones muy largas. El planteamiento ahora es que se conserven las 6 semanas de vacaciones. Y se va a volver a reunir (ayer a las 10:00 horas) este Consejo de Educación –donde participan todos los secretarios– para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia en la idea de que sólo sean seis semanas de vacaciones -como siempre ha sido- y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior”.
Pero, ¡sorpresa!: la verdadera unanimidad resultó ser la de mantener tal cual el calendario escolar 2025-2026, que concluirá el 15 de julio. Autogol de Mario Delgado y para él tarjeta roja.
Las rebanadas del pastel
Derrotado por Irán, ahora el indecente Donald Trump se prepara para agredir, aún más, a Cuba. Sin embargo, hay países solidarios, como México, que seguirá enviando ayuda humanitaria a la isla, como lo anunció ayer la presidenta Sheinbaum: sale otro barco para la mayor de las Antillas. “Creemos en la autodeterminación de los pueblos y no –desde el primer momento, en 1962– en el bloqueo”.