Lo que dicen los columnistas

Un fiscal cuestionado

“Gertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que le hicieron”, sentenció con suma claridad la senadora priista por Zacatecas Claudia Anaya Mota.

José Gil Olmos

Proceso

Alejandro Gertz Manero no llegó al 2028, año en que terminaría su periodo como el primer fiscal general de la República elegido de manera independiente. Su destino como responsable de investigar y llevar a la justicia los casos más graves de ilegalidades terminaron este jueves al enviar su renuncia al pleno del Senado, donde tuvieron que esperar varias horas para que llegara la misiva con un contenido arrogante pues, sin dar la causa de fuerza mayor por la que deja el cargo, anuncia que se va porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo invitó a irse a una embajada.

“Gertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que le hicieron”, sentenció con suma claridad la senadora priista por Zacatecas Claudia Anaya Mota en el corto debate del Senado donde la oposición criticó que no hubiera una causa relevante de la renuncia del fiscal.

La salida del abogado fue precedida por una gestión muy cuestionada, tanto en lo profesional como en lo personal. Escándalos de meter su vida privada en decisiones públicas, pleitos personales fuera del ámbito legal y filtraciones de casos importantes pavimentaron su salida este jueves.

Al final de su responsabilidad, su presencia y gestión se convirtió en un tema de seguridad nacional y de gobernabilidad para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien un día antes, el miércoles 26, se reunió con Adán Augusto López, líder del Senado, instancia legislativa que tiene la responsabilidad de elegir a la persona que tomará las riendas de la Fiscalía.

Alejandro Gertz Manero, de 86 años, llegó a la Fiscalía tras ocupar la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (1998 y 2000), la Secretaría de Seguridad Pública (2000 y 2004); fue diputado federal entre 2009 y 2012 y encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República previa la reforma que le cambió el estatus y la convirtió en fiscalía.

Hombre rico con propiedades en Francia y España, es dueño de la Universidad de Las Américas, donde se tituló como abogado José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hizo de la Fiscalía una trinchera particular desde la cual administró los casos según sus propios intereses.

Desde la Fiscalía dirimió el caso familiar de su cuñada Alejandra Cuevas y la hija de ésta, Laura Morán, a quienes acusó de homicidio de su hermano Federico Gertz Manero.

Aunque en 2016 la Fiscalía de la Ciudad de México archivó el caso por falta de elementos, éste fue reabierto después de que Gertz asumió como fiscal general en 2019. Su cuñada Alejandra Cuevas fue detenida y encarcelada, Alejandra llevó su caso en libertad condicional hasta el 28 de marzo de 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo liso y llano a ambas al determinar que no existía sustento legal para procesarlas.

Gertz Manero entró en otro episodio complicado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador a inicios de 2022, cuando acusó a varios abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, de presuntamente extorsionar a sus clientes mediante el uso de su supuesta cercanía con el exconsejero. El diferendo se dio luego de que en la revista Proceso se publicó una investigación periodística del escándalo de las propiedades millonarias del fiscal. Gertz Manero acusó a Julio Scherer Ibarra de filtrar información y manifestó que se vengaría.

Luego seguiría la polémica en el Sistema Nacional de Investigadores, pues en 2021 Gertz Manero presionó para que fuera aceptado en el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tras más de una década de intentos fallidos y cinco rechazos previos por “insuficiente producción científica”.

Además, el fiscal fue acusado de plagio luego de que el escritor Guillermo Sheridan documentara presuntos remedos en la biografía de Guillermo Prieto publicada por Gertz Manero, quien como investigador nivel III recibe alrededor de 38 mil pesos mensuales, aun siendo funcionario público.

En últimas fechas la Fiscalía a cargo de Gertz Manero fue señalada de filtrar información de casos sensibles. Uno con el expediente del llamado huachicol fiscal que revelaba un desfalco millonario en el que participaron empresarios, los sobrinos del secretario de Marina en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda: los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, y Andrés Manuel López Beltrán.

También la filtración del caso La Barredora, que involucró presuntos vínculos criminales que tocaban al ahora líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y finalmente el caso de Rubén Rocha Aguilar, quien posee la mitad de la franquicia Miss Universo, acusado de huachicol, tráfico de armas y otros delitos.

Esa forma escandalosa de actuar de Gertz Manero fue la que ocasionó disgustos en Palacio Nacional y que a la postre presentara su renuncia de manera impronta en el Senado el jueves por la noche, en una carta donde nuevamente mostró este perfil polémico y rijoso: primero la filtró a un medio de comunicación y luego anunció que se va de embajador a un país amigo, presumiblemente Alemania.

Número cero

El extraño caso del doctor Gertz

José Buendía Hegewisch

Excelsior

Del extraño caso del doctor Gertz, el misterio no está tanto en su partida anticipada, sino en permanecer siete estériles y oscuros años para la justicia al frente de FGR. La respuesta a la anomalía puede servir para despejar especulaciones sobre los motivos de su retiro sin renuncia, y también de las razones de la realpolitik para despedirlo. Una dimisión envuelta en intriga y secreto, tampoco ajena al sello de escándalo y fracaso de su larga trayectoria pública; aunque ahora precedida del rumor sobre presiones del gobierno para dejar el cargo. Muchas veces cantaron su adiós, pero sus apoyos lo guarecían desde que López Obrador lo puso en 2019. Y ahora, en una maniobra política inexplicada, Morena avaló su partida casi de “puntillas”, como no queriendo ser visto y sin justificar una causa grave como pide la ley, sino en una negociación con la Presidencia para ocupar una embajada “amiga”… ¡Glupp!

La primera fiscalía nacional autónoma fue un ejemplo de independencia, pero de la justicia. Y, sobre todo, de falta de voluntad política para revertir el mal de la impunidad del delito que enerva al país; de la persistencia de corrupción e ineficacia para sancionar más de 95% que se cometen, a pesar de la reforma constitucional que lo llevó al cargo para reestructurar a fondo la fiscalía. Donde apenas se metió.

La FGR fue una incógnita para la política de seguridad del gobierno, que lo heredó de su antecesor. Su relación fue un misterio por su aislamiento de planes e información con el gobierno; en las antípodas de la estrecha colaboración y coordinación que exige la Presidenta. Su atalaya de la justicia sirvió como arma política para venganzas personales y hasta tribunal familiar. Lo más grave es que malgastó la oportunidad de transformar la fiscalía e incluso la debilitó con investigaciones que nunca llegaban a nada en casos como las mafias del huachicol en Tabasco, la corrupción de Emilio Lozoya en Odebrecht o la investigación de Ayotzinapa. El uso político del criterio de oportunidad contra acusados que más bien parecía proteger o captar informantes personales, como Raúl Rocha Cantú. En resumen, la incapacidad de armar carpetas de investigación embarrancadas por errores o maniobras para ensuciarlos, como el campo de desaparecidos de Izaguirre.

Sobre todo, porque la nulidad de la procuración abrió la puerta al descrédito de la autonomía y abonó a la pretensión de la 4T de revertirla, en la ley o en los hechos, con su lógica de centralización política en el Ejecutivo para funcionar mejor. El gobierno ha deslizado la idea de que un mal funcionamiento de las fiscalías mata cualquier estrategia de seguridad; de que la única forma de reducir el delito es sancionar al crimen; aunque la ineficacia de la justicia se explique también, por lo contrario, nunca haber ejercido su autonomía. Con el terreno reblandecido, en el mismo acto entró al relevo Ernestina Godoy, incondicional de la Presidencia, consejera jurídica y exfiscal en CDMX. La caída del fiscal remueve la única pieza que no era de la Presidenta en el corazón de su estrategia de seguridad; aunque otros hayan visto la mano de Adán Augusto para sacudirse amenazas por la investigación del cártel que formó su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, desde las oficinas del estado. Quizá sean convergencias coyunturales. Pero lo cierto es que la autonomía nunca sacó a las fiscalías del caldero de la política y de la intervención de gobiernos en la cocina de la justicia. La Presidenta ha dado pistas de sus frustraciones con las fiscalías como el eslabón más débil de la seguridad. En su diagnóstico, la eficacia de la justicia pasa por mayor coordinación entre éstas y seguridad, que estuvo suelta por el talante patrimonialista y hasta egoísta que se atribuye a la gestión de la FGR.

La inmaculada percepción

Réquiem por una autonomía

Vianey Esquinca

Excelsior

En la política mexicana no hay despidos, sino “nuevas oportunidades de servicios”. Las embajadas se han convertido en lugares donde van a parar quienes ya no caben en el organigrama, pero que tampoco convienen como enemigos. Un limbo diplomático con viáticos, una salida decorosa para los leales, los tránsfugas que abandonaron su partido a tiempo o los incómodos que saben demasiado y que es mejor enviarlos donde no puedan hacer daño.

Es una especie de programa de reubicación de lujo en el que calificó con honores el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

No importa si fue desaseado el proceso que lo forzó a renunciar, tampoco si fue estrictamente legal, lo realmente relevante es que ya era un muy incómodo para el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema no era la autonomía de la FGR, que en teoría debía funcionar así, sino que había independencia absoluta para ignorar las prioridades del Ejecutivo.

En la administración de Gertz los casos como Ayotzinapa, Odebrecht y la Estafa Maestra se fosilizaron en los archivos, mientras que el único caso que avanzó con eficiencia suiza fue el de su familia política, 528 días tuvo presa a su sobrina política por un delito que la Suprema Corte determinó que ni siquiera existía. La Fiscalía funcionó como franquicia personal.

Se dice que la gota que derramó el vaso fue ocultarle a la Presidenta el trato de testigo protegido de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. Sin embargo, ese vaso llevaba meses llenándose, gota a gota, desplante a desplante, hasta que simplemente ya no cabía ni una filtración más.

El circo del relevo merece capítulo aparte, rumores durante el día, sesiones extraordinarias sin orden, recesos interminables que nadie explicaba. Los senadores despistados sin entender nada, como invitados que llegaban a la fiesta equivocada. Todo esto (mal) operado por el senador Adán Augusto López, quien seguramente se sintió nuevamente útil después de meses de sequía protagónica. Lo que quedó claro es que cuando se quiere sacar a alguien los procedimientos constitucionales se vuelven sugerencias amables y los formalismos son trámites que se resuelven con un “después lo afinamos”. La institucionalidad puede esperar; la urgencia política, no.

Ahora al frente de la Fiscalía, por lo pronto como encargada, llegó Ernestina Godoy, dejando claro que la mandataria lo que quiere es coordinación, que la FGR y la secretaria de Seguridad se hablen, compartan información y trabajen como si pertenecieran al mismo país y partido. Sheinbaum seguramente ya no quiso tenerle que rogar al fiscal que atendiera los asuntos urgentes mientras él consultaba su agenda para hacer “un huequito”.

Godoy llega también con su propio álbum de recuerdos memorables, como las acusaciones de espionaje telefónico a opositores publicadas por el New York Times, señalamiento de plagio en su tesis de licenciatura y por supuesto que el Congreso de la CDMX le negó la ratificación en enero de 2024 por acumulación de controversias. Eso, sin embargo, fue en las ligas menores. Ahora juega en la grande, donde los escándalos se llaman “experiencia” y los cuestionamientos, “campañas de desprestigio orquestadas por los adversarios”.

Ojalá la apuesta de la Presidenta sea exitosa y que el costo de enterrar la alguna vez soñada autonomía de la FGR valga la pena; porque lo que se gane en coordinación se perderá en credibilidad institucional. La Fiscalía autónoma era un experimento que nació cojo con Gertz y que ahora muere sin que nadie le llore demasiado, porque tampoco había nada que celebrar.

Frente a frente: la economía, la política y la política económica

Rolando Cordera Campos

La Jornada

Digámoslo sin ambages: para subsistir, todas las sociedades modernas requieren de intervenciones sistemáticas del Estado. Esta necesidad se cumple de diferentes maneras, porque si hay algo idiosincrático en la civilización capitalista, es la variedad de conformaciones y configuraciones estatales. De aquí la imposibilidad de contar con trazos únicos que lleven a la revolución o las reformas, así como a la democracia misma que insistimos en ver como única, aunque obviamente no lo sea.

Diseñar el Estado y desde ahí desplegar formas diversas pero eficaces de intervención política, en y sobre la economía, ha sido menester inseparable de las evoluciones capitalistas, resultando una constelación de experiencias que no pocos suelen ver como recetario de usos múltiples. En sus extremos, esas formas de ser del capitalismo han llegado a plantearse como soluciones únicas, finales la revolución total bolchevique y la revolución imaginada para abatir a los estados y entronizar a los mercados como fuente única de los criterios de evaluación y de las propias alternativas que los países se ven obligados a buscar o inventar cuando su majestad el mercado falla por todos sus ángulos y se muestra incapaz de articular buenos desempeños económicos.

El mercado, bien lo sabían los economistas clásicos, permite asignar de manera eficiente los recursos escasos, genera incentivos para que los individuos maximicen sus utilidades, pero no está en sus “genes operativos” propiciar la equidad, establecer pautas de cuidado y protección al medio ambiente ni tampoco regularse por sí mismo de una manera eficiente. No por casualidad pensadores grandes como Karl Polanyi han señalado con claridad sus limitaciones:

“La idea de un mercado que se regula a sí mismo es una idea puramente utópica. Una institución como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad”. (Cfr. La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica).

De pionero del libre mercado, coronado con todo un tratado trilateral para darle sustentabilidad al propio mercado y sus intercambios, México pasó al no crecimiento y a la explosión de la informalidad laboral, a una perspectiva ominosa de estancamiento económico y exacerbación de los conflictos sociales precipitados o articulados por organizaciones criminales con enorme capacidad de fuego y disposición de recursos financieros.

Suma de negatividades e insuficiencias que debería ser suficiente para inducir en los grupos dirigentes del Estado y la economía una reflexión dirigida a imaginar y adoptar formas de conducción de la economía que auspicien el cambio renovado de sus estructuras. Es decir, habría que exigir la adopción de nuevas combinaciones entre la política y la economía para dar legitimidad e impulso a una política económica realmente capaz de sustentar un bienestar que no puede ser más la reproducción “simple” de la supervivencia y la resignación.

Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no imaginó el daño que hacía a la política al presumir, como uno de sus logros principales, la “separación” de la economía de la política, cuando de lo que se trata es de ir encontrando los equilibrios y adecuaciones que requieren las realidades cambiantes; combinatorias ciertamente difíciles de lograr, que no se alcanzan con políticas de microcompensación social y transferencias monetarias mínimas, sino con el permanente diseño y despliegue de amplias políticas para el empleo formal y productivo.

La numerología de nuestros dilemas y paradojas está disponible gracias a la eficacia y seriedad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y mal haría el gobierno si se empeña en despreciar dicha información o, peor, en negar nuestro mal crecimiento –con tendencias al estancamiento– o “no advertir” los altos porcentajes de pobreza laboral. “En México, 34.3 por ciento de la población (alrededor de 44.9 millones de personas) se encontraron en situación de pobreza laboral en el tercer trimestre del año (…) Con ese resultado, la pobreza laboral en el país (…) aún está 0.4 unidades por arriba de la tasa de 33.9 por ciento de los primeros tres meses de 2025”. (Rubén Migueles, El Universal, 28/11/25).

De aquí la insistencia: la economía tiene que crecer, dar lugar a un desarrollo socialmente sostenible, con criterios no sólo de equidad sino de justicia social; hacer caminar juntas política y economía utilizando la democracia como marco insustituible de nuestros intercambios.

Aún buscamos la utopía en la atención médica

Antonio Gershenson

La Jornada

Nuevamente nos referimos al asunto del derecho a la atención médica y al acceso a la salud, tema que abordamos el pasado mes de octubre en este espacio de La Jornada. Y, de nueva cuenta, partimos de la idea de que hablar de salud no es únicamente solicitar medicamentos.

Ya hemos publicado cinco artículos diferentes a partir de entonces y continuamos recibiendo observaciones de nuestro público lector. Las sugerencias continúan y consideramos que es un aporte legítimo.

Hemos resumido algunas opiniones y sugerencias considerando que no todas las críticas al sistema de salud actual son en contra, y es claro que son análisis importantes y experiencias que vale la pena tomar en cuenta.

Con respecto al sistema de seguimiento de cada tratamiento, una opinión generalizada es que no podemos continuar con este sistema sumamente lento y de larga espera a la siguiente consulta. Si no cambiamos el método acostumbrado, no esperemos resultados positivos. Las fechas programadas para los estudios clínicos son tan lejanas que, cuando llega el día, las condiciones de salud han cambiado y tal vez ya no se necesiten o sean otros los requeridos.

¿Cuál es la lógica? Expongo mi caso personal. El especialista que atiende un aspecto de mi caso descalifica las indicaciones de otro colega suyo que ordenó tres estudios de imagen: encefalograma, ultrasonido y tomografía. La finalidad es tener mayores datos de mi problema y darme, en consecuencia, un mejor tratamiento. Sin embargo, la opinión de mi otro médico, el descalificador, dice que los estudios no van a mejorar mi salud. Por supuesto que no. Entiendo que no está de acuerdo en que se realicen, sin importar si el otro médico puede avanzar en mi rehabilitación con el resultado de los tres estudios. Es claro que los análisis clínicos son herramientas necesarias que darán al personal médico mayores datos para actuar con mayor certeza y tratar de mejorar la salud de sus pacientes. Por lo tanto, si no tengo esos estudios quedo más vulnerable y disminuye la oportunidad de salir del problema o, por lo menos, de aminorar mi padecimiento. ¿Descalificar la opinión entre especialistas es una solución? O se complica aún más el problema.

Otros puntos de vista de quienes nos leen son los siguientes: para mejorar la salud de la población es necesaria la educación desde temprana edad para evitar enfermedades concretas. En la escuela, desde los primeros grados es importante que se den a conocer los tipos de plantas y alimentos que pueden evitar determinados padecimientos. No se trata únicamente de prohibir el consumo de golosinas o alimentos. Se trata de concientizar sobre nuestra salud.

En otro punto se habla de la deshumanización del personal médico y del administrativo. La mayoría de quienes nos enviaron su opinión dicen que falta calidez y orientación para quienes recurren a urgencias, por ejemplo. Los pacientes llegan traumatizados por su estado de salud, y al parecer el personal no es lo suficientemente empático con la situación, generando mayor estrés. “No somos ni indigentes ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) es un dispensario, tenemos derecho a la atención rápida y de calidad”. “Falta esa conciencia entre el personal. Nuestras cuotas valen y sostienen el servicio de atención médica. Tenemos derechos, todavía.”

Por otro lado, estamos de acuerdo en que (y de hecho es una exigencia) las condiciones laborales del personal médico deben mejorar; eso es indispensable. Las nuevas generaciones de trabajadores de la salud se integran a un sistema viciado y sin un futuro mejor.

Otro de nuestros lectores dice: Las jornadas de pasantes o internos a veces son agotadoras. No cuentan con personal auxiliar y cubren horarios de trabajadores que no han sido contratados. ¿Falta de recursos o de planificación? Quienes sufren la situación son los pacientes. El personal médico, como el administrativo, trabajan cinco días. Tienen dos días de descanso, dejando al descubierto la especialidad y consulta general los fines de semana. Tienen vacaciones pagadas, permisos de incapacidad médica, así como cursos pagados y, como si no fuera suficiente, les pagan trabajen o no, así vean a un solo paciente o a los nueve que les corresponde; dicha situación genera ausencias y falta de atención a pacientes.

En contraste está la base trabajadora con derecho al Issste, la cual tiene que cubrir alrededor de 40 horas cumpliendo con todas las exigencias laborales, aunque su sueldo, dañado por la inflación, no deja de ser afectado por los impuestos ya descontados de su nómina. Tampoco podemos hablar ampliamente de los beneficios de la medicina privada, ya que en este sector los pacientes son clientes que dejan dinero. Ese es otro asunto urgente de revisar, pues en ocasiones los abusos son enormes y la calidad es también cuestionable. Por supuesto, existen excepciones afortunadas. Recordemos que el presidente López Obrador sugirió que la atención general y de especialidad debería ser los siete días de la semana.

En lo personal, reconocemos y agradecemos los esfuerzos de la dirección general del Issste por cambiar y mejorar las condiciones actuales. Los empeños por devolver la dignidad al instituto son loables, es una gran tarea y creemos que la sociedad podemos contribuir al cambio. Repetimos: es cuestión de seguir luchando por mejorar nuestro sistema de salud. Asimismo, agradecemos a nuestros lectores por sus aportes.

(Colaboró Ruxi Mendieta).

Para Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, la justicia llegará.