Lo que dicen los columnistas

Arsenal

Prolongarse en el poder, vía sus cónyuges

Francisco Garfias

Excelsior

Los gobernadores Samuel García, de Nuevo León, y Ricardo Gallardo, de San Luís Potosí, quieren prolongarse en el poder, vía sus cónyuges.

Ambos promueven sendas leyes para obligar a todos los partidos a postular mujeres en las elecciones de gobernador del 2027.

García no tiene margen de maniobra para imponer a Mariana Rodríguez. PRI y PAN tienen mayoría en el Congreso local. La ley no tiene viabilidad.

En San Luís Potosí, por el contrario, el Congreso ya legisló para la senadora Ruth González, esposa de Gallardo.  Por 19 votos a favor y ocho en contra, aprobó la llamada Ley Gobernadora.

No es secreto que Gallardo empuja para que su esposa sea la candidata a gobernadora del Partido Verde en las próximas elecciones de gobernador en 2017.

La aprobación ha suscitado rechazo. La oposición acusa al gobernador de usar la paridad de género como mecanismo para una sucesión familiar, lo que contradice el discurso contra el nepotismo.

La presidenta Sheinbaum ya se pronunció públicamente. Si bien apoya la paridad de género, pidió que se revise la constitucionalidad de la reforma.

Reiteró su rechazo al nepotismo y recordó que, en 2030, entrará en vigor la prohibición nacional de heredar cargos a parientes hasta en cuarto grado.    

El PAN anunció que impugnará la reforma en los tribunales. Argumenta que vulnera principios constitucionales, excede facultades locales y limita la libertad de los partidos para elegir candidatos, según estrategias nacionales.  

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reiteró que está a favor de que las mujeres alcancen puestos políticos de importancia, pero no así.  

* Otro caso muy distinto es el de Saúl Monreal en Zacatecas. Es bien sabido que su hermano, el gobernador David Monreal, trae a otra candidata.

La Constitución dice que el nepotismo electoral se aplicará hasta 2030. Pero Morena se autoimpuso la prohibición de postular parientes desde 2027. Ese candado no aplica ni al PT ni al Verde.  

“Estos dos partidos sí pueden llevar candidato. A ellos no les aplica, sino hasta el 30. Si Saúl se va al Verde o a cualquier otro partido, sí puede participar”, nos dijo Ricardo Monreal.

La bronca es que si Saúl participa como candidato de cualquier otro partido, Morena está en riesgo de perder el estado.

* El presid

ente Trump intensificó ayer la presión para forzar la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Ordenó un “bloqueo total y completo” a buques petroleros que llegan y salen de Venezuela.

En su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos escribió: “Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica.

“Se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”.

El gobierno de Maduro reaccionó con prudencia. Sacó un comunicado en el que califica la medida como una “amenaza temeraria y grave” contra la República Bolivariana de Venezuela.

“El presidente de EU pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”.

Hasta ahí.

Ya que estamos. Le preguntamos a Monreal sobre la orden ejecutiva del jefe de la Casa Blanca que declara el fentanilo como arma de destrucción masiva.

“Es una amenaza muy grave. Ahorita estoy viendo del documento. Declarar como arma letal el fentanilo es darse facultades para intervenir”, nos dijo.    

* Le salió barato a Armando Escárcega, alias El Patrón, ser el autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva, el 15 de diciembre de 2022.

El juez Edmundo Perusquia Cabañas se vio generoso con el famoso Patrón. Lo condeno a 14 años de cárcel por tentativa de homicidio, más asociación delictuosa.

El Código Penal Federal (artículos 12 y 63) establece que la pena por este delito puede oscilar en los 8 y los 16 años, dependiendo del juez, agravantes (premeditación o alevosía) y circunstancias.    

La condena se redujo tras un procedimiento abreviado por declararse culpable.  

“Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución”, escribió Ciro en su cuenta de X.

Nudo gordiano

Catorce años por el atentado

La violencia física es sólo el último escalón de la violencia verbal patrocinada desde el más alto nivel.

Yuriria Sierra

La sentencia de 14 años de prisión contra Armando Escárcega, alias El Patrón, por la autoría intelectual del intento de asesinato de Ciro Gómez Leyva, confirma lo que ya sabíamos desde aquella madrugada de diciembre de 2022: alguien quiso matar a mi compañero de Imagen Televisión por hacer su trabajo. Pero la condena —resultado del meticuloso trabajo de investigación que realizó Omar García Harfuch cuando era secretario de Seguridad de la Ciudad de México, al desmantelar la célula que operó el ataque— también revela algo más inquietante: la facilidad con la que se puede ordenar el asesinato de un periodista en México y la indiferencia sistemática con la que respondemos como sociedad.

El ambiente que rodeó aquel atentado no surgió de la nada. Durante seis años, las mañaneras de López Obrador funcionaron como un púlpito desde el cual se azuzó el odio contra medios y periodistas que no comulgaban con la narrativa oficial. La estrategia era simple y efectiva: señalar, descalificar, convertir a comunicadores en enemigos públicos. Cuando el poder político normaliza el discurso de que los periodistas son adversarios que merecen ser combatidos, no debería sorprendernos que alguien decida llevar ese mensaje a su conclusión lógica: el gatillo. La violencia física es sólo el último escalón de la violencia verbal patrocinada desde el más alto nivel. Los números son brutales. El sexenio de AMLO cerró como uno de los más letales para el periodismo mexicano: más de 40 periodistas asesinados, según registros de organizaciones de derechos humanos. Cada muerte fue acompañada de las mismas palabras vacías desde Palacio Nacional: condenas tibias, promesas de investigación, discursos sobre libertad de expresión que chocaban con la realidad de un presidente que dedicaba horas semanales a atacar por nombre a quienes lo criticaban.

Ahora El Patrón dice que fue el CJNG quien lo contrató para matar a Ciro. Quizá sea verdad. Quizá no. Francamente, ése no es el punto central. Lo que importa es que estamos poniendo la mesa para que la violencia contra comunicadores y periodistas no tenga ningún costo, ni para los criminales ni para los actores políticos. Hemos construido un sistema donde asesinar a un periodista tiene un costo bajo o nulo para quien lo ordena. Un sistema donde los criminales encuentran incentivos para eliminar voces incómodas, y donde los actores políticos han aprendido que pueden señalar blancos sin consecuencias. La impunidad no es un error del sistema: es el sistema mismo.

La sentencia de 14 años contra Armando Escárcega es importante, sí. Pero es apenas un peldaño en una escalera que tendríamos que estar bajando, no subiendo. Porque mientras no haya costos políticos reales para quienes desde el poder legitiman (o peor: azuzan) la violencia contra comunicadores, mientras no desmantelemos esta economía política del crimen que hace rentable el silencio a bala, cada sentencia será apenas una curita en una herida que, en México, sangra cada vez peor. Y la próxima vez que suene un disparo contra un periodista –porque habrá una próxima vez– tendremos que preguntarnos si realmente nos importó, como sociedad, lo suficiente para evitarlo. Y si mueren los periodistas, muere el periodismo. Y si muere el periodismo, sí, también muere la democracia.

Astillero

¿Gastritis? Cinismo y criminalidad // Ernestina Ascencio: violación y muerte // Sentencia de Corte IDH // Calderón, F. Herrera, Soberanes, Sedena

Julio Hernández López

La Jornada

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ha exhibido, mediante sentencia dirigida al Estado mexicano, las complicidades criminales tejidas en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, la indígena nahua de 73 años que sufrió “violación sexual, tortura y muerte” por parte de soldados mexicanos.

La sentencia de la Corte (distinta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) confirma las manipulaciones y abusos cometidos por Felipe Calderón Hinojosa, ocupante de Palacio Nacional en aquellas fechas (25 de febrero de 2007, el día del ataque a Ascencio Coronel); Fidel Herrera, entonces gobernador priísta de Veracruz (siempre bajo acusaciones graves); José Luis Soberanes, que era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Léase este párrafo: “La Corte concluyó que la investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias, y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares”.

El 26 de febrero de 2020, en esta columna se consignó que “la reportera Norma Trujillo Báez dio a conocer que el médico legista Juan Pablo Mendizábal, uno de los peritos que participaron en el tratamiento científico del caso de la indígena Ernestina Ascensio Rosario, muerta según primera versión por el ataque sexual de militares mexicanos, ha asegurado que Calderón Hinojosa, entonces habitante de Los Pinos, y Fidel Herrera Beltrán, el priísta que gobernaba Veracruz, acordaron y ordenaron modificar el dictamen oficial, para salvar a los soldados y dejar todo como un problema personal de salud de la mujer de 73 años de edad”.

El médico legista Mendizábal aseguró que el gobernador Fidel Herrera les dijo que “al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República (Calderón Hinojosa) y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”. Así se acordó hablar de “anemia” como causa del fallecimiento, y el propio Calderón se refirió a una “gastritis crónica”. La CNDH, a cargo de José Luis Soberanes, aceptó la nueva versión. Al médico legista Mendizábal, por no aceptar el cambio de los dictámenes y las evidencias, según publicó Trujillo Báez, “dos años antes de salir jubilado lo cesaron de su trabajo diciendo que ‘reprobó los exámenes de confiabilidad”. Ante la violación a sus derechos, acudió al Tribunal Contencioso Administrativo y ganó el laudo, pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral (https://goo.su/gCKfG).

Como en otros casos, (los 43 de Ayotzinapa, por dar un ejemplo vigente), la Presidencia de la República (a cargo entonces de un ocupante espurio) mueve y acomoda cuanto le es necesario para mantener a salvo a las fuerzas armadas. El poder civil no puede ir más allá de las murallas verde olivo. En particular, Calderón hubo de apoyarse en el Ejército a falta de base social amplia y bajo sostenidas acusaciones de haberse hecho del cargo de manera fraudulenta. Actualmente, el empoderamiento militar es evidente, excesivo e igualmente sustraído a formas de verdadero control civil, sin procesamientos realmente justicieros.

Anoche, el “gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados” y anunció que “se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y actuar como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional”.

México SA

América Latina: más de lo mismo // Se perfila otra década perdida // Inalterable panorama regional

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

América Latina se mantiene como la región más desigual del planeta; la dependencia con el deteriorado imperio del norte se acentúa; el “péndulo” se mueve hacia la extrema derecha en un indigerible proceso en el que los más golpeados por las políticas neoliberales irracionalmente votan a favor de sus verdugos (Argentina y Chile, con los herederos de Videla y Pinochet, por ejemplo), mientras Trump amenaza a propios y extraños, y arma su propia Operación Cóndor en buena parte del sur continental; y la economía de la zona –al igual que la estadunidense, que se mantiene en desaceleración– de plano no levanta. Nada grato, amén de repetitivo, panorama para la denominada Patria Grande, al parecer condenada a nunca salir del hoyo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resume así las “perspectivas” regionales: “en 2026 se mantendrá una dinámica de bajo crecimiento, en un contexto internacional que aún resulta incierto; continuará transitando por una senda de bajo dinamismo, caracterizado por tasas de crecimiento moderadas y persistentes limitaciones internas para impulsar la inversión, fortalecer la productividad y expandir el empleo formal”.

Ayer, el organismo especializado de la ONU divulgó su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2025, y de ese informe se toman los siguientes pasajes.

Se estima que el producto interno bruto (PIB) regional crecería 2.4 por ciento en 2025 y 2.3 en 2026, con lo que se completaría una secuencia de cuatro años con tasas cercanas a esas proporciones, lo que confirma el hecho de que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer. Se esperan dinámicas de crecimiento diferenciadas entre las subregiones. En América del Sur, el “avance” pasaría de 2.9 por ciento en el presente año y 2.4 en el siguiente, como reflejo de una menor expansión en Brasil y la “normalización” del ciclo en Argentina.

Para Centroamérica se prevé un avance de 3 por ciento en 2026, tras crecer 2.6 en 2025 y 2.8 en 2024. Esta subregión ha sido la más afectada por el debilitamiento de la demanda agregada externa, en particular de la proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, economías como las de Guatemala, Panamá y República Dominicana, tres de las más grandes de la subregión, han mostrado una relativa resiliencia en 2025 y se prevén tasas de crecimiento cercanas a 3.5 o más, gracias a la dinámica del sector de los servicios, el comportamiento del consumo privado y la expansión de los envíos de remesas. No obstante, las mejores perspectivas para el próximo año, esta área geográfica se mantiene muy vulnerable a los choques externos debido a su dependencia estructural de la economía estadunidense en los ámbitos comercial, financiero y migratorio, así como a su exposición a los posibles efectos adversos del cambio climático.

En México, se espera un crecimiento de 0.4 por ciento en 2025, debido al debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión. Para 2026 se prevé un avance de 1.3 por ciento, aunque, pese a la mejoría esperada, su economía sigue siendo vulnerable a choques externos derivados de la política comercial, financiera y migratoria de Estados Unidos.

Para el Caribe, sin incluir a Guyana, se estima una tasa de crecimiento de 1.8 por ciento en 2026, lo que representa una leve desaceleración respecto del crecimiento estimado para 2025. La expansión económica está supeditada a la evolución del turismo y la construcción en esta subregión, que se encuentra sujeta a niveles significativos de vulnerabilidad debido a su dependencia de la energía importada, los altos costos del transporte y su exposición a los desastres.

América del Sur, como Centroamérica, presenta desde el segundo semestre de 2022 una desaceleración de su crecimiento económico que ha convergido a tasas cercanas a 2.5 y 3, respectivamente. En América del Sur, el crecimiento se aceleró en la mitad de los países en 2025, mientras en la otra mitad se redujo. En Centroamérica, por otra parte, se mantiene un proceso continuo de desaceleración desde 2022 y el crecimiento ha alcanzado tasas levemente superiores a las que presentan las economías sudamericanas.

En fin, como se constata, las perspectivas regionales parecen inalterables, siempre en vías de acumular una década perdida tras otra.

Las rebanadas del pastel

Empresarios de la lucha libre están muy interesados en contratar a varias “diputadas” del Congreso de la Ciudad de México, las cuales, sin duda, harían mejor papel en la industria del pancracio.