Lo que dicen los columnistas

Camionetas de la Corte: entre la palabra y el discurso

La coherencia entre lo que se predica y lo que se practica no sólo es una cuestión ética, sino un requisito básico para combatir la corrupción: mentir o sostener discursos contrarios a los hechos también es corrupción.

Julieta del Río

Proceso

Los servidores públicos están sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual establece de manera expresa que el uso de los recursos públicos debe realizarse con estricto apego a la legalidad.

Dentro de este marco normativo los procesos de entrega-recepción resultan fundamentales, ya que permiten el relevo ordenado de responsabilidades y garantizan la continuidad institucional. La ley señala plazos específicos para reportar cualquier observación detectada, misma que debe hacerse del conocimiento de las autoridades competentes de forma oportuna y formal.

Lo que no es aceptable es que al detectarse alguna inconsistencia ésta se oculte o se deje pasar, para posteriormente recurrir con facilidad al micrófono y culpar a quienes ocuparon los cargos con anterioridad.

La verdadera responsabilidad recae en quien, teniendo conocimiento de una irregularidad, no la informó en tiempo y forma, y después utiliza esas omisiones como pretexto para atacar o desacreditar a otros, como si se tratara de un acto automático o sin consecuencias.

La austeridad, por su parte, implica la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros de cualquier institución pública, con el objetivo de garantizar eficiencia y eficacia en su funcionamiento. Este principio no debe entenderse únicamente como una política de recorte del gasto, sino como una estrategia integral para mejorar la administración de los recursos públicos y maximizar su impacto en beneficio de la sociedad.

No está mal que los servidores públicos tengan una calidad de vida digna, acorde con el trabajo que realizan y los resultados que generan; lo que no se vale es predicar austeridad desde el discurso y, en los hechos, actuar de manera incongruente. La mentira también es una forma de corrupción, y la falta de coherencia entre la palabra y la acción termina por erosionar la confianza ciudadana.

En este contexto, los conceptos de eficiencia y eficacia suelen confundirse, aunque no son equivalentes. La eficiencia se refiere a la manera en que se realizan las actividades, es decir, a la capacidad de obtener resultados utilizando la menor cantidad posible de recursos, como tiempo, dinero, personal o materiales. En otras palabras, implica hacer más con menos. Una institución es eficiente cuando, por ejemplo, logra reducir tiempos de trámite y costos operativos, evitando el desperdicio de recursos.

La eficacia, en cambio, se relaciona con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. Se centra en lo que se logra, independientemente de los recursos empleados. Así, una institución es eficaz cuando cumple con la entrega de apoyos o servicios a la población, aun cuando el proceso haya sido lento o costoso. El ideal de la gestión pública consiste en combinar ambos conceptos: alcanzar los objetivos propuestos mediante el uso óptimo de los recursos disponibles.

Algo similar ocurre con la rendición de cuentas y la transparencia, conceptos que con frecuencia se utilizan como sinónimos, aunque no lo son. La transparencia se refiere a la obligación de las instituciones públicas de poner a disposición de la ciudadanía información clara, accesible y oportuna sobre su funcionamiento, decisiones y uso de recursos. La rendición de cuentas, en cambio, implica no sólo informar, sino también explicar y justificar las acciones realizadas, así como asumir responsabilidades y consecuencias en caso de irregularidades o incumplimientos.

Hoy escuchamos de manera reiterada discursos que apelan a la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, estos principios, aunque distintos entre sí, suelen quedarse en el plano retórico. En la práctica, deberían traducirse en acciones concretas y permanentes dentro de la administración pública, en todos los órdenes de gobierno, y no limitarse únicamente al discurso político.

En conjunto, la austeridad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales para fortalecer la gestión pública, mejorar la confianza ciudadana y asegurar un ejercicio responsable del poder. Asimismo, el cumplimiento puntual de la ley y de los procesos de entrega-recepción garantiza que las responsabilidades se ejerzan correctamente y evita que omisiones o errores administrativos se utilicen como herramientas de confrontación política. La coherencia entre lo que se predica y lo que se practica no sólo es una cuestión ética, sino un requisito básico para combatir la corrupción: mentir o sostener discursos contrarios a los hechos también es corrupción.

Nudo gordiano

Campeche: bomba de tiempo

Yuriria Sierra

Excelsior

Campeche se ha convertido en uno de los ejemplos más preocupantes del deterioro de la libertad de expresión en México. Bajo el gobierno de Layda Sansores, el ejercicio periodístico no sólo ha sido confrontado desde el discurso oficial, sino hostigado de manera sistemática mediante el uso del poder público, en una lógica que confunde el derecho a la crítica con una afrenta personal al poder. Lo que debería ser una relación institucional entre autoridad y prensa se transformó en una guerra de desgaste contra voces incómodas.

En los hechos, el mensaje ha sido claro: quien critique, paga. Periodistas y medios han enfrentado persecución judicial, censura previa, campañas de estigmatización desde plataformas oficiales y un uso discrecional del sistema penal para intimidar. El caso del periodista Jorge Luis González —sometido a procesos judiciales, intentos de encarcelamiento, sanciones económicas desproporcionadas y órdenes que le impiden referirse a Sansores— sintetiza una deriva autoritaria incompatible con cualquier estándar democrático. La imposición de filtros judiciales para autorizar contenidos antes de publicarse no es sólo un abuso: es censura previa en su forma más burda, prohibida por la Constitución y por los tratados internacionales firmados por el propio Estado.

Este tipo de medidas no buscan reparar un daño real ni proteger derechos, sino castigar el disenso y enviar un mensaje al resto del gremio: la crítica tiene costo. El resultado es un efecto inhibidor profundo que trasciende a los casos individuales y se instala como política informal de control informativo. Cuando la justicia se usa para intimidar, deja de ser justicia y se convierte en herramienta de silenciamiento. El impacto ya es visible. En Campeche desaparecieron los periódicos impresos, el miedo se volvió regla y el silencio, estrategia de supervivencia. Reporteros locales reconocen que muchas columnas ya no se firman, no por falta de información o argumentos, sino por temor a represalias legales, económicas o personales. La autocensura, siempre más eficaz que la censura abierta, se ha normalizado como mecanismo de defensa.

A este clima se suma la estigmatización sistemática desde el poder. Espacios oficiales han sido utilizados para exhibir, desacreditar y señalar periodistas, colocándolos como adversarios políticos o enemigos públicos. Esta narrativa no es inocua: cuando una autoridad señala, otros atacan. La historia reciente del país demuestra que la descalificación desde el poder suele ser la antesala de agresiones más graves.

Nada de esto es anecdótico ni local. Cuando un gobierno estatal logra convertir la ley en un instrumento de castigo contra la crítica, se sienta un precedente peligroso para todo el país. La criminalización del periodismo bajo figuras ambiguas como “odio” o “violencia” no protege a la sociedad, sino al poder del escrutinio y vacía de contenido el debate público.

Aquí es donde el problema deja de ser sólo de Campeche y se vuelve una bomba de tiempo nacional. Si desde Palacio Nacional no se exige una rectificación clara, pública y verificable, el mensaje implícito es de tolerancia —cuando no de complicidad— frente a estos abusos. La omisión también es una forma de responsabilidad política, sobre todo cuando se presume un compromiso con los derechos humanos y las libertades democráticas.

La libertad de expresión no es un favor del gobierno ni una concesión graciosa: es una condición básica para la democracia, la rendición de cuentas y el derecho a estar informado. Permitir que un estado convierta la censura, el acoso judicial y la estigmatización en política pública es aceptar que la crítica sea tratada como delito.

Lo que hoy ocurre en Campeche no se quedará en Campeche. O se corrige ahora, o terminará estallando en el centro mismo del poder federal. Porque cuando se persigue a la prensa, lo que realmente se intenta silenciar no es a los periodistas, sino a la sociedad entera.

Juegos de poder

El CIDE y la educación en los tiempos denigrantes de las 4T

Romero era un profesor chafa, acusado de plagio, intolerante y misógino.

Leo Zuckermann

Excelsior

Comienzo con una buena noticia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha removido de su puesto al director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche.

Celebro y aplaudo esta decisión.

Romero fue nombrado el sexenio pasado después de la presión que ejercieron el expresidente Andrés Manuel López Obrador y María Elena Álvarez-Buylla, su directora del Conahcyt, para que renunciara el entonces director del CIDE, Sergio López Ayllón. A López Obrador y Álvarez-Buylla les disgustaba esta institución de educación superior que consideraban como bastión del neoliberalismo. Querían un nuevo liderazgo con la clara intención de “morenizar” al CIDE.

Yo fui secretario general de ese centro público de investigación durante cuatro años (2000-2004). Es cierto que había muchos académicos que comulgaban con el pensamiento neoliberal. Pero, en realidad, en el CIDE se respiraba un ambiente de pluralidad académica. La libertad de cátedra se respetaba a cabalidad.

Lo que sí teníamos era un estricto control de calidad en la docencia e investigación que fue lo que permitió que este centro se tornara en una institución de excelencia educativa. A diferencia de otras corporaciones públicas, despedíamos a los profesores-investigadores que incumplían sus metas.

Si lo que López Obrador y Álvarez-Buylla querían era un CIDE más cercano a la ideología de la Cuarta Transformación, se equivocaron al nombrar a Romero Tellaeche como director. En la academia de las ciencias sociales había muchos mejores candidatos para llevar a cabo esta labor. Escogieron a un profesor chafa, acusado de plagio, casi a punto de retirarse, sin ningún tipo de cualidad de liderazgo y, para colmo, intolerante y misógino.

Desde el día uno, Romero se ganó la animadversión de casi la totalidad de la facultad. Algunos profesores-investigadores optaron por abandonar la institución. Otros bajaron los brazos haciendo lo mínimo indispensable para sobrevivir en un ambiente hostil de trabajo. Algunos se declararon abiertamente en resistencia. El resultado fue un desastre. El CIDE cayó en espasmo de mediocridad que interrumpió los muchos años que llevaba como institución de calidad educativa.

Si algo aprendí durante mi paso por la academia es que el líder del claustro debe tener y procurar el apoyo de la facultad. Los académicos son profesionales que viven de su prestigio y que justamente defienden a capa y espada. Son gente inteligente, que les gusta la libertad, con muchos años de educación formal, con opiniones firmes y guardianes férreos de sus derechos laborales. Hay que tratarlos con mucho cuidado y respeto.

Romero Tellaeche nunca lo hizo. Se apertrechó en su oficina y quiso dirigir por decreto, sin consensar, con una profunda inseguridad.

Con él, como en tantas cosas, López Obrador y Álvarez-Buylla se equivocaron. No debió ser director del CIDE.

Bien por la Presidenta y la secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, al corregir este error.

No conozco a la nueva directora interina que nombraron, Lucero Ibarra, pero me parece buena idea que alguien de la facultad sea la que tome las riendas del CIDE. Le deseo suerte en la reconstrucción de una institución que, ojalá, pueda salvarse de lo que fue el hiato romerista.

Lo del CIDE me ha llevado de nuevo a reflexionar sobre la educación en los “tiempos estelares”, como dicen ellos, de la Cuarta Transformación.

La realidad es que los gobiernos morenistas regresaron al modelo de politizar la educación en México. Su prioridad es llevar la fiesta en paz con los dos grupos sindicales existentes: el SNTE y la CNTE. López Obrador cumplió su promesa de echar para atrás la ambiciosa reforma educativa de Enrique Peña Nieto entregándole, otra vez, el control educativo al magisterio.

El SNTE se ha convertido, de hecho, en uno de los brazos electorales de Morena, igual que en las épocas del autoritarismo priista. No es gratuito que el sindicato presuma su filiación corporativa masiva al partido gobernante.

Por su parte, la CNTE ha regresado a su eficaz estrategia de extorsión movilizándose para conseguir cada vez más prebendas de las autoridades educativas.

En suma, la educación volvió a politizarse con la 4T, lo que significa otro gran retroceso. En pleno siglo XXI, en la antesala de la inteligencia artificial, México carece de un proyecto de calidad educativa. No hay nada estelar en este tema y sí mucho de denigrante.

Astillero

Sinaloa y Rocha Moya, riesgos // Culiacán, diputados de MC // Agenda 2026 de EU en México // Morena renueva alianzas

Julio Hernández López

La Jornada

Sinaloa es un delicado asunto de seguridad nacional. En primera y evidente lectura, por la guerra que libran las dos facciones (Chapitos contra Mayitos) que formaron parte del poderoso cártel antaño unificado bajo el mando de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Pero, particularmente, porque esa emblemática entidad está bajo la ansiosa (¿y operativa?) revisión del trumpismo que se remueve en abierta escalada de descalificación, desestabilización y amedrentamiento contra México.

La realidad sinaloense disuelve cualquier estadística o retórica con pretensiones de optimismo. El índice delictivo cotidiano, la evidencia directa, los sucesos constantes imposibilitan que la sociedad de ese estado pudiera encaminarse a alguna forma actual de normalización de lo trágico.

La “normalidad” anterior, la de la pax narca “garantizada” por los jefes del cártel nativo, fue rota el 25 de julio de 2024 mediante una operación tan densa que a la fecha el gobierno mexicano (antes, López Obrador; ahora, Sheinbaum) no se atreve a dar información puntual de lo sucedido y sigue usando la coartada de pedir al de Estados Unidos que le explique y documente lo que sucedió en suelo mexicano: el secuestro de Zambada, conocido como El Mayo, con un hijo del Chapo Guzmán como ejecutor traicionero y autoridades gringas esperando en su territorio el arribo del vuelo concertado.

En Sinaloa quedó un damnificado, Rubén Rocha Moya, gobernador morenista cuyo nombre fue usado por los convocantes a una reunión cumbre que abordaría temas políticos, en específico relacionados con el principal opositor a Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén Ojeda, jefe político de la universidad pública local y diputado federal electo a nombre del PRI. Cuén Ojeda fue asesinado en esa reunión y la fiscalía estatal, bajo mando político de Rocha Moya, urdió una impostura de pésima factura para tratar de deslizar el crimen hacia un intento de asalto.

Rocha Moya es el símbolo mayor de la colusión o subordinación de los poderes políticos estatales con los del crimen organizado. Lamentable liderazgo en una competencia que cuenta con muchos participantes afamados: el de Tamaulipas, Américo Villarreal, tal vez el más cercano. Gobernadores de la 4T, aunque los entendimientos oscuros abarcan a todas las siglas partidistas, que como candidatos aceptaron el financiamiento de los cárteles (con parte de esos billetes sucios luego destinados a las cuentas personales y familiares) y ya en el poder tienen que cumplir con los compromisos adquiridos.

La enorme fuerza electoral e institucional del proceso 4T no está siendo suficiente para enfrentar o mitigar el embate de la Casa Blanca y sus agencias intervencionistas, porque desde allá se blanden presuntos o reales expedientes de contubernio que pueden ser potenciados en próximos procesos judiciales.

En ese contexto, los disparos heridores contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán sirven a la Casa Blanca y sus bocinas para reforzar la pretensión de intervenir directamente contra cárteles mexicanos y para exigir a Palacio Nacional la acción judicial contra personajes políticos.

Washington va avanzando en su agenda 2026: ya instaló las versiones oficiales (FBI, Departamento de Justicia, abogado de Wedding) de que un grupo de élite de la FBI actuó en territorio mexicano; ya ha logrado que, por lo pronto, la entrega pautada de petróleo mexicano a Cuba se haya retrasado, con visos de suspensión, y sigue presionando para que la 4T acepte ofrendar fichas políticas simbólicas.

Y, mientras Morena festeja la continuidad de su alianza con el chantajista negocio de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, y con el Partido del Trabajo, ¡hasta mañana, con el secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro, anunciando que la planta productora de amoniaco en la Bahía de Ohuira lleva 80 por ciento de avance, así que en febrero de 2027 iniciará tres meses de ensayos y en mayo de 2027 comenzará actividades (mientras Semarnat y Palacio Nacional “analizan” si aprueban esa tóxica planta)!

México SA

Fertilizantes, 36 años después // México, importador neto // “¿Bienes para remediar males?”

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Cuando Carlos Salinas de Gortari inauguró la gran venta de garaje de prácticamente todos los bienes nacionales, obviamente a favor de la oligarquía autóctona, el entonces inquilino de Los Pinos aseguraba que se procedía en tal sentido “por necesidad y no por obedecer a una posición ideológica”, al tiempo que afirmaba que el Estado se desprendería de todo aquello que no fuera “estratégico”, porque, aseguraba, “los bienes públicos son para remediar los males sociales”.

Bajo esa premisa, a todas luces falsa, para él nada resultó estratégico para los intereses nacionales y el desarrollo del país, y en bandeja de plata privatizó casi todo (lo que no le dio tiempo lo hicieron sus sucesores en Los Pinos). Entre las joyas de la corona se deshizo de la industria de fertilizantes (otrora manejada por la paraestatal Fertilizantes Mexicanos, Fertimex, que permitió la autosuficiencia en este renglón; Salinas de Gortari la “dividió” en 13 unidades y las entregó a precio de regalo: 317 millones de dólares por todas), porque, decía, “el capital privado es mejor administrador que el Estado”.

¿Resultado? De la autosuficiencia en la producción de fertilizantes, en un abrir de ojos México pasó a ser importador neto de los mismos; el campo fue abandonado y se incrementó de forma brutal la dependencia alimentaria del exterior (reforzado esto con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), mientras esos empresarios mafiosos alegremente reventaron las plantas productoras que Salinas de Gortari les vendió (entre ellos Alonso Ancira, que décadas después revendió de forma fraudulenta sólo fierros retorcidos a Pemex en connivencia con el entonces director Emilio Lozoya Austin, en un culebrón que no tiene para cuándo terminar; por cierto, ¿Ancira ya pagó lo que debe o en el gobierno dan por muerto el asunto).

lo anterior viene a colación por una nota que sobre el tema publicó La Jornada (Braulio Carbajal): “en 2025 se duplicó el volumen de fertilizantes que México importó desde China, al tiempo que redujo de manera significativa los provenientes de Rusia y Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones comerciales con este último país. Datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) señalan que el año pasado se compraron a diferentes países 3 millones 798 mil toneladas de abono, un incremento de 2.3 por ciento frente a las 3 millones 713 mil toneladas de 2024. Rusia y China son los dos principales proveedores de fertilizantes de México, con 56 por ciento del total”. En este renglón, la tercera y cuarta posiciones las ocupan Omán y el vecino del norte, respectivamente.

Algo más: “de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, México es estructuralmente deficitario en la producción de fertilizantes y carece de ventajas productivas, energéticas y de costos para ser autosuficiente. En consecuencia, los fertilizantes siguen siendo un factor relevante en los costos de los productores agropecuarios. De acuerdo con datos oficiales, México importa alrededor de 75 por ciento de estos insumos”. De ese tamaño ha sido la consecuencia de la decisión salinista tomada más de tres décadas atrás que permitiría, según él, “remediar los males sociales”, con los bienes “no estratégicos” a la cabeza.

Por cierto, otra de las joyas “no estratégicas” que Salinas de Gortari entregó a la mafia empresarial fue Altos Hornos de México (AHMSA), con el mafioso Alonso Ancira como beneficiario (la que finalmente quebró y dejó tirados a cerca de 20 mil trabajadores), es decir, el mismo pandillero que se quedó con parte de Fertimex (que rebautizó como Agronitrogenados y también quebró) y décadas después revendió a Pemex en una operación abiertamente fraudulenta.

Por la venta fraudulenta de Agronitrogenados, Alonso Ancira terminó en la cárcel (se fugó de México, lo capturaron en España, fue extraditado y lo hospedaron en el Reclusorio Norte) y sólo pudo salir de ella tras un “acuerdo reparatorio” con el gobierno federal por 206 millones de dólares; solo pagó la mitad y huyó a Estados Unidos donde vive plácidamente sin que el ( fuck) ICE lo toque.

En síntesis, lo anterior sólo es una muestra del daño que al país causó el régimen neoliberal y su tenebrosa decisión de entregar a la mafia empresarial la riqueza “no estratégica”, porque el sector privado resulta ser “mejor administrador que el Estado”. Treinta y seis años después, México no deja de pagar las consecuencias.

Las rebanadas del pastel

Rapidito que se va el camión: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, intenta “acelerar” la revisión del T-MEC, no vaya a ser la de malas.