Lo que dicen los columnistas

Tiempos de Estado: se confirma entreguismo de 4T, Morena y Sheinbaum

Estamos ante un nuevo retroceso democrático, donde el Estado abdica de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información y el debate público. La «izquierda» en el poder ha decidido que es mejor tener a los dueños de los medios como aliados que al pueblo informado.

JORGE BRAVO

Proceso

La historia de la relación entre el poder político, los barones de la radio y la TV en México es una crónica de claudicaciones. La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum es la consumación de un pacto de impunidad informativa y un favor político de dimensiones históricas que sacrifica el derecho a la información de los ciudadanos en el altar del pragmatismo electoral.

Todo se reduce a un regalo de 13 minutos. El punto medular de este asalto a la pluralidad es la propuesta de reducir los tiempos de radio y TV de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante el periodo electoral. La cifra es una poda de 27% del espacio que, por derecho constitucional, pertenece a la nación para el debate público.

La pauta electoral se distribuye 30% igualitaria y 70% proporcional a la votación anterior. Al reducir de 48 a 35 minutos el segmento de 30% igualitario se encoge y condena a los partidos pequeños, las nuevas formaciones y las candidaturas independientes a la invisibilidad, mientras el partido en el poder mantiene su dominio mediante la cobertura informativa sesgada y el uso de la pauta restante.

Al retirar 13 minutos de tiempo oficial, el Estado le devuelve a los concesionarios privados tiempo aire que venderán a precios de mercado para publicidad. Es un subsidio indirecto financiado con la reducción del debate político. La 4T, que presume combatir las élites, le regala a la industria de la radio y TV una ventana de comercialización millonaria.

La reducción implica menos diversidad de voces. Si antes un ciudadano escuchaba 96 impactos de diversas fuerzas políticas en un día para contrastar propuestas, ahora escuchará 70 mensajes. Esta pérdida de 26 spots diarios por emisora debilita la capacidad de la audiencia para formar un criterio propio y facilita la propaganda disfrazada de información.

Lo que Sheinbaum quiere concretar es una voraz demanda de los radiodifusores privados. Al invitar a la Cámara de la Radio y la Televisión (CIRT) a la mesa de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la Ejecutiva Federal no buscó fortalecer la democracia, sino asegurar el «apoyo» de la radiodifusión electrónica a su reforma electoral. Con esta maniobra, la Cuarta Transformación se consagra como la fuerza política que más ha entregado a los intereses comerciales en la historia reciente.

Esta sumisión tiene una genealogía. Para entender la gravedad de este nuevo entreguismo, debemos mirar que el origen de estos tiempos se remonta al decreto de 1968 de Gustavo Díaz Ordaz, quien instauró el impuesto en especie a la radio y la TV. Décadas después, en 2002, Vicente Fox dio el primer gran “decretazo” al reducir los tiempos fiscales de 12.5 a 1.25%, aunque no se atrevió a tocar la Constitución ni los espacios ganados en 2007 para partidos, candidatos y autoridades.

Fue López Obrador quien, el 23 de abril de 2020, emitió otro «decretazo» reduciendo el tiempo fiscal por considerarlo «excesivo». Aquella medida fue combatida por el Instituto Nacional Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque veía reducidos sus espacios electrónicos al tratarse de un organismo constitucional autónomo, bajo el argumento de una invasión de facultades.

Aunque la SCJN validó el decreto de AMLO, el mensaje fue que la izquierda, que alguna vez fue marginada de los medios electrónicos, sus cámaras y micrófonos, ahora que ostenta el poder decide estrangular los espacios públicos para quedar bien con los concesionarios.

Sheinbaum va más allá que sus antecesores. Mientras Fox y AMLO usaron decretos administrativos, ella pretende mutilar el artículo 41 constitucional, que establece que el INE dispone de 48 minutos diarios para la difusión de mensajes político-electorales.

Ése es el precio de la democracia de bajo costo. Con el eslogan de la «reducción del gasto» y una supuesta austeridad que promete un decremento de 25% en el costo de las elecciones, se esconde un debilitamiento institucional. La reforma contempla puntos que suenan atractivos en el discurso popular, pero son peligrosos en su ejecución.

Elección de representación proporcional, una reconfiguración que podría sobrerrepresentar a la mayoría oficialista. Una regulación ambigua de la inteligencia artificial sobre bots y mecanismos algorítmicos, la cual podría derivar en censura discrecional.

Pero el verdadero costo no es monetario. La reducción de 48 a 35 minutos es un atentado directo contra la diversidad informativa. Al haber menos tiempo disponible, los partidos minoritarios y las voces críticas tendrán menos oportunidades de exponer sus plataformas político-electorales frente al avasallante aparato de comunicación gubernamental, incluidos los medios públicos propagandistas.

Es profundamente irónico y cínico que Morena, un movimiento que nació de la lucha contra el cerco informativo y la hegemonía de las grandes televisoras, sea el verdugo de los tiempos del Estado. Al reducir estos espacios, el gobierno de Sheinbaum renuncia a la posibilidad de que la ciudadanía reciba una oferta política plural y contrastada.

La radio y la TV siguen siendo los medios con mayor penetración en México; moldean la opinión pública y construyen realidades para millones que no tienen acceso a la banda ancha. Al devolverle 13 minutos diarios a los concesionarios para que los comercialicen, los partidos pierden influencia y el ciudadano pierde su derecho a saber.

Este segundo piso de la transformación y la opacidad se está construyendo sobre los escombros de la libertad de expresión institucionalizada. No se trata de ahorro, sino de control, exclusión y censura. Al congraciarse con los industriales de la radio y la TV, Sheinbaum compra una paz mediática muy cara para la democracia, pero barata para su administración.

Estamos ante un nuevo retroceso democrático, donde el Estado abdica de su responsabilidad de garantizar el derecho a la información y el debate público. La «izquierda» en el poder ha decidido que es mejor tener a los dueños de los medios como aliados que al pueblo informado.

Juegos de poder

Sobre el “Escudo de las Américas”

No me gusta el sesgo militar. Las Fuerzas Armadas están para defender la seguridad nacional. Como bien sabemos los mexicanos, no funcionan bien cuando se les encarga la seguridad pública.

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

No parece una mala idea formar una alianza multinacional para la cooperación de todo el continente americano con el fin de coordinar acciones contra los cárteles de droga y redes criminales. Al fin y al cabo, el crimen organizado es un fenómeno transnacional que debe ser atacado de la misma manera, es decir, con la colaboración de las diferentes naciones en las que operan los grandes cárteles del narcotráfico y otros negocios ilegales. 

No me gusta, sin embargo, el sesgo militar del “Escudo de las Américas” que se lanzó hace unos días. Las Fuerzas Armadas están para defender la seguridad nacional. Como bien sabemos los mexicanos, no funcionan bien cuando se les encarga la seguridad pública. El combate del crimen debe estar en manos de policías, fiscales y jueces, todos civiles.

Se equivoca Trump creyendo que su poderoso ejército puede acabar con la delincuencia organizada, en particular al narcotráfico.

Sí debe haber una alianza entre países, pero judicial. A América Latina le urgen mejores policías, fiscales y jueces. Estados Unidos podría ayudar mucho a desarrollar estas instituciones. 

A Trump lo que le importa es el problema del fentanilo que se ha convertido en un tema electoral debido a la gran cantidad de personas que mueren al año por sobredosis.

Muy a su estilo del “hombre fuerte” vende la idea de que esto puede solucionarse utilizando sus Fuerzas Armadas. 

Se equivoca. 

Según datos del gobierno estadunidense, en 2023 murieron 83 mil 140 personas en ese país por consumo de opioides, fundamentalmente fentanilo. En 2024 cayó a 54 mil 743, una reducción de 34 por ciento. Esta caída se debe a una combinación de políticas de salud pública (más acceso a naloxona como antídoto contra sobredosis y una ampliación al tratamiento de las adicciones a los opioides), programas educativos para concientizar a los usuarios de drogas de los peligros del fentanilo y la persecución policiaca de redes de tráfico con el fin de incautar este tipo de drogas. 

Yo creo, y así lo llevo diciendo por décadas, que el problema de la adicción a las drogas no se resuelve por la vía policiaca, mucho menos bélica. Estoy a favor de la legalización y regulación de todas las drogas. Los estados deben tratar este problema por medio de programas educativos e iniciativas de salud pública. 

A los únicos que les ha favorecido la prohibición de las drogas es a los criminales que cada vez tienen más poder por las enormes ganancias que genera este negocio. 

Además, hoy el crimen organizado es más que narcotráfico. Ahí está otro error de la iniciativa de Trump: se concentra en las drogas. 

Los mexicanos sabemos que los cárteles son tan poderosos que se han metido en más negocios ilegales. Como demuestra el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, se trata de conglomerados internacionales diversificados con enormes rentas por la extorsión, la trata y tráfico de personas, la venta de armas, minería sin permisos, tala de madera clandestina, pesca furtiva, tráfico de especies protegidas, robo de combustibles, lavado de dinero, mecanismos para evadir al fisco, robo y tráfico de automóviles, contrabando, venta de productos pirata y los cibercrímenes que crecen como la espuma.

Sí tendría que haber una alianza entre países para intercambiar inteligencia, coordinar operaciones para capturar a líderes criminales, atacar la infraestructura de los cárteles y, desde luego, quitarles el dinero con el que operan. 

Lo que veo, en cambio, es una iniciativa de militarización liderada por Estados Unidos, con todo lo que eso implica. 

Hay que ver, además, la lista de los países que se sumaron al “Escudo de las Américas”. Son los que hoy tienen gobiernos de derecha que se identifican con Trump, como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay. Afuera quedaron México y Brasil, los dos gigantes económicos de América Latina, además de Colombia, pieza clave en el tema del crimen organizado.

México, sin embargo, sí apareció en la presentación de “Escudo de las Américas”. Trump dijo que nuestro país es el “epicentro” de la violencia de los cárteles. Reiteró que el crimen organizado es el que controla México y su disposición a usar la fuerza militar contra los cárteles. Volvió a echarle flores a Sheinbaum, pero estuvo a punto de burlarse de ella por rechazar la posibilidad de una intervención militar estadunidense en territorio nacional.

La idea de una alianza continental es buena, pero no ésta que tiene un tremendo tufo político que se confirma con el nombramiento de Kristi Noem como la enviada especial de Estados Unidos para el “Escudo de las Américas”. Horas antes Trump la había despedido como secretaria de Seguridad Nacional por incompetente. De consuelo le dio este dulcecito sabiendo que esta alianza poco servirá para, efectivamente, combatir al crimen organizado continental.

Razones

La nueva alta burguesía de la 4T

Pemex les debe unos 25 mil mdd a sus proveedores, lo que ha llevado a la quiebra a grandes, medianos y pequeños empresarios que dependían de la paraestatal.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Decía Albert Einstein que “el respeto irreflexivo por la autoridad es el mayor enemigo de la veracidad”. Y la verdad, decía sir Francis Bacon “es hija del tiempo, no de la autoridad”. Démosle tiempo a la verdad. Hasta ahora dejémoslo ahí.

Pero el tiempo también nos da diferentes perspectivas. Una de ellas es la de los nuevos, repentinos, ricos y multimillonarios de Tabasco del pasado sexenio. El país en los últimos siete años prácticamente no ha crecido, estamos casi a los mismos niveles de 2018, si calculamos el crecimiento per cápita, éste es casi negativo ante el incremento poblacional. Unas 300 mil empresas formales, con foco en comercio, servicios y manufactura, han quebrado en estos años; muchas migraron a informalidad, donde hoy radica más de 50 por ciento de la economía nacional. Esto explica parte del bajo crecimiento económico.

En el ámbito petrolero la situación es mucho peor: Petróleos Mexicanos les debe unos 25 mil millones de dólares a los proveedores de la paraestatal, lo que ha llevado a la quiebra a grandes, medianos y pequeños empresarios que dependían de Pemex. La paradoja es que mientras muchos de los proveedores o socios históricos de Pemex quebraban o se endeudaban para tratar de seguir operando, mientras la paraestatal no pagaba sus deudas, otros, nuevos en el negocio o absolutamente marginales hasta 2018, se hicieron repentinamente ricos.

Tenían, es verdad, algo a su favor: la relación con el nuevo gobierno, con Adán Augusto López, con Octavio Romero Oropeza y, sobre todo, con los hijos del expresidente López Obrador. Y comenzaron a surgir fortunas repentinas y milagrosas, con contratos asignados, sin licitación, con Pemex, algunos con negocios turbios, con la petrolera o con las obras del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Tren Interoceánico. Otros, además de esos negocios, incurrieron abiertamente en el huachicol o en el contrabando de combustible, desde Sergio Carmona y sus socios en Palacio Nacional, hasta los contraalmirantes Farías, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Hay denuncias, grabaciones incriminatorias, investigaciones periodísticas e incluso judiciales, datos ineludibles sobre esos mecanismos de corrupción y sus operadores y ni uno solo de estos personajes, casi todos provenientes de la misma trama de poder, con las mismas relaciones y casi todos los hilos de esas tramas terminan en Tabasco.

Lo que conocimos el fin de semana, la fiesta de 15 años que le organizó uno de esos personajes, Juan Carlos Guerrero Rojas, a su hija (qué pena con la niña, ella no es en absoluto responsable), con Belinda cantando Las mañanitas, con pago de cinco millones de pesos y avión privado desde y hacia Madrid, Galilea Montijo, otros cuatro millones, J Balvin, Matute, Xavi, Pablo Montero y muchos más, con réplicas de tiendas de Hermés, de la ciudad de Nueva York y hasta de McDonald’s, con un costó mínimo de unos 40 millones de pesos, es la mejor demostración de esos mecanismos de enriquecimiento explicable de estos personajes. Hay muchos más, unos más antiguos, aunque reciclados, otros novísimos: Amílcar Olán; Raúl Rocha Cantú, con concurso de Miss Universo incluido; los primos de los hermanos López Beltrán.

Apenas ayer en Todo personal dimos a conocer una investigación especial sobre la trama de corrupción del empresario potosino, avecinado en Tabasco, militante de Morena y exaspirante a gobernador en San Luis Potosí, Gerardo Sánchez Zumaya, quien presume su cercanía con Adán Augusto López y otros dirigentes de Morena, y que ha sido denunciado desde 2024 de encabezar una trama ilegal de compra y venta de petrolíferos. Las denuncias se presentaron en los medios y ante la FGR desde entonces, pero hasta ahora no han prosperado, lo que sí ha sucedido es que Sánchez Zumaya creó, desde entonces, una red alterna de empresas fantasma para seguir traficando con productos petrolíferos sustraídos de Pemex y relacionarse, además, con la trama de contrabando de combustible descubierta a partir de los decomisos de Tampico.

Sánchez Zumaya está relacionado personal y financieramente con Héctor Portales Ávila, detenido por el decomiso de los buques con contrabando de combustible incautados en Tampico, en el que participaban los hermanos Farías, contralmirantes de Marina de México y sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda. Sánchez Zumaya tiene, él también, espléndida relación con Adán Augusto y otros políticos tabasqueños, a donde llegó desde su natal San Luis Potosí, después –dicen– de un intento de secuestro. Ganó en estos años más de mil millones de dólares.

Es otro de los empresarios que operan en Tabasco, que se volvieron súbitamente ricos en estos años, en su caso con denuncias e investigaciones que no han alterado en lo más mínimo su capacidad de operación. Ni él ni ningún otro ha sufrido consecuencias.

Mientras tanto, mientras éstos y otros personajes se enriquecían gracias a Pemex, la paraestatal le debe 25 mil millones de dólares a sus proveedores, las empresas, sobre todo pequeñas y medianas relacionadas con el sector, siguen quebrando y los nuevos ricos de Tabasco se sienten tan impunes que hacen fiestas con Belinda.

Astillero

Trump y Claudia: palabras y proclamas // Sheinbaum: serena brevedad // Trump: poderío militar duro // Entrenar y movilizar ejércitos

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Claudia Sheinbaum respondió con serena brevedad a las provocaciones y amenazas de Donald Trump. Convirtió la grosería del estadunidense en la confirmación del rechazo (el “no”) a la insistente pretensión de intervenir militarmente en México para “ayudar” a exterminar cárteles.

Incluso, Sheinbaum recordó una parte de la responsabilidad estadunidense en el complejo problema del tráfico de drogas: el enorme consumo en el país de las barras y las estrellas, sin que se conozca esfuerzo especial de sus autoridades para frenarlo, y el suministro constante de vendedores de armamento y equipo a los grupos criminales de México.

Desde luego, aun cuando Palacio Nacional pueda librar las trampas discursivas de la Casa Blanca o su extensión en Miami, el intercambio retórico sólo es una parte de lo superficial. Trump se desliza sin problema entre contradicciones y zigzagueos que desahoga con dosis de cinismo y pragmatismo a partir de los reposicionamientos de su equipo de trabajo y las agencias de “inteligencia”: no te fijes en lo que digo, sino en lo que hago, parecería la fórmula aplicable para sus propios fines internos por ambos gobernantes.

En ese contexto vale detenerse en la proclama del presidente de Estados Unidos de América que fue firmada y difundida el mismo sábado en que Trump se reunió con mandatarios de Latinoamérica y el Caribe para formar el “Escudo de las Américas”. Trump mencionó que “el secretario de Guerra estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, un compromiso de los líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para poner en práctica un poderío duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”.

“Por lo tanto”, Trump proclamó formalmente que “los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable” y que “Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

Asimismo, “Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada (…) Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental”.

Tal es el contexto y la realidad, más allá de duelos de palabras. Trump ha ampliado y agudizado su compromiso presidencial de acción militar y financiera contra las grandes organizaciones criminales. Ha organizado a gobiernos del continente para sustentar y acompañar acciones bélicas contra los cárteles, con México como epicentro designado, como objetivo en la mira.

Hoy por la tarde sesionarán en San Lázaro las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral que muy probablemente aprobarán, por mayoría simple, que Morena alcanza sin problema, la iniciativa presidencial de reforma electoral que a partir del miércoles podría ser puesta a votación plenaria.

Si en dicha plenaria hubiera un giro de última hora del PVEM y el PT en apoyo de la propuesta de Claudia Sheinbaum, se abriría el camino para reducir el monto del dinero público a actividades de partidos y para impedir que las camarillas directivas se apropien de lugares privilegiados en listas plurinominales para convertirse en legisladores. De no darse ese giro, se ahondaría la brecha electoral rumbo a 2027 y 2030 entre los tres partidos que han formado la alianza 4T en el Congreso, aunque Morena y Palacio Nacional, al no conseguir votación calificada para reformas constitucionales, con minoría simple de votos podrían imponer en leyes secundarias algunas de menor calado.

México SA

IMSS: crece empleo formal // Más de 22.6 millones inscritos // Barril mexicano: 88.96 dólares

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Semanas atrás, al divulgarse el informe sobre la ocupación en México durante el primer mes del año, no pocos sectores encendieron las alarmas por los resultados negativos. Lo mismo sucedió con los números de diciembre de 2025 y algunos “especialistas” pronosticaron el “caos laboral” en nuestro país. Sin embargo, tanto los que encendieron los focos rojos como aquellos que vislumbraban el “inevitable desplome” obviaron que tal balance es resultado de una práctica recurrente de las empresas privadas en los meses citados, la cual, lamentablemente, no ha podido ser erradicada a pesar de las modificaciones legales en la materia.

Resulta que, puntualmente, en diciembre y enero de cada año muchas empresas privadas utilizan el mismo truco: despedir a o no pocos trabajadores para evitar el pago de las prestaciones de ley y hacer “ajustes financieros” en sus respectivos balances anuales (siempre para incrementar sus utilidades); una vez “limpiados” sus números, reabren la puerta de la contratación (incluidos aquellos que fueron dados de baja en ese par de meses). Así, a partir de febrero retoman el camino ascendente en la generación de puestos de trabajo, con lo que México registra una de las menores tasas de desocupación en el mundo. Y esto último es lo que ayer dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); es decir, el número de plazas laborales inscrito. Así, en el balance al cierre del segundo mes del año, su registro dio cuenta de 22 millones 691 mil 50 de puestos de trabajo, “cifra máxima” para un mes de febrero desde que se lleva esta contabilización, de los que 86.8 por ciento son permanentes y 13.2 por ciento eventuales.

La variación mensual en febrero, detalló el IMSS, registró un incremento de 182 mil 778 puestos de trabajo, “el mayor aumento para un febrero desde que se tenga registro. Así, la creación de empleo en lo que va del año suma 174 mil 674 plazas laborales, de las que 74.9 por ciento son permanentes. En los últimos 12 meses se observa un crecimiento de 260 mil 819 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.2 por ciento”.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son: comunicaciones y transportes (11 por ciento), comercio (3.9) y electricidad (1.6). Por entidad federativa destacan Ciudad de México y estado de México, con aumentos anuales mayores a 4 por ciento. Al cierre de febrero 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 664.10 pesos, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro.

Además, al cierre del mes de referencia permanecen inscritos ante el IMSS poco más de un millón de empleadores, con una variación mensual negativa de 0.1 por ciento. En su comparación anual, el descenso es de 2.5 por ciento.

El IMSS reportó que al cierre de febrero se registraron un millón 250 mil 898 personas beneficiadas con la reforma de plataformas digitales, lo que les permite el acceso a todos los seguros de la institución (enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales).

¿Y cuál es el panorama en el vecino del norte que destina sus recursos a invadir y bombardear a terceros países? El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados informó que, en febrero pasado, Estados Unidos registró una tasa de desempleo de 4.4 por ciento, la mayor en los últimos dos años y por arriba de la prevista por los especialistas. El CEFP reveló que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento estadunidense de Trabajo informó que la nómina no agrícola disminuyó en 92 mil puestos en el segundo mes de 2026, cuando en enero aumentó en 126 mil, contrario a las expectativas del mercado que anticipaban una creación de 58 mil empleos. “Los datos recientes del mercado laboral sugieren un deterioro más pronunciado de lo previsto, lo que coloca a la Reserva Federal en una posición de alerta, pues el mayor nivel de la tasa de desempleo y la pérdida de puestos de trabajo en la nómina no agrícola indican que las condiciones restrictivas de la política monetaria podrían estar afectando la economía; el riesgo de una desaceleración comienza a superar las preocupaciones sobre la inflación”.

Las rebanadas del pastel

El precio de barril mexicano de exportación se mantiene al alza: ayer se vendió a 88.96 dólares (su mayor nivel desde agosto de 2022), contra 83.64 del pasado viernes. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el incremento ha sido de 40 por ciento.