Lo que dicen los columnistas

Redes sociales, los costos de no regular

La ausencia de regulación ha dejado a la ciudadanía expuesta a montajes, deepfakes, campañas automatizadas y narrativas que se reproducen sin control.

Ernesto Villanueva

Proceso

México vive una transformación silenciosa y profunda. La conversación pública ya no depende solo de medios, testimonios o documentos verificables. Está condicionada por algoritmos que deciden qué se vuelve tema nacional, qué se viraliza y qué se borra sin explicación. En ese entorno, la inteligencia artificial no solo produce imágenes o textos: produce versiones del país que parecen reales, aunque nunca hayan existido. La Constitución protege la libertad de expresión, pero ese marco nació para un entorno humano, no para uno sintético. La ausencia de regulación ha dejado a la ciudadanía expuesta a montajes, deepfakes, campañas automatizadas y narrativas que se reproducen sin control.

Primero. México carece de una Ley de Inteligencia Artificial y de una Ley de Plataformas Digitales. Las redes sociales operan sin transparencia obligatoria y sin límites claros. Los algoritmos que definen qué ve cada usuario priorizan contenido emocional, polémico o disruptivo. No buscan informar: buscan retener. En ese paisaje, una mentira repetida se vuelve creencia. Un video manipulado genera indignación masiva. Un deepfake puede destruir una reputación en minutos. La presunción de inocencia, protegida por la Constitución, queda anulada por el juicio inmediato de la plaza digital. El debido proceso se contamina por percepciones creadas artificialmente. La vida privada es vulnerada en segundos. Y la propia imagen se convierte en un recurso manipulable. El artículo 6° constitucional queda rebasado por tecnologías capaces de generar discursos que parecen humanos, pero carecen de autor responsable. Ese vacío amplifica tensiones: cada grupo consume su propia versión del país. La polarización crece. Y el espacio público se descompone al no existir un punto común desde donde reconstruir confianza.

Segundo. Las herramientas de IA reducen la frontera entre lo verdadero y lo falso. Un rostro puede ser replicado con perfección. Una voz puede ser clonada. Un video puede mostrar a alguien cometiendo un acto inexistente sin que pueda distinguir si es auténtico, creado por IA o está creado con elementos de verdad y otros falsos. La audiencia, sin alfabetización digital suficiente, toma estos materiales como pruebas irrefutables. La mentira se vuelve evidencia. El engaño se vuelve argumento político. Esto genera un nuevo desorden informativo que no solo confunde: fractura la convivencia. La gente deja de hablar del mismo país porque ya no comparte la misma realidad. Surgen mundos paralelos creados por algoritmos que detectan qué enojo genera más interacción. La polarización se vuelve estructura. La identidad colectiva, ya debilitada por desigualdades históricas, se fragmenta aún más por la circulación masiva de narrativas incompatibles. En ausencia de reglas, la tecnología gana poder y la verdad pierde forma. Una sociedad que normaliza la mentira digital pierde la capacidad de construir acuerdos mínimos.

Tercero. México necesita una regulación moderna, proporcional y democrática. No para callar críticas. No para controlar ideas. Sino para impedir que tecnologías sin supervisión destruyan vidas, distorsionen procesos judiciales y fragmenten la realidad compartida. La regulación debe concentrarse en obligaciones verificables para plataformas y desarrolladores de IA, y en derechos efectivos para los usuarios. Las medidas mínimas que una ley mexicana debería incluir son las siguientes:

1. Etiquetado obligatorio de contenido generado por IA

Todo deepfake, audio sintético, imagen manipulada o video creado por IA debe estar marcado de forma visible, permanente e inequívoca.

2. Protocolo urgente de retiro para contenido falso dañino

Material que vulnere la vida privada, la imagen, la honra o la presunción de inocencia debe retirarse en plazos breves y verificables.

3. Auditoría externa e independiente de algoritmos

Las plataformas deben permitir evaluaciones periódicas para detectar amplificación artificial de desinformación.

4. Trazabilidad técnica mínima

Debe ser posible identificar si un contenido fue generado o alterado con IA, así como su ruta básica de amplificación.

5. Régimen de cooperación obligatoria con autoridades judiciales

Las plataformas deben entregar información técnica cuando un contenido manipulador afecte procesos judiciales, seguridad personal o integridad digital.

6. Protección del debido proceso y de la presunción de inocencia

Se requiere un procedimiento legal que modere la exposición pública de contenidos falsos que interfieran en investigaciones o juicios.

7. Derechos digitales efectivos para usuarios

Derecho a saber si un contenido es generado por IA, derecho a rectificación reforzada y derecho a la eliminación de montajes que afecten la personalidad.

8. Conservación plena de críticas, sátiras y discursos legítimos

La ley debe distinguir expresiones humanas protegidas de montajes sintéticos que producen daño directo. La protección de libertades debe mantenerse intacta.

Estas medidas no censuran. No silencian. No criminalizan. Solo ordenan un ecosistema donde la tecnología no puede seguir operando sin perímetro. La libertad de expresión se fortalece cuando la mentira tecnológica no se confunde con la crítica legítima.

La falta de reglas para la IA y las plataformas digitales no es un asunto técnico. Es un riesgo constitucional, democrático y social. La desinformación sintética daña derechos, alimenta polarización, profundiza crispaciones y erosiona la identidad mínima que sostiene a un país. México necesita una regulación firme, moderna y protectora de libertades. Una ley que no silencie voces, pero que impida que la mentira tecnológica sea la dueña del debate público. Porque sin reglas, la verdad deja de ser un espacio común y se vuelve una pieza más del algoritmo. Y ninguna nación puede sostener su vida democrática viviendo dentro de una realidad que no existe.

Razones

Campesinos y transportistas dicen basta

Los transportistas demandan un reforzamiento de la seguridad en carreteras

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Hoy puede ser uno de los días más difíciles de este sexenio que se ha hecho largo, porque en lugar de ser el primer año de la presidenta Sheinbaum se ha convertido, como festejarán el 6 de diciembre, en el séptimo de la 4T.

Hoy, cuando usted lea esto, todas las entradas y salidas de la Ciudad de México y de otras 20 ciudades del país estarán bloqueadas por el paro conjunto de transportistas y campesinos, luego de que durante meses sus demandas han sido sistemáticamente desoídas: reclaman por la inseguridad en las carreteras, el combate a extorsiones y los asaltos en carreteras, así como mejores condiciones para el campo y el transporte.

Los transportistas demandan al gobierno federal un reforzamiento de la seguridad en carreteras debido al aumento de robos, extorsiones y violencia, y reclaman por la poca respuesta de las autoridades. No sólo en México: ayer mismo, se conoció que el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por sus siglas en inglés), que agrupa a la mayoría de las 300 grandes empresas de consumo (incluyendo a UPS, Coca-Cola y Hewlett Packard, entre muchas otras), solicitó a la Casa Blanca abordar el tema durante la revisión del T-MEC, que se realizará en 2026. El NFCT aseguró que la inseguridad en las carreteras mexicanas golpea tanto a exportadores como importadores en México y representa desde riesgos físicos hasta disrupciones a cadenas de suministro.

“La inseguridad, dice el NFCT, ha cobrado la vida a los operadores de los tráileres. No hay seguridad, son extorsionados donde quiera que se paran, por el crimen y por las autoridades. USTR (la oficina de comercio de la Unión Americana) debe lograr que México se comprometa a asignar recursos adicionales y medidas de seguridad concretas que prioricen la protección del transporte de carga y la prevención del robo”, señala el informe.

En México los transportistas también exigen la agilización de trámites, como la emisión de licencias de manejo plastificadas y placas vehiculares, además de citas médicas regulatorias.

El movimiento campesino demanda precios de garantía para granos básicos como el maíz, el pago de adeudos pendientes y la eliminación de prácticas que consideran abusivas en la producción y comercialización agrícola. Exigen el fortalecimiento de la producción agrícola nacional, acceso a una banca de desarrollo exclusiva para el campo y que se excluyan ciertos granos de revisiones comerciales internacionales como las contempladas en el T-MEC.

Las demandas campesinas son consecuencia directa del abandono en que dejó al sector la administración López Obrador y de una serie de decisiones muy desafortunadas adoptadas por el gobierno pasado, incluyendo la desaparición de Financiera Rural. Los campesinos enfrentan precios injustamente bajos por sus cosechas, especialmente en granos básicos como el maíz, que no cubren los costos de producción. Exigen protección frente a la competencia desigual derivada del T-MEC, pues los productores extranjeros reciben subsidios estatales, mientras que los mexicanos no cuentan con los mismos apoyos, a veces simplemente con ninguno. La desaparición o limitación de la banca de desarrollo agrícola y el acceso restringido a créditos y seguros agrarios, intensivos en nuestros socios comerciales, dificultan la producción, la inversión y la tecnificación del campo.

A todo eso se suma, dicen, el aumento de extorsiones, cobros de piso y violencia en zonas rurales, que genera pérdidas económicas y pone en peligro la vida de productores. Y en las últimas semanas se ha sumado la reforma a la Ley de Aguas, que el movimiento rechaza porque la consideran perjudicial para el uso agrícola, al tiempo que denuncian rezagos en trámites relacionados con concesiones de agua y programas energéticos rurales.

En el gobierno ya se habla de la salida del secretario de Agricultura, Julio Berdegué y su reemplazo por Alfonso Ramírez Cuéllar. Puede ser, pero el problema no se resolverá con un cambio de funcionarios, sino con un cambio integral de políticas que incluyan un verdadero diálogo con todos los sectores. Necesitamos un Palacio Nacional que hable y amenace menos, y escuche y dialogue más. El país necesita un gran diálogo nacional, no un monólogo.

Por lo pronto, ni piense en viajar mañana por las carreteras de México que estarán bloqueadas por movimientos que enarbolan demandas justas. Esperemos que no los acusen de ser parte de una conjura internacional y de ser movilizados por bots.

ASESINATO EN ZONGOLICA, VERACRUZ

Fue asesinado, a unas horas de que arribara al puerto de Veracruz la presidenta Sheinbaum, otro líder campesino e indígena local que, como Carlos Manzo, estaba formando una fuerza local independiente.

En la mañana del domingo fue emboscado y muerto el exdiputado local y federal y expresidente municipal perredista de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, un muy popular líder local que fue impedido de participar en las pasadas elecciones municipales y que estaba encabezando un fuerte movimiento contra la inseguridad en la sierra de Zongolica. Lo emboscaron sicarios que iban en dos camionetas y lo mataron en Piedras Blancas, en una finca de su propiedad.

La sierra de Zongolica es desde 2021 una de las zonas más peligrosas de México y, por supuesto, del abandonado estado de Veracruz. Pobladores, líderes comunitarios y organizaciones como MILPAZ señalan que existe una “delincuencia desatada” y ausencia de autoridades, mientras se multiplican las extorsiones, asaltos y asesinatos. A ver cuándo anuncian un Plan Veracruz.

Juegos de poder

¿Qué tanto poder tiene Sheinbaum?

La coalición oficialista controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial

Leo Zuckermann

Excelsior

En la última emisión de Tercer Grado surgió un debate muy interesante: ¿qué tanto poder tiene hoy la Presidenta?

Viridiana Ríos argumentaba que, para solucionar el problema de la inseguridad, el país requería una reforma fiscal profunda, con el fin de dotar al Estado con más recursos dedicados a este tema, y una reforma política para redefinir el papel que tienen los gobiernos estatales y municipales que han fallado en resolver la violencia.

No sé si éstas sean las soluciones, pero una cosa me queda claro: Morena y sus aliados tienen todo el poder para hacerlas.

La pregunta es por qué no lo hacen.

Ahí es donde surgió el asunto de qué tanto poder tiene Sheinbaum.

Por un lado, tiene tanto como ningún presidente había tenido en décadas.

La coalición oficialista controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuentan con los votos requeridos para reformar la Constitución a su antojo. Han desaparecido los órganos autónomos del Estado otorgándole sus facultades al Ejecutivo federal. Tienen sometido al INE y al Tribunal Electoral. Gobiernan en la mayor parte de los estados y municipios. Los poderes fácticos (militares, empresarios, sindicatos) están alineados con ellos.

En suma, en los siete años que ha durado la llamada “Cuarta Transformación”, se han dedicado a concentrar el poder con éxito, de tal suerte que hoy vivimos en un régimen de partido hegemónico.

Tenemos, pues, una Presidenta muy poderosa.

Pero…

Como argumentó Denise Maerker en el programa, Sheinbaum enfrenta un equilibrio muy frágil dentro de su coalición.

Ha demostrado, por ejemplo, no tener el poder para apartar de su puesto a correligionarios que han cometido actos grotescos y hasta delictivos que atentan contra los principios de 4T. Cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia despidió de inmediato a una subordinada que viajó en una aeronave privada. Hoy, ya como Presidenta, no ha hecho nada frente a los excesos y abusos de varios cuatroteístas.

El caso más emblemático es el de Adán Augusto López. A pesar de estar involucrado en el escándalo de La Barredora en Tabasco y de un súbito enriquecimiento inexplicable como funcionario, el senador ahí sigue, campante, como líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta. Hasta se da el lujo de salir a defender a la Presidenta como si tuviera autoridad moral.

Otro caso conspicuo es el de Rubén Rocha. No obstante estar involucrado en un asesinato y que existen pruebas que lo vinculan con el crimen organizado, sigue como gobernador de Sinaloa.

Así podríamos seguir con la amplia lista de cuatroteístas que han manchado la imagen del oficialismo, pero no les pasa nada. Ni hay consecuencias políticas ni jurídicas. Impunidad total.

Esto la hace ver como una jefa política menos poderosa. Si no puede poner orden en su casa, mucho menos en el país.

O, para ser más exactos, si quiere poner orden en el país requiere limpiar la casa, pero su poder no le alcanza para hacerlo.

Luego entonces, estaríamos frente a una gran paradoja. Por un lado, una Presidenta con enorme poder. Por el otro, una jefa política atada de manos por los equilibrios que debe mantener dentro de su coalición gobernante.

Me parece importante la distinción entre Presidenta y jefa política de la coalición gobernante. Sheinbaum podría tener mucho poder en el primer papel, pero poco en el segundo. A diferencia del régimen hegemónico priista en el que los presidentes tenían mucho poder en ambos roles.

Lo cual nos lleva al otro elefante en la sala relacionado con este tema: Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que el expresidente se ha retirado de la escena pública. Salvo el día que votó en las elecciones judiciales, no ha aparecido. Esto no quiere decir, sin embargo, que AMLO pueda seguir operando como jefe político desde su rancho.

¿Hasta dónde sigue influyendo el líder fundador de Morena dentro de la 4T?

Existen varias versiones. Hay quienes piensan que AMLO es el que verdaderamente gobierna. Del otro lado, hay los que juran que el expresidente está retirado, escribiendo un nuevo libro y para nada interviene en los asuntos políticos. Un tercer grupo lo conforman los que piensan que AMLO sí participa cuando se trata de temas o personas que le preocupan, como el caso de su “hermano” Adán Augusto o su hijo Andrés.

¿Quién, entonces, tiene más poder hoy en día: la Presidenta o el expresidente?

Se trata de una pregunta fundamental para responder la cuestión original de qué tanto poder tiene, en realidad, Sheinbaum.

Astillero

Intentos de injerencia externa // Sheinbaum advierte // Carlos Manzo y sus escoltas // Ricardo Salinas Pliego y su Tv: desequilibrios

Julio Hernández López

La Jornada

La presidenta Sheinbaum aprovechó el marco histórico del fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, para avanzar un peldaño discursivo más en la advertencia de riesgos intervencionistas, pues señaló que “siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores”.

Podría parecer una frase inserta en la retórica necesaria para una conmemoración como la que encabezó ayer, al cumplirse 200 años de que la independencia nacional se materializó también en el mar. Pero Sheinbaum volvió a lanzar dardos contra quienes se oponen al proceso llamado Cuarta Transformación desde posicionamientos violentos y en espera de apoyo extranjero. Siempre medida (“cabeza fría”) en sus expresiones respecto a las expresas y reiteradas intenciones trumpistas de accionar en territorio mexicano, en los 10 últimos días la Presidenta ha ido soltando expresiones que parecieran responder, así sea en menor proporción, a la creciente ansiedad gringa por “ayudar” a “resolver” parte de los problemas de nuestro país.

Problemas que en términos mediáticos y políticos se han multiplicado a partir del asesinato de Carlos Manzo, quien era presidente municipal de Uruapan y de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al empresario Ricardo Salinas Pliego a pagar adeudos fiscales larga y marrulleramente litigados o a ser embargado en parte de sus bienes.

La ejecución del político michoacano fue tomada como bandera de lucha por derechas y, sobre todo, ultraderechas que alinearon fuerzas usando tramposamente el señuelo juvenil de la etiqueta “generación Z”, aunque a la hora de las marchas han demostrado ser solamente un reciclaje de la oposición que ha usado múltiples membretes y disfraces para acabar siendo lo mismo.

A estas alturas, según los reportes de las instancias de investigación gubernamental, va quedando más claro lo que, de haber tenido mejores reflejos comunicacionales, el gobierno federal debió haber hecho saber con toda puntualidad, para contrarrestar el discurso opositor que culpa a la administración Sheinbaum del crimen de Manzo: una parte de las claves, acaso la más relevante, reside en el primer círculo de protección del presidente municipal, integrado por escoltas seleccionados por él mismo para rodearle y protegerle directamente, con las fuerzas federales expresamente destinadas por el propio Manzo a una colaboración perimetral, en segundo círculo.

La detención de siete de esos escoltas y el señalamiento de que uno está prófugo podría esclarecer el punto relativo a la ejecución instantánea y a quemarropa, por parte de esos vigilantes seleccionados y habilitados por Manzo, del asesino que así fue silenciado y, con ello, se impidió el tener declaraciones y contextos fundamentales. ¿Por qué en ese primer círculo, el de la máxima confianza del personaje protegido, se decidió acallar de inmediato y con su propia arma al joven sicario?

Lo cierto es que ese episodio mortal disparó un periodo que trató de desestabilizar al gobierno federal mediante una convocatoria de falsa bandera, es decir, la de la “generación Z”, a marchas de marcado claroscuro; fársica la del 20 de noviembre y sumamente violenta en su tramo final y ante Palacio Nacional, la del 15.

Entre las fuerzas concurrentes a ese intento de asonada destacaron Salinas Pliego y sus televisoras, con una insólita cobertura de casi siete horas a la marcha violenta del 15 y una confirmación rotunda de pérdida de cualquier sentido de equilibrio y sensatez periodísticas que como ejercicio generoso se les hubiese supuesto. No está de más mencionar los insistentes puntos de contacto servicial que el dueño del Grupo Salinas ha tendido (sin la reciprocidad buscada) hacia Donald Trump y el embajador boina verde y ex agente de la CIA, Ronald Johnson. Ultraderechismo despechado y oportunista que apoya el “intento de injerencia externa”.

México SA

Ultraderecha marca Acme // “Operación encubierta” // De logotipo en logotipo

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Para tratarse de una “operación encubierta”, según dicen, no cabe duda de que los “cerebros” de la “conspiración silenciosa” resultaron ser un rotundo fracaso: de inmediato, todos se enteraron de quiénes eran los organizadores de la intentona, sus financistas, operadores y porros (por cierto, hasta ahora los únicos en cana), y de cereza, la desfachatada cuan usurpadora ultraderecha disfrazada de partido político hace público que uno de esos golpistas bien podría ser su candidato en 2030 (si es que algo le queda de su fortuna tras pasar a la caja del SAT).

A los barones, “aliados” foráneos, júniors fracasados, intelectualoides otrora apapachados, politiquillos de quinta que medran en algunas alcaldías, vocingleros contratados, porros a granel (incluidos los autodenominados “líderes” partidistas, factura en mano), “ influencers libres” remunerados con más de 2 millones de pesos, ejército de bots y demás lumpen pagado, se les hizo fácil poner en práctica su “estrategia desestabilizadora” para tumbar a un gobierno constitucionalmente legal y legítimo. Pero como en tantas otras ocasiones, una vez más se les apestó y de nueva cuenta quedaron exhibidos. Toparon con pared.

Son los mismos incansables cuan fracasados “creadores” de inventar todo tipo de inexistentes “movimientos apartidistas” con múltiples logotipos que siempre resultan perdedores, a quienes para reivindicarse de plano sólo les falta comprar los derechos de la marca Acme para utilizar como distintivo grupal al siempre fallido coyote.

Se conocía la existencia del denominado bloque negro (sinónimo de violencia y destrozos en todo tipo de marchas y manifestaciones, menos en las prianistas; ahora hay evidencia de que es financiado al menos por la alcaldía Cuauhtémoc), pero a raíz de la concentración del pasado 15 de noviembre en el Zócalo comenzaron a conocerse otros participantes: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificó a los cabecillas e integrantes de ese grupo de choque y solicitó órdenes de aprehensión; los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), el delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc, Alberto González Mancilla, integrante del equipo del diputado Andrés Atayde Rubiolo, coordinador de la bancada del blanquiazul en el Congreso de la CDMX (sucesor de Mauricio Tabe en la presidencia del partido blanquiazul capitalino) y saldrán a luz muchos más.

Además, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México “prepara una denuncia penal en contra de los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, así como de sus operadores políticos, quienes presuntamente movilizaron a grupos de vendedores informales en la marcha de la generación Z, confirmó el vocero del grupo parlamentario, Paulo García. Se interpondrá una queja ante la Secretaría de la Contraloría General para que se indaguen posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de ambas demarcaciones” (La Jornada, Sandra Hernández, Enrique Méndez, Fernando Camacho, Andrea Becerril y Georgina Saldierna).

Pero la cereza del pastel la puso Jorge Romero, integrante del cártel inmobiliario y “dirigente nacional” del PAN: en entrevista con el periódico El País de España, y a pregunta expresa respecto a qué aspirantes no panistas considera para representar a ese partido, el susodicho respondió: “A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos. No descartamos a nadie” (La Jornada).

También se le preguntó si su partido ya tiene un candidato presidencial para 2030. Contestó: “Maru Campos en Chihuahua, Libia García en Guanajuato, Tere Jiménez en Aguascalientes, Mauricio Kuri en Querétaro. A Ricardo Anaya lo conoce todo el país; ya fue candidato presidencial. Hay un gran ex gobernador, Mauricio Vila. Si Margarita Zavala levantara la mano, pero superabsolutamente claro que sí. Tenemos perfiles de sobra y no nos cerramos a los externos” (ídem). ¡Y eso que el PAN “renovó su imagen”!

Entonces, si esas son sus fichas, todas achicharradas, pues simple y llanamente qué jodido está el blanquiazul. Por eso, sólo le quedan el golpeteo, el odio y la violencia.

Las rebanadas del pastel

Si de golpistas se trata, ahí está quien se disfraza de “presidente” de Perú, José Jerí (émulo de otro impresentable, el ecuatoriano Daniel Noboa), quien ante la catástrofe interna sale con una bravuconada: “No me limito; si se tiene que ingresar a la embajada de México (en Lima), se hará”. En ella está refugiada la ex primera ministra Betssy Chávez.