Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
¿Las conferencias “Mañaneras” tienen un fundamento legal?
El instrumento más importante y novedoso de comunicación política de AMLO y de Claudia Sheinbaum se sitúe en una disposición administrativa, cuya ventaja es la ductilidad, pues no se necesita pasar por el proceso legislativo para su modificación.
Proceso
En México la comunicación política se caracterizó durante décadas por la identificación de un problema y su gestión, con vistas a resultados electorales. Sin embargo, uno de los aciertos de Andrés Manuel López Obrador fue optar por la comunicación antisistémica, y polarizante que le brindó enormes dividendos políticos, al presentarse como un político marginado y contestatario al statu quo.
Como pocos políticos contemporáneos en México, AMLO comprendió el valor de la reasignación del significado de palabras, hechos y objetos para recrear la realidad, por lo que su comunicación política parte de un encuadre donde existen marcos comunes que se adquieren al interior de un grupo social y que permiten compartir una realidad concebida mediante símbolos dotados de significado.
Con un mensaje emotivo y confrontador dirigido de manera directa e incluso cercana a sus electores por medio de frases accesibles, identificó tres problemas concretos: la incapacidad de la democracia para garantizar el voto libre y evitar los fraudes electorales, la corrupción de la oligarquía que, al concentrar los bienes, impedía que las personas de escasos recursos satisficieran sus necesidades y ascendieran socialmente. Sin embargo, lo que más resalta es su capacidad de combinarlas con su mito fundacional: el héroe que se sobrepone a la adversidad.
Una vez asumida la presidencia, López Obrador retomó las conferencias matutinas que le habían resultado tan efectivas durante la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Su esquema puede describirse de la siguiente manera: se presentaba de lunes a viernes a las 07:00 horas en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, en un escenario cuidadosamente estructurado desde horas antes, donde el presidente fungió como vocero al emitir opiniones y mensajes político-propagandísticos, proporcionar informes con apoyo visual y auditivo –como gráficas, imágenes, e incluso canciones– y de manera personal y directa respondía preguntas de los periodistas acreditados con antelación.
La definición de la agenda se reflejó en los temas centrales de su campaña: corrupción, autoritarismo y desigualdad ejemplificándolos mediante actores políticos y mediáticos que discreparan de su visión de país adjudicándoles, además, la responsabilidad de las desgracias del país, lo que distraía la atención de temas prioritarios y alejaba los reflectores de las acciones del gobierno.
Para Artículo 19, si los calificativos se usaban adicionalmente contra periodistas, se suscitaba además una imagen dañina de la prensa crítica, lo que justificaba la violencia en su contra.
Sin embargo, desde el ámbito jurídico surgen dos preguntas: ¿cuál fue el marco jurídico de dichos ejercicios mediáticos? y ¿qué estrategia jurídica opusieron los afectados por los dichos del titular del Ejecutivo?
De entrada, el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política prohíbe la propaganda con el nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Mientras que la exposición diaria del titular del Ejecutivo en medios de comunicación también contraviene el párrafo séptimo del artículo 134 al violentar la aplicación imparcial de los recursos, además de afectar la equidad de la competencia entre partidos políticos.
En este tenor de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió dos sentencias: SUP-REP-3/2021 y SUP-REP-20/2021. Pero en ambos casos el órgano jurisdiccional perdió la oportunidad de determinar si las opiniones presidenciales en las Mañaneras eran o no violatorias del artículo 134 constitucional. Por el contrario, las calificó como “un ejercicio comunicativo al más alto nivel, que confluye con el ejercicio administrativo y gubernamental”.
Por otra parte, en la sentencia de juicio de amparo indirecto 1991/2022 se afirmó que ese ejercicio está regulado en términos de la Ley General de Comunicación Social, pero se omitió el fundamento específico –quizá porque en ese ordenamiento no hay una referencia concreta a las Mañaneras–. En consecuencia, la premisa de considerarlas como un “ejercicio sui generis” ha impedido acotación judicial.
En realidad, el fundamento jurídico de las conferencias matutinas se ubica en la fracción XX del artículo 31 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, que le otorga a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República la atribución de “coordinar las entrevistas y conferencias de prensa del presidente (…)” De ahí que el instrumento más importante y novedoso de comunicación política de AMLO y de Claudia Sheinbaum se sitúe en una disposición administrativa, cuya ventaja es la ductilidad, pues no se necesita pasar por el proceso legislativo para su modificación.
Luna Pla y López Ayllón afirman que cuando el presidente habla desde Palacio Nacional, lo hace con toda su investidura, y por esa condición de autoridad no ejerce la libertad de expresión, sino que cumple con el deber de informar, por lo que las conferencias matutinas podrían fundamentarse también en el artículo 6 de la Constitución federal, pero desde el derecho a la información.
Sin embargo, solamente 5.9% de la información que se difundió en las Mañaneras entre 2019 y 2022 fue verdadera, de acuerdo con Artículo 19. Al difundir información carente de veracidad, el presidente infringió los límites del deber de informar, una contravención que se recrudece con la asimetría de contar con todos los recursos del Estado, en contraste con la capacidad de cualquier persona para hacerle frente en caso de haber sido agraviada por sus dichos.
Esa desproporción es uno de los principales temas de la sentencia del juicio de amparo indirecto 1991/2021, que tiene como antecedente la negativa del acceso libre a la Mañanera por parte de AMLO a Xóchitl Gálvez para que ejerciera su derecho de réplica. En los hechos, el desacato del fallo por parte del presidente representó la ineficacia del juicio de amparo y del derecho de réplica como medios de defensa constitucional ante los excesos presidenciales.
Con un fundamento legal maleable y medios de defensa insuficientes queda en el aire una pregunta: ¿Claudia Sheinbaum se atreverá a cruzar con sus mañaneras la delgada línea que quiebra al derecho a la información y la libertad de expresión? Ojalá que no, por el bien de México.
Arsenal
“No es volver a la guerra de Calderón, es volver a la mano firme de Calderón…”
Francisco Garfias
Excelsior
Las palabras de Germán Martínez sonaron como taladro en los oídos de los diputados del oficialismo, en pleno debate sobre el Presupuesto de Egresos 2022.
El legislador del PAN reivindicó la anatemizada lucha del expresidente Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.
Lo dijo así: “Ustedes rebajaron el presupuesto del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) desde hace ya tiempo. Y de una vez les contesto, no es volver a la guerra de Calderón, es volver a la mano firme de Calderón.
“No se pacifica con cuentos bribones. Este no es un asunto de Batman y Robin. Es un asunto de coordinar a las instituciones… Al delincuente se le rehabilita. Al enemigo de la patria se le somete y se le neutraliza. No se le tiene complacencia como a Américo Villarreal, como a Rocha, como a Cuauhtémoc Blanco o como a La Barredora de Adán Augusto”.
Para esos momentos lo decibeles estaban al máximo en el salón de sesiones. Los murmullos se convirtieron en gritos, descalificaciones, reivindicaciones de los abrazos no balazos.
Germán no se amilanaba. Subió el tono: “¿De qué lado está el difunto Manzo? ¿De qué lado están los siete alcaldes muertos en Michoacán? ¿De qué lado está Bravo, el líder de los limoneros? Váyanse al carajo con su seguridad, hipócritas, indolentes, alcahuetes de los cárteles”.
* Los diputados de la bancada del PAN venían bravos, muy bravos a la discusión del Presupuesto. Silvia Patricia Jiménez Delgado, legisladora de ese partido, hasta una mentada de madre les dedicó: “Hoy el pueblo está indignado con ustedes y como dijera el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo: chinguen a su madre, qué manera de legislar… y yo agregaría: qué manera de gobernar…”.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, llevó a los diputados del PRI a colocar en sus curules sombreros salpicados de manchas rojas, que simbolizaban sangre.
Sangre derramada por alcaldes. Éste es el tercer edil ejecutado en Michoacán en lo que va del año y el séptimo durante el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, electo en 2021. A nivel nacional, van diez ediles ejecutados en lo que va del presente sexenio.
Los sombreros permanecieron en las curules durante el debate sobre el Presupuesto de Egresos 2026.
* La reacción de Morena no se hizo esperar. Su vocero, Arturo Ávila, en rueda de prensa, lamentó la “carroñería política” de la oposición: “Hoy vimos un acto que me parece denostable que los pinta de cuerpo entero. Han colocado sombreros con sangre, en alusión a un compañero que ha perdido la vida, como si la tragedia se tratara de un show mediático. Pena debería tener Alito Moreno, pena debería tener Jorge Romero y, por supuesto, Máynez. Aprovecharon la tragedia desde el inicio”, puntualizó Ávila.
* En el Senado también se desbordaron las pasiones por el asesinato del alcalde más valiente de todo México.
Lilly Téllez se le fue a la yugular a Noroña.
“A ver tú, idiota —le dijo—, llora por Carlos Manzo. ¡No seas imbécil Noroña! Tú, imbécil, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran.
“Payaso, imbécil, ven aquí a llorar por Carlos Manzo o te pongo una foto de Alito para que llores de verdad Noroña”.
Noroña reviró. Subió a tribuna. De “carroñeros” —palabra utilizada frecuentemente por los morenistas— no bajó a los senadores de Acción Nacional.
“Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa bañó en sangre al país durante su usurpación para favorecer al grupo de El Chapo Guzmán”, dijo el hoy peculiar morenista.
* Durante la discusión del presupuesto, tanto mayoría como oposición traían datos contrapuestos. El oficialismo no paraba de calificarlo de “histórico”. 10.1 billones es mucho dinero. 5.6% más que en 2025. La oposición, por su parte, asegura que le quitaron recursos a salud, seguridad, educación y a los municipios.
El PAN presentó, incluso, un presupuesto alterno para reasignar a esos tres rubros 434 mil millones de pesos. Para financiarlo proponían recortes al Poder Judicial, Defensa, IPAB y al sistema ferroviario.
Pero en la Comisión de Presupuesto se negaron siquiera a discutirlo. El oficialismo impuso su mayoría artificial.
El diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN, destacó la ausencia del famoso “Fondo para la Salud”, prometido en la mañanera.
Ese fondo se integraría con recursos provenientes del alza del IEPS a refrescos y bebidas azucaradas, apuestas y sorteos, y videojuegos violentos. “No viene en el presupuesto”, dijo. Un engaño más.
Razones
Acabar con redes de protección criminal
Por ejemplo, remover al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como respuesta al asesinato de Carlos Manzo. Habló de que se iban a atacar “las causas de fondo” de la violencia y la inseguridad en Michoacán e hizo muchas propuestas, desde reuniones con grupos sociales y empresariales, hasta se darán cursos de arte en las comunidades.
Pero, al final, lo que termina proponiendo el plan, para el corto plazo, antes de que se platique, se hable y que se den becas y todo lo demás, es que se enviarán más elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, y que se hará lo que se tendría que haber hecho desde el principio: establecer una suerte de mando único, con juntas donde estén todas las autoridades de seguridad del estado, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, junto con una Fiscalía local (que ha demostrado ser muy ineficiente hasta ahora) que judicialice las investigaciones. No entiendo cómo algo tan elemental, que se tendría que haber hecho desde siempre, se puede presentar como un plan que cambiará las cosas en una de las entidades más castigadas por la violencia y la inseguridad.
Si se quiere atender las causas de fondo, profundas, de la violencia en Michoacán se tienen que tomar otras medidas. Por supuesto, hay que enviar militares y guardias nacionales a enfrentarse con los grupos criminales. Lo vienen haciendo desde hace años. El Ejército (ahora con la Guardia Nacional) es la única institución que desde 2006, en forma ininterrumpida, se ha enfrentado a los criminales. Y lo ha hecho a un costo de vidas de soldados y oficiales muy alto, vidas que, desde el poder político, se suelen ignorar. A los criminales hay que golpearlos en lo único que les duele que son sus propiedades y sus vidas. Pero, además y si se quiere atacar las causas profundas de la violencia y la inseguridad en un estado como Michoacán, se deben atender tres cosas que no están en el plan: la corrupción de las autoridades, el miedo de los funcionarios para actuar y la enorme ineptitud que muchos han mostrado desde las funciones de gobierno. Se tiene que hacer algo tan elemental como quitar los obstáculos políticos que impiden emprender esa lucha.
Por ejemplo, remover al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, un funcionario que no ha hecho nada serio para enfrentar el crimen organizado; que a Manzo no le brindó el más mínimo apoyo, al contrario; que está siendo investigado por Estados Unidos por su relación con el narcotráfico, particularmente con el grupo de Los Viagras; que tiene familiares detenidos en Estados Unidos por narcotráfico y con relaciones familiares con los jefes de los cárteles que desde hace décadas han manejado Aguililla, el epicentro de los grupos criminales, la tierra donde nació El Mencho, el líder del CJNG (que muchas veces se olvida que tiene origen en Michoacán). Lo saben y lo han denunciado autoridades de seguridad dentro y fuera de México. Lo saben, y también lo investigan, autoridades en la Unión Americana. El propio Raúl Morón, a quien le quitaron la candidatura de Morena en 2021 para que quedara Ramírez Bedolla, sabe de esos lazos. También los conocía Carlos Manzo, a cuyo hermano José, Ramírez Bedolla nombró secretario de Gobierno del estado porque quería que compitiera contra Carlos en Uruapan, para dividir sus apoyos y sus votos de cara a 2027.
El Ejército, la Guardia Nacional, pueden hacer muchos esfuerzos, se pueden enviar más elementos, pero lo cierto es que nunca serán suficientes si no se remueven los funcionarios que han demostrado complicidad, miedo e ineficiencia. Es una decisión política que sólo se puede tomar desde una silla en el gobierno federal.
La Sedena, desde 2022 y seguramente desde mucho antes, ha enviado documentos que muestran las relaciones de los políticos locales con los cárteles en Michoacán, pero la decisión de apartar a esos funcionarios no la puede tomar el Ejército, esa decisión política la tiene que tomar la Presidenta de la República. Ése es el capítulo clave si se quiere romper con las redes de complicidades que atenazan el estado, si se quiere atacar las “causas de fondo” de la inseguridad y la violencia. Las becas, los apoyos, los diálogos con comunidades indígenas y empresariales son muy loables, pero no servirán de nada para atacar un problema estructural y con tantos desafíos coyunturales.
Hay que romper las redes políticas de corrupción y protección de los criminales. Eso es lo que no se ha hecho, ni ahora ni en las últimas administraciones y, además, hay que darle continuidad a las políticas de seguridad reales, las que dan resultados, que fue uno de los errores que cometió Peña Nieto y que se acrecentó aún más con López Obrador.
En esta administración ha habido un giro positivo en la estrategia de seguridad, pero hasta que la misma no llegue a las complicidades de la política y el poder, los resultados serán siempre insuficientes. El asesinato de Carlos Manzo es un punto de inflexión, es como un Ayotizinapa: el gobierno de Peña Nieto decidió no tocar a nadie, no pedir la renuncia del gobernador Ángel Heladio Aguirre, lo deslindó de responsabilidades y terminó asumiendo todos los costos. Y así les fue. Dar esa vuelta de tuerca sería el verdadero plan Michoacán por la paz y la seguridad.
Astillero
Salinas Pliego: apostar a la violencia // Lilly demanda “guerra” // Negre: ayuda de EU y rebelión // Luffy y Generación Z, falsa bandera
Julio Hernández López
La Jornada
Espectáculos de desesperación y oportunismo de quienes siguen montados en la suposición, que ondean de manera provocadora, de que Michoacán y Estados Unidos les podrían generar los réditos electorales que las urnas les han retirado (panistas y priístas, Romeritos y Alitos unidos en las cámaras legislativas – RomAlitos–, por la ambición alebrestada) o que podrían conjurar la caída de los privilegios empresariales marrulleros que la Corte está por retirarles (Salinas Pliego y su propia corte, mediática y politiquera).
La apuesta abierta es a la violencia. Ayer la desataron los RomAlitos en el Poder Legislativo, con la senadora saltimbanqui Lilly Téllez como voz destemplada que exige la declaración, al estilo calderonista, de una guerra contra el narco, experta ella en montajes como el de junio de 1999, cuando se prestó a simular un atentado de balas en su contra, para que su jefe de siempre, Salinas Pliego, apretara en su campaña televisiva contra el primer gobierno progresista de la Ciudad de México, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, acusando a esta pionera administración perredista de complicidad y culpabilidad por la ejecución de Paco Stanley, un burdo cómico de pantalla cuyo asesinato, según se supo después, estuvo regido por asuntos de crimen organizado desplegados en áreas televisivas del Ajusco.
Es explícita la convocatoria a la violencia. El propio Ricardo Salinas Pliego, desesperado porque parece inminente una sentencia en su contra que lo obligará a cuantiosos pagos fiscales, expresó en su cuenta de X el pasado 2: “Por esto los corruptos del @PartidoMorenaMx quieren prohibir que el pueblo esté armado, quieren ciudadanos indefensos para que sean víctimas de sus socios criminales y no puedan defenderse”. Su proclama tiene como referencia un video en que se ven grupos realizando destrozos al interior del palacio de gobierno de Michoacán; un embozado, por cierto, enumeró las causas de esa acción violenta: “… por los impuestos”.
Uno de los medios que han sido sembrados en México para apoyar los proyectos electorales de Salinas Pliego, La Derecha Diario, propiedad del español Javier Negre, promotor de Vox, Javier Milei y el voto “hispano” a favor de Trump, con varias sentencias en contra en su tierra natal por malas hechuras periodísticas, retomó el mismo día el mensaje del concesionario de Televisión Azteca y el video de los destrozos en Morelia y sentenció: “México sólo podrá salir de este narcogobierno con violencia, la ayuda de Estados Unidos y la la (sic) rebelión del pueblo” (https://goo.su/yBgy7Q).
En enero de 2025, el ultraderechista Negre mencionó que en diciembre de 2024 Salinas Pliego le había dicho en Argentina: “¿Y si nos ayuda en México contra estos zurdos criminales?” (https://goo.su/kHEAn6m). Así que, en un mes, abrió la versión en México: “El terror de los comunistas llega a México para hacer llorar a diario a la zurda Claudia Sheinbaum y exponer lo que los medios tradicionales no te muestran” (https://goo.su/wz6uB). Negre reconoció: “El gran @RicardoBSalinas me pidió ayuda para dar la batalla contra los zurdos que gobiernan México (…) Al valiente tío Richie no se le podía decir que no”.
El próximo 15 se llegará a la siguiente estación de provocación y violencia programada en esta ruta con destino intermedio en las elecciones de 2027 (legislativas, de una porción de gobernadores y de revocación de mandato presidencial) y el definitorio de 2030. Se busca exacerbar ánimos de jóvenes, en particular estudiantes, con la bandera falsa de la “Generación Z” y Luffy, el personaje del manga One Piece. Hay un machacón propósito explícito en redes: intentar entrar a Palacio Nacional, generar incendios y destrozos en edificios públicos, en emulación, argumentan, de lo sucedido en Nepal, donde el gobierno fue derrocado entre represión, muertes, heridos y violencia física contra funcionarios públicos
México SA
Salinas Pliego, desesperado // Historias de un “niño pobre” // Otro revés en la Suprema Corte
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Desesperado y al borde un ataque de nervios, Ricardo Salinas Pliego va de ridículo en ridículo, ahora se disfraza de “niño pobre” y da patadas de ahogado ante lo inminente e inevitable: pagar su voluminoso adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual no es menor a 74 mil millones de pesos (faltan por sumar las actualizaciones de los últimos meses), amén de que quedó huérfano, al perder la protección de los llamados “impartidores de justicia”, los cuales, como vendedores de protección, durante décadas estuvieron a su servicio.
A lo largo de los últimos 16 años, el magnate ahora ensombrerado recorrió todos los juzgados y tribunales, y maiceó a los ex ministros de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar el pago de su adeudo; así, a lo largo de ese periodo logró largas y más largas a los no pocos juicios fiscales en su contra, pero topó con pared y ya no le quedan más instancias, de tal suerte que debe pagar.
La Jornada (Iván Evair Saldaña) lo informó así: “el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó ayer posponer la resolución de siete juicios fiscales promovidos por Tv Azteca y Grupo Elektra, luego de que ambas empresas pidieron aplazar los fallos argumentando que enviaron una solicitud al gobierno federal para ‘ajustar’ los montos de sus adeudos. Es la segunda vez en las últimas dos semanas que las empresas de Ricardo Salinas Pliego intentan frenar las resoluciones de la Corte en sus juicios fiscales. En el alto tribunal están pendientes al menos ocho casos de compañías del Grupo Salinas, que impugnan créditos fiscales que, según estimaciones de las autoridades hacendarias, suman 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones”.
La desesperación de Salinas Pliego llega a tal grado, que días atrás, por medio de sus empresas, quiso impedir que los nueve ministros de la SCJN se abstuvieran de participar en la resolución de sus créditos fiscales impagos. Entonces, ¿quién tomaría la decisión? ¿Javier Alatorre o cualquier otro de sus títeres? Así es: de ridículo en ridículo.
El más reciente, que no el último, se dio con motivo del 75 aniversario de una de sus herencias, Elektra, en las que se animó a decir lo siguiente: “aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre, y saben qué, si hoy soy rico es por el esfuerzo mío y de todos nosotros que hemos servido a millones y millones de clientes y no porque me hayan dado ninguna concesión. Yo no he tenido ninguna concesión de parte del gobierno. La televisión se las compré, por si no saben cabrones, y les pagué 650 millones de dólares (con la “ayuda” de Raúl Salinas de Gortari) de aquella época (1993)… No me hicieron ningún favor. Tuvimos que endeudar a Elektra hasta el tope”.
Salinas Pliego confunde la gimnasia con la magnesia: sí, compró –en una compraventa por demás turbia– lo que, siendo propiedad pública, se llamó Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión) y hoy se conoce como Tv Azteca. Pero para operar esa empresa requiere de una concesión o licencia del Estado, al igual que todos sus consorcios financieros, su empresa de Internet y televisión por cable, la de energía renovable, la petrolera y hasta el campo de golf Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca (el “rescate” del Fobaproa fue por cortesía de Ernesto Zedillo), de tal suerte que aquello de que “no he tenido ninguna concesión de parte del gobierno” es más falso que un billete de tres pesos.
Pero tal vez el mayor de los ridículos del magnate de los abonos chiquitos es la afirmación de que “aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre”, cuando es más que obvio que nació entre sábanas de seda y heredó la fortuna familiar. ¿Qué niño pobre estudia su licenciatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y su maestría en una universidad estadunidense?
Para dar una idea, el “niño pobre” Salinas Pliego estudio contaduría pública en el ITESM, en donde debió pagar colegiaturas semestrales (precios actualizados) cercanas a 175 mil pesos (aparte, libros y demás gastos), de tal suerte que su carrera profesional costó entre un millón 400 mil y un millón 750 mil pesos. ¿Quién o quiénes cubrieron esas cantidades?, porque el susodicho no fue becario.
Los mismo en la Universidad de Tulane, con matrícula anual “simple” cercana a 72 mil dólares (algo así como 2 millones 660 mil pesos, a precio actualizado, por el bienio), y en ella tampoco fue becario.
Las rebanadas del pastel
Esa es la triste historia del incomprendido “niño pobre” al que los “chairos hijos de perra” no le creen.