LO QUE DICEN LOS COLUMNISTAS

ELECCIONES 2021

La supuesta narcoelección y la OEA

Ernesto Villanueva

Proceso

Lo cierto, empero, es que esa iniciativa de las oposiciones no tendrá ninguna consecuencia jurídica. Y los denunciantes lo sabían y así, a sabiendas de ello, decidieron proseguir sin que los detuviera el derecho a la información y el más mínimo respeto por los electores.

En días pasados los dirigentes del PRI, PAN y PRD fueron a Washington a entregar a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) supuestas evidencias sobre la intervención de las organizaciones del narcotráfico y del crimen organizado en general en las elecciones federales del pasado 6 de junio.

El dato ha tenido un impacto efectista. Se trata de una puesta en escena de una estrategia de carácter mediático para buscar influir en las percepciones de la sociedad. Lo cierto, empero, es que esa iniciativa de las oposiciones no tendrá ninguna consecuencia jurídica. Y los denunciantes lo sabían y así, a sabiendas de ello, decidieron proseguir sin que los detuviera el derecho a la información y el más mínimo respeto por los electores. Existen, por supuesto, elementos que sustentan mi aserto anterior. Veamos.

Primero. A primera vista las personas ajenas al conocimiento del derecho (la casi totalidad de la población) podrían pensar por lo informado por los medios (los cuales, ¿casualmente?, no han hecho la tarea de complementar la información convocando a expertos en derechos humanos para analizar el potencial efecto legal de esta singular denuncia) que la OEA va a juzgar a México por los dichos de los partidos opositores o que “algo va a pasar”. Craso error. Hay que dejar en claro que su acta de nacimiento jurídico, denominada Carta de la Organización de los Estados Americanos, dispone en el artículo 1º, párrafo segundo, que la OEA “no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros” (cursivas mías).

Sería inverosímil que los partidos denunciantes no supieran de antemano que su documento no tendría ninguna suerte jurídica, simple y sencillamente porque la OEA está impedida desde su norma fundacional para intervenir en los asuntos que, en este caso concreto, corresponden a la jurisdicción interna de México.

La OEA también fue omisa en señalar esta particularidad de suma importancia, dejando que corrieran la rumorología y la desinformación de tracto sucesivo. Este comportamiento es entendible, pero no justificable, por las agudas diferencias de criterio entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha llamado a crear una nueva organización a imagen y semejanza de la Unión Europea, pero ajustada a la realidad latinoamericana. Aquí la OEA hizo un clarísimo papel de comparsa con las oposiciones por razones estrictamente de revancha política.

El gobierno mexicano debería reconsiderar el presupuesto que asigna a esta organización, el cual, sin duda, podría ser destinado a mejores causas, salvo la parte que está etiquetada –y que además debería aumentar– para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aun con un aumento a esos dos órganos de promoción y resolución de casos en materia de derechos humanos, habría un ahorro sustancial de lo que hasta hoy los mexicanos subsidian a la OEA.

Segundo. El artículo 8º de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, prescribe que: “Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo”. El camino jurídico correcto hubiera sido presentar una denuncia ante la CIDH, pero las oposiciones no optaron por esa vía porque conocían previamente que no reunían los requisitos procedimentales esenciales para que dicha acción pudiera ser admitida para su estudio inicial.

El artículo 28, numeral 8 del Reglamento de la CIDH establece como uno de los requisitos de admisibilidad haber agotado la jurisdicción interna; es decir, en el caso de México, que se tenga una resolución inapelable la cual sea contraria al interés de la persona que denuncia que sus derechos humanos han sufrido un menoscabo. Obviamente, no es el caso. Tan frágil se encuentra legalmente el asunto que ni siquiera en primera instancia se ha presentado una denuncia de hechos, no hay un solo agraviado que sostenga haber sido violentado por el narcotráfico o el crimen organizado con la omisión o acción del poder público. El que no puede lo menos no puede lo más.

En realidad todo este asunto está integrado de dichos, que no constituyen evidencia, ni siquiera indicio alguno, y por esa razón carecen de valor jurídico. Sobra decir que un dicho no es un mecanismo para iniciar la acción de la Fiscalía General de la República, de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. No hay, por lo menos hasta este momento, delito o falta que perseguir.

Tercero. El Reglamento de la CIDH establece algunas excepciones para agotar la jurisdicción interna, las cuales están previstas en el artículo 31, que a la letra dice: “1. Con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. 2. Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán cuando: a. no exista en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados; b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos (cursivas mías). 3. Cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente”.

La excepción en el inciso a) es improcedente, toda vez que México cuenta con una protección garantista de vanguardia en el contexto internacional en el contenido normativo del artículo 1º constitucional, párrafos segundo y tercero, al incorporar a la Carta Magna lo que se ha denominado “interpretación conforme” y “principio pro persona” (ver mi artículo en Proceso donde desarrollo el significado y alcance de estos conceptos en https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/8/24/sni-nuevas-reglas-del-juego-270511.html). La excepción en el inciso b) tampoco procede, en virtud de que es de conocimiento público que ello no ha ocurrido, pues para impedirle presentar al presunto lesionado en sus derechos acceder a la jurisdicción interna, es de sentido común que primero debe haber un afectado, que hasta el día de hoy brilla por su ausencia. Y lo dispuesto en la excepción prevista en el inciso c) es de explorado derecho que no es aplicable al caso concreto.

Todo esto era de conocimiento de las oposiciones, lo que pone de relieve que la intencionalidad de semejante iniciativa nada tiene que ver con la reivindicación jurídica y sí con fines político-mediáticos.

Razones

La tentación de imponer

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

A apenas 48 horas del que será el tercer informe de gobierno formal del presidente López Obrador, lo que marcará el inicio de la segunda mitad de su mandato (una etapa que el propio Presidente ha adelantado, a lo que sumó un proceso de sucesión también muy adelantado a su tiempo), la administración federal se muestra crispada, sin resultados a la altura de sus expectativas y exhibiendo rasgos preocupantes de una creciente intolerancia.

Aquel discurso presidencial de que no habría represión y violencia se está comenzando a perder. El evidente enojo que le acusaron al Presidente los bloqueos a los que fue sometido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, muestra que lo sorprendieron, lo que no es en absoluto una buena noticia porque significa que su seguridad no está en condiciones de prever acciones de este tipo, que son fácilmente detectables. Que el bloqueo se haya repetido al día siguiente lo confirma.

Es verdad que la CNTE, en su afán provocador, del que siempre termina sacando provecho porque nadie se atreve finalmente a impedirle esas acciones, le ha hecho lo mismo a todos los últimos presidentes y gobernadores en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en otros estados. Hace unos días recorría las redes un tuit del entonces líder de Morena, López Obrador, en el que se burlaba del presidente Peña Nieto y del entonces secretario Osorio Chong porque no eran capaces de dialogar con la CNTE. Tampoco puede hacerlo ahora que es Presidente el propio López Obrador. La historia de la CNTE es una historia de presiones, provocaciones y chantaje político y nadie, ni antes ni ahora, quiere asumirlo.

Pero esta administración no está preparada ni para el diseño ni para el debate y tampoco para la negociación. Quiere imponer y espera, presumiendo una legitimidad mayor a sus propias realidades, que sus órdenes sean acatadas.

Por eso mismo, cuando ello no ocurre comienzan a aparecer síntomas de hartazgo. Pueden ser los migrantes golpeados sin miramientos en la frontera sur o los alcaldes de oposición en la Ciudad de México a los que se niegan a recibir las autoridades de Morena y reprimen los policías. Los golpes que recibió ayer la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, por querer entrar al congreso capitalino, son inaceptables en cualquier democracia. El argumento de que ella y el también alcalde electo Mauricio Tabe iban acompañados y que por eso se les impidió la entrada es un argumento de un cinismo absoluto, como lo es la sonrisa del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, cuando informa sobre los hechos. Hay que cuidar, por lo menos, las formas.

No deja de ser paradójico que la administración se niegue no sólo a negociar con sus opositores, sino incluso con los funcionarios electos de delegaciones o estados, pero sí esté dispuesta a hacerlo con grupos delincuenciales y con sus familias; que se decida por la represión y la fuerza con los primeros y se pregonen abrazos para con los segundos.

El Presidente resulta obvio que está enojado. Tiene razones para ello: la economía no termina de arrancar y está muy lejos de emular el despegue que tienen nuestros principales socios comerciales, en primer lugar Estados Unidos; el área energética no rinde buenas cuentas, todo lo contrario, y se suceden los accidentes en Pemex y la CFE; los precios del gas siguen aumentando. La inseguridad termina siendo una norma y no

hay visos de que exista un avance sustancial. La relación con el gobierno de Biden está marcada por claroscuros que no terminan de definir una agenda que vaya más allá de la migración (y tampoco en la Unión Americana tienen claridad sobre qué estrategia adoptarán al respecto), pero las presiones no decrecen, en realidad aumentan sobre todo en el ámbito de la seguridad y la energía.

La pandemia sigue aquí, a pesar de que ayer se logró que comenzaran las clases presenciales y de que también la vacunación avance, aunque más lentamente de lo que se esperaría. El gabinete es disfuncional, está dividido y son muchos los que están luchando ya por la sucesión adelantada, lo que los hace cometer aún más errores: ahora hasta Rocío Nahle se cree precandidata y anote también para esa aspiración al recientemente designado secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Parte de su equipo ha llevado al Presidente a una relación de dura confrontación y nada de diálogo con los medios de comunicación. En el Congreso, que asumirá el primero de septiembre, no tendrá la mayoría calificada que necesita para aprobar los cambios constitucionales que exige y la Suprema Corte y los organismos electorales no son ni serán serviles.

El enojo es legítimo, pero tendría que ser parte de una profunda autocrítica y reflexión, en la que comenzar a recurrir a la violencia y la represión es la peor decisión. Estamos lejos de un clima represivo generalizado, pero la tentación ahí está, lo sucedido con los migrantes o con los alcaldes electos no es todavía una enfermedad, pero son síntomas que no pueden ignorarse. Mucho menos si el día de mañana, como se dijo en Chiapas, se termina azuzando a los partidarios para que diriman las diferencias en las calles con los opositores.

Agenda pendiente contra el lavado

Santiago Nieto Castillo *

La Jornada

La semana pasada acudí con las legisladoras y los legisladores de Morena y del PT, para exponer sobre la necesidad de una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocida como Ley Antilavado) y agradezco al diputado Ignacio Mier Velasco y al senador Ricardo Monreal, así como al diputado Reginaldo Sandoval, la invitación para participar; las reuniones se llevaron a cabo en términos formales.

Reconozco también a los senadores Julio Menchaca y Alejandro Armenta en las comisiones de Justicia y Hacienda, respectivamente, su importante apoyo para que se pueda generar esta reforma. Sin embargo, el tiempo nos alcanzó. México tiene que presentar en diciembre su cuarto informe de seguimiento intensificado y en él es necesaria la reforma para obtener la recalificación en nueve recomendaciones que tenemos parcialmente cumplidas y una más que mantenemos como no cumplida. Las modificaciones podrían clasificarse en tres grandes apartados. Por un lado, el tema de actividades vulnerables: la necesidad de una mejor debida diligencia del cliente, desarrollar sistemas de capacitación permanentes; contar con sistemas automatizados en sus procesos de monitoreo y auditorías internas y externas, para mayores mecanismos de control. Lo anterior incluye también la obligación de presentar reportes de operaciones sospechosas y no sólo cuando se supera determinado umbral.

Un segundo bloque de reformas tiene que ver con el beneficiario final tanto en personas morales como en estructuras jurídicas. Hay que recordar que operación zafiro, Odebrecht o la estafa maestra no se hubieran logrado sin la generación de empresas fachadas y, por ello, es necesario buscar quiénes son los beneficiarios finales de actos de corrupción o

actos de narcotráfico, etcétera. La identificación y transparencia de quienes están realmente detrás de estas operaciones contribuirá a prevenir que empresas o determinados instrumentos legales y financieros puedan ser utilizados con el fin de cometer estos actos ilícitos.

Un tercer bloque tiene que ver con mejorar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Establecer legalmente la coordinación con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (Uipes) de las entidades federativas; la coordinación con la división de Guardia Financiera perteneciente a la Guardia Nacional, para que sirva como primer respondiente y, así, presentar las denuncias correspondientes con elementos de prueba que el Ministerio Público pueda utilizar en la judicialización de las carpetas de investigación. En este bloque, se encuentra además la posibilidad de contar con información de sindicatos, partidos políticos e incluso que las federaciones o confederaciones deportivas tengan la obligación de emitir avisos en determinados supuestos a la UIF. Con estas modificaciones, estaremos a la altura del estándar internacional en materia de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo. Después, la siguiente batalla tendrá que ver con la efectividad de nuestras medidas de cumplimiento, pero es importante dar este primer paso realizando las modificaciones legales para después instrumentarlas, y mejorar su efectividad.

* Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.