Lo que dicen los columnistas

Arsenal

Semana de luto

Francisco Garfias

Excelsior

Otra vez la violenta realidad choca con el discurso optimista del oficialismo. La madrugada de ayer fue asesinado el empresario citrícola Javier Vargas Arias, de 43 años, en el municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz.

Lo mató un comando que portaba equipo táctico y armas largas. Recibió al menos tres impactos de bala. Murió en el Hospital General del citado municipio.

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Vivimos una semana de luto que inició la mañana del lunes con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros en Apatzingán. Denunciaba extorsiones. Fue víctima de un cártel llamado Los Blancos de Troya, dedicado a la extorsión y la violencia contra limoneros.

La noche del martes mataron a Miguel Bahena Solórzano (del PVEM), alcalde de Pisaflores, Hidalgo.

El jueves le quitaron la vida a Víctor Daniel Velázquez, subdirector de Seguridad Pública en el municipio de Indapareo, Michoacán.

Asesinatos de alto impacto que se reflejaron en los medios de comunicación. De masacres de ciudadanos comunes y corrientes apenas nos enteramos. No son nota. Son tantos que ya se normalizó la violencia.

El presidente Donald Trump hizo ayer declaraciones que no están lejos de la realidad. “Tengo gran respeto por la Presidenta, una mujer extraordinaria, muy valiente, pero México está gobernado por los cárteles, y tenemos que defendernos de eso”.

* El miedo se siente, se huele, se respira. Tiene respaldo estadístico.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública que publicó el jueves el Inegi nos dice que, en septiembre de 2025, 62% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas, consideró inseguro vivir en su ciudad.

“Lo anterior representa un cambio significativo en comparación con septiembre de 2024 (58.6%)”, agrega la encuesta.

Esta realidad choca con los datos que ayer dio Omar García Harfuch en su comparecencia ante el pleno del Senado. El secretario de SPC reconoció que el problema de seguridad “no se ha resuelto”, pero se alineó con el discurso de “los otros datos”.

La organización México Evalúa, centro de monitoreo y análisis de la política gubernamental, advierte que la mayoría de estados de la República muestran cifras preocupantes de violencia letal.

Explica que, en muchas de esas entidades, los incrementos coinciden con detenciones, decomisos y despliegues federales.

“Estas acciones, si no llevan un acompañamiento institucional local, parecen provocar enfrentamientos violentos y disputa por el control de mercados ilícitos”, se lee en el reporte.

Añade: “La evidencia apunta a una fragmentación criminal, por un lado, y a una insuficiencia de una política de seguridad basada únicamente en el debilitamiento operativo del crimen organizado”.

Los cinco estados con mayor tasa de violencia letal (tasa por cada 100 mil habitantes) de enero a septiembre del 2025 son: Baja California (108.8); Sinaloa (101.1); Morelos (88.3); Guanajuato (86.4), y Quintana Roo (80.5).

Y los que tienen menor tasa son Yucatán (7.2); Tlaxcala (10,7); Coahuila (10.9); Durango (16.5) y Chiapas (22.1).

Cuatro estados presentan “balances preocupantes”, según México Evalúa: Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Guanajuato.

* Dicen las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que el PIB de México crecería 0.6% en 2025 y 1.3% para 2026.

El promedio de crecimiento proyectado para América Latina y el Caribe es de 2.4% en 2025, y de 2.3% en 2026.

“La región continúa sumida en una trampa de baja capacidad para crecer, escasa inversión, baja productividad, mercados de trabajos poco dinámicos y elevados niveles de desigualdad”, sintetiza la Cepal.

* Dos hombres y una mujer se mencionan para suceder a Francisco Cervantes en la presidencia de Consejo Coordinador Empresarial (CCE):

José Medina Mora, presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones; y exlíder de Coparmex.

Juan Cortina, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de la Industrias Azucarera y Alcoholera y presidente del Consejo Empresarial Latinoamericano (CEAL).

Sofía Belmar Berumen, directora de Prudential Seguros y expresidenta de la Asociación Mexicana de Seguros. “Es la que le gusta a la presidenta Sheinbaum”, nos dice una fuente cercana al CCE.

La contienda se anuncia dura. “Hay muchos intereses en juego”, sintetiza.

Razones

Operativo contra el huachicol del agua

Los grupos criminales explotan el agua de la misma forma que el crudo

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

El agua es un recurso natural cada día más escaso, una materia prima que es disputada por personas, empresas y gobiernos en todo el mundo. Desde el gobierno de Vicente Fox, el agua está considerada como un tema de seguridad nacional y así debe ser tratado. Lo hemos visto con las sequías de años recientes y con las inundaciones de estas semanas. Ni para un caso ni para el otro tenemos previsiones o políticas modernas y ajustadas a la eficiencia, la ciencia y la tecnología para atenderlas. Mucho menos para asumir plenamente todo lo que el agua implica en términos de seguridad y de estabilidad social.

Por eso es tan importante el operativo que, encabezado por la Fiscalía del Estado de México, se viene realizando desde el martes en la noche, pero que se desarrolló en toda su dinámica desde la madrugada de hoy viernes. Es uno de los operativos más amplios en términos de seguridad realizado para combatir el robo y el negocio ilegal del agua, y que involucra y persigue, tanto a grupos criminales, entre ellos los llamados sindicatos, que en realidad son instrumentos de extorsión, como a autoridades municipales que participan de esa trama. Es un operativo para romper con lo que se denomina el huachicol del agua, la extracción y venta ilegal del líquido vital.

Los grupos criminales explotan el agua de la misma forma que el crudo y sus derivados, y en toda el Área Metropolitana del Valle de México la usan para venderla en forma ilegal, para extorsionar y para consolidar otros negocios criminales. Son los que venden pipas agua extraída clandestinamente y a precios muy por encima de su valor. El operativo abarca 49 municipios mexiquenses y 200 tomas clandestinas de robo de agua.

Comenzó, como decíamos, desde el martes en la noche, pero se generalizó desde la madrugada de este viernes y está encabezado por la Fiscalía del Estado de México, con participación estatal y federal.

En el huachicol del agua participan empresas, autoridades municipales y sindicatos. Lo hacen vía los consejos de participación ciudadana, una instancia ideada para descentralizar el poder, que, entre otras atribuciones, maneja el agua en los municipios. Ahí, las autoridades se asocian, sobre todo, con los llamados sindicatos (el Liberación, en todo el oriente del área metropolitana, es uno de los más poderosos e involucrado en muchos negocios ilícitos). Son los consejos de participación los que controlan los pozos y les resulta muy sencillo explotarlos ilegalmente. Tienen, por ejemplo, autorización para extraer 10 mil litros diarios de un pozo, pero extraen varios miles más, tanto de pozos como de sistemas de distribución y también de conexiones ilegales, casi siempre sin riesgo alguno. Funcionan igual que el huachicol del crudo y derivados, pero lo hacen con un elemento, el agua, que es fundamental para la vida diaria de las comunidades y personas.

Para extraer ilegalmente el agua se usan todas las formas posibles, desde los llamados popotes, simples mangueras conectadas a cualquier ducto, hasta la perforación de los propios ductos o conexiones a pozos, incluyendo grandes conexiones que son ignoradas por las autoridades locales.

El principal medio de operación para este comercio ilegal son los sindicatos y el instrumento más usado, las pipas. Una pipa de diez mil litros que debería ser comercializada por mil 130 pesos máximo, el precio definido por autoridades, con el agua que se extrae ilegalmente se está vendiendo, por ejemplo, en mil 800 pesos en Ecatepec, o mil 600 en Cuautitlán y mucho más caras en colonias residenciales del Estado de México y de la capital del país.

Se espera que se generen reacciones sociales con estos operativos, como sucede en las zonas donde los grupos criminales tienen base social, porque van a organizar acciones de protesta, argumentando que los operativos están diseñados para dejar a las comunidades sin agua. Ocurre, y ha ocurrido en muchos puntos del país, e incluso recientemente con el último operativo que realizó la Fiscalía del Edomex en Valle de Bravo y otras zonas para comenzar a romper la extorsión en esos municipios. En realidad, sucede lo contrario, esos grupos que roban y distribuyen ilegalmente el agua se la están robando, secan los pozos y dejan sin ella a comunidades y colonias completas en todo el Valle de México.

El operativo en marcha se realiza en forma simultánea en 200 puntos del Estado de México, 150 cateos ya habían sido judicializados previamente y se efectúan 8 cateos simultáneos cada dos horas en 49 municipios, desde el martes pasado en la noche.

Me gusta el modelo de los grandes operativos que realiza la Fiscalía del Estado de México, a cargo de José Luis Cervantes. Se toman meses las investigaciones, pero se reúne mucha información y, cuando se realizan, con las limitaciones políticas e instrumentales que este tipo de acciones tienen en nuestro país, se pueden romper o debilitar tramas completas de las actividades criminales. Se cumplan o no todos los objetivos establecidos, siempre se logra debilitar a esos grupos, que pueden reemplazar piezas con cierta celeridad, pero cuando los golpes son muy amplios, éstos afectan mucho más que los aislados o personales contra personajes del mundo criminal. Es un modelo que se debería explotar y aplicar mucho más. Y que cuanto mayor apoyo político tenga, obtendrá mejores resultados.

Astillero

Contra Venezuela, contra México // Trump reitera acusaciones // Evitar solidaridad latinoamericana // El “nobel” Donald Bang

Julio Hernández López

La Jornada

Donald Trump y su equipo de halcones buscan incorporar a México a su lista de objetivos de guerra. Han orquestado declaraciones, y resonancia mediática aliada, para reprochar a la presidenta Sheinbaum que haga envíos solidarios de petróleo a Cuba y vuelven a la cargada con el tema del crimen organizado como factor dominante de México.

No hay informaciones nuevas que sustenten la taimada reiteración unilateral de responsabilidades en cuanto al narcotráfico; por el contrario, los datos publicados oficialmente muestran una abundancia de actos del brazo harfuchista contra grupos delictivos, en una proporción notablemente distinta a lo sucedido en el sexenio anterior. Voces del propio gabinete trumpista han señalado que la “cooperación” mexicana en estos temas es la mayor jamás habida (gulp).

Pero Trump y su equipo lo que pretenden es acalambrar al gobierno mexicano, evitar declaraciones y acciones solidarias con Venezuela aparentemente en vías de ser invadida, con Cuba históricamente bloqueada, con Colombia también amenazada por el déspota de la Casa Blanca. Guardar silencio o distancia (como en el caso del gobierno de Israel y el genocidio en Gaza), es la instrucción que con amenazas envía Washington.

Trump emboza sus advertencias con elogios hipócritas a la presidenta Sheinbaum, al calificarla de respetable, tremenda y valiente, aunque al mismo tiempo señala (insistió ayer) que el país que ella gobierna está en manos del narcotráfico y que hay miedo de actuar contra éste.

Los tambores de guerra hacia el sur del continente (Venezuela y, en segundo lugar, Colombia) suenan también para México. Los analistas y estrategas del gobierno gringo mantienen la mira en México, con la intención de actuar directamente contra jefes y grupos del crimen organizado. Trump alegó ayer que su país tiene derecho “a defenderse”, como si el proceso del narcotráfico fuese responsabilidad sólo de los productores e introductores y no del aparato de complicidad del propio Estados Unidos (los cárteles gringos, ha descrito en un libro el periodista Jesús Esquivel) y no terminara beneficiando a la estructura económica de las barras y las estrellas.

México no debe cerrar los ojos: Trump va abiertamente sobre Venezuela, con la descarada concentración de fuerzas militares en su entorno, el asesinato de personas a bordo de lanchas, vuelos de reconocimiento y preparación para asaltos terrestres, pero el proyecto en curso de las fuerzas que diseñan las acciones estadunidenses tiene como objetivo “limpiar” de gobiernos progresistas (en la escala que a cada uno se le quiera reconocer) a América Latina y encumbrar a personajes serviles a los intereses del imperio en declive.

La autorización explícita de Trump para que la CIA realice acciones contra el gobierno de Maduro no excluye las autorizaciones no oficializadas para actuar en países como México, con el manual sabido de desestabilización: crímenes selectivos impactantes, financiamiento y “filtraciones” a medios, opinantes y “vaticinadores” para crear incertidumbre y miedo, amago de crisis económicas y desmoronamientos políticos.

Astillas

El explicablemente fallido premio Nobel de la Paz, Donald Bang, perdón, Trump, sentenció ayer en conferencia de prensa: “Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos”… Y, mientras el precandidato presidencial deudor, Ricardo Salinas Pliego, sigue patinando y haciendo berrinche porque se difunde la información relacionada con sus litigios por pagos no realizados y temas infractores conexos, refugiado en la palabrería y no en el dato de contado que mata relato en abonos chiquitos, ¡hasta el próximo lunes, en espera de avances en las indagaciones marca TortuGertz sobre empresarios estadunidenses involucrados en contrabando de combustible!

México SA

Salinas Pliego, arrinconado // Abonos chiquitos sin andamiaje // Larrea, eterna “remediación”

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Como castillo de naipes se cae el andamiaje de la muy bien aceitada protección de anteriores “impartidores de justicia” que a lo largo de 16 años compró Ricardo Salinas Pliego para evadir el pago de miles de millones de pesos en impuestos. A estas alturas, el de los abonos chiquitos ya no siente lo duro, sino lo tupido, porque mantiene varios frentes abiertos y se acumulan las denuncias en su contra (en México y Estados Unidos), de tal suerte que lo único que le queda es patalear y proclamarse “perseguido político” por ser, según dice, “disidente”, cuando en realidad es un evasor fiscal con una sencilla solución: paga lo que debes en términos de ley.

Disfrazado de “libertario” (feligrés del esperpéntico Javier Milei, otro que se hunde tan rápido como el Titanic) sabe que está arrinconado, que la tiene perdida y que sus guardianes togados (“ungüento” de por medio) ya están fuera de la jugada, por lo que llora, se hace el mártir y se dice “acosado” por el gobierno federal.

Bien lo dijo la presidenta Sheinbaum: “las palabras ‘estado de derecho’ se han utilizado mucho en México, y a veces las usa quien no paga impuestos o no los que le corresponden, o para otras cosas, para que la ley esté a favor de algunos que tenían privilegios”, y en estos menesteres, si bien no es el único, Salinas Pliego destaca por ser uno de los consumidores frecuentes de esa frase (totalmente alejada del concepto), dejando de lado que para él el único derecho existente es el propio. De hecho, ayer la mandataria reveló que hay más procesos legales pendientes contra del “libertario” autóctono.

Lo cierto es que el culebrón está a punto de concluir. La Jornada (Dora Villanueva) informa: “luego de que en Estados Unidos se pidió sancionar a Tv Azteca y a su grupo controlador por desacato y en la Ciudad de México un tribunal federal levantó las medidas cautelares que permitían a la empresa evadir el pago de sus obligaciones por un adeudo que alcanza 580 millones de dólares, Grupo Salinas busca diálogo con sus acreedores. Por medio de un comunicado dijo que ‘reiteramos nuestra total disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes y acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo. Hacemos nuevamente un llamado a este grupo de acreedores a retomar el diálogo y evitar prolongar innecesariamente este proceso’”, y lo propone quien a lo largo de 16 años se negó a pagar los impuestos adeudados, que debe, se amparó una y mil veces y compró a los “impartidores de justicia” para blindarse y evitar el “diálogo” que ahora desvergonzadamente clama.

Pero no sólo es el caso de los inversionistas gringos defraudados. El martes pasado se dio a conocer que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la aplicó por primera vez para resolver una contradicción de criterios entre las extintas primera y segunda salas, al determinar que ministros y magistrados no pueden ser apartados de un juicio por asuntos ‘accesorios’, como recusaciones o trámites que no inciden en el fondo del caso. Con siete votos contra uno, el pleno declaró sin materia la contradicción, en acato a la reforma a dicha ley, que en su artículo 59, fracción II, ordena desechar toda recusación cuando existan elementos suficientes para acreditar que su presentación busca ‘entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión’. Esto impactará todos los casos en que se interpongan recursos con ese fin, incluidos los litigios fiscales de Grupo Elektra, en los que ya se han rechazado impedimentos bajo ese argumento”.

El círculo se cierra y a Salinas Pliego no le queda más recurso que mentar madres por doquier, calificarse de “perseguido político” y extrañar aquellos tiempos dorados en los que sus guardianes togados de inmediato metían a la congeladora todos los casos legales que afectaran al de los abonos chiquitos, como en el sonado caso del ex ministro Luis María Aguilar Morales (hoy en pleno gozo de las mieles de su abultada pensión, como si la mereciera), quien en su despacho de la SCJN “resguardó”, sin límite de tiempo, un titipuchal de expedientes para proteger al magnate. Eso sí, a esa sucia práctica la denominaban “estado de derecho”.

Las rebanadas del pastel

Y en el cuento y la impunidad de nunca acabar, se informa oficialmente que “se estableció una mesa de trabajo” para que Grupo México, del tóxico barón Germán Larrea, “repare el daño en el río Sonora” y los “pendientes”. Qué bueno, pero resulta que hace dos años el gobierno federal denunció penalmente a ese corporativo por incumplimiento y es la fecha que nada de nada. Entonces, ¿para cuándo?

Dignificación policial: ¿Qué tanto importa la seguridad?

Simón Vargas Aguilar*

La Jornada

En México las fuerzas de seguridad son, sin duda alguna, nuestro primer frente de batalla contra el crimen; sin embargo, enfrentan una lucha interna que socava su efectividad: salarios precarios, una ausencia alarmante de prestaciones laborales dignas y falta de capacitación, armamento, equipamiento y tecnología de última generación, entre otros. Invertir en la seguridad no es sólo una cuestión de armamento o presencia en las calles, sino de dignificar a quienes arriesgan su vida diariamente en aras de alcanzar un esquema de seguridad y paz cada vez más lejano.

Comencemos por contextualizar el problema. Los policías en México ganan, en promedio, salarios que apenas rozan la línea de la pobreza; según datos del gobierno de México, el salario mensual promedio de un oficial de policía ronda los 6 mil 620 pesos mexicanos, trabajando alrededor de 60 horas semanales. Para los militares, la situación no es muy diferente; aunque su estructura jerárquica ofrece algo más de estabilidad, los soldados perciben ingresos modestos que no compensan la exposición constante al peligro. Esta precariedad no sólo afecta su calidad de vida, sino que fomenta la deserción y, en peores casos, la corrupción, ¿cómo esperar que un oficial resista las tentaciones de los cárteles cuando su familia apenas sobrevive?

La falta de prestaciones agrava esta crisis, en México beneficios como seguros médicos integrales, pensiones dignas o apoyo psicológico son escasos o inexistentes en muchas corporaciones estatales y municipales. Los militares, aunque cuentan con un sistema más robusto gracias al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), enfrentan sobrecargas operativas que socavan su bienestar y ahora por primera vez en su historia reciente enfrentan carencias de medicamentos y de deficiencias en la operación hospitalaria; trabajan en turnos extenuantes, con equipo obsoleto y sin el reconocimiento social que merecen.

Esta negligencia no es sólo una injusticia laboral; es un riesgo para la sociedad entera, ya que un agente desmotivado o mal equipado es menos efectivo en la permanente lucha contra la delincuencia, especialmente en aquella denominada organizada.

La inversión no debe limitarse a presupuestos para armas o vehículos, debe enfocarse en el capital humano; proporcionar prestaciones como vivienda subsidiada digna, educación para sus hijos y atención médica de calidad, no sólo mejoran la retención de personal, sino que eleva la moral y la profesionalidad. Pero, sobre todo, es crucial invertir en capacitación y entrenamiento.

El respaldo que merecen estos profesionales ha sido insuficiente, se ha priorizado la militarización de la seguridad sin abordar las causas del problema. Los militares, entrenados para el combate, no para el patrullaje civil, se ven forzados a roles policiales que generan tensiones con la población. De acuerdo con el Índice de Paz se menciona que más de 2 mil 600 agentes han sido asesinados en los últimos seis años, con al menos 412 en 2023, ¿cómo queremos que defiendan la ley si el Estado no los defiende a ellos?

Para entender la magnitud del rezago, comparemos con recomendaciones internacionales. Instituciones como la ONU, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), sugieren un mediano aproximado de 300 policías por cada 100 mil habitantes como referencia global. Aunque no es un estándar rígido, este indicador refleja la necesidad de una presencia policial suficiente para mantener el orden.

La Unodc enfatiza que la densidad policial debe ajustarse a contextos locales, pero advierte que el tener pocos policías contribuye a la impunidad y la sobrecarga. En Europa, por ejemplo, países como Italia tienen 398 oficiales por 100 mil personas, lo que correlaciona con menores tasas de crimen. En México, la realidad es alarmante. Si consideramos sólo las fuerzas activas, excluyendo militares en roles policiales, la cifra baja a alrededor de 231 por cada 100 mil habitantes. Esto nos coloca por debajo de la media global, especialmente en estados como Tamaulipas, donde es aún menor.

Si queremos fortalecer nuestro sistema de seguridad, debemos dignificar las profesiones relacionadas con ella, lo que significa no sólo aumentar salarios, sino invertir en formación continua. Imaginemos academias policiales equipadas con tecnología de vanguardia, inteligencia, programas de intercambio internacional y énfasis en prevención comunitaria.

Pero la dignificación sola no basta; México sufre un índice de impunidad superior a 90 por ciento, donde la corrupción permea las fuerzas de seguridad; es decir, con los cárteles, sobornos y nepotismo sólo 45 por ciento de la población confía en su policía local.

La corrupción en el ejército, aunque menos visible, existe, con casos de altos mandos implicados en lavado de dinero y qué decir del denominado huachicol fiscal. Para combatir esto, se necesitan reformas profundas y acciones como auditorías independientes, mecanismos de denuncia anónima, entre otras.

La militarización, impulsada desde 2006, ha exacerbado la corrupción, esto al priorizar la fuerza sobre la inteligencia civil; si no actuamos, el ciclo de violencia persistirá: bajos salarios llevan a corrupción, que aumenta impunidad, que perpetúa inseguridad. Invertir en su dignidad, priorizando capacitación, es esencial. Nos ha costado entenderlo pero la seguridad no es un gasto, es una inversión en el desarrollo de México.

*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política.