Lo que dicen los columnistas

La prisa de la Corte en torno a la restricción del amparo a los ambientalistas

¿Por qué la insistencia para discutir ese proyecto? La jurisprudencia ya no puede tener efecto retroactivo en perjuicio de las personas. Ciertamente se enseña más con el ejemplo que con el discurso.

Luis Miguel Cano López

Proceso

Mientras se celebraba la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima se estimó oportuno volver a poner en la lista de asuntos por discutirse en el Pleno de la Corte la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel para fallar la contradicción de criterios 217/2021 (con la que se puede restringir la posibilidad de que organizaciones ambientalistas promuevan amparos para defender la naturaleza y el derecho al medio ambiente). Este jueves 27 tiene el lugar 35 de los asuntos con los que se dará cuenta en sesión.

Vale la pena recordar que en sesión del 9 de octubre pasado se iba a revisar esa propuesta, pero que la misma fue retirada porque se dijo que existía una solicitud de audiencia para escuchar a las personas interesadas en el tema, por lo que la propia ministra Esquivel incluso había enviado ya el oficio de retiro correspondiente.

Reaparece ahora su propuesta sin que se tenga conocimiento de audiencia pública alguna que se hubiere celebrado al respecto. Extraña ese detalle, porque conforme a las bases del Acuerdo General 5/2025 del Pleno de la Corte que regulan dichas audiencias públicas, si la referida solicitud la hizo suya alguna ministra o ministro, por regla general tendría que haberse publicado la negativa recaída y su motivación. Y si la solicitud la hizo Greenpeace México (parte denunciante de la contradicción) o alguna diversa organización, tercera con interés legítimo, entonces la presidencia de la Corte, aunque la hubiera desechado de plano, debió haberlo dado a conocer.

En todo caso, el proyecto que se planea discutir este jueves realmente no introduce cambios de fondo, salvo un detalle. Como el 16 de octubre se publicaron las más recientes reformas a la Ley de Amparo y la materia de contradicción tiene relación con el interés legítimo de las personas jurídicas que accionan amparos en defensa del medio ambiente, se aclara que el estudio y jurisprudencias resultantes aplican sólo a la legislación vigente hasta dicha fecha. Lo cual facilita entender que todo juicio posterior se debe resolver, antes que todo, conforme a su artículo 5 reformado.

Para ese artículo 5, la regresión trascendental de su reforma obedece a que niega interés legítimo si con un amparo solo se pueden obtener beneficios que aunque sean ciertos, resultan futuros o eventuales. Lo cual obstaculizará todavía en mayor medida la defensa de la naturaleza y los compromisos con las futuras generaciones.

Con tal panorama cabe preguntar ¿por qué la insistencia para discutir ese proyecto? La jurisprudencia ya no puede tener efecto retroactivo en perjuicio de las personas. Ciertamente se enseña más con el ejemplo que con el discurso. Ya se han reportado casos en los que órganos de amparo han emitido resoluciones desfavorables en juicios que plantean la defensa del medio ambiente, tanto porque se adelantaron a seguir el criterio restrictivo propuesto por la ministra Esquivel, como por tal reforma (el caso del inmueble que construye la Sedena a las orillas de la laguna de Bacalar).

Es tanta la prisa, que la propuesta de la ministra olvida un criterio básico del Pleno que hoy integra (el cual se puede observar en la contradicción de criterios 167/2025, apenas fallada el 30 de octubre), y que se inició hace bastante tiempo en la Corte. La contradicción de criterios 217/2021 quedó sin materia desde el momento en el que el criterio restrictivo del interés de las organizaciones de uno de los Colegiados contendientes fue superado con dos jurisprudencias por precedentes obligatorios emitidas por su extinta Primera Sala, derivadas del amparo en revisión 79/2023, y poco antes, concretamente en materia ambiental, del amparo en revisión 543/2022.

Si la desaparecida Sala de la Corte ya había entendido que una persona jurídica que acreditara en su juicio de amparo que parte de su objeto social es la defensa del medio ambiente, tendría un indefectible impacto en su esfera jurídica con una sentencia favorable, y luego hasta publicó la jurisprudencia 1a./J. 169/2023 (11a.), para otro caso más específico, en la que estableció que para acreditar el interés legítimo de asociaciones civiles que busquen ampararse contra normas generales, basta probar que su objeto social se vincula con la defensa de derechos colectivos; tiene que concluirse que tal contradicción de criterios 217/2021 ya está sin materia.

Con lo cual se revela una posible respuesta a la interrogante que recién hice. Lo que se persigue es, por un lado, blindar actos de autoridad que violan derechos, a partir de la restricción de las posibilidades de acudir al juicio de amparo para reclamarlos; pero además, revisar los criterios más garantistas de la extinta Corte. Las formas no importan, lo único que parece guiar es la impune necedad del poder. De ahí el deber moral de denunciar cada abuso, hasta restablecer nuestro Derecho.

Razones

Un monólogo de sordos

El doble discurso gubernamental: por una parte, se minimiza la protesta social, dejándola como una expresión de sectores opositores minoritarios. Por la otra, se victimizan y la ven como parte de una gran conjura

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Dice la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que los 36 bloqueos realizados por transportistas y campesinos en toda la República tienen motivaciones políticas y reiteró un llamado al diálogo, que estaría muy bien si no se hubieran tenido ya muchas mesas de diálogo a lo largo de los últimos meses que han resultado, finalmente y todas ellas, infructuosas.

No deja de llamar la atención el doble discurso inscripto en la narrativa gubernamental: por una parte, se minimiza la protesta social, dejándola como una expresión de sectores opositores minoritarios. Por la otra, se victimizan y la ven como parte de una gran conjura, con actores incluso internacionales, que tiene como objeto hasta el derrocamiento del gobierno mediante un golpe de Estado blando (me imagino que sin intervención de las Fuerzas Armadas, como si en este país estuvieran sólo de adorno y no se hubieran comprometido a respetar la Constitución: hablar de golpe de Estado, incluso desde ese punto de vista, es indigno del oficialismo).

Lo cierto es que hay demandas legítimas que no son atendidas por el gobierno y que pasan, en lo general, por tres grandes temas: la exigencia de seguridad y justicia, la lucha contra la corrupción y un reclamo de vivir en paz. No hay mucho más. Los transportistas piden lo mismo: que no los extorsionen, que no los asalten y asesinen en las carreteras, que haya una mínima seguridad en las mismas, que la burocracia no sea, a su vez, un mecanismo más de la corrupción y la extorsión. Los campesinos quieren que se regrese el financiamiento al sector que quitó López Obrador al desaparecer Financiera Rural; piden precios de garantía justos, apoyos como los que otorgan nuestros socios comerciales al sector, que le permitan competir exitosamente por lo menos en el mercado interno. No quieren la nueva ley general de aguas, porque con ella será el gobierno el que terminará siendo propietario del agua y esos productores no contarán con respaldo alguno para garantizar sus tierras o tener créditos: la tierra sin agua no sirve para nada en el ámbito agropecuario.

No son las grandes transnacionales las que están pidiendo esto ni los partidos políticos opositores tienen el peso suficiente para generar por sí mismos este tipo de movilizaciones. Son las clases medias. Son los transportistas en general, cuando más pequeños más indefensos ante la inseguridad cotidiana; son los campesinos medianos, esos que no tienen grandes empresas, pero que tampoco viven en una economía rural de subsistencia, que son los únicos que reciben el apoyo gubernamental. Son esas clases medias que han sido castigadas en los últimos siete años: con la inseguridad, con las extorsiones, con las faltas de oportunidades para los jóvenes, con la contracción de la economía y el empleo, con los apremios fiscales, con la falta de medicinas y la pauperización del sistema de salud. Las que ven como las universidades públicas, lo mismo que la escuela, se deterioran cotidianamente, tanto en su nivel educativo como en su infraestructura, y que terminan cobijándose en la educación privada, donde, por lo menos, hay aulas y maestros que quieran dar clases. Son las mismas que no tuvieron apoyos durante la pandemia.

No hay ninguna conjura contra el gobierno. Lo que no existe desde la segunda mitad del sexenio de López Obrador es el interés del gobierno de construir un acuerdo que integre a los sectores que trasciendan a la propia 4T. Antes y después de lo que el oficialismo llama el periodo neoliberal, hubo espacios, diálogo y mecanismos institucionales de acuerdo con la mayoría de los sectores. Hace unos días recordábamos cómo después del movimiento del CEU, donde la presidenta Sheinbaum tuvo un papel destacado, se abrieron cauces de negociación y acuerdo con el movimiento estudiantil y con la oposición que permitieron salidas aceptables para todos. En 1976, López Portillo no ganó con 54% de los votos: fue el candidato único, se quedó con todos los votos. Pero tuvo que aceptar que la coyuntura ya no le permitía sostener un sistema monolítico y se abrió a la reforma política de Reyes Heroles. La reforma política que ahora proponen es parte de un monólogo que no escucha a nadie más que a los suyos.

Cuando se habla, hablamos, de un verdadero diálogo nacional se trata no de crear una mesa de coyuntura para tratar un tema, sea el transporte o los campesinos, que nunca se termina de solucionar. Si no de dialogar de verdad, de buscar puntos de acuerdo, de buscar integrar a todos o casi todos en el sistema. Eso no se puede hacer cuando aún hay personajes en el poder que piensan en términos de una revolución y no de una democracia.

La narrativa actual lleva a un camino sin salida a quienes no están plenamente de acuerdo con las acciones del gobierno y exhibe una cerrazón que, al final, tendrá costos, también para todos. No se pueden cerrar las válvulas de una caldera sin esperar que más temprano o más tarde explote. Y hoy ese descontento está estallando desde todos lados, desde la Gen Z hasta la CNTE, desde los médicos hasta los enfermos y sus familias, desde los campesinos hasta los transportistas, desde los empresarios perseguidos hasta los ciudadanos extorsionados. Y, en medio, organizaciones criminales con un enorme poder de ejercer violencia y generar inseguridad, y un gobierno de Estados Unidos decidido a presionar hasta donde pueda para no perder su propia agenda. Todo mientras la economía no crece desde hace meses.

Juegos de poder

Seguimiento al talón de Aquiles de la 4T

La repartición de recursos en efectivo ha sido muy popular para Morena

Leo Zuckermann

Excelsior

En este espacio he dicho que el punto más débil que tiene la Cuarta Transformación es la falta de crecimiento económico. Es su talón de Aquiles.

Llevan ya siete años gobernando y la constante ha sido el estancamiento de la economía nacional.

En los seis años de López Obrador, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue un magro 5%. Si lo vemos por PIB per cápita, el crecimiento fue, de hecho, negativo en el sexenio: -1%.

La misma tendencia continúa en la administración de Claudia Sheinbaum. La economía se está desacelerando en la parte final del 2025 de tal suerte que, si bien nos va, el crecimiento del PIB en este año será de alrededor de 0.3%, es decir, nada.

Para el año que viene, los expertos en materia económica prevén un número mayor, acaso por arribita de 1%.

La realidad es que la economía no crece desde que llegó la 4T al poder.

Esta situación de estancamiento endémico es sostenible en países desarrollados, de ingreso alto, que ya no crecen en población, como es el caso de Japón o Europa. México, sin embargo, sigue siendo un país de renta media, con millones de personas que viven en la pobreza, y con un perfil poblacional todavía al alza. No podemos darnos el lujo de que se paralice nuestra economía.

La sociedad aguantó seis años de estancamiento con López Obrador y volvió a ratificar, en las urnas, al proyecto de la 4T. Mucho influyó, sin duda, la repartición de miles de millones de pesos en programas sociales que beneficiaron a una mayoría de los hogares del país. Tan sólo en 2024, año electoral, el gobierno federal erogó 735 mil millones de pesos en estos programas.

La repartición de recursos en efectivo ha sido tremendamente popular para Morena. Sin embargo, es una bola de nieve que va creciendo con los años. Ya en este 2025, el gobierno gastó 100 mil millones de pesos más en programas sociales para alcanzar los 835 mil millones de pesos; para el siguiente año tienen presupuestados recursos con el fin de alcanzar el billón de pesos.

Y es que, cuando un gobierno reparte recursos de esta manera, la gente demanda cada vez más dinero para estar contenta. El gobierno, presionado por mantener su popularidad, va soltando más y más dinero conforme pasa el tiempo, lo cual va apretando cada vez más las finanzas públicas.

Si hubiera crecimiento económico, el gobierno podría recaudar más dinero de los impuestos. Sin embargo, en un escenario de estancamiento, le quedan tres opciones.

Uno, recortar el gasto en otros rubros, lo cual se antoja ya imposible porque eso mismo hizo AMLO en su sexenio dejando en los huesos partidas tan importantes como la seguridad o salud.

Dos, incrementar la deuda, una opción también problemática porque AMLO se despachó con la cuchara grande el último año de su sexenio incrementando la deuda pública en más de cuatro puntos porcentuales del PIB. Quizá Sheinbaum pueda endeudarse unos puntitos más del PIB, con el riesgo de que el país pierda el grado de inversión, lo cual significaría un incremento en el servicio financiero de la deuda.

Finalmente, el gobierno podría incrementar sus ingresos realizando una reforma fiscal o apretando más a los contribuyentes cautivos.

Lo primero no lo harán porque tendría un gran costo electoral.

Queda, por tanto, seguir exprimiendo a los que sí pagan impuestos utilizando al nuevo Poder Judicial, que ahora controla Morena, y la reforma a la Ley del Amparo, que deja indefensos a los contribuyentes.

Pero esta operación también tiene un límite. Entre más se exprime un limón, menos jugo queda. Lo mismo pasa con los que pagan impuestos.

La falta de crecimiento económico se debe a la falta de apetito por invertir en México. Los empresarios nacionales siguen viendo con aversión a la 4T. Una 4T que está instalando una Estado gandalla, que desmantela contrapesos y reforma leyes para quitarles derechos de protección a los ciudadanos.

Los que tienen dinero desconfían de un gobierno que abusa del poder defenestrando al Poder Judicial, sustituyéndolos con jueces a modo y limitando el derecho al amparo. Amén de la retórica antiempresarial de los grupos más radicales de la 4T que desconfían de los “cochinos capitalistas”, lo único que consiguen es que la desconfianza se vuelva mutua.

Sin inversión privada no habrá crecimiento económico. Sin crecimiento económico será insostenible el modelo político clientelar basado en la repartición de miles de millones de pesos en programas sociales. Y sin dinero en el erario, la 4T difícilmente sobrevivirá. Por eso, el estancamiento de la economía es y será su talón de Aquiles.

Astillero

Protestas y diálogo: nudo difícil // Bloqueos y mesas // ¿Motivaciones políticas? // Monreal se desmarca

Julio Hernández López

La Jornada

Las protestas de transportistas y productores agrícolas agregaron tensión a un escenario político y administrativo ya cargado de complicaciones. Bloqueos carreteros, incidentes en una aduana fronteriza y movilizaciones en diversos lugares del país sucedieron en momentos políticos difíciles tanto por la presión desestabilizadora enmascarada a nombre de generación Z (con Z de Azteca) como por los abiertos planes expansionistas de Donald Trump en América Latina.

El nudo que en el gobierno federal batallan por desenredar es el correspondiente a la autenticidad o no de los mecanismos promotores de las demandas sociales presentadas (seguridad, no más extorsiones, los transportistas; mejores precios y condiciones para sus productos, los agricultores). Las causas existen y están en vías de procesamiento resolutivo, señalan en el ámbito presidencial, pero los grupos movilizados aseguran que no ha habido auténtica atención y solución a sus demandas.

Dicho nudo se aprieta aún más a la hora de tratar de identificar y etiquetar a los liderazgos de las acciones realizadas ayer. En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación se defiende la tesis de que está en curso una vía de acuerdos, producto de un diálogo por el cual sería innecesario o incluso poco explicable que se recurra a las protestas obstructoras de carreteras. Ello abre en esos niveles la puerta a la especulación sobre las motivaciones de los bloqueos de ayer. Se ha mencionado que los dirigentes pertenecen a partidos contrarios a la llamada Cuarta Transformación.

Rosa Icela Rodríguez, quien ha mantenido una postura de escucha y búsqueda de soluciones concertadas en este y otros temas críticos, señaló ayer en conferencia de prensa: “La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno, al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”.

Para precisar la “motivación política” que habría en una movilización de la que, dijo, 10 de 11 organizaciones de transportistas se han desmarcado, puntualizó: “nosotros nos preguntamos si ya están caminando los acuerdos y las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay atrás? Pues ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI, al PAN y al PRD. Claramente, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política”.

El posicionamiento de la titular de Bucareli fue antecedido de lo dicho por la presidenta Sheinbaum en la mañanera de ayer: “es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces, no es que están bloqueando porque no haya diálogo; hay diálogo (…) Entonces, va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras”.

Como era de suponerse, hubo reacciones de dirigentes de los partidos señalados y del virtual partido Z (“generación”, televisión), en este caso a través del máximo líder deudor y sus voces laboral y políticamente subordinadas. Desde el flanco guinda, el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, se colocó a contracorriente de lo dicho por la presidenta Sheinbaum y la secretaria Rodríguez: “Hay que llamar al diálogo, no hay que provocar rispideces ni crispar el ánimo de nadie. Lo que yo creo: hay que buscar soluciones, no tensar situaciones, yo sí creo en el diálogo y creo que dialogando podemos buscar soluciones”, planteó, es de suponerse que por considerar que no existen tales diálogos que en Palacio Nacional y Bucareli se proclaman como reales y eficaces.

Añadió: “Lo que sea hay que atenderlo, hay que escucharlos. Soy de la idea de que hay motivaciones y demandas de parte de los autotransportistas o transportistas que no podemos desoír y que hay que atender”.

México SA

Paro de transportistas // ¿Mete mano la derecha? // ¡Y todavía se ofende!

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

¿Será que algunos lidercillos de la ultraderecha autóctona recordaron –o alguien les pasó el dato– aquel infame paro camionero (también conocido como “de los patrones”) de 1972 contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, el cual, con fines golpistas, organizaron y financiaron la oligarquía chilena, el diario El Mercurio, el embajador gringo Nathaniel Davis y la Agencia Central de Inteligencia? Quién sabe, pero dada la larga mano de esa corriente extremista, que anda alebrestada, nada raro sería que haya aprovechado la coyuntura. Cuando menos ese es el tufillo que deja el bloqueo carretero consumado ayer.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el grueso de las organizaciones transportistas del país “anunciaron de manera pública que no participarán en el paro carretero, argumentando que el diálogo con autoridades federales y estatales ha avanzado y que las mesas de trabajo ofrecen un cauce institucional para atender sus demandas”.

Aun así, una de ellas, la Asociación Nacional de Transportistas, cuya cabeza visible es David Estévez, de la mano del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que preside Heraclio Rodríguez, se animaron a bloquear parte de la red carretera del país, y de pasadita integrantes de esta última organización tomaron las oficinas de la aduana del puente internacional Córdova-Las Américas, en Ciudad Juárez, e impidieron el tránsito de camiones de carga.

¿Qué reclaman? Seguridad para los agremiados en las carreteras del país; “que no nos roben, extorsionen, maten ni nos desaparezcan”, detalló la Asociación Nacional de Transportistas. Por el lado del citado frente, incumplimiento del acuerdo de pago en 6.05 pesos por kilogramo de maíz y precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de ese grano, acuerdos directos y ser escuchados respecto a la nueva Ley General de Aguas; “traemos cinco puntos principales y uno de ellos es el tema del agua: queremos una legislación que vaya por más agua de lluvia a los ríos, que no estemos desperdiciando las aguas que terminan en el mar”. Además, podría realizar bloqueos “en las principales enemigas del campo mexicano, como Minsa (del papá de Altagracia) y Maseca”.

Son válidos tales reclamos y ameritan solución, pero en eso del diálogo algo no queda claro: la Asociación Nacional de Transportistas asegura: “Acabamos de escuchar que la secretaria de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas (de ayer), pero no hemos sido convocados; además, no tenemos intereses políticos con los bloqueos”. Por su parte, el Frente aseguró: “No hemos recibido alguna convocatoria”.

A su vez, la Secretaría de Gobernación sostuvo que el diálogo “se mantiene abierto” con transportistas y productores (también participa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), de tal suerte que “no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno, al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”. Reiteró el llamado a las organizaciones para que se privilegie “el entendimiento; el intercambio institucional y abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a la población”.

Eso sí, no dejó pasar la bola: “Los dirigentes de las agrupaciones que hoy realizan las protestas también son integrantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática”. La Secretaría de Gobernación “no comparte ni avala que intereses políticos o agendas ajenas al bienestar del sector productivo pretendan influir o encauzar estas expresiones sociales”. Con todo, “existe el compromiso de escuchar y atender cada uno de los temas que tienen, tanto los productores agrícolas como los transportistas del país; insistimos: la vía para atender los problemas es el diálogo permanente, respetando en todo momento la libertad de expresión y garantizando, a la vez, el derecho al libre tránsito”.

Las rebanadas del pastel

¡Qué lástima! El “ofendido” cuan ridículo barón de los abonos chiquitos anuncia que “en mis empresas, por ningún motivo haremos nuevas inversiones en México. Primero hay que sacar al régimen comunista de Morena y sus criminales y corruptos personajes de la 4T. Ya luego habrá que reconocer que los empresarios son los únicos creadores de riqueza y empleo, y devolverles la seguridad jurídica a sus inversiones”. En realidad, luego de pagar al SAT, le haría un enorme favor a la República si se lleva sus trastes a otra parte.