Lo que dicen los columnistas

La justicia sin Estado: el silencio como política de seguridad

El asesinato del alcalde de Uruapan no solo truncó una vida; exhibió la vulnerabilidad de toda autoridad que se atreve a ejercer el cargo sin pactar con el miedo.

Ernesto Villanueva

Proceso

El homicidio de Carlos Manzo, presidente de Uruapan, Michoacán, no fue un hecho aislado. Fue una advertencia. Una más en la larga lista de crímenes que marcan la descomposición del poder local en México. El asesinato del alcalde de Uruapan no solo truncó una vida; exhibió la vulnerabilidad de toda autoridad que se atreve a ejercer el cargo sin pactar con el miedo. Cada funcionario caído revela la misma verdad: gobernar conforme a la ley se ha convertido en un acto de riesgo. En México, hacer cumplir la ley puede costar la vida. Gobernar con legalidad ya no es mandato: es desafío. El crimen organizado no solo disputa territorios; disputa legitimidad, reconocimiento social y control simbólico del poder. En amplias regiones del país, las armas sustituyen las urnas y el miedo reemplaza la autoridad. Donde el terror se instala, la ley deja de ser refugio y se convierte en riesgo. La frontera entre Estado y crimen se desdibuja. Las instituciones sobreviven en el papel, pero el control efectivo del territorio se diluye entre pactos, omisiones y silencios. Cuando el Estado calla, el silencio se vuelve su condena. En esa penumbra institucional, la legalidad ya no protege: se defiende a sí misma con lo poco que le queda de fuerza moral. 

Primero. El artículo 1° constitucional, que garantiza igualdad ante la ley, se ha vuelto un ideal vacío. Se aplica con rigor al ciudadano común, pero se negocia con quienes bloquean carreteras, incendian vehículos o secuestran comunidades. Se castiga al débil y se tolera al violento. La autoridad actúa donde puede, no donde debe. Las “mesas de diálogo” sustituyen la fuerza del derecho. El Estado se sienta con quienes lo desafían y pospone su deber de imponer la ley. Así enseña que romper las reglas da más resultados que cumplirlas. El artículo 14, que protege el debido proceso, se respeta con minuciosidad burocrática, pero se olvida cuando hacer justicia tiene costo político. Los municipios son el frente más vulnerable de esta guerra silenciosa. El artículo 115 les otorga autonomía, pero sin respaldo federal esa autonomía se convierte en castigo. Los alcaldes gobiernan con miedo, sin protección ni recursos. Cada uno asesinado es advertencia al siguiente. La impunidad se normaliza. El miedo se convierte en método. Y el Estado, ausente, administra la violencia que no puede contener. El resultado es una república donde la ley se cumple solo cuando conviene. La justicia se vuelve trámite. La legalidad, discurso. La autoridad, apariencia. El crimen manda más que la ley, y el Estado lo confirma cada vez que no actúa. 

Segundo. Frente al deterioro institucional y la expansión del crimen trasnacional, la cooperación con Estados Unidos ya no es una concesión política. Es una necesidad práctica. No se trata de admirar a Washington ni de renunciar a la soberanía, sino de reconocer que México enfrenta redes globales con herramientas locales. Cerrarse no es independencia: es aislamiento. Cooperar no equivale a entregarse. Significa ejercer soberanía con inteligencia, usar la ayuda bajo jurisdicción mexicana y con total transparencia. Ninguna agencia extranjera debe operar sin autorización judicial mexicana, y ningún dato puede salir del país sin control ni registro. Así se protege la soberanía: gobernando con reglas, no con consignas. El mexicano promedio prefiere seguridad y justicia reales antes que morir defendiendo una soberanía que el Estado ya no sabe ejercer. La legitimidad no se sostiene en símbolos, sino en resultados. La soberanía que no garantiza justicia se convierte en palabra vacía. Además es importante señalar que el artículo 76, fracción III de la Constitución Federal permite el paso de tropas extranjeras sin violar la soberanía nacional. De ahí que sostener que “cooperación americana significa intervención o injererencia” sea un prurito nacionalista para seguir permitiendo muertes al margen de la Constitución. La Carta Magna no impide la cooperación; la regula. Y negarse a ejercerla es tanto una omisión política como una traición al mandato constitucional de proteger la vida. Por supuesto, la cooperación debe tener reloj, metas y auditoría pública. Si no hay resultados, se suspende. Si se viola la jurisdicción, se cancela. México necesita apoyo técnico, no tutela. Debe aprovechar esa colaboración en tres frentes: inteligencia financiera, rastreo tecnológico y control fronterizo. Estados Unidos posee información que puede salvar vidas, pero debe compartirse bajo mando mexicano. Cooperar es aprender, no delegar. También debe existir reciprocidad. Washington exige contención del narcotráfico, pero tolera el flujo de armas y dinero que alimentan esa guerra. Pide resultados, pero evita mirar su corresponsabilidad. México tiene derecho a exigir el mismo rigor en el control de armas que en el combate a las drogas. La cooperación no debilita la soberanía; la refuerza cuando se ejerce con límites claros, objetivos medibles y rendición de cuentas. Esta alianza no es rendición: es cirugía de emergencia con anestesia legal. En el tablero geopolítico actual, quien no coopera bajo sus propios términos termina subordinado a los de otros. La diferencia es simple: quién fija el reloj, quién rinde cuentas y quién conserva el mando.

 

Tercero. Las Fuerzas Armadas son el espejo del país: heroísmo y corrupción, disciplina y fatiga. En algunas regiones están infiltradas; en otras, rebasadas. Hay mandos que combaten con honor y otros que negocian su lealtad. Negarlo sería ingenuo; generalizarlo, injusto. La solución no es desconfianza, sino depuración. Se necesitan auditorías patrimoniales, rotación de mandos, coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y sanciones inmediatas. La lealtad debe medirse por hechos, no por discursos. También requieren medios equivalentes al enemigo: inteligencia en tiempo real, tecnología forense, drones y comunicación segura. El crimen tiene dinero, armas y control territorial. Los soldados, a menudo, solo órdenes ambiguas. Esa asimetría destruye la moral de quienes aún creen en la ley. Urge un protocolo nacional de defensa para alcaldes, jueces y fiscales con reacción inmediata de la Guardia Nacional. No hay soberanía posible si asesinar a un servidor público no tiene consecuencias. El crimen no busca derrocar al Estado: busca convivir con él. Lo infiltra, lo sustituye, lo usa. Crea su propia gobernanza local. Administra justicia, cobra impuestos, impone orden. La democracia sobrevive en el papel, pero la gobierna el miedo. Si el Estado no recupera su autoridad, la república se volverá ficción. 

Ninguna respuesta es suficiente. Pero esta es clara. México manda. 

Estados Unidos coopera. Bajo la ley. Bajo reloj. Con rendición de cuentas. Las Fuerzas Armadas deben ser blindaje, no botín. La justicia, acción, no discurso. 

La soberanía, práctica, no palabra. Porque cuando la ley se negocia, manda el miedo. Y donde manda el miedo, el Estado deja de existir. 

Razones

Crónica de una muerte anunciada

En lugar de ignorarlo y darle un apoyo sólo de palabra, las autoridades federales y estatales tendrían que haberle dado apoyo pleno a Manzo.

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Desde que había asumido el cargo el año pasado, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hombre independiente que alguna vez compitió por Morena pero que ganó en 2024 encabezando un movimiento independiente llamado Los del Sombrero, había pedido apoyo a la presidenta Sheinbaum, al Gabinete de Seguridad y al gobernador Ramírez Bedolla, porque recibía amenazas constantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y porque había tomado la posición que casi ningún presidente municipal quiere asumir: combatir en su ciudad, la segunda en importancia en Michoacán, frontalmente al crimen organizado, en un estado, Michoacán, en donde tanto el gobierno estatal como los municipales están doblegados ante los grupos criminales.

Lo noche del sábado fue asesinado. La custodia, por lo que se ve escasa, que le habían otorgado, como todo apoyo fue insuficiente. Lo que quería Manzo era otra cosa: quería que se le diera apoyo real, no para su seguridad sino para fortalecer la estructura de seguridad del municipio y lograr sacar al crimen del municipio, utilizando armas de mayor poder del que tienen los presidentes municipales, normalmente pistolas de viejos modelos y poco más.

Hay que decir que Carlos –al que iba a ver el martes pasado, pero no pudo y quedamos en vernos el martes 5 al mediodía– no recibió ni remotamente el apoyo que legítimamente demandaba. Ni el gobierno federal ni, mucho menos, el gobernador Ramírez Bedolla; le dieron apoyo, le hicieron el vacío y eso hizo evidente también que más temprano que tarde ocurriría lo inevitable: lo iban a matar los criminales que todos los días lo amenazaban.

Hace unos meses, cuando mataron en Michoacán a Hipólito Mora, quien también había pedido apoyo y protección en forma inútil al gobierno, Ramírez Bedolla le dijo que se fuera de Tierra Caliente a Morelia, que allí sí lo podría proteger. A Mora lo mataron. Por cierto, este mismo fin de semana mataron también a su sobrino y su esposa.

Hay una diferencia notable, sin embargo, entre el caso de Mora y el de Carlos Manzo. Hipólito, con sus luces y sus sombras era un hombre que desde las autodefensas había estado cerca de la confrontación interna de los propios cárteles, con amigos y enemigos en ellos. Carlos Manzo era un hombre limpio, un político de verdad, de 40 años, de esos comprometidos con su gente y que adoptó la única estrategia que es válida para enfrentar a los grupos criminales: acabar con ellos de todas las formas posibles, no dejarlos operar, no tener contemplaciones, no elegir golpear a un grupo mientras se dan concesiones al otro, no permitir que se extorsione, se robe, se desarrollen las actividades que permiten que esos grupos se financien expoliando a la población, reemplazando a las autoridades.

En lugar de ignorarlo y darle un apoyo sólo de palabra, las autoridades federales y estatales tendrían que haberle dado pleno apoyo a Manzo, porque era lo que se supone que se está buscando: que la lucha contra el crimen organizado se dé desde la base, desde el territorio, desde los municipios, creando policías locales que puedan golpear al crimen en su territorio, mientras las estatales y federales los desarticulan con grandes golpes. Eso no ocurre porque no hay casi ningún presidente municipal decidido a asumir esa lucha, porque no tienen incentivo alguno para hacerlo, al contrario.

Porque los gobernadores, como en Michoacán, son ajenos a ese esfuerzo, hablan mucho y hacen poco. Porque las autoridades de seguridad federales están en los suyo y tampoco prestan atención y apoyo a estos pocos personajes, como Carlos Manzo, que están dispuestos a luchar contra los criminales. A veces lo hacen con argumentos que pueden resultar por lo menos debatibles: como que entregarles armas de mayor calibre y poder de fuego a los presidentes municipales, dicen, podría hacer que terminaran en manos de los criminales (como sucedió en Michoacán con los grupos de autodefensa), pero no estamos hablando de enfrentar a grupos ilegales contra otros, sino de armar a las instituciones municipales, las que estén dispuestas a hacerlo, con los equipos y las fuerzas que sean necesarias. No hacerlo termina encerrando todo en un círculo vicioso (porque la otra opción es entonces no combatirlos).

No nos engañemos: los responsables directos del asesinato de Carlos Manzo fueron los criminales, en este caso del CJNG, pero también las autoridades a las que Manzo les pidió apoyo en forma infructuosa. Era su responsabilidad y no la cumplieron. De poco sirve que todos ahora saquen comunicados diciendo que el crimen no quedará impune, pero su responsabilidad era evitar que ese crimen anunciado se cometiera.

Michoacán, lo hemos dicho muchas veces, es el laboratorio del crimen organizado. Hace 15 años, después de las elecciones de 1988, hice en la zona Uruapan el que creo que fue mi primer reportaje sobre temas de narcotráfico. Ahí hicimos el primer reportaje sobre narcotráfico de Todo Personal, en un taller mecánico donde había una fosa común, la primera que vi, y un cuarto de tortura terrible.

En Michoacán, desde que dejó el gobierno Lázaro Cárdenas Batel, todos los gobernadores han sido cómplices u omisos ante el crimen organizado. Carlos Manzo era una esperanza y una oportunidad política de poder comenzar a transformar las cosas, convertir el círculo vicioso en el que se ha convertido Michoacán en un círculo virtuoso. El sábado las balas que mataron a Carlos acabaron también con esa posibilidad.

Matar en público: el asesinato como mensaje

Mario Luis Fuentes

Excelsior

El asesinato en contra del alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, el pasado 1 de noviembre de 2025, representa un nudo crítico en la trama de la violencia política y del crimen organizado en México. Durante la festividad del Día de Muertos —una de las más concurridas del país y especialmente significativa en esta región—, el hecho de que el edil resultara blanco de un ataque público, sugiere que, deliberadamente, se buscó que el país lo supiera, que el símbolo llegara más allá del municipio. En un contexto previo cercano al asesinato, el líder de los productores de limón en Michoacán, quien había denunciado amenazas de muerte, fue también asesinado, mientras en otros municipios del país alcaldes y funcionarios de policía han sido abatidos en las últimas semanas.

Este crimen exhibe características de terror simbólico: la ejecución en un evento público, en un espacio festivo que se configura como comunidad, muestra no sólo la fuerza bruta, sino la intención de sembrar el miedo, erosionar la legitimidad institucional y recordarle a la ciudadanía que el poder del Estado puede estar amenazado por la presencia del narcotráfico. La elección del escenario revela un mensaje claro: la impunidad sistémica y la capacidad de los grupos criminales para desafiar el monopolio de la violencia legítima del Estado. En términos de seguridad ciudadana, este asesinato marca un nuevo quiebre en la confianza colectiva: aun cuando las estadísticas oficiales arrojan una reducción relevante en el número de homicidios diarios, este tipo de crímenes de altísimo impacto siguen erosionando la legitimidad de las instituciones, pues demuestran que la fuerza estatal no logra proteger ni siquiera a quienes encabezan o forman parte del gobierno, en cualquiera de sus niveles.

Asimismo, este homicidio encaja en la categoría de violencia instrumentada: el victimario selecciona el blanco por su visibilidad y su confrontación explícita al crimen organizado. La temporalidad y el lugar aumentan el impacto mediático y sociopolítico, transformando el asesinato en un espectáculo de poder, un mensaje al resto de actores políticos y comunitarios: resistir o colaborar, pero en ambos casos, lo que está en juego es la seguridad y la vida.

Por si no fuera ya demasiado, desde Washington se presenta a México cada vez más como un Estado sometido a los cárteles de la droga, incapaz de garantizar su propia seguridad interna y, por ello, potencial amenaza hacia el norte. Esa narrativa —que sirve también a intereses geopolíticos— se alimenta de casos como el de Uruapan, donde el orden público se fractura simbólica y materialmente.

Es urgente, por todo ello, que el Estado, además de reducir los homicidios, restituya la presencia simbólica de la protección, la capacidad de disuasión de la criminalidad y el control territorial. No se trata únicamente de confrontar la potencia de las armas, sino de reconstruir los micromundos de sentido donde la vida social y la participación ciudadana se sostienen. En ese sentido, la violencia política y criminal en México no puede abordarse sólo con tácticas represivas, sino que exige una reflexión sistémica sobre la relación entre el poder institucional, el crimen estructural y la lógica simbólica del terror.

El evento del 1 de noviembre en Uruapan, en pleno festival del Día de Muertos, brinda una metáfora perversamente elocuente: bajo la celebración de los muertos, el asesinato político convierte la plaza pública en un tablero de dominación, un rito criminal de la violencia. En vez de conmemorar la vida y la memoria, el crimen instala la lógica de la muerte como demostración de fuerza y advertencia.

De este modo, aun cuando el Gobierno proclame reducciones en homicidios diarios, estos crímenes excepcionales masifican la angustia y minan la legitimidad democrática más allá de las cifras. Sea cual sea la estadística, la sensación es que las instituciones fallan cuando pierden la capacidad de proteger a quienes se arriesgan, y que la violencia, además de aniquilar cuerpos, mata también el sentido de comunidad, de esperanza y de gobierno.

Astillero

Uruapan y Morelia: EU, al acecho // Subsecretario Landau, “oportuno” // Generación Z y otras protestas // Facilitar intervencionismo

Julio Hernández López

La Jornada

El marcadamente intervencionista subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, no dejó pasar la oportunidad y, a 13 horas y media del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, colocó en X una condolencia a la que añadió que “Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”.

Además, Landau deseó que la memoria de Manzo “inspire acciones rápidas y efectivas”, sin precisar los objetivos y términos prácticos de ellas. El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió con diplomacia: “toda la cooperación es bienvenida; toda, si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos”.

Las palabras de Landau, quien se pavonea de ser el quitavisas, dan marco a la profusión de mensajes en redes sociales que concertadamente acusaron a la Presidenta de México, a su antecesor, al partido en el poder y a varias de sus figuras relevantes de ser “asesinos” de quien presidió Uruapan, así fuera por omisión. Al pésimo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, le tocó recibir personalmente esos señalamientos al asomarse al lugar donde se velaba a Manzo. En Morelia hubo protestas que llegaron a derribar las puertas del palacio estatal de gobierno y produjeron destrozos de mobiliario, incendios y confrontación con policías.

Hay, desde luego, a juicio largamente expuesto aquí y en otros foros por este tecleador, errores, distorsiones, injusticias e impunidad atribuibles al proceso llamado Cuarta Transformación en cuanto a combate al crimen organizado. Hay, también, un ánimo social sumamente lastimado por la continuidad del predominio de los grupos criminales, en muchas ocasiones en contubernio con poderes, sobre todo estatales y municipales, muchos de ellos llegados al poder de manera aberrante por la vía de Morena.

Aquí se ha señalado que la gran mayoría de gobernadores guindas y aliados de este color parecen gerentes del negocio dominante, con tolerancias a conveniencia en los casos menos graves y, con frecuencia, con abierta complicidad que significa recursos para campañas electorales y enriquecimientos personales, familiares y grupales.

Reiterado lo anterior, vale señalar que el hartazgo genuino por la persistencia y crecimiento del poder del narcotráfico, el legítimo derecho de ciudadanos de oponerse a gobiernos, en este caso los de la 4T, y la justa indignación por el asesinato del presidente municipal Manzo pueden ser aprovechados por las instancias estadunidenses que se muestran insistentes en desestabilizar a México y propiciar “acciones rápidas y efectivas”, a la vez que unilaterales, contra el crimen organizado mexicano.

En momentos confusos y propicios para desarrollar manuales de desestabilización, se produce una convocatoria extraña de entes de ultraderecha a una manifestación a mitad del mes en curso a nombre de la “generación Z”, con significativa remembranza de lo sucedido recientemente en Nepal, con protestas violentas, incendio de edificios legislativos y gubernamentales, agresión directa a funcionarios públicos y sus familias y el derrocamiento de quienes ejercían el poder. También se multiplican los asesinatos e incidentes de impacto político fuerte. Y en las redes sociales se magnifica todo de tal manera que quien se quedara sólo con las expresiones publicadas en redes por ese abanico de voces habría de suponer que el país entero está al borde de la ingobernabilidad, casi en vísperas de una guerra civil o un enfrentamiento armado contra el gobierno federal.

Es imprescindible dar la dimensión exacta a la genuina protesta social, a la oposición y la disidencia, pero también es fundamental no perder de vista lo que a escalas mundial y continental está haciendo Estados Unidos, obstinado, en el caso mexicano, en generar escenarios que potencien y faciliten su pretensión de intervenciones diversas, incluso directas, físicas, para “combatir” al crimen organizado.

México SA

San Martín: huelga legal y firme // Patada al ego de Germán Larrea // Fin a 18 años de impunidad

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Para la soberbia del tóxico Germán Larrea y el largo historial de impunidad de su Grupo México, la reciente decisión de un tribunal colegiado en contra de ese corporativo es una patada directa al ego y al hígado, al tiempo que reivindica el derecho de huelga de los mineros de San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, y da puntual cuenta de que ya no opera la pandilla judicial, protectora de los barones y otros delincuentes de cuello blanco.

Dieciocho larguísimos años han transcurrido desde que el 30 de julio de 2007 –en el sexenio calderonista–, los mineros de San Martín estallaron la huelga, simultáneamente con los de Cananea, Sonora, y Taxco, Guerrero (las tres concesionadas a Grupo México), por la permanente violación del contrato colectivo, despidos injustificados, uso de esquiroles y grupos de choque en contra de los trabajadores y ausencia de medidas de seguridad (recuérdese que por esto último, en febrero de 2006 murieron 65 mineros en Pasta de Conchos, sin que la “autoridad” fincara responsabilidad al citado corporativo).

La Jornada (Jared Laureles) lo reseñó así: “El Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, logró un nuevo fallo a su favor frente a Grupo México, luego de que, por unanimidad, un tribunal colegiado rechazó (por ‘improcedente’) el recurso de inconformidad promovido por la empresa y su organización gremial patronal (sindicato blanco) con el que pretendían dar por terminada la huelga en la mina San Martín. Es un nuevo revés para el corporativo, además de que confirma el derecho constitucional de la huelga; a los trabajadores de la sección 201 deben pagarles los salarios caídos y cuotas de seguridad social”.

Al estallar las tres huelgas, Felipe Calderón despachaba como inquilino de Los Pinos, Francisco Ramírez Acuña en Gobernación, Javier Lozano Alarcón en Trabajo y Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República, y los cuatro operaron para proteger a Germán Larrea y “resolver” la huelga a sangre, fuego y garrotazos. De hecho, en 2010 Borolas envió a la Policía Federal a la histórica mina de Cananea, en una decisión similar a la que los gringos tomaron en junio de 1906. A la par, el barón amenazó con “cerrar definitivamente” (lo hizo en incontables ocasiones y lamentablemente nunca cumplió) la principal fuente de ingresos de Grupo México. Ese año, en Bucareli despachaba Fernando Gómez Mont, a la par abogado corporativo del secretario de Gobernación y del propio Larrea. A ese extremo llegaron.

El hecho concreto es que a lo largo de tres gobiernos –incluido el primero de la transformación–, las huelgas mineras se mantuvieron en el limbo jurídico, siempre para proteger al tóxico Larrea y su Grupo México, con todo y que ellas cumplían todos los requerimientos legales. Pero los mineros son de acero y no se han doblegado a lo largo de 18 años. Se mantienen firmes y ahora obtienen un triunfo de gran relevancia, pues si bien la decisión del tribunal colegiado específicamente es sobre la mina San Martín, por obvias razones tal determinación impacta positivamente en Cananea y Taxco.

A lo largo de esos 18 años, la cantaleta de Germán Larrea –poseedor de la segunda fortuna más grande del país, cercana a 30 mil millones de dólares– y Grupo México ha sido que “no tenemos dinero” para atender las demandas de los mineros. Invirtieron una millonada para garantizar la protección que les garantizaba la pandilla judicial y utilizaron la “técnica” del barón de los abonos chiquitos, es decir, aplicar todos tipo de trucos legales, legaloides y abiertamente ilegales para “olvidar” las tres huelgas y su responsabilidad patronal. Pero con todo y la exasperante “lentitud” de los “impartidores de justicia”, que felizmente ya pasaron a retiro, parece que se abre una puerta amplia para resolver este ignominioso caso.

Y es cuestión de echar números: ¿cuánto deberán erogar el tóxico barón y su corporativo por 18 años de salarios caídos y cuotas de seguridad social acumuladas, amén de lo que deban invertir en seguridad de los trabajadores? Si hubieran sido más inteligentes y menos soberbios, debieron resolver este asunto en julio de 2007, es decir, sin llegar al estallido. Pero no: les ganan el ego y la impunidad que compraron a lo largo de los años. Pero se acabó.

Las rebanadas del pastel

La buena, que en los primeros nueve meses de 2025 se crearon un millón 235 mil 214 puestos de trabajo en el país; la mala, que fueron informales, es decir, sin prestación alguna y cifra apenas menor a la de 2011; y la peor, que en ese periodo se cancelaron cerca de 312 mil empleos formales.