Lo que dicen los columnistas

Gerardo Fernández Noroña: lo peor de México

Atacar a una viuda que acaba de perder a su pareja en un contexto de narcoviolencia extrema revela no sólo insensibilidad, sino una estrategia comunicativa que sustituye argumentos por golpes y oportunismo, que polariza y revictimiza.

Jorge Bravo

Proceso

Gerardo Fernández Noroña se ha convertido en un fenómeno que obliga a preguntarse por los límites entre la política como vocación y la política como espectáculo. 

Sus métodos (una mezcla de estridencia, teatralidad y confrontación permanente) han sido eficaces para captar atención, pero también para visibilizar contradicciones. Quien reclama austeridad se permite lujos; quien predica defensa de causas internacionales, como el sufrimiento de los infantes palestinos, selecciona qué tragedias merecen su voz. Esa tensión remite a la distinción clásica de Max Weber entre quien vive “para” la política y quien vive “de” la política, como es el caso de Noroña. 

Dicha categoría ayuda a entender por qué ciertos comportamientos políticos y legislativos son más dañinos que meras excentricidades. 

Noroña no es un principiante en el escenario público. Ha ocupado cargos legislativos en varias ocasiones. Inició como diputado federal en la LXI (2009-2012) y regresó a San Lázaro en periodos posteriores. En 2024 asumió una senaduría y se desempeñó como presidente de la Mesa Directiva del Senado entre 2024 y 2025 no por méritos, sino por designación cupular. Pero cuando un político adopta prácticas que erosionan la institucionalidad, las consecuencias son nefastas. 

En sus primeros años, el estilo confrontativo y los actos de protesta le otorgaron visibilidad. Cumplían la función de quien interpela al poder desde la periferia. Pero al insertarse en la maquinaria estatal y usufructuar privilegios, muchas de esas tácticas dejaron de ser recursos de denuncia para convertirse en un modo de hacer política que vulnera normas y expectativas republicanas.

Episodios como la exigencia pública de una disculpa de un ciudadano en el Pleno del Senado (un acto de humillación y abuso de poder) plantea el uso de la institución para dirimir agravios personales.

La indignación pública contra su proceder ha aumentado. Han emergido señalamientos sobre enriquecimiento inexplicable y trasiego de privilegios. La adquisición de una residencia en Tepoztlán y la detección de vuelos onerosos o en condiciones cuestionadas alimentan la incongruencia entre el discurso de austeridad y prácticas personales que evocan privilegios. 

Sumen a ello la estridencia para desplazar el debate de fondo. Lo más reciente es un caso bochornoso. Fernández Noroña descalificó a Grecia Quiroz (alcaldesa de Uruapan y viuda del edil Carlos Manzo) como “fascista” y de “ultraderecha” en un episodio que derivó en fuertes críticas; la prensa, tan atenta a sus estridencias, lo abandonó y no quiso retomar sus aclaraciones, y recibió un tibio reproche incluso desde la conferencia de la presidenta.

Atacar a una viuda que acaba de perder a su pareja en un contexto de narcoviolencia extrema revela no sólo insensibilidad, sino una estrategia comunicativa que sustituye argumentos por golpes y oportunismo, que polariza y revictimiza. 

Ese patrón (usar la descalificación como herramienta principal, priorizar escándalo sobre proposición, convertir la tribuna en ring en lugar de foro deliberativo) aparece en múltiples episodios de “Norroña”, como se le etiqueta. Riñas en el Congreso, enfrentamientos mediáticos, esgrima de majaderías y la repetida ausencia de una agenda legislativa robusta. 

Cuantitativamente, el expediente legislativo de Noroña es menos que modesto. Su historial de iniciativas, a lo largo de más de una década parlamentaria, arroja un saldo pobre en materia de proyectos con impacto sustantivo. En el Senado tiene apenas tres iniciativas: un par de reformas al Reglamento del Senado y otra sobre monedas conmemorativas. Nada sustantivo. Nada que transforme la vida pública. Abundante verborrea; nulo trabajo legislativo. El alboroto mediático no debe confundirse con trabajo legislativo. 

Como diputado de la LXV Legislatura (2021-24) presentó siete iniciativas irrelevantes. En una adición al artículo 4to de la Constitución, en una famélica exposición de motivos de cinco párrafos, cita a Emma Goldman: “Nunca consentiré ni me someteré a la autoridad, ni haré las paces con un sistema que degrada a la mujer”… pero sí degrada a Grecia Quiroz, víctima de ese sistema criminal. Su propuesta parlamentaria fue añadir la palabra “ambos” al artículo 4to: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. ‘Ambos’ protegerán la organización y el desarrollo de la familia.” Así de intrascendente. 

No sólo es un vividor del Poder Legislativo pagado con recursos públicos, también un flojo. Como senador tiene una dieta bruta mensual de 190 mil 23.19 pesos y un aguinaldo también bruto de 382 mil 207.41 pesos. 

La comunicación política eficaz no sólo es espectáculo, exige coherencia entre palabra y acto, capacidad para construir mayorías, rigor en propuestas y lealtad a la institucionalidad. Las prácticas de Noroña muestran oportunismo (saltos y “chapulineo” partidista), selectividad moral (defensas de causas internacionales que convienen a su agenda y silencio ante tragedias domésticas menos mediáticas) y una retórica que alimenta polarización en lugar de argumentos y consensos. 

Estas prácticas son la antítesis del político que Weber idealizaba como alguien que “vive para” la política. Noroña “vive de” la política, explotando la visibilidad y la confrontación como fuente de capital político y personal, pero sin entregar resultados legislativos. No toda oposición es legítima desde la transgresión; no toda crítica es valiosa si prescinde de soluciones. 

El Parlamento exige responsabilidad, debate informado, iniciativas con impacto social, transparencia patrimonial y respeto a los procedimientos y a las personas. 

Un legislador que sustituye deliberación por escándalo, que convierte la tribuna en altavoz para afrentas personales y que muestra una discrepancia evidente entre su retórica y sus actos, contamina el clima político y debilita la posibilidad de legislar en favor del interés público.

Si algo debería quedar claro en este carrusel de polémicas es que la política mexicana necesita menos estridentismo y más oficio parlamentario. Las leyes que rigen la vida legislativa contienen, además de procedimientos, una promesa de representar con integridad a la ciudadanía. Quienes ocupan escaños (y quienes usan la comunicación como arma) están obligados a mostrar solvencia. En la tensión entre teatralidad y responsabilidad, México exige a los legisladores que prevalezca lo segundo.

Arsenal

Las 275 demandas penales presentadas por la ASF

Francisco Garfias

Excelsior

Otra vez la realidad desmiente el discurso oficial de que en la 4T se terminaron la corrupción y los privilegios del pasado.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación, al que este reportero tuvo acceso, señala que de marzo de 2018 la fecha se han presentado 275 denuncias penales, derivadas de presuntas irregularidades detectadas en diversas auditorías.

Entre las entidades con mayor número de casos destacan la Sagarpa; la Secretaría de Cultura, Segalmex, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y la Universidad Intercultural del Estado de México.

“Estas acciones reafirman el compromiso de la AFS con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el uso de los recursos públicos”, dice el citado informe.

No reporta cifras.

Sobra decir que, aunque el documento abarca nueve meses de la administración de Enrique Peña Nieto, incluye todo el periodo de AMLO y el año que lleva Sheinbaum en Palacio Nacional.

Saque sus conclusiones.

* Uno de los principales motivos que llevaron a declarar autónoma a la Fiscalía General de la República (FGR), en diciembre del 2018, fue terminar con el control político del Ejecutivo sobre la investigación penal.

La extinta PGR dependía directamente del presidente de la República, lo que facilitaba el uso político de la justicia (impunidad para aliados, persecución de opositores).

Fue un espejismo. La autonomía no sirvió de nada en el caso de Alejandro Gertz Manero.

Más allá de los cuestionamientos que se le hacen al futuro embajador “en un país amigo”, se impuso el clásico manotazo en su salida. Lo sabe todo México.

La autonomía sólo existe en el papel o en el discurso. Igualito que en los tiempos del priato.

Por lo pronto, Ernestina Godoy, cuyo desempeño al frente de la Fiscalía de la CDMX dejó mucho que desear, queda como encargada de despacho de la FGR.

Incondicional de la presidenta Sheinbaum, es también la funcionaria que se perfila para ser elegida por el Senado, en un futuro cercano, como fiscal general de la República en los próximos nueve años. La “línea” apunta hacia ella.

Godoy escribió en sus redes sociales:

“Tendré la responsabilidad constitucional de encargada de despacho de la Fiscalía General de la República. Asumo este nuevo cargo con la misma convicción con la que he guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza, y sentido de justicia”.

La encargada de despacho hereda carpetas de investigación como las de Raúl Rocha, dueño del concurso de Miss Universo, testigo protegido de la FGR; el huachicol fiscal, que involucra a la Marina Armada; La Barredora, El Klan…

* Una de sus primeras decisiones fue nombrar a dos cercanos a Omar García Harfuch en cargos clave.

Héctor Elizalde Mora es el nuevo director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Es una de las personas cercanas al equipo del actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Se encargó de atender parte de las investigaciones del atentado que sufrió García Harfuch en la CDMX, el 26 de junio de 2020, cuando éste se desempeñaba como titular de la SSC capitalina.

Ernestina Godoy designó también a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Durante años, ha sido cercano colaborador de Harfuch.

* Una buena para todos. Los bloqueos carreteros protagonizados por campesinos y transportistas fueron levantados ayer, luego de la maratónica reunión que sus líderes y representantes sostuvieron en la Secretaría de Gobernación.

Fueron cuatro días de afectaciones carreteras que impactaron a una veintena de estados. Las pérdidas económicas son millonarias, especialmente en el sector exportador y logístico.

La Concanaco Servytur las calcula entre 3 y 6 mil millones de pesos.

El desbloqueo se realizó luego de que los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo (FNRC) pidieran a sus agremiados levantar la protesta.

Les hablaron de una “victoria” en sus demandas, que tienen que ver con seguridad carretera, temas legales del agua y demandas del campo.

Retrovisor

El beso de Cuauh y el Estado violentador

No hay seguridad ni futuro para las niñas y adolescentes que son levantadas.

Ivonne Melgar

Excelsior

El beso que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, le tiró a su compañera congresista Martha Aracely Cruz del PT el martes 25 de noviembre, cuando ella lo cuestionó por tener la desfachatez de estar ahí, no es sólo una repulsiva estampa del machismo empoderado.

Ese gesto de burla de quien fue exonerado de rendir cuentas frente a la justicia, ante las acusaciones de su hermana Nidia Fabiola por intento de violación, es, sobre todo, una prueba pública de la instalada impunidad que el Estado mexicano otorga a los agresores.

La legisladora petista se desahogó contando que siempre que se encuentra al exgobernador de Morelos le recrimina el que siga ahí, tan campante. Pero en realidad él sigue disfrutando de su curul porque así lo determinó el partido que representa.

Se trata de una impunidad sistémica porque ni las instituciones gubernamentales ni las fiscalías ni los juzgados cuentan con los recursos y la voluntad política para atender el reclamo de justicia de las mujeres.

No hay respuestas para las buscadoras; no hay escucha para las acosadas sexuales no existe atención para las despojadas de sus hijos, madres que enfrentan una de las violencias más crueles y solapadas por el Estado, la vicaria.

Tampoco hay seguridad ni futuro para las niñas y adolescentes que son levantadas donde manda el crimen organizado ni prisa por frenar las desapariciones, escandalosamente altas entre las más jóvenes.

Según datos de la Segob, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de octubre de 2024 y el 23 de noviembre de este año, desaparecieron diariamente 43 personas, sumando un total de 16,657, la mayor cifra reportada hasta ahora.

Al analizar estas cifras, el estudioso del fenómeno delictivo Francisco Robles Berlanga señala que las mujeres son la cuarta parte del total de las personas desaparecidas, 26.1 por ciento.

Muestra que las entidades con la mayor incidencia de mujeres desaparecidas son la CDMX con un mil 15 y el Estado de México con 853. Nos dice que, sumados, éstos representan 43% de los 4 mil 349 reportes de desaparición de mujeres en el periodo.

“Por cada 100 hombres desaparecidos existen 35.4 mujeres reportadas como tales. Llaman la atención entidades cuyo índice de feminización supera con creces el promedio nacional, siendo: la CDMX con 69.4; Edomex, 57.2; Tabasco, 56.2; Puebla, 53.4; Hidalgo, 51.5, y Morelos, 50.0 mujeres desaparecidas respectivamente por cada 100 hombres desaparecidos”, detalla Robles Berlanga.

Al compartirnos tan espeluznantes cifras, el estudioso del impacto de la violencia en la vida comunitaria nos muestra un subrayado que debería llamarnos a la acción urgente. Por favor vean esto:

“Las mujeres adolescentes y jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 10 y los 29 años, representan más de la mitad -57.3%- del total de desapariciones de mujeres. Incluso, sólo el grupo etario de 10 a 19, registró mil 584 reportes, 36.4 por ciento”.

De manera que, entre las adolescentes, la desaparición de mujeres representó 43.4% de las desapariciones sumadas de hombres y mujeres de esta edad.

Habla entonces Francisco Robles de una triste nueva realidad: el índice de feminización de las desapariciones en México se dispara entre las más pequeñas, las que deberían estar jugando, estudiando, formándose en el deporte, cultivando sus talentos.

“Es decir que, por cada 100 hombres adolescentes desaparecidos, existen 77 mujeres menores de 20 años reportadas, también, como desaparecidas. Una tragedia”, nos advierte.

Y prende las alertas para las cinco entidades donde ese índice es mayor y por lo tanto las niñas y las jovencitas están más en riesgo: Puebla, Estado de México, Hidalgo y Chiapas.

¿Qué puertas están tocando sus hermanas, madres, abuelas, padres o tías? ¿Y quién puede ayudarlas en un país donde la propia diputada Cruz, de un partido aliado a Morena, no ha logrado que la Secretaría de las Mujeres escuchen su ruego para que se abra la investigación contra la desaparición y feminicidio de la activista Sandra Domínguez en Oaxaca?

“Hoy en la mañanera de nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum, aparece cínicamente nuestro gobernador Salomón Jara Cruz, el principal violentador de mujeres y niñas en el estado de Oaxaca”, se quejó la petista en conferencia de prensa.

“No está bien proteger a violentadores”, se leía en el cartel que las diputadas de MC desplegaron en ese nublado 25N.

Las legisladoras Xitlalic Ceja (PRI) y Eva María Vásquez (PAN) reclamaron a Morena que guardara silencio frente a la violencia política del senador Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, tildándola de ambiciosa y fascista.

Ni la Presidencia ni la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, condenaron el agravio de Fernández Noroña como ameritaba, frenando ese tipo de expresiones. Como si ignoraran que las palabras y las omisiones tienen consecuencias en un Michoacán donde mandan las balas.

Porque más allá de la legítima competencia que vendrá y el temor del partido gobernante al perfil de la viuda de Carlos Manzo, que ya encabeza las encuestas hacia la gubernatura, salta a la vista la irresponsabilidad del gobierno y de sus representantes.

Les preocupan sus cuentas electorales. Y ocupados en éstas, ignoran que ejercen la peor de las violencias contra las mujeres, la violencia del Estado.

México SA

Río Sonora: espera perpetua // ¿Y la remediación, y la denuncia? // Germán Larrea, tan campante

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

En el cuento de nunca acabar, han transcurrido más de 11 años desde que la empresa minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, propiedad del tóxico Germán Larrea, derramó (6 de agosto de 2014) 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi; contaminó 270 kilómetros de territorio y afectó a ocho municipios con alrededor de 25 mil pobladores, y desde entonces en la esfera gubernamental nada se ha hecho para obligar al corporativo a “remediar” la situación o, de negarse, pagar las consecuencias.

En ese entonces, el gobierno de Enrique Peña Nieto se vio en la penosa necesidad de calificar tal derrame como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México”, pero ello no alcanzó para que Los Pinos le retirara la tradicional protección al barón Larrea y la mina Buenavista del Cobre se mantuvo en operación, mientras los damnificados enfrentaban las consecuencias.

Grupo México y el gobierno de entonces fingieron estar “muy preocupados”, por lo cual crearon un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para “remediar” la contaminación en el área afectada y brindar ayuda a los damnificados, aunque en los hechos ésta se limitó a la entrega de unos cuantos tinacos (comprados a la empresa de un primo del propio Larrea) y otras menudencias. Y nada se “remedió”: el barón de mantuvo impune y el fideicomiso se extinguió.

Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició una investigación para determinar si el citado fideicomiso cumplió con sus responsabilidades y lo que de inmediato apareció fue que de los 2 mil millones de pesos “comprometidos” sólo se ejerció la mitad y nada se “remedió”, porque la contaminación del agua, aire, flora y fauna se mantiene, al igual que la presencia de metales pesados, por arriba de la norma, en los ríos afectados, mientras los habitantes de la zona no han recibido la atención necesaria. De hecho, tal investigación reveló que Grupo México gastó cuatro veces más en propaganda (“estrategia de comunicación”, la llamó) que en atender la salud de la población afectada por el derrame.

El 17 de agosto de 2023, la entonces titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, informó que “hicimos una denuncia penal a Grupo México, porque no ha cumplido con la remediación ambiental”, pero, más de dos años después, es la fecha que nadie sabe, nadie supo, qué fue de esa denuncia (lo más seguro es que en esto haya influido no sólo la tradicional lentitud de Alejandro Gertz Manero, sino su esmerada labor para proteger a sus amigos), pues la empresa minera Buenavista del Cobre (antes Mexicana de Cananea y previamente la paraestatal Compañía Minera de Cananea), Grupo México y Germán Larrea se mantuvieron tan campantes y tóxicos como siempre.

Sirva el contexto anterior para conocer otro capítulo de este interminable culebrón tóxico: ayer, la presidenta Sheinbaum dijo que “hemos estado muy insistentes con Grupo México para que cumpla lo original que prometió a las comunidades (afectadas por el derrame) para la limpieza del río Sonora, y todo lo que tiene que ver con la salud de los habitantes. Ese trabajo lo ha estado llevando Rosa Icela. Y también, son muy estrictos en que se cumpla con las comunidades y se cumpla con lo que originalmente se planteó. Entonces, tienen que dar los recursos para que eso ocurra. Rosa Icela ha estado trabajando en eso y lo acompaña la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; el gobernador Alfonso Durazo, también. Entonces, esperemos que realmente se cumpla con el pueblo de Sonora. Estamos trabajando en ello también”.

En noviembre, pero de 2024, la actual titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, anunció que “se trabaja en todo un programa de remediación para el río Sonora; ya tenemos un plan y lo estamos haciendo en conjunto con la empresa principal que actúa por allá; la verdad es que la contaminación sí proviene de aquella explosión (derrame, en realidad) o ese accidente (léase negligencia) de 2014”.

En síntesis, transcurridos 11 años desde las alturas solo atinan a decir que “se sigue trabajando”, en espera de que cumplan, mientras los ríos contaminados esperan “remediación” y la población afectada atención, en tanto aparece la misteriosa denuncia entre los laberínticos “congeladores” de la Fiscalía General de la República. ¿Y Germán Larrea? Tóxico e intocado, como siempre.

Las rebanadas del pastel

Qué necesidad tiene el gobierno mexicano de agredir a “un país amigo” al enviar como embajador al impresentable Alejandro Gertz Manero. Rudeza innecesaria.

La violencia en Michoacán

Enrique Guerra Manzo*

La Jornada

Las oleadas de violencia en Michoacán siguen imparables y continúan generando estupor ante los crecientes atrevimientos del crimen organizado para acallar a todo aquel que se atreva a levantar la voz sobre sus turbios negocios. Los recientes asesinatos de Bernardo Bravo, líder empresarial limonero del Valle de Apatzingán, (19 de octubre) y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (1º de noviembre), son los dos últimos eslabones de una cadena ya larga de figuras públicas ultimadas (que incluye a Hipólito Mora, 29 de junio de 2023).

Mi libro Territorios violentos en México: el caso de Tierra Caliente, Michoacán (https://publicaciones.xoc.uam.mx/Ta blaContenidoLibro.php?id_libro=1017) analiza los ciclos de violencia entre 1910 y 2020. Documenta que la presencia del crimen organizado en Michoacán es larga. Se remonta por lo menos a la década de 1940 y al trasiego de enervantes, pero su relación con la población ha sido diferente a lo largo del tiempo.

En Tierra Caliente del Valle de Apatzingán, en casi todo el siglo XX hubo una relación simbiótica con los “contrabandistas” (como se solía llamarlos en cada ranchería). Los terracalentanos se veían beneficiados por ellos: pagaban buenos salarios en sus sembradíos, precios justos por las cosechas de enervantes –que muchos pequeños productores cultivaban–; hacían obras sociales y fiestas para todo el pueblo, pues competían por el prestigio social. Los contrabandistas eran figuras queridas y no esquilmaban a la ciudadanía.

Esas relaciones se transformaron radicalmente al comenzar el siglo XXI. Todo cambió con la llegada de Los Zetas a Michoacán. Éstos no sólo empezaron a controlar el trasiego de enervantes y a incursionar en las drogas sintéticas, sino que ante todo exprimen territorios y poblaciones. Imponen el cobro de piso en casi todas las ramas productivas. No les preocupa ganarse el cariño de la gente, a la que expolian y vejan. La familia michoacana, con ayuda solicitada a la población aterrorizada, logra expulsarlos de la entidad entre 2006 y 2008. Empero, en adelante todos los grupos del crimen organizado que se suceden –pese a cierto grado de filantropía y mística religiosa que imprime a su dominio La familia– impondrán el mismo modelo de expoliación inaugurado por Los Zetas en Michoacán (que luego replican en otras entidades). Las organizaciones criminales dominantes se transforman en grandes empresas piramidales que someten por medio del terror a poblaciones enteras.

La experiencia de Michoacán indica que cuando un grupo criminal logra imponer un control territorial monopólico con cierta estabilidad, las tasas de homicidios dolosos suelen mantenerse a la baja (así ocurrió con La familia y con Los caballeros templarios). Pero cuando entran en proceso de fragmentación (escisiones frecuentes) y de realineamientos incesantes, como se ha venido dando desde el descabezamiento de Los templarios en 2013, las tasas de homicidios tienden al alza. Desde entonces, los ciclos de violencia, salvo breves treguas, han sido una constante. Ello se traduce en mayor inseguridad y zozobra para la población, que no sabe a qué atenerse, pues si se alinea con un grupo (y ello es inevitable), cuando llega el grupo contrario toma venganza e inicia una limpia dolorosa.

Dado que no hay nada que regule la lucha por los territorios entre organizaciones rivales, la violencia es una constante. Esa guerra hobbesiana entre cárteles hoy va adquiriendo tonos cada vez más cruentos para la población que queda en medio de sus enfrentamientos: minas terrestres, drones cargados de explosivos, armamento pesado. Ello es la causa de oleadas de desplazados forzados internos, pero también del asesinato de cualquiera que se atreva a levantar la voz.

Frente a esos ciclos de violencia y la fuerte indignación que causó en la sociedad el artero asesinato de Carlos Manzo (que lastima lo que entendemos por vida civilizada), se construyó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Es una buena noticia que su diseño desde Palacio Nacional haya tomado en cuenta la voz de diversos sectores de la sociedad michoacana y de autoridades locales. Pero su elaboración en un tiempo tan breve (una semana) le hace tener varias falencias, que sobre la marcha se deben ir corrigiendo. Por ejemplo, no se consultó a la mayor parte de las 500 comunidades indígenas de la entidad (sólo a las 48 que tienen autogobierno), tampoco a colectivos de la sociedad civil acompañantes de víctimas de la violencia.

Además, cualquier plan no puede ser eficaz sin voluntad política para desmantelar la zona gris de colusiones entre autoridades locales y crimen organizado (que tiene presencia en los 113 municipios de la entidad), en la cual se han atorado los del pasado. Sin esa voluntad, las más de 12 organizaciones criminales que operan en Michoacán no podrán ser desmanteladas y seguirán atreviéndose a acallar las voces de quienes desafíen su autoridad. Son los verdaderos poderes de facto en muchos territorios michoacanos.

* UAM Unidad Xochimilco.