Lo que dicen los columnistas

¿La nueva Ley de Extorsión pone en riesgo las libertades informativas?

Los funcionarios públicos, por su propia naturaleza y por el cargo que ocupan, están bajo escrutinio. La crítica (cuando es verídica, razonada y de interés social) no debería incomodarlos: es parte de su responsabilidad pública.

Julieta del Río

Proceso

La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la nueva ley para combatir la extorsión representa, en principio, un avance necesario frente a uno de los delitos que más lastiman al país. La extorsión no se detiene y afecta a comercios, familias, periodistas, activistas y prácticamente a cualquiera que sea vulnerable ante grupos criminales, un fenómeno que se ha vuelto especialmente alarmante.

Pero una consecuencia indirecta y cada vez más evidente de este fenómeno es el robo constante de datos personales, utilizados para extorsionar, intimidar, amenazar o manipular a la ciudadanía. En ese sentido, fortalecer los mecanismos de seguridad en las bases de datos, tanto de particulares como de autoridades, debe ser una prioridad.

Sin embargo, dentro del nuevo marco legal existen artículos que, de acuerdo con periodistas y organizaciones civiles, podrían coartar la libertad de expresión.

De acuerdo con la organización Artículo 19, la Ley General en Materia de Extorsión contiene disposiciones que podrían utilizarse para limitar o castigar la cobertura periodística. Los artículos 15 y 17, en su fracción V, son particularmente ambiguos, y quienes tengan otras intenciones podrían utilizarlos contra la libertad de expresión. Leopoldo Maldonado incluso aseguró que la redacción de esta fracción era más grave en el dictamen inicial porque señalaba directamente a los medios de comunicación, lo que abría la posibilidad de aplicarles sanciones penales de manera injustificada.

Lo hemos hablado en diversas ocasiones en este espacio y también desde el extinto INAI: seguiremos defendiendo la libertad de expresión. Las modificaciones recientes a estos derechos (impulsadas por reformas legales y por la transformación del andamiaje institucional construido durante las últimas dos décadas) han generado retrocesos y mantienen una alarma constante sobre el derecho a saber y, en general, sobre las libertades informativas.

El origen de esos institutos se dio en un contexto en el que se ocultaban datos oficiales y se perseguía a quienes investigaban temas sensibles. No se garantizaba el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la información establecido en el Artículo Sexto constitucional. Ése fue, en su momento, el reclamo de varios actores desde la sociedad civil y todas las expresiones políticas. Afortunadamente vinieron reformas importantes, entre ellas la creación de un instituto con autonomía técnica, el INAI (antes IFAI), que protegía datos personales cuando se vulneraban (como en el caso de los datos biométricos que se intentaron usar sin consentimiento) y defendía la información pública ante la intención de esconderla. Ese instituto se convirtió en un aliado fundamental del acceso a la información y del periodismo de investigación.

Pero hoy, con la eliminación de este órgano autónomo, la preocupación crece, especialmente frente a nuevas leyes que, en el fondo, parecen alejarnos del derecho que hace apenas dos décadas se reclamaba con tanta fuerza.

La inquietud sobre los artículos mencionados radica en que su redacción es ambigua. Su interpretación, por parte de alguien a quien incomode la crítica pública, podría volverse riesgosa: los conceptos utilizados en la fracción V darían margen para perseguir a actores que realizan trabajo periodístico o crítico.

Con criterios tan vagos, cualquier cobertura, investigación periodística o crítica legítima podría ser denunciada como “extorsión”, incluso cuando se trate de información de interés público, como lo marca la Ley de Transparencia.

Imaginemos que un funcionario, molesto por una nota, pueda acusar a un medio de “obligarlo a tolerar” una crítica. Un trabajo periodístico que busca fortalecer la transparencia podría entonces interpretarse de forma retorcida como motivo para una acusación injustificada.

Gracias al periodismo de investigación, la sociedad puede conocer lo que sucede en el país, en su estado y en su municipio. Se documentan actos de corrupción, abusos de poder, uso indebido de recursos, violaciones a derechos humanos y decisiones que afectan a toda la ciudadanía.

Los funcionarios públicos, por su propia naturaleza y por el cargo que ocupan, están bajo escrutinio. La crítica (cuando es verídica, razonada y de interés social) no debería incomodarlos: es parte de su responsabilidad pública.

Combatir la extorsión es indispensable, por supuesto. Es una preocupación mayúscula para la ciudadanía; es urgente.

Pero no debe abrir la puerta a la censura ni permitir que un concepto ambiguo se convierta en herramienta para silenciar voces críticas.

México necesita seguridad, sí. Pero también necesita prensa libre.

Arsenal

La guerra por el agua

Francisco Garfias

Excelsior

Los legisladores del oficialismo hicieron oídos sordos a las protestas y bloqueos carreteros de agricultores y campesinos. En fast track, dispensa de trámites incluida, aprobaron la Ley de Aguas Nacionales, que pone el control del vital líquido bajo control exclusivo del Estado. La nueva ley redefine la gestión del agua como un derecho humano prioritario, eliminando la posibilidad de que particulares compren, vendan o transfieran concesiones de manera libre, según el oficialismo.

Los agricultores, ellos, la perciben como una amenaza a su productividad, seguridad alimentaria y derechos adquiridos. Advierten que defenderán esos derechos “hasta donde tope”. La oposición en el Congreso sostiene que la reforma es un “golpe” al campo. Repitieron que centraliza el control del agua en manos del gobierno.

En la trinchera de enfrente, oradores de Morena, PT y PVEM argumentaron que uno de los propósitos centrales de la nueva norma es acabar con los grandes acaparadores del vital líquido y devolverlo al pueblo de México.

La Torre de Babel, pues.

* La ley se aprobó primero en la Cámara baja, luego de una extenuante sesión en San Lázaro. Duró 24 horas, la más larga de la que se tenga memoria. La votación fue de 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. A la iniciativa que mandó la presidenta Sheinbaum le hicieron 50 modificaciones antes de llevarla al pleno. En la sesión le agregaron 18 reservas.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, fue el último orador de los 170 que subieron a la tribuna. Se le veía tan contento que le ganó la euforia. Desde tribuna arengo: “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”. El coro del oficialismo lo imitó. Estaban locos de contentos.

A diferencia de la elección de Ernestina Godoy como titular de la FGR, esta vez el MC sí se unió al PAN y al PRI. Los tres partidos de oposición votaron en contra.

* La minuta se envió de inmediato al Senado. No pasó por comisiones. Directo al pleno. El salón de sesiones lucía ya con una enorme manta colocada que definía la posición de los panistas: “Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo”.

El senador Néstor Camarillo, de MC, fue el primer orador en la Cámara alta. Aseguró que la reforma “no le devuelve el agua al pueblo; la centraliza”.

Alejandro González, del PT, le siguió en tribuna. Comenzó por descalificar a la oposición que vive, dijo, una involución política. “Han pasado de ser oposición a ser reacción, y de ser reacción a la calumnia”, acusó.

“Lo que busca esta reforma es acabar con el abuso y los abusadores de agua. Acabar con la injusta distribución del agua. La rectoría pasa a las mejores manos: las del Estado”, puntualizó. Antes de bajarse de tribuna, propuso crear la Secretaría del Agua.

Paloma Sánchez, del PRI, argumentó en contra: “Esta ley de aguas no sólo deja a la gente del campo en el suelo, los patea. Se hizo sin haber consultado a los pueblos indígenas. El agua es propiedad nacional, no del gobierno”.

Melly Romero Celis, otra priista, no le bajó al tono: “La famosa 4T toma el control del agua. Es la más grande traición al campo. Se simuló diálogo, hubo modificaciones, pero la decisión ya estaba tomada: centralizar el control del agua en manos del gobierno”.

Maki Ortiz, del PVEM, magnificó la reforma. “Es un proyecto histórico para México”, dijo.

Mario Humberto Vázquez, del PAN: “Hoy discutimos el futuro del campo, del agua, el futuro alimentario. Morena eliminó todo el andamiaje que mantenía de pie al campo mexicano. Se elimina la transmisión automática de concesiones. No es lo mismo una transmisión automática que una reasignación que implica un nuevo trámite. Lo que hay en el fondo es el control político del agua y un plan perverso para construir un fondo de reserva de agua y distribuirla al antojo del régimen”.

Andrea Chávez, fue la primera oradora de Morena en la Cámara alta. Se burló del tono “ChatGTP” de la oposición. Aseguró: “Estamos garantizando el derecho humano al agua de todos los mexicanos, pero particularmente de los pequeños y medianos agricultores que alimentan nuestro país”.

Remató con un juego de palabras. “No es sequía, es saqueo”, remató.

Fue larga la lista de oradores. Imposible meterlos a todos. Sólo agregaremos lo que dijo Adán Augusto López, líder de la mayoría en el Senado, cuando reporteros de la fuente le preguntaron sobre el supuesto anuncio de los agricultores de plantarse en el Zócalo el próximo sábado.

“Sí, no sé. Yo no lo he escuchado, pero eso es decisión de ellos”, respondió.

— ¿Tiene disposición de recibirlos?

— Sí, el miércoles o jueves de la semana próxima, respondió.

No tiene prisa de escuchar a los agricultores. Casi a las nueve de la noche se aprobó en lo general en el Senado. Se registraron 85 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones.

Razones

CSP, cara a cara con Trump

La relación tiene innumerables problemas, algunos, en parte, solucionados (el paso de migrantes y de fentanilo), y otros empeorados (todo el ámbito comercial con los aranceles)

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum se encontrará por primera vez, cara a cara, con Donald Trump. Han platicado vía telefónica en 14 ocasiones, pero la relación con la Unión Americana la llevan casi cotidianamente otros funcionarios: el principal, Omar García Harfuch, que cada dos semanas suele visitar Washington para coordinar tareas de seguridad; el general Ricardo Trevilla, que mantiene una comunicación constante con el jefe del Comando Norte, el general de la Fuerza Aérea, Gregory M. Guillot, quien también comanda el NORAD, el mando aeroespacial de defensa de Norteamérica. Marcelo Ebrard, que está viendo todos los temas comerciales en una agenda que, sin otras decisiones colaterales, parece agotada y, por supuesto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, actualmente retirado por una delicada operación de columna, una posición que ocupa el hombre que desde el sexenio pasado ha controlado mucho de la relación bilateral, Roberto Velasco. Y, en Washington, el embajador Esteban Moctezuma, con menos protagonismo del esperado.

La relación tiene innumerables problemas, algunos, en parte, solucionados (el paso de migrantes y de fentanilo), y otros empeorados (todo el ámbito comercial con los aranceles) por la frenética y contradictoria actividad del presidente Trump, que puede hacer una caricia y dar un manotazo en una misma frase.

En el gobierno federal había temor de ir a Washington y sufrir en la Casa Blanca un descalabro similar al que vivió en su momento el presidente Zelenski. Todo puede ser, pero no creo que sea así. La Presidenta se tardó en buscar un encuentro personal con Trump, que podría haber ocurrido con condiciones idóneas durante el sepelio del papa Francisco o la entronización de León XIV (como hizo Zelenski para reparar los daños del encuentro en la Casa Blanca). Se perdió esa oportunidad, pero el sorteo del Mundial se presenta como la mejor opción para ese encuentro: es un acto formal, en el Centro Kennedy, estará también el premier canadiense Mark Carney. Y, sin duda, además de la actividad protocolar, habrá espacio para encuentros privados, en un momento en el que la agenda tri y bilateral crece, un día sí y el otro también, sin que se cierren los temas.

Ayer mismo, poco después de que la Presidenta hablara de que el hecho de que los tres mandatarios estuvieran juntos en el sorteo mundialista fortalecería el T-MEC, Trump declaraba que quizá no iniciará la renegociación del tratado, que lo dejaría que se agote en 2026 y entonces comenzaría a crear uno nuevo. No es una ocurrencia. Cuando se ven la cantidad de objeciones que existen de prácticamente todos los sectores productivos, financieros y de servicios sobre el T-MEC en Estados Unidos, la mayoría de las ocasiones por evidentes vulneraciones del mismo por parte del gobierno de López Obrador o del tristemente célebre plan C que se aprobó en esta administración, suena lógico que, en vez de remendar un tratado existente y que ha sido vulnerado, es mejor emprender la negociación de uno nuevo, donde Estados Unidos y Canadá quieren imponer acuerdos que van mucho más allá del T-MEC.

Primero, un convenio democrático para que las instituciones, incluyendo las de justicia, estén homologadas, en normas y procedimientos, en la forma y el fondo para operar institucionalmente los problemas. Quieren, además, un convenio paralelo en seguridad que homologue también criterios e instituciones y en donde haya compromisos adquiridos comunes. Dentro de eso hay propuestas de acuerdos en comunicaciones y ciberseguridad. Y todo en la lógica de sí tener un sólido mercado de América del Norte, como una sólida entidad económica, pero también de seguridad y posiblemente defensa en un mundo que se fracciona en bloques y donde el principal adversario es China. No está tan alejado de lo que es la Unión Europea.

Si se avanza hacia ese esquema, México no tiene más opciones que aceptarlo, primero, porque es benéfico para el país y la región, daría estabilidad y crecimiento, y se podrían colocar temas en esa agenda común (pienso, sobre todo, en regularizar la migración), y porque, además, es la tendencia que están siguiendo los otros países de competir a partir de sus bloques y porque, además, ha cambiado el momento en América Latina. Política e ideológicamente México se está quedando sin aliados en la región, hoy, sólo Brasil (en realidad, un competidor geopolítico) y Colombia, gobernado por el impresentable Gustavo Petro, tienen simpatías ideológicas con México, y ambos países tienen elecciones en 2026, en las que puede ganar la derecha, como lo está haciendo en todos los demás países de la región.

Sinceramente, creo que a la presidenta Sheinbaum le irá bien en Washington, que Trump no hará ningún desplante y que incluso la tratará caballerosamente. Eso no quita que no lleguen los reclamos, las propuestas y los objetivos puestos en la propia estrategia trumpista, por ejemplo, Venezuela, pero también la corrupción, el narcotráfico, la migración, la energía, las inversiones, la presencia china y rusa en México, la certidumbre jurídica y mucho más. Se necesitará pragmatismo, decisión y capacidad de abrir puertas por las cuales transitar en todos estos temas en 2026 con encuentros formales de presidentes y negociadores mucho más cotidianos para acordar esa agenda que, con renegociación del T-MEC o la elaboración del nuevo tratado, nos obligará a hacer cambios muy profundos que sería suicida no aceptar.

Astillero

Aguas legislativas rápidas y Salinas // “Verticalidad y opacidad” // T-MEC: Trump impone // PlaNeoMex y Claudio X. padre

Julio Hernández López

La Jornada

Premura, confusión, gatopardismo y protestas: diputados federales sesionaron de corrido durante 24 horas para aprobar reformas relacionadas con las aguas nacionales; a la hora de teclear esta columna los senadores estaban en proceso de discusión y votación, pero también con la evidencia de que se implantará lo que decida la aplastante aritmética del guinda y sus aliados.

La velocidad legislativa ha buscado instalar con carácter irreversible (al menos mientras la 4T tenga el control del Congreso) la propuesta original de Palacio Nacional, lo cual mantiene inconformes a productores agrícolas que se han manifestado en protesta bloqueando con tractores vialidades federales y estatales. Rapidito, pues, para angostar y desalentar las expresiones en contra. Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández como eficaces operadores.

El discurso oficialista propala versiones de presunto combate extremo a viejos vicios, acaparamientos y trafiques en los que incluso se ven embarrados personajes opositores de élite. Pero los productores agrícolas anuncian nuevas protestas por inconformidad con varios de los puntos aprobados.

Organizaciones ciudadanas como Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua expresaron ayer mismo su rechazo, al denunciar “la perpetuación de la ley salinista a través de la elaboración de una Ley General de Aguas sin efectos exigibles, que incumple con el mandato constitucional de garantizar la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana”.

Además, señalan que “las propuestas generadas en los parlamentos abiertos y las audiencias públicas organizadas por la Legislatura, comunidades y la ciudadanía fueron rechazadas por la Conagua”, y alertan que “a pesar de los anuncios triunfantes, el proyecto legislativo no contiene ninguna obligación ni mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobrexplotación ni para garantizar agua para las poblaciones que sufren de marginación hídrica (…) la verticalidad y opacidad siguen predominando en el sector”.

La segunda presidencia de Trump ha impuesto al mundo una conducta facinerosa contra lo que medianamente podría asumirse como estado de derecho. Quien gobierna Estados Unidos, siendo un delincuente sentenciado en su propio país, sin mayores consecuencias aplasta leyes, tratados y convenciones de toda índole. Se aplican la fuerza, la arbitrariedad y el desparpajo: lo “importante” es lo que decide quien se asume grotescamente como policía y emperador del orbe.

Por ello es que la argumentación mexicana de que Washington no puede abandonar el tratado comercial norteamericano es solamente una postura retórica de circunstancias. Podría decirse que, conforme al calendario, ese tratado podría durar el tiempo convenido, aunque estuviese arrumbado o maltrecho. Y que, a la hora de la hora, el dictador naranja podrá hacer más o menos lo que quiera, un tratado bilateral a su gusto, pues la correlación de fuerzas entre México y Estados Unidos sigue siendo desfavorable para el primero.

Sin ningún tipo de representación popular verdadera, cargado todo al flanco de los empresarios, avanza el gubernamental plan neoliberal México (PlaNeoMex). Ayer hubo otra sesión de los grandes capitales selectos con la presidenta Sheinbaum para detallar inversiones y negociar privilegios. Presentaron 38 proyectos, que significarían una inversión estimada en unos 40 mil millones de dólares.

Uno de los asistentes, Claudio X. González Laporte, personaje distinguido del salinismo que fue, puntualizó: “Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Cómo generar crecimiento? Cómo generar la certeza y el entusiasmo para tener crecimiento que necesitamos en nuestro país para verdaderamente beneficiar a todos”. La solución que proponen es el PlaNeoMex: por el bien de los pobres, primero los empresarios.