Lo que dicen los columnistas

Corrupción de la 4T

Lo público no es privado

Cualquier servidor público (sin importar su nivel) que utilice bienes públicos para fines privados incurre en un acto de corrupción. Y eso debe investigarse, documentarse y sancionarse conforme a la ley.

JULIETA DEL RÍO

Proceso

Palacio Nacional, embajadas y todas las instituciones públicas no pertenecen a personas ni a grupos, ni a gobiernos en turno. Pertenecen al Estado mexicano. Son recintos destinados al ejercicio de funciones públicas, no espacios de privilegio ni extensiones de la vida personal de quienes temporalmente ocupan el poder.

Desviarlos de ese propósito no es un asunto menor: es una falta administrativa y, en muchos casos, un delito. Y lo más preocupante no es que ocurra, sino la normalización con la que se pretende justificar.

En este contexto, las recientes reformas impulsadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Ley de Fiscalización, la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación refuerzan las capacidades de auditoría para revisar este tipo de prácticas, lo que vuelve aún más relevante que estos casos no queden sin consecuencias.

No se trata de hechos aislados. Hace unos días se hizo público el caso de una funcionaria en un balcón de Palacio Nacional. Más allá de la imagen, lo verdaderamente relevante es lo que hay detrás: ¿quién autorizó?, ¿quién permitió? y ¿quién está dispuesto a asumir la responsabilidad? Porque el poder no se ejerce en el vacío.

El problema se repite. Ahí está el caso del hijo de un alto funcionario habitando durante meses en la Embajada de México en Londres. Se dice que no hubo uso de recursos públicos. Pero esa afirmación se cae por su propio peso: vivir en una sede diplomática implica costos de operación, servicios y uso de bienes del Estado. Negarlo no es una explicación, es una evasión.

Cualquier servidor público (sin importar su nivel) que utilice bienes públicos para fines privados incurre en un acto de corrupción. Y eso debe investigarse, documentarse y sancionarse conforme a la ley.

Los antecedentes sobran. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se documentaron usos indebidos de aeronaves oficiales. No fueron excepciones: fueron síntomas. Como se ha señalado en múltiples ocasiones, estos casos son apenas la superficie de prácticas mucho más extendidas que rara vez enfrentan consecuencias reales.

Porque cuando se revisa a fondo, lo que aparece no son errores aislados, sino patrones: recursos públicos usados como si fueran propios, estructuras institucionales al servicio de intereses particulares y una cultura de impunidad que permanece intacta.

Hoy, incluso con contrapesos debilitados y organismos cuestionados, la exigencia no desaparece. Al contrario: crece. La vigilancia social, el periodismo y el uso de los propios instrumentos legales siguen siendo herramientas vigentes.

Pero hay algo que también debe cambiar: la actitud ciudadana.

No podemos seguir siendo espectadores. No basta con indignarse un día y olvidar al siguiente. Si las leyes existen, deben aplicarse. Si hay responsabilidades, deben fincarse. Y, si no ocurre, debe exigirse.

No basta con ocupar cargos, hay que responder por ellos. Y cuando se abusa del poder, lo que sigue no son explicaciones, son responsabilidades, dignidad y la separación del cargo.

El principio es claro: el Estado no es propiedad de nadie.

Y quien lo use como si lo fuera debe rendir cuentas. No como concesión, sino como obligación. Porque tolerarlo ya no es indiferencia: es complicidad.

Razones

Amarrar apoyos y votos: muerte de la transición

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

A Luisa María Alcalde, una funcionaria joven que nunca ha tenido resultados destacables en sus distintas y altas responsabilidades (fue secretaria del Trabajo, de Gobernación y, hasta hoy, presidenta de Morena), que se ha visto envuelta en controversias personales,  pero a la que siempre le ayudó la relación de su familia con el expresidente López Obrador, le ofrecieron ayer, aunque tampoco tenga experiencia en el tema, la Consejería Jurídica de la Presidencia, una posición de mucha responsabilidad trabajando junto a la Presidenta.

Luisa María, en un desplante de aquéllos que suele tener, no la aceptó de buenas a primeras, declaró que “lo está pensando” y “que ya la buscaré (a la Presidenta) para plantearle mi decisión”. Ya había subido un video días atrás, cuando arreciaban los rumores de que sería retirada de la presidencia del partido, de que ella sólo se iría si la Presidenta le ofrecía otra cosa. Pues el ofrecimiento ya estuvo y Luisa María contestó que lo tenía que pensar. Una falta de respeto a la Presidenta y, en los hechos, líder de su partido, que pocas veces hemos visto. Pero parece que está de moda desafiar, dentro de Morena, la investidura presidencial. Doce horas más tarde, “lo pensó” y aceptó el cargo de consejera jurídica.

Ya lo habíamos contado aquí en alguna ocasión: cuando estaba comenzando mi vida como reportero, me citó —iniciaba el gobierno de Salinas de Gortari— el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. No conocía personalmente al mítico político y ese día me concedió dos horas de plática en su oficina de Bucareli. De alguna forma, llegamos a la relación que se debía mantener con un presidente de la República (más allá de su nombre) y me dijo algo que se me quedó grabado: puede usted, me decía en aquella ocasión Gutiérrez Barrios, estar de acuerdo o no con un presidente, le puede caer bien o mal, pero “cuando la silla convoca, el convocado va”. No se puede, insistía, desairar a un presidente. No tiene nada que ver con tener o no simpatía con él, o ella en este caso, sino con el respeto a una institución y lo que representa. Creo que tenía razón.

La salida de Luisa María Alcalde de Morena está más que decidida. Ya se sabe, incluso, que su reemplazó será la operadora de los programas sociales, Ariadna Montiel, secretaría del Bienestar. La actual consejera jurídica, Estela Damián, una mujer de todas las confianzas de la Presidenta, se va a Guerrero a buscar la candidatura (hablando de disciplina partidaria, a ver qué hace Félix Salgado Macedonio, quien, por mucho, es el que está arriba en todas las encuestas).

La pregunta, en todo caso, es quién iría a Bienestar. Dicen que podría ser Rosa Icela Rodríguez y entonces un tercero llegaría a Gobernación (¿Alfonso Durazo, Omar García Harfuch si la seguridad regresa al Palacio de Cobián?). Andy López Beltrán, que se decía que sería reemplazado por Estela Damián, se queda en la Secretaría de Organización de Morena hasta las elecciones legislativas del 7 de junio en Coahuila, porque él se ha hecho cargo de ese proceso y quiere terminarlo, dice, con buenos números. Serían los primeros desde que está en esa posición partidaria.

Lo importante en todo esto es que se amarran los programas sociales con la operación y los votos a través de Ariadna Montiel: el dinero, los operadores, la estructura de la secretaría estará ahora a disposición del partido en el poder.

Esa decisión, sumada a la elección ayer de tres consejeros del INE, que son miembros de Morena: Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez, este último sin la menor experiencia en temas electorales, pero excolaborador directo de la presidenta Sheinbaum, cierra un círculo que nos regresa al gobierno de los años 70, a Echeverría o Díaz Ordaz: los tiempos del partido autoritario y prácticamente único que tenía en sus manos toda la estructura del poder.

En unos pocos años, Morena se ha quedado con todo: el Congreso (con una sobrerrepresentación fraudulenta), el Poder Judicial, eliminó a los órganos autónomos, las fiscalías son suyas y ahora termina de cooptar al INE (ya tenía el Tribunal Electoral), donde ya no habrá, salvo por conflictos internos, voces discordantes. Todo el poder está en una sola mano y, a pesar de eso, no deja de asombrar que los resultados en muchos ámbitos sean tan decrecientes.

La transición política, ésa que tanto alabamos en el pasado, que costó tanto tiempo y esfuerzo construir, que detonó la pluralidad y permitió la alternancia, de la que Morena y sus antecesores fueron siempre los mayores beneficiarios, ha muerto. Morena tratará de entonarle el réquiem en 2027, aunque su ineficiencia en muchos ámbitos, sobre todo economía y lucha contra la corrupción, junto con su negativa a romper las redes de protección política al crimen organizado, le puede generar costos para ellos, hoy, impensables.

No deja de ser triste que, con la caída definitiva del INE, se terminen de perder los espacios plurales y reguladores de un sistema que cada día es menos democrático. Le falta al sistema autoritario tomar el control completo de los medios. Con las iniciativas y propuestas que están estos días en construcción, lo esperan lograr. Y, aun así, no se sienten, ni están, todavía seguros.

Juegos de poder

Sobre el loco de Teotihuacan

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

El lunes pasado, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, escaló la Pirámide de la Luna en la majestuosa zona arqueológica de Teotihuacan. Desde la parte superior, sacó un arma de fuego calibre .38 y comenzó a disparar contra un grupo de turistas. Tomó, además, a rehenes provocando un pánico masivo entre los visitantes, algunos de los cuales resultaron heridos por caídas durante el caos.

Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México arribaron al lugar. Al verse acorralado por las fuerzas de seguridad, Julio César se suicidó. El saldo final fueron dos personas muertas (una turista canadiense de 29 años y el propio Jasso Ramírez) más 13 personas lesionadas, algunos con heridas de bala.

Durante el ataque, varias personas grabaron videos en los que se escuchan los gritos, órdenes y amenazas directas del agresor. Con un tono agresivo y lenguaje violento amedrenta a los presentes con declaraciones como: “Y vosotros, y mierda, que habéis venido de la puta Europa no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Eso se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a sacar la putita foto de mierda. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra”.

Extraño, para un mexicano originario de Guerrero, utilizar este tipo de español más ibérico.

Inmediatamente después del tiroteo, comenzaron las especulaciones en torno a este individuo. El fiscal del Edomex, José Luis Cervantes, adelantó la hipótesis de un “perfil psicopático” con una tendencia de copycat, es decir, “copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”.

En las investigaciones encontraron que Jasso Ramírez tenía “literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”. Se menciona, por ejemplo, el tiroteo masivo que ocurrió el 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria Columbine, en Colorado, en el cual 13 estudiantes y un profesor fueron asesinados. No es gratuito, en este sentido, que el tiroteo en Teotihuacan haya tenido lugar la misma fecha 27 años después.

No hay duda de que Jasso Ramírez tenía algún tipo de desequilibrio psicológico.

Quería llamar la atención y lo logró.

¿Para qué?

Puede que haya sido por una personalidad narcisista. El narcisismo desbocado precisamente se caracteriza por un sentido exagerado de grandiosidad, falta de empatía, necesidad de admiración, manipulación y fragilidad emocional.

Puede ser que haya sido esquizofrénico y simplemente siguió las órdenes de voces que le mandaban que hiciera el tiroteo.

También puede ser, como me lo hizo ver ayer Mauricio Meschoulam, que haya llegado a México un fenómeno que está creciendo en el mundo entero: el terrorismo nihilista.

Se trata de “una forma de violencia política en la que el objetivo no es construir algo nuevo, sino destruir, desestabilizar o expresar rechazo absoluto al orden existente, muchas veces sin un programa político claro”.

A diferencia del terrorismo tradicional, el nihilista no tiene un proyecto ideológico, religioso o nacionalista. Suelen atacar lugares simbólicos por una mera motivación existencial o emocional. Se sienten enojados, desesperados y alienados. Es una expresión muy individualista. Son “lobos solitarios”, actores que no están afiliados a una organización definida.

Este concepto analítico, no tanto sicológico, encaja con el tiroteo realizado por Jasso. Escogió un lugar muy simbólico, las pirámides de Teotihuacan, para expresar su enojo en contra de la presencia de extranjeros en un lugar sagrado para las culturas mesoamericanas. Quería negar y destruir.

Un elemento central en este tipo de terrorismo nihilista es la búsqueda de notoriedad. Jasso pretendía darse a conocer y vaya que lo logró. La noticia del tiroteo en Teotihuacan le dio la vuelta al mundo. Esto no es poca cosa viniendo de un país, México, que produce cotidianamente muchas historias de violencia que ya ni se reportan.

La violencia nihilista busca impacto, notoriedad y efecto simbólico. Las redes sociales se vuelven el canal perfecto para eso.

Aquí retomo otro concepto que me comentó ayer la criminóloga Katherine Olier. Lo que hizo Julio César en la Pirámide de la Luna fue un “performance” en búsqueda de visibilidad. Muchos turistas captaron la escena que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales. De esta forma, el asesino se convirtió en un evento global inmediato.

La combinación de cobertura masiva más viralidad en las redes aumenta la probabilidad de imitadores, es decir, de copycat.

En esta época en donde todos tenemos una cámara, la violencia puede convertirse en espectáculo. Es lo que, por desgracia, vimos el lunes en Teotihuacan gracias a un loco nihilista.

Astillero

“Deme un ratito para pensarlo” // Arrogancia e impericia // Trump, pleito ratero // Pero, dice García Harfuch que…

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó decisiones en busca de reordenar el trabajo político y electoral de Morena y, a la vez, de consolidar su fuerza personal e institucional frente a algunos actores y factores de la llamada Cuarta Transformación que pretenden asirse a otras líneas de mando, actuantes o supuestamente actuantes.

El primer paso, que debería ser contundente y ejemplar, tuvo como destinataria a la presidenta del comité nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, una figura impulsada en su momento por el anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien la designó secretaria del Trabajo y, posteriormente, de Gobernación. En el contexto de la continuidad de una nueva clase política guinda y de designaciones compartidas, al inicio de la etapa claudista fue colocada en la presidencia del partido dominante.

Varios signos de inconformidad en Palacio Nacional pudo haber leído Alcalde Luján, pero se obstinó en desestimarlos. La operación política para sacar adelante iniciativas presidenciales fue contraproducente, sobre todo en cuanto al llamado plan B electoral, que implicó distanciamientos con los partidos Verde y del Trabajo. Luego, la presidenta Sheinbaum envió desde su gabinete a Citlalli Hernández para asumir la presidencia de una comisión nacional de elecciones que debería haber presidido la propia Alcalde Luján, como sucedía usualmente.

Sin embargo, la atrincherada presidenta de Morena llegó a declarar días atrás que se sentía firme en el cargo y que sólo lo dejaría si la Presidenta de la República le hiciera “un llamado” para “ayudarla a seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación”.

Ese llamado se produjo y fue informado ayer por la presidenta Sheinbaum, quien mencionó que había invitado a Alcalde Luján a ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pero ella “me dijo: ‘déjeme pensarlo’. Entonces, tendrá que informarme a mí, primero, y después ya hacerlo público”.

La propia invitada reiteró ante medios su postura: “Lo más importante, como le dije a ella: ‘deme un ratito para pensarlo’; ya la buscaré para poder plantearle mi decisión y una vez que se lo plantee a ella” habría de informarlo públicamente. Altanería ante la Presidenta de la República. Arrogancia de la convidada, pero también impericia en el ámbito presidencial en el manejo de una invitación dejada en suspenso así fuera pocas horas, pues Alcalde Luján anunció ayer mismo que ya lo había pensado y que sí aceptaba el nuevo cargo.

Como diría el clásico: ¿para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? ¿Por qué regatearle a la Presidenta de la República, en un proceso de consolidación de mando político en su partido, una respuesta que debió ser inmediata, fuera positiva o negativa? ¿Por qué la Presidenta hizo público, con impacto desventajoso hacia ella, lo que pudo mantenerse en el ámbito privado en tanto se resolvía? Ese tipo de actitudes condicionales, ¿alientan reticencias venideras en lo electoral morenista?

Trump quiere hacérsela de pleito ratero a la Presidenta de México. Según la vocera de la Casa Blanca, Trump estaría de acuerdo en que “la compasión de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadunidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente bajo esta presidencia para detener el flagelo del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos”.

El pasado lunes, la Presidenta claramente dijo: “Primero, antes que nada, lamentamos el fallecimiento porque, independientemente de cualquier situación, está lo humano, y lamentamos este accidente, que hayan fallecido. Y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de México. Y estamos en contacto con la embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero, por encima de todo” (https://goo.su/qjqkkJ).

Pero Trump quiere enredar el asunto para eludir el tema de la CIA actuando en operativos de campo en Chihuahua. Lo bueno para él es que el secretario García Harfuch ya dijo que no hay constancia de ese tipo de operaciones directas en México.

¿Sirve todavía la universidad pública?

IMANOL ORDORIKA

La Jornada

La pregunta sobre la utilidad de la universidad pública se formula hoy en México y América Latina en condiciones profundamente desiguales. Desde gobiernos, organismos internacionales y sistemas de evaluación global se insiste en medir su valor a partir de un repertorio cada vez más estrecho de indicadores: rankings internacionales, productividad científica, captación de recursos externos o competitividad académica. Bajo esta lógica, la universidad vale en la medida en que puede competir. Todo lo demás –su función social, cultural y política– aparece como rezago, ineficiencia o herencia del pasado.

Este marco no es neutral ni inevitable. Responde a la consolidación de una visión hegemónica de la universidad, centrada en la competencia, la jerarquización institucional y la medición estandarizada del desempeño académico. A través de rankings, políticas de evaluación y discursos de “excelencia”, esta visión se ha convertido en criterio dominante para juzgar el valor de instituciones muy distintas entre sí, como si existiera un único modelo legítimo de universidad en la sociedad contemporánea.

El problema no es la circulación internacional de criterios de evaluación, sino su adopción acrítica como vara universal. Cuando se utilizan para juzgar a las universidades públicas de la región, se ignora deliberadamente su historia y se desactiva su especificidad. Se las mide por lo que no son –instituciones con abundancia de recursos en contextos privilegiados– y se les exige competir en un terreno estructuralmente desigual.

En el siglo XX, las universidades públicas latinoamericanas fueron instituciones constructoras de Estado. En México, como en otros países de la región, formaron élites profesionales, imaginaron proyectos nacionales, dieron lenguaje político e intelectual a demandas sociales y ampliaron los márgenes de ciudadanía. No eran meros centros de formación técnica ni fábricas de artículos científicos, sino actores políticos centrales en la construcción de lo público.

Hoy operan en un escenario radicalmente distinto, marcado por la fragmentación del Estado y la transferencia sostenida de responsabilidades públicas hacia actores privados y lógicas de mercado, en un contexto de carencias financieras, ausencia de proyecto y abandono efectivo del compromiso gubernamental con la educación superior. Esta transformación explica buena parte de las tensiones actuales: se exige cada vez más a las universidades públicas mientras se les imponen recortes, precariedad y controles crecientes; se les reducen capacidades institucionales y márgenes de acción, y posteriormente se les responsabiliza por no cumplir tareas que el propio Estado ha decidido dejar de asumir. Se les demanda resolver problemas estructurales con recursos decrecientes y, cuando no lo logran, se cuestiona su eficacia como si el fracaso no estuviera previamente programado.

Este proceso no es únicamente externo. Las autoridades universitarias han optado con frecuencia por administrar la presión externa antes que confrontarla, incorporando sin debate los lenguajes de la competencia y la eficiencia. Esta adaptación, presentada como modernización, ha contribuido al vaciamiento del sentido público de la universidad. Su erosión no es sólo un efecto externo: también se produce con la aquiescencia de quienes la gobiernan.

Frente a este escenario, conviene recuperar una pregunta básica: ¿para qué sirve una universidad pública en sociedades como las nuestras? Hay un conjunto de funciones que sólo cumplen las universidades públicas. No las hace el gobierno, condicionado por ciclos políticos y restricciones administrativas; no las hacen los partidos, atrapados en la contienda coyuntural; no las hacen los medios de comunicación, regidos por la lógica del impacto inmediato; no las hace el mercado, orientado por la rentabilidad, ni las sustituyen otras instituciones privadas.

La universidad pública sirve, en primer lugar, para articular tendencias globales con realidades nacionales y locales. En sociedades marcadas por desigualdad estructural y memorias conflictivas, la universidad pública traduce, filtra y discute agendas globales desde problemas concretos: pobreza, violencia, exclusión, derechos y desarrollo regional. Esa mediación no es secundaria; es una función política central.

Sirve también como espacio insustituible de crítica fundada. La universidad pública no sólo produce conocimiento, lo somete a interrogación pública. Analiza las relaciones entre saber, poder y mercado. En contextos donde el debate público se empobrece, se polariza o se administra desde la urgencia y el espectáculo, esta función crítica resulta incómoda, pero indispensable.

Una tercera función decisiva es su papel como puente entre el conocimiento especializado y la sociedad en su conjunto. En una región profundamente estratificada en el acceso al conocimiento, la universidad pública sigue siendo uno de los pocos espacios capaces de convertir saber experto en deliberación pública y no en mercancía reservada para minorías.

La universidad pública participa también en la construcción y recreación de valores compartidos. Forma profesionistas, pero también marcos éticos, lenguajes comunes y horizontes culturales. Esta tarea –invisible para rankings y métricas de impacto– es crucial en sociedades con instituciones debilitadas y lazos sociales erosionados.

Finalmente, la universidad pública es un espacio fundamental para la producción de conocimiento orientado a un amplio espectro de problemas sociales que no generan rentabilidad inmediata: salud pública, desigualdad, democracia, medio ambiente, cultura o memoria histórica. Sin universidades públicas sólidas, estos campos quedan subordinados a agendas externas o simplemente desaparecen de la esfera del conocimiento sistemático.

La pregunta de fondo no es si la universidad pública debe modernizarse, sino al servicio de qué proyecto social. Cuando se la reduce a competir en un mercado académico global profundamente desigual o a obedecer requerimientos gubernamentales de corto plazo y miras estrechas –con la colaboración activa de sus propias autoridades– la universidad pública deja de ser pública. Se vuelve un engranaje más de un orden que ha decidido abandonar lo colectivo y administrar su propia renuncia al futuro.