Lo que dicen los columnistas

El derecho a la información en riesgo

Se anula la comprensión. No se silencia el discurso. Se lo disuelve en un mar de estímulos irrelevantes, fragmentados y emocionalmente manipulados. La información existe, circula y se multiplica, pero ya no orienta. Confunde. Fatiga. Neutraliza. El efecto final es equivalente a la censura.

Ernesto Villanueva

Proceso

Durante décadas el debate fue sencillo y lineal: censura o libertad. Callar o permitir hablar. Ese marco hoy es insuficiente, casi ingenuo. El derecho a la información no está siendo erosionado principalmente por prohibiciones explícitas, sino por un fenómeno más sofisticado y eficaz: la saturación informativa sistemática. No se impide el acceso. Se anula la comprensión. No se silencia el discurso. Se lo disuelve en un mar de estímulos irrelevantes, fragmentados y emocionalmente manipulados. La información existe, circula y se multiplica, pero ya no orienta. Confunde. Fatiga. Neutraliza. El efecto final es equivalente a la censura, pero sin su costo político.

Primero. El derecho a la información surgió históricamente como respuesta a la opacidad del poder. Su enemigo era la ausencia de datos. Hoy su enemigo es el exceso. Nunca hubo tanta información disponible. Nunca fue tan difícil comprender la realidad social y política. La saturación informativa no es un accidente.
Es una condición estructural del ecosistema digital contemporáneo. Produce cansancio cognitivo. Reduce la atención. Desactiva el interés por los asuntos públicos. La ciudadanía no deja de informarse por apatía. Deja de informarse por agotamiento. Cuando todo es urgente, nada lo es. Cuando todo es noticia, nada se asimila. El ciudadano se repliega. Desconecta. Simplifica. Este entorno no fortalece la deliberación democrática. La debilita desde su base. El derecho a la información no se agota en el acceso técnico a datos. Exige inteligibilidad, contexto y relevancia pública. Sin estas condiciones, el derecho se vacía de contenido material. La Corte Interamericana ha sido clara: el derecho protege la posibilidad real de formarse una opinión libre e informada, no la mera existencia abstracta de información (CIDH, Claude Reyes vs. Chile). La saturación informativa rompe esa posibilidad.

No prohíbe saber. Impide entender.

Segundo. El problema ya no es solo la cantidad de información. Es quién decide su visibilidad. La circulación informativa está mediada por algoritmos opacos, diseñados para maximizar permanencia y rentabilidad, no comprensión ni interés público. No seleccionan lo más relevante. Seleccionan lo que provoca reacción. La indignación desplaza al análisis. La emoción desplaza al contexto. La velocidad desplaza a la verificación. El ciudadano no elige plenamente qué ve. Un sistema invisible jerarquiza por él. Define agendas. Amplifica discursos. Silencia otros por simple irrelevancia algorítmica. Aquí no hay censura directa. Hay dilución estratégica. La desinformación contemporánea no opera solo mediante noticias falsas. Opera mediante fragmentación del sentido. Un dato veraz, aislado de su contexto, reiterado hasta el cansancio, también desinforma. Un escándalo permanente impide ver los problemas estructurales. Este modelo erosiona el juicio crítico. No destruye la información. Destruye el criterio para evaluarla. El resultado es funcional al poder, público y privado. Un ciudadano saturado no es un ciudadano informado. Es un ciudadano manejable. No porque crea todo. Sino porque deja de creer que comprender sea posible. La UNESCO ha advertido que los entornos digitales actuales generan una crisis global de integridad informativa que afecta directamente a la democracia, la confianza institucional y la cohesión social.

No por censura estatal. Por diseño tecnológico. Aquí surge un vacío constitucional grave. Los intermediarios privados ejercen poder estructural sobre derechos fundamentales sin controles equivalentes. No legislan, pero condicionan.
No gobiernan, pero influyen. No rinden cuentas, pero deciden qué importa.

Tercero. El discurso jurídico dominante sigue anclado en una premisa hoy insuficiente: a mayor cantidad de expresión, mayor libertad. Eso ya no es cierto. Cuando todo circula sin jerarquía, sin responsabilidad y sin transparencia,
la libertad se convierte en ruido. Y el ruido no emancipa. Paraliza. La libertad de expresión no puede analizarse de forma aislada. Debe entenderse en relación directa con el derecho a la información. Ambos forman un sistema. Si uno se expande sin límites, el otro colapsa. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que la libertad de expresión no es absoluta. Tiene límites legítimos cuando entra en tensión con otros derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a recibir información veraz, contextualizada y útil para la deliberación democrática. El desafío actual no es callar voces. Es reconstruir las condiciones del sentido. No se trata, de ninguna manera, de regular contenidos ideológicos. Se trata de regular condiciones estructurales: transparencia algorítmica, responsabilidad de plataformas, protección del interés público informativo. El Estado no puede ser censor. Pero tampoco puede ser indiferente. Debe asumir su papel de garante del ecosistema informativo. De lo contrario, el derecho a la información seguirá intacto en los textos constitucionales, pero ausente en la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

La censura clásica imponía silencio. La saturación informativa impone confusión. Ambas anulan el derecho a la información. Pero la segunda es más eficaz, más barata y políticamente invisible. Hoy no se prohíbe saber. Se hace inútil saber. Defender el derecho a la información exige abandonar esquemas del siglo pasado. El problema ya no es quién habla. Es quién organiza el sentido. Mientras no se enfrente esta realidad, la democracia seguirá hablando sin parar y entendiendo cada vez menos.

Razones

México y EU: colaboración hemisférica

Washington espera resultados contundentes en materia de seguridad

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

La estrategia de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, dada a conocer a fines del año pasado, está siendo cumplida a rajatabla por la administración de Trump y constituye, ya lo hemos dicho, un nuevo paradigma en la visión internacional de ese país y en su visión de los equilibrios regionales. Y si algo queda claro en esa estrategia es la concepción de un alineamiento continental, que ellos llaman hemisférico, en torno a Estados Unidos. El capítulo de Venezuela, las presiones a Cuba, el apoyo a candidaturas conservadoras en todo el continente son expresión de ello.

También lo son las exigencias a México. Luego de la llamada entre los presidentes Trump y Sheinbaum del lunes, y de las filtraciones al New York Times y al Wall Street Journal, se dio una nueva llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio donde se dio una vuelta de tuerca sobre aquello que decía el comunicado del Departamento de Estado del domingo, que exigía “resultados tangibles” en la lucha contra el crimen organizado.

El comunicado difundido el jueves de la nueva conversación entre los cancilleres reafirmó la importancia de la relación México-Estados Unidos, pero dejó claro que Washington espera resultados más contundentes en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Destacó que la relación bilateral debe mantenerse basada en el respeto mutuo a la soberanía de ambos países y en la colaboración para enfrentar desafíos comunes, pero ambos funcionarios coincidieron en que “es necesario hacer más” para enfrentar amenazas compartidas, en particular las relacionadas con cárteles, tráfico de fentanilo y seguridad fronteriza.

Estados Unidos subrayó que el progreso “gradual” en seguridad fronteriza es inaceptable y exigió resultados “concretos y verificables” contra las redes narcoterroristas y el tráfico de fentanilo. Se acordó dar seguimiento a los mecanismos de cooperación ya existentes, incluyendo el intercambio de información e iniciativas de seguridad transfronteriza, y preparar una próxima reunión ministerial de seguridad en Washington para evaluar avances y definir nuevas acciones.

Esas nuevas acciones pasan por lo que decían el New York Times y el Wall Street Journal. Ambos insistían en que el gobierno de Estados Unidos reiteró la exigencia de que sean procesados políticos y funcionarios mexicanos acusados de distintos delitos relacionados con el crimen organizado y decían que, de ellos, por lo menos tres eran considerados prioritarios, uno de ellos un militar, y dos gobernadores.

Al mismo tiempo, el WSJ y el NYT reiteraban que Trump le dijo a la presidenta Sheinbaum que era necesario que hubiera comandos militares de Estados Unidos acompañando a soldados mexicanos en operaciones esenciales contra los cárteles, y que hubiera agentes de inteligencia colaborando con esas áreas en México. Especificaban que esas colaboraciones se mantendrían bajo mando militar mexicano en nuestro territorio.

Esa colaboración, en buena medida, ya está en marcha. Hay asesores trabajando en México, así como tropas que hasta ahora están haciendo entrenamiento conjunto. La colaboración que se da entre la Secretaría de Seguridad federal, encabezada por Omar García Harfuch, con los organismos de seguridad estadunidenses es intensa, tanto como la que se ha establecido entre el Ejército mexicano con sus homólogos del Comando Norte de los Estados Unidos en muchos ámbitos, pero sobre todo en el control de nuestra frontera norte, la del sur de la Unión Americana.

El tema va más allá. En la nueva concepción de seguridad de los Estados Unidos ese país ha decidido modificar la estructura militar que estableció desde los atentados de 2001, dividiendo el mundo en distintos comandos, y eso incluye, ante la visión hemisférica de la seguridad, reemplazar los actuales Comando Norte y Comando Sur por un nuevo comando hemisférico. Actualmente el Comando Norte, donde está incluido México, Canadá y las Bahamas, se encarga de la seguridad interior de la propia Unión Americana. Y el Comando Sur de América Latina y el Caribe. Con la visión hemisférica de la seguridad esa división pierde sentido y por eso se creará el comando del hemisferio occidental, entendido todo el continente de seguridad interior de Estados Unidos, que tendrá mucha mayor potencia militar y en el que México jugará un papel protagónico, porque el eje será el combate al narcoterrorismo en todo el hemisferio.

Todo eso es parte de las negociaciones que existen entre México y Estados Unidos, que trascienden mucho de lo que se da a conocer públicamente, y los discursos vacíos que se pronuncian a un lado y otro de frontera común. Por eso también los esquemas de colaboración de los que se habla en el último comunicado implican modificaciones profundas y exigen avanzar mucho más, tener “resultados tangibles”, como se insiste.

En este sentido, el golpe sobre la mesa del que hemos hablado, de la presidenta Sheinbaum es fundamental. Se están haciendo muy bien las cosas en seguridad, lo podemos comprobar con los golpes dados desde que comenzó el año, pero falta subir un escalón, y darle a esa estrategia el significado de ruptura política con los cómplices y protectores del crimen organizado de la que hoy carece. Sin ello, pierde legitimidad en Washington.

Ese golpe sobre la mesa debe ser previo a la reunión ministerial de febrero, que inaugurará una nueva época de una colaboración que ya está en ciernes y que se debe corresponder con el nuevo paradigma internacional que vivimos.

Juegos de poder

Reforma electoral y la corrupción de la vida pública del país

Tienen una visión autoritaria que quieren consolidar ahora en el poder

Leo Zuckermann

Excelsior

Algo está muy mal, pésimo, cuando el PT y el Verde son los partidos que pueden salvar la democracia mexicana.

*Porque, si fuera por Morena, y no necesitara los votos de estos partidos en el Congreso para reformar la Constitución, haría todo lo posible por desmantelar lo poco que queda de la democracia-liberal en México para quedarse con el poder de manera permanente.

Ése es el proyecto político lopezobradorista: evitar que la minoría opositora pueda convertirse, eventualmente, en mayoría. Morena no cree en la pluralidad democrática, sino en un régimen de partido hegemónico donde toda la política nacional pase única y exclusivamente por esa institución.

Tienen una visión autoritaria que quieren consolidar ahora que están en el poder.

Sin embargo, no cuentan con los votos para enterrar definitivamente a la escasa democracia liberal que todavía hay en México. Requieren de sus socios minoritarios, el Parido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), para reformar la Constitución.

Dos partidos francamente impresentables.

Corruptos hasta la médula.

El PVEM es, me atrevo a afirmarlo, el más putrefacto que ha existido en la historia del país. Y esto es decir muchísimo si tomamos en cuenta la competencia con otros partidos tan deshonestos como el PRI del siglo XX o el propio Morena en el actual.

Más que un partido, el Verde es un negocio familiar. Muy exitoso, por cierto. Si cotizara en la Bolsa de Valores, sus acciones habrían subido como la espuma desde su creación en 1986 por parte de la familia González.

Nació cercano al poder cuando Salinas era presidente y entendió que eso, la cercanía con el gobierno, era lo que daba buenos resultados económicos.

Se aliaron al PAN de Fox, luego al PRI de Peña y ahora son socios de Morena con AMLO y Sheinbaum. No tienen convicciones. Lo único verde que les interesa es el color de los dólares.

Han venido ganando posiciones políticas vendiendo sus votos en el Congreso. Son tramposos y marrulleros. Hacen negocios desde el poder. Ya gobiernan un estado (San Luis Potosí) y, para efectos prácticos, también Quintana Roo, donde vive el dueño del partido, Jorge Emilio González, mejor conocido como El Niño Verde por ser el junior que heredó esa institución de su padre.

Obvio, al Verde no le conviene que Morena cancele los legisladores que se eligen por representación proporcional ni que se reduzca el financiamiento público a los partidos. Van a rechazar este tipo de propuestas y presionar a que los morenistas le otorguen varias de las candidaturas que estarán en juego en 2027, principalmente las gubernaturas de San Luis Potosí y Quintana Roo.

Lo mismo hará la otra fichita con la que tiene que negociar Morena, el PT, partido también fundado por el presidente Salinas para hacerle competencia a la izquierda que se estaba conjuntando en ese momento en el PRD.

Como el Verde, se trata de un negocio de la familia Anaya que igual ha estado aliado al PRI que al PRD y ahora a Morena.

En las elecciones intermedias de 2015 perdieron el registro como partido. Sin embargo, el PRI, que gobernaba en ese momento, junto con el PRD y MC, realizaron una serie de maniobras para repetir la elección en un distrito de Aguascalientes y lograr los votos que le faltaban para mantener dicho registro. Les salvaron el pellejo para, tres años después, ver cómo apoyaban a López Obrador en la elección presidencial.

No sólo han mamado décadas del dinero de las prerrogativas de los partidos, sino que los gobiernos le han inyectado millones de pesos a los Centros de Desarrollo Infantil administrados por la familia Anaya.

Un negocio redondo.

Qué tan mal estará la democracia liberal en México que el partido gobernante quiere desmantelarla y los únicos que pueden detener, o por lo menos limitar, ese proyecto son el PT y Verde. A lo que hemos llegado. Depender de los intereses de Alberto Anaya y Jorge Emilio González, cuyas credenciales políticas son de las peores que existen.

Recordemos que la llamada Cuarta Transformación prometió “purificar la vida pública del país”. La próxima reforma electoral demostrará que esto siempre fue una patraña. Lo único que les importa es perpetuarse en el poder para seguir haciendo negocios desde el Estado. Han aprendido bien de sus socios del PT y del Verde. En lugar de “purificar” a estos partidos, los imitan cada vez más envenenando la vida pública del país.

Astillero

¿Por qué tardarse en informar y precisar? // Un Hércules “capacitador” en Toluca // “Posibles riesgos” aéreos // Mafiosa “Junta de Paz”

Julio Hernández López

La Jornada

La espiral belicista de Donald Trump contra México ha llegado ya, en un contexto latinoamericano más amplio, al punto de anunciar operaciones militares aéreas que implican restricciones y peligro en áreas del Golfo de California (o mar de Cortés o mar Bermejo; ubicado entre la península de Baja California, Sonora y Sinaloa, de esta entidad, específicamente Mazatlán).

El “aviso” de la Administración Federal de Aviación (FAA, conforme a las siglas en inglés) de Estados Unidos sobre esos “posibles riesgos” señala como áreas afectables a Centroamérica, el norte de Sudamérica, (Panamá, Colombia y Ecuador) y México. La duración de esta advertencia militar es de 60 días.

La alerta a las aerolíneas y operadores aéreos aumentó en México la excitación de los segmentos sociales y mediáticos que anhelan la intervención directa de tropas estadunidenses en suelo mexicano para exterminar a cárteles del crimen organizado y “detener” y “extraer” a políticos de la Cuarta Transformación, según una narrativa tan largamente proclamada como incumplida.

Los propósitos gringos de desestabilización y amedrentamiento, al estilo de lo practicado al inicio del proceso venezolano reciente, tuvieron entre sábado y domingo un episodio propicio con el arribo de un avión militar de Estados Unidos. A pesar de que durante largas horas hubo señalamientos en redes sociales, incluso aventurados (transporte de misiles, aseguraron algunas voces de extremismo opositor), fue hasta las 20:23 horas de ayer (casi 30 horas después del aterrizaje sabatino en Toluca; más de nueve horas de que regresó a Estados Unidos) cuando el gabinete de seguridad de México informó que se trata de “un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”.

Desafortunada, casi colaboración con el “enemigo” (por recurrir al lenguaje militar), la tardanza del gobierno mexicano en responder a una insistente demanda en redes de información precisa y oportuna. Además, si ya había autorización, y todo habría de fluir conforme a “protocolos” y “acuerdos”, ¿por qué no se informó de ello cuando menos un día antes del aterrizaje tan política y mediáticamente manipulable?

En otra pista del multiforo bélico-empresarial que encabeza Donald Trump se ha presentado una propuesta para crear una “Junta de Paz” que apunta a convertirse en una coordinación mafiosa de países y gobernantes deseosos de tomar decisiones en el rediseño del mundo que trata de imponer el presidente estadunidense y repartirse el pastel que habría de derivarse de inversiones, posesiones y concesiones impuestas por este “club de vencedores” a las naciones vencidas.

Para darse cuenta del tamaño de las ganancias que podrían recibir los confabulados que estarían bajo el mando de Trump, este ha establecido una cuota de mil millones de dólares en efectivo, durante el primer año, a cada gobierno participante; los fondos serían administrados por Donald y se plantea que el compromiso multinacional sería de más de tres años, como si el multimillonario actual perfilara una estancia mayor de la constitucional en la Casa Blanca o tuviera la seguridad de que su sucesor sería de la misma línea trumpista o estuviese creando un organismo para mantenerse con poder propio cuando termine su periodo constitucional de gobierno.

De entrada, Trump busca debilitar a la ya muy disminuida Organización de Naciones Unidas (ONU), pues con la “Junta de Paz” se intenta crear “un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz”, ya que “demasiados enfoques de la consolidación de la paz fomentan la dependencia perpetua e institucionalizan las crisis en lugar de conducir a la gente más allá de ellas” (citas tomadas de The New York Times). ¡Hoy se cumple un año (uf) del segundo periodo de Trump en la Casa Blanca!

México SA

Estados Unidos vs Estados Unidos // Agresor y “protector” a la vez // Europa atlántica, siempre sumisa

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Si se atiende el “compromiso” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que obliga a sus integrantes a la “defensa colectiva” de los países coaligados en caso de una agresión militar, entonces para Estados Unidos es ineludible unir su fuerza bélica con la de las naciones europeas firmantes de ese pacto para combatir a Estados Unidos en su despropósito de quedarse con Groenlandia “por las buenas o por las malas” (Trump dixit).

El artículo 5 de dicho tratado establece: “Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Hasta donde se sabe, el despropósito de ( fuck) Trump es un caso único en la historia de la OTAN (no hay registro de agresiones bélicas entre los integrantes de la alianza), y en su delirante proceder, el jefe del cártel de la Casa Blanca “explica” que robarse Groenlandia “por las buenas” quiere decir que todas las naciones de esa organización deben ceder el territorio sin chistar, abrirse de piernas (a él que tanto le gusta eso si se trata de menores de edad) y aplaudirle a rabiar, mientras “por las malas” para él se traduce en una invasión militar, la cual sólo engrosaría el de por sí enorme inventario histórico de agresiones gringas aquí, allá y acullá.

Entonces, Estados Unidos está obligado a utilizar su poderío bélico contra sí mismo –de la mano de los aliados– para evitar la agresión e invasión a un integrante de la OTAN, Dinamarca en este caso, toda vez que Groenlandia es una nación constituyente de dicho país europeo. ¿Cómo sería el asunto? ¿El Ejército gringo contra la Marina y la Fuerza Área igualmente gringas? ¿El comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos, el propio ( fuck) Trump, se aniquilará a sí mismo? ¿Cómo distribuirá el voluminoso presupuesto militar entre el gringo agresor y el gringo defensor de “la libertad y la democracia”? Suena a película de bajo presupuesto.

En vía de mientras, Xi Jinping y Vladimir Putin plácidamente observan cómo ( fuck) Trump termina de hundir al imperio, en el entendido de que, salvo retórica de ocasión, la Europa atlántica no hará nada en contra de su amo, porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial le abrió las piernas a Estados Unidos y cómoda y servilmente permitió que su “seguridad” quedara en manos gringas, es decir, baila al ritmo que Washington le marque. Hasta ahora, los “ofendidos aliados” (quienes de plano ni la burla perdonan: “permaneceremos unidos frente a las amenazas” estadunidenses) se han limitado a enviar a un grupúsculo de soldados, más para la foto y el video que para otra cosa.

Y como parte de “por las buenas”, a ( fuck) Trump se le ocurrió imponer aranceles (10 por ciento) a la importación de productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia que participan en los “ejercicios militares” en Groenlandia, y los amenaza con incrementar a 25 por ciento esa tasa a partir del primero de junio si no se llega a un acuerdo para “la compra total y completa” del territorio ártico. “Estados Unidos está abierto inmediatamente a negociar con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social ( La Jornada).

Por demás “cautos”, por decirlo suave, con el intento de robar Groenlandia, los “líderes” europeos se retorcieron con el anuncio de los aranceles, porque ahí sí les duele: con lágrimas en los ojos, la impresentable presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguraron que “socavarían las relaciones transatlánticas”.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, en Groenlandia no hay pingüinos.