Lo que dicen los columnistas

Aduanas, un problema sin resolver

En México existen 50 aduanas de las cuales 19 están en la frontera norte, dos en la frontera sur, 17 marítimas y 12 interiores, pero más de 50% de las exportaciones e importaciones se realizan en cinco de ellas. Ahí está el negocio en manos de militares.

José Gil Olmos

Proceso

Las aduanas siguen siendo un gran atractivo para los negocios ilegales y son tan porosas que hasta un elefante o jirafas pueden pasar sin problema alguno por los puentes fronterizos, navales o aeropuertos.

Con la decisión de militarizarlas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pensó que podría detener tráfico ilegal de fentanilo, mercurio, minerales en bruto que se transforman en acero, ropa, calzado y armas. Pero en este gobierno de Claudia Sheinbaum la medida fracasó rotundamente tras la investigación del llamado huachicoleo fiscal, que no es otra cosa que el robo y tráfico de combustible a escala internacional.

A diferencia de López Obrador, la presidenta Sheinbaum apostaba a que las aduanas fueran la puerta de recaudación necesaria y urgente para dar solvencia a las finanzas públicas. Y así lo fue, pues en los primeros seis meses del año la recaudación alcanzó 711 mil 930.9 millones de pesos, un crecimiento real de 23.4% respecto del mismo periodo de 2024.

Pero no dejaron de ser el zaguán del tráfico de combustible robado a Pemex, refinado en Texas y vendido a varios países. Un negocio donde participaron empresarios, autoridades y el crimen organizado.

Eso fue lo que investigó y reveló a la presidenta Sheinbaum el exdirector de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien le proporcionó información clave que condujo al aseguramiento de un buque con presunto combustible ilegal (huachicol fiscal) en el puerto de Tampico, Tamaulipas. 

Durante una de sus conferencias matutinas, la mandataria habló de Alex Tonatiuh Márquez Hernández recientemente removido de su cargo por acusaciones de enriquecimiento inexplicable. Aclaró que, de acuerdo con las investigaciones, no existen indicios que lo vinculen directamente con la red de contrabando de combustible, sino todo el contrario, destacó que fue él quien alertó a las autoridades federales sobre las pipas y el buque sospechoso, el High Challenge, que se encontraba en el muelle en ese momento. 

En el área de investigación aduanal fue donde se descubrió el huachicoleo fiscal en su más alto nivel, con la participación de funcionarios de las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada. El buque tanque High Challenge, con bandera de Liberia, fue captado atracando en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde intentó ingresar 50 millones de litros de combustible de manera ilegal.

En su investigación la revista Proceso de octubre, bajo la firma de su director, Jorge Carrasco, reveló que tuvo acceso a información que “indica que unos 200 elementos de la Marina y unos 150 del Ejército se encuentran bajo investigación. Pero el grupo compacto se cifra en 15 mandos militares de ambas Fuerzas Armadas que ocuparon las aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.

En la investigación Proceso señaló entonces que las indagatorias no habían terminado y estaban encaminadas “a la búsqueda de más órdenes de aprehensión en las que podrían figurar generales de Ejército, jefes (coroneles y mayores) y oficiales (capitanes), así como sus equivalentes en la Marina: capitanes, contralmirantes, vicealmirantes y almirantes; además de mandos y jefes de la Guardia Nacional por haber custodiado el transporte de pipas con combustible ilegal”.

Pero nada de esto ocurrió al paso de los meses. Lo que sucedió fue el relevo del director de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, acusado de tener relojes de alta gama, propiedades lujosas y presuntos vínculos con agrupaciones criminales.

Márquez, dijo la presidenta Sheinbaum, es «un buen funcionario», pero enfatizó que cualquier señalamiento en su contra debe basarse en investigaciones administrativas formales y no en especulaciones. 

En México existen 50 aduanas de las cuales 19 están en la frontera norte, dos en la frontera sur, 17 marítimas y 12 interiores, pero más de 50% de las exportaciones e importaciones se realizan en cinco de ellas: Nuevo Laredo (23.25% del total de operaciones), Ciudad Juárez (9.61%), Tijuana (9.14%), AICM (6.29%) y Ciudad Reynosa (6.07%). Ahí está el negocio en manos de militares.

Adiós 2025

México llegará a 2026 con mayor margen de maniobra, con una posición más sólida frente a sus socios internacionales y con una narrativa distinta: la de un país que entiende los desafíos globales y actúa con inteligencia estratégica.

Juan Carlos Sánchez Magallán

Excelsior

2025 quedará registrado como un periodo de alta complejidad global. La economía internacional se vio tensionada por ajustes arancelarios, la geopolítica por conflictos armados persistentes y la incertidumbre se convirtió en un elemento cotidiano en la conversación pública internacional. Sin embargo, en medio de ese escenario retador, México logró enviar señales claras de conducción, estabilidad y visión estratégicas positivas.

En materia económica, el país transitó un contexto delicado con prudencia y firmeza. La conducción de la política exterior y económica permitió mantener abiertos los canales de diálogo con nuestros principales socios, particularmente en el marco del T-MEC. Las negociaciones en curso reflejan una postura madura: México no sólo responde a las presiones externas, sino que defiende sus intereses con argumentos técnicos y con una lectura realista del nuevo orden económico global. La decisión de establecer aranceles a productos provenientes de China, a manera de ejemplo, apunta a un objetivo de fondo: proteger la planta productiva nacional, incentivar la relocalización de cadenas de suministro y fortalecer la atracción de inversión hacia el territorio mexicano. Además, altas inversiones bajo el liderazgo de Marcelo Ebrard, se estan materializando en el país por la confianza en los mercados y por proyectar a México como un socio confiable y competitivo.

Además del impulso a los Polos de Desarrollo, que son oportunidad para seguir fortaleciendo la economia nacional, atraer inversión extranjera y nacional, y promover la colaboración con Estados Unidos. Esto contribuye a la consolidacion y durabilidad del T-MEC y a la seguridad y estabilidad de la región.

En el ámbito de la seguridad pública, 2025 también mostró avances relevantes. Más allá del discurso, los resultados comenzaron a reflejarse en cifras: operativos de alto impacto, decomisos históricos de droga, detenciones clave del crimen organizado y una disminución sostenida en delitos que afectan directamente la vida cotidiana de la población. La estrategia encabezada por Omar García Harfuch fortaleció la percepción de orden y capacidad institucional, un factor indispensable para la inversión, el turismo y la cohesión social. La contención del tráfico de fentanilo y otros opioides hacia Estados Unidos no sólo representa un logro en términos de cooperación bilateral, sino también un mensaje claro de corresponsabilidad regional.

Estos avances en seguridad y economía han tenido un efecto multiplicador. México llegará a 2026 con mayor margen de maniobra, con una posición más sólida frente a sus socios internacionales y con una narrativa distinta: la de un país que entiende los desafíos globales y actúa con inteligencia estratégica.

El turismo, por su parte, se consolidó como uno de los motores más visibles del año. México registró cifras históricas de llegada de visitantes, al tiempo que se impulsaron nuevos polos turísticos y se diversificó la oferta más allá de los destinos tradicionales. Esta expansión no sólo generó divisas, sino que activó economías regionales, fortaleció el empleo local y proyectó una imagen de país vivo, atractivo y en constante transformación.

Mirar 2025 con perspectiva permite reconocer que no fue un año exento de tensiones, pero sí uno de decisiones relevantes. México no resolvió todos sus desafíos —ningún país lo hizo—, pero avanzó en la dirección correcta: con instituciones que responden, con liderazgos que entienden el momento histórico y con una sociedad que, pese a todo, sigue apostando por construir futuro. En tiempos complejos, esas señales de rumbo son, quizá, lo más valioso. ¿O no, estimado lector?

2026: transición global y México ante sus desafíos

Juan Carlos Gómez Aranda

Excelsior

El mundo cierra 2025 inmerso en una etapa de incertidumbre. Nunca desde la Segunda Guerra Mundial se había registrado un número tan elevado de conflictos armados activos. Guerras como la de Ucrania, la terca violencia en diversas áreas de África y Medio Oriente, así como las tensiones comerciales se entrelazan con la disputa global por la hegemonía tecnológica. Este entorno ha afectado inversiones y cadenas productivas internacionales, en un contexto de crecimiento económico mundial moderado e inferior al de años previos, con impactos tanto en economías avanzadas como en mercados emergentes.

Este año se consolidó el avance exponencial de la inteligencia artificial. Sus aplicaciones han democratizado oportunidades inéditas, pero también han abierto debates sobre su uso ético, la sustitución de empleos y la creciente brecha entre los países líderes en este tema y aquellos que se rezagan. Paralelamente, la pobreza y el hambre continúan concentrándose en regiones golpeadas por conflictos armados, crisis climáticas, debilidad institucional y desigualdades históricas, particularmente en zonas de África y Asia.

En el panorama político de nuestra región, la interrogante central es si continuará el giro hacia la derecha en los procesos electorales de 2026 en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití y Perú, siguiendo la tendencia observada recientemente en las elecciones presidenciales de Honduras y Chile, y anteriormente en Bolivia y Argentina.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que el área concluye el año con un crecimiento bajo y atrapada en una dinámica de estancamiento estructural. Para México, si bien se reconoce la estabilidad macroeconómica y la disminución de la pobreza, la desaceleración obedece en buena medida a la fuerte dependencia de la economía estadounidense, así como a la debilidad de la inversión y la productividad internas. A ello se suman los retos para la relocalización de cadenas productivas: cuellos de botella en electricidad y agua, además de la escasez de mano de obra calificada. No puede omitirse la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y evaluar el desempeño del nuevo Poder Judicial, que sigue bajo escrutinio.

Los desafíos para México son enormes, pero también lo son las oportunidades. El país cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales que abarcan a más de 50 naciones, incluida la Unión Europea, y especialmente el Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyos beneficios ya han sido probados. La revisión de este acuerdo, que está por iniciar, será determinante para que México conserve su posición como principal proveedor del mercado estadunidense. A ello se suma el reto de fortalecer la infraestructura digital y de preparar una fuerza laboral especializada que permita reducir la persistente desigualdad.

En la relación con Estados Unidos será necesario profundizar la colaboración en materia de seguridad y continuar gestionando con eficacia los temas de la agenda bilateral, como el de los gravámenes, ámbito en el que la presidenta Sheinbaum ha negociado exitosamente. Gracias a ello, la tasa arancelaria resultó más baja que la aplicada a la mayoría de los países, lo que permitió ocupar el espacio dejado por los productos chinos sujetos a impuestos más elevados, consideran analistas estadunidenses. Con China, a partir de mañana México aplicará aranceles de hasta 50 por ciento, como lo hará con todos los países con lo que no existe acuerdo de libre comercio.

El año 2026 será decisivo en los ámbitos económico, social y político. Coincidirá la revisión del T-MEC con la maduración de megaproyectos como el Corredor Interoceánico, la aprobación de la reforma electoral por el Congreso y el arranque del proceso de elecciones intermedio. Estarán en juego 17 gubernaturas, casi 700 presidencias municipales y alrededor de mil 500 diputaciones locales y federales. Además de la elección de jueces y magistrados federales y estatales. Será también el periodo de consolidación del estilo personal de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá equilibrar la conducción de su administración, la unidad de su movimiento y alianzas, al tiempo de serenar a quienes exigen preservar intacto el legado de la transformación.

CHIAPAS INICIARÁ 2026 A TAMBOR BATIENTE

En este entrañable estado el tiempo apremia. Por ello, el gobierno estatal trabaja a toda marcha para que los momentos favorables que viva México también se traduzcan en oportunidades para la entidad.

Desde los primeros días del nuevo año, el gobernador Eduardo Ramírez tiene previsto impulsar la construcción de obras estratégicas de infraestructura en comunicaciones, la promoción de las ventajas locales y el fortalecimiento del turismo, sustentado en su riqueza natural que es singular, y el reforzamiento de acciones para atender a los municipios con mayores rezagos, sin perder de vista la protección del medio ambiente, la educación y la salud. Todo ello se desarrollará en paralelo con la profundización del proceso de recuperación de la seguridad y la paz social, que ha sido exitoso a un año de iniciado su gobierno y al cual no le dará ni un instante de tregua.

Defender la escuela pública

Lev M. Velázquez Barriga*

La Jornada

El director nacional de materiales educativos puede ser un personaje controversial, a veces impulsivo y otras políticamente “incorrecto” para las hipocresías de la clase gobernante; pero, definitivamente, no es un opositor ni desestabilizador de la nueva escuela mexicana, como aseguran algunos medios de comunicación. Si hay alguien dentro del gobierno federal encarnando el caballo de Troya y es pieza clave para boicotear los principios pedagógicos y filosóficos de la NEM que la identifican con el pensamiento crítico, es el mismo secretario de Educación.

El protagonista de aquel pacto contra México que se presentó como estrategia de reformas antinacionales en el periodo más oscuro del neoliberalismo, arribó a la titularidad de la SEP sin credenciales relevantes en el ámbito de la política educativa, más bien, como pago por su deleznable papel en la instrumentación (las más de las veces, imposición) de acuerdos electorales cupulares, pragmáticos y oscuros con la partidocracia. Tal es es el caso de la venta de candidaturas, incorporación directa o indirecta de las viejas y podridas castas políticas a las filas de la Cuarta Transformación, así como simulación de encuestas para eliminar a los sectores progresistas del partido oficial.

Sus palabras y acciones no se corresponden con el propósito de impulsar un modelo de educación propia que recoja los aportes del pensamiento mexicano, las características pluriculturales del país y de su territorialidad dinámica. Cual si fuera uno más de los dispositivos tecnológicos reiniciando el pensamiento instrumental, sus discursos se parecen más a la reproducción de comandos y algoritmos lingüísticos impulsados por las oligarquías tecnofeudales que presentan la IA y las matemáticas aplicadas en ciencias como medio de salvación de todo; sin embargo, Mario Delgado no ha sumado ni una sola estrategia a las nueve que ya existen, o bien, presentado algún programa sustantivo que materialice, siquiera, la posibilidad de soberanía tecnológica desde la educación básica. Seguramente obvia, deliberadamente, que la China socialista no logró llegar a la cima de la cuarta revolución industrial y sacar de la pobreza a 700 millones de personas repartiendo promocionales de marca Lego, consumiendo ferretería digital en chrome books estadunidenses o comprando capacitaciones emprendedoras de herramientas IA a las universidades privadas, como él lo hace.

El proyecto del secretario y los funcionarios allegados en los estados está convirtiendo a la SEP en una agencia de colocación de servicios privados, que destacan: educación para la dependencia tecnológica; consumación de la escuela pública como primer ambiente para la formación gratuita de maquiladores y empleados de bajo costo; disposición del erario para favorecer a los consorcios de editoriales responsables de estandarizar los aprendizajes y del desarme cultural que ha facilitado el ascenso de neofacismos y la aceptación de recetarios libertaristas de las derechas en los países latinoamericanos; representación de las cámaras industriales, comerciales y patronales para implementar programas socioeducativos que incluyan enfoques, contenidos y materiales de corte empresarial; apertura y promoción oficial de un amplio mercado estudiantil y docente para el consumo de bisutería elaborada por las empresas del edunegocio; capacitación tercerizada para la pérdida de la autonomía profesional del maestro y la aplicación instrumental de cuadernillos, materiales didácticos o enfoques gerenciales de la educación; gestión de evasión de impuestos a través de medidas filantrocapitalistas, como los programas de lentes de Coppel y Bancomer; subrogación de servicios a evaluadoras para el ingreso y promoción docente, y bancarización de la nómina educativa para la especulación con el salario docente.

En este contexto, por supuesto que es necesaria la convocatoria a defender la escuela mexicana que rescata la territorialización de los aprendizajes, el currículo integrador, la comunidad como principio pedagógico para la transformación, la autonomía profesional de los maestros y el pensamiento crítico emancipador; pero no la que promueven las élites militantes y dogmáticas del neoliberalismo educativo. Coincido con quienes han planteado que este llamado no debe ser un medio de salvación personal ni la salida frente a la ruptura interna en la SEP; mucho menos, instrumento electoral de legitimación de grupos y políticas obradoristas que también han golpeado los derechos del magisterio y socavado la educación pública.

En este sentido, hay un universo potencial de colectividades sembradas por toda la geografía, que tiene amplias posibilidades de construirse en organizaciones, con autonomía partidista y gubernamental, para la defensa coordinada de la educación pública y de la escuela mexicana: instituciones de formación e investigación crítica; círculos de estudio establecidos en fogatas freirianas; colaboradores de los libros actuales y materiales educativos; redes, colectivos y movimientos pedagógicos; comités por la distribución de libros de texto que lograron fallos contra organizaciones confesionales, gobiernos conservadores y de la sociedad civil corporativa, restaurando el derecho de las infancias a tener libros gratuitos, laicos y científicos.

Por principio, los centros académicos, comunidades autónomas y colectivos organizadores de la Primera Fogata Internacional de Educaciones Populares, 23 y 24 de enero de 2026, en Morelia, Michoacán, se suman a la convocatoria para conformar la defensa de las alternativas de la disidencia magisterial, de la educación para las autonomías indígenas, la nueva escuela mexicana y sus libros de texto, temas que habrán de consolidarse en acciones durante la Asamblea Comunal de esa actividad, donde participarán representaciones nacionales diversas, así como internacionales de Brasil, Colombia y Argentina.

*Doctor en pedagogía crítica.

Inconformidad social

Luis Hernández Navarro

La Jornada

Distintos conflictos sociales y gremiales sacudieron la geografía nacional durante los últimos seis meses de 2025. Maestros democráticos, estudiantes y profesores de instituciones de educación superior, funcionarios universitarios, agricultores, transportistas, defensores del territorio el agua, opositores a megaproyectos y madres buscadoras de desaparecidos protestaron tomando calles, plazas públicas y carreteras. Muchos de esos movimientos siguen vivos y se desplegarán a lo largo de los primeros meses del próximo año.

No está en el centro de su lucha enfrentar a la Presidenta o a la 4T, aunque en sus movilizaciones choquen con la mandataria y con su proyecto. Mucho menos una dinámica desestabilizadora de corte derechista. No buscan incidir en procesos electorales o disputas partidarias. Salen a las calles para que sus demandas se resuelvan. Lo digan o no explícitamente, no están dispuestos a sumarse a una dinámica de “unidad a toda costa” ni ser incorporados a un “pacto de clases”.

No se ciñen a una interpretación de nuestra historia como resultado del enfrentamiento entre liberales y conservadores. Tampoco están de acuerdo en que la 4T sea la síntesis de todas las causas emancipadoras. Objetan la consigna de “los radicales de los dos lados se juntan”. Reivindican su autonomía y la necesidad de resolver sus demandas, independientemente de quien gobierne.

A pesar de que distintas fuerzas al interior de estos movimientos buscan su convergencia, no se ha producido. Ni siquiera en grupos afines a su problemática, como lo son los universitarios o los colectivos de buscadoras, hay unidad de acción. La naturaleza de sus liderazgos, la diversidad de sus demandas, sus distintas formas de lucha, sus tiempos y ritmos de movilización diferenciados hacen difícil ese encuentro. Pero eso no quiere decir que no vayan a procurar en el futuro ciertas formas de coordinación. Por lo pronto, hemos visto en los últimos tres meses una inédita alianza entre agricultores y una organización de transportistas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige la derogación de la Ley del Issste de 2007, abrogar una reforma educativa que los mantiene en una legislación laboral de excepción, y democratizar su sindicato. El senador por Morena Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), está al frente de la gremial de manera ilegal. Terminó su interinato en febrero de 2024. Solicitó al consejo nacional una extensión de su mandato hasta noviembre de ese año. La fecha ya pasó y, desde entonces, funge de secretario general irregularmente.

En la segunda quincena de enero, el magisterio democrático comenzará una jornada de brigadeo nacional impulsada, fundamentalmente, por Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Zacatecas. La Coordinadora realizará su asamblea nacional en Yucatán, en donde hay un vigoroso movimiento en ascenso. Probablemente, estalle un paro de 72 horas hacia mediados de marzo. Mientras tanto, mantendrán una diversidad de acciones de protesta.

Según el colectivo Insurgencia Magisterial, este ha sido un otoño caliente en universidades, normales y tecnológicos de prácticamente todo el país. Entre agosto y septiembre, más de 70 protestas llegaron al paro y toma de instalaciones. Multitud de escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad de Guadalajara suspendieron labores. Sus peticiones van del cuestionamiento de la inseguridad escolar a las denuncias de hostigamiento sexual por parte de maestros; de comedores para estudiantes a exigencias de remoción de funcionarios.

Muchos de estos conflictos no se han resuelto, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. La situación financiera de muchas universidades es grave y las críticas a la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas de sus cuerpos directivos es una constante.

Las protestas de agricultores no cesan. A cada anuncio gubernamental de que el problema está resuelto, los campesinos responden con nuevas movilizaciones. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), los bloqueos provocaron pérdidas económicas de hasta 6 mil millones de pesos. Ramas industriales –como la automotriz– sufrieron duros golpes.

No obstante algunas negociaciones locales, como la que se efectuó con los maiceros del Bajío, la inconformidad brota por todos lados. A pesar de los intentos oficiales de excluir de las negociaciones a los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), esta organización desempeñó un papel fundamental en los diálogos para modificar la Ley de Aguas y lo sigue teniendo en acuerdos como el esquema de pignoración que posibilitará que los productores obtengan del gobierno un anticipo a sus cosechas de básicos, utilizando éstas como garantía.

Las expresiones de inconformidad de familiares de desaparecidos brotan prácticamente todos los días. Denuncian casos concretos de nuevas víctimas de este delito y critican la indolencia gubernamental. Organizados en un verdadero archipiélago de colectivos o de grupos familiares, realizan búsquedas y se han dado a la tarea de que se conozca la verdad y haya justicia para más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde 1950. Su protagonismo y radicalidad van en aumento, especialmente en Jalisco.

Este malestar social, evidente con la mera lectura de la prensa diaria, no necesariamente queda registrado en las encuestas publicadas, que buscan medir otros tipo de indicadores (como la aceptación o rechazo de funcionarios públicos y políticos). Pero eso no quiere decir que no exista. Y, menos aún, que no vaya a seguir aflorando el año próximo.