Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
La ministra Esquivel contra los defensores del medio ambiente
Lo último que tendría que conocerse es que propuestas similares de la ministra Esquivel ya habían sido rechazadas por quienes integraban la extinta Segunda Sala de la Corte.
Proceso
¿A quién representa la ministra Yasmín Esquivel con su propuesta de restringir el interés legítimo de las asociaciones ambientalistas para promover amparos en defensa del medio ambiente?
Hoy día, cabe iniciar con esa pregunta, porque la ministra es una funcionaria votada. Obviamente se dirá que no puede responder a los intereses de su electorado, difíciles de conocer y precisar. Pero en mi opinión, tampoco se podrá defender que su propuesta para resolver la contradicción de criterios 217/2021 representa un acercamiento de la justicia favorable a la población.
Su proyecto, por el contrario, y que quedó pendiente de votación en la sesión de ayer jueves, conlleva que las organizaciones que se han fundado para defender el medio ambiente, tendrán muy pocas posibilidades de litigar amparos exitosos para exigir el respeto al derecho a un medio ambiente sano y el cuidado de nuestros ecosistemas y demás seres vivos del planeta.
Con eso en mente, me parece que tiene importancia exhibir las malas razones que sustentan su proyecto.
Primera falacia: si se reconoce amplio interés legítimo a las organizaciones para defender el medio ambiente, el Poder Judicial se verá saturado de amparos. Esa suposición es suya, es sólo eso.
No tiene diagnóstico alguno que la sustente y sí parte de una creencia improbable: que a la gente le sobra el tiempo para presentar demandas frívolas para complicar a los pobres juzgados y tribunales de amparo. Y si fuera verdad, si muchos amparos se presentaran para una misma causa, siempre se podrán concentrar o acumular y resolverse en una sola sentencia.
Llevado su razonamiento a otras áreas, un día nos van a decir que hay muchos amparos en materia penal, fiscal o laboral, y que es necesario restringir el interés para plantear amparos y disminuir los pendientes judiciales.
Segunda argucia del planteamiento: un interés legítimo amplio para organizaciones ambientalistas es contrario a las bases constitucionales del amparo. Eso no es correcto, la afectación que se exige en el artículo 107 constitucional, debe leerse al menos conforme a los compromisos del Acuerdo de Escazú y su reconocimiento al derecho a la justicia ambiental.
Es un derecho que se reconoce para todo público y que mandata que los Estados parte, como México, aseguren una legitimación activa amplia para defender al medio ambiente. La maniobra a la que recurre el proyecto de la ministra Esquivel es cerrar el interés legítimo y luego, por eso, decir que no hay fundamentos constitucionales para sostener una legitimación amplia.
Tercera equivocación de la propuesta: ordenar una metodología para acreditar que se cuenta con interés legítimo, bajo el enfoque que aplicaba a los amparos promovidos por personas físicas y comunidades, pero que evidentemente causa complejidades insuperables para los casos que promueven organizaciones ambientalistas.
Esa metodología se basa en los servicios ambientales que los ecosistemas proporcionan y si las personas se benefician de ellos, por su cercanía, por su uso o por estar en sus áreas de influencia. Lo cual implicaría que las organizaciones tendrían que ubicarse o utilizar los ecosistemas que buscan defender.
Esa cuestión tiene un añadido nada menor: pensar en la naturaleza sólo en términos de lo que podemos aprovecharnos de ella. Lo correcto es lo opuesto, avanzar en entender que la naturaleza tiene una valía en sí misma considerada y no por lo que podemos beneficiarnos de ella. Así que este criterio también podría cerrar la puerta (incluso cuando apenas estaba por abrirse), para darle voz al resto de seres con quienes compartimos la Tierra.
Cuarto, una burla. El proyecto sostiene que aunque se restrinja el interés de las organizaciones, ellas conservan otras vías de participación para cumplir su objeto, distintas a litigar amparos. Además de la ofensa, falaz es esa parte del proyecto, pues imponer esa restricción del interés es una regresión contraria al derecho de acceso a la justicia, que no es igual que el derecho a participar en asuntos ambientales.
Lo último que tendría que conocerse es que propuestas similares de la ministra Esquivel ya habían sido rechazadas por quienes integraban la extinta Segunda Sala de la Corte.
Es un detallito que revela con crudeza a lo que nos enfrentamos con una nueva Corte, sobre todo si una mayoría de la actual integración decide apoyar un proyecto regresivo, inconstitucional, inconvencional y en detrimento de la naturaleza y la población.
Si esta propuesta prospera, la reforma en marcha a la Ley de Amparo ya ni siquiera sería necesaria para limitar la figura del interés legítimo en materia ambiental. El costo lo pagaríamos todo mundo. Las personas defensoras del medio ambiente quedarían en grave riesgo en este país, pues las organizaciones ya no tendrían al amparo para acompañarlas. Y también la afectación sería para la sociedad en su conjunto, pues perdería a esas defensoras del medio ambiente, y por supuesto, la naturaleza y los seres que viven en ella.
Por eso vale la pena reiterar, ¿a quiénes beneficia la ministra Esquivel con su propuesta?
Arsenal
“Detrás de todo está el ministro Zaldívar”
Francisco Garfias
Excelsior
Se armó la bronca en San Lázaro por la convocatoria a audiencias públicas para la nueva Ley de Amparo. De última hora, Morena las convocó para este viernes, sábado y lunes.
El problema es que abrió un micrositio para que se registraran los interesados en discutir el dictamen que, según las bancadas de oposición, debilita el amparo. Pero su bancada sólo les dio unas horas a los interesados para registrarse. Abrió el sitio alrededor del mediodía y lo cerró ayer mismo. Limitó a 15 personas por comisión el registro.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, niega que se trate de un “albazo” y aseguró que se respetan los tiempos que marca la ley.
El PRI anunció que no asistirá a las audiencias, por considerarlas una simulación. La asistencia de los panistas dependerá de quiénes se registren para debatir la reforma. Si sólo son “aplaudidores” no harán presencia.
Ningún legislador de MC asistió a la conferencia para fijar postura frente a la convocatoria.
Los opositores no están conformes sólo con la eliminación de la “retroactividad” de la ley. Les preocupa el endurecimiento de las condiciones para obtener una suspensión y el “interés legítimo” para solicitar el amparo.
* “Detrás de todo esto está el ministro Zaldívar”, dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados de PRI, cuando le preguntamos si ya tenían ubicado a quien ordenó a los “sicarios parlamentarios” —así los llamo el panista Federico Döring— precipitar la convocatoria.
Acotó: “Mas que las personas, está la intención de sacar rápido la ley. Hay un boquete financiero que el año que entra tienen que cubrir. Andan detrás de todo lo que diga pesos.
“No sé si ya se fijaron, las entradas al Museo Nacional de Antropología y las entradas a Teotihuacan van a subir al doble. La intención, entonces, es distraer. No escuchar a nadie, no atender nada”.
* Moreira comparó al “señor de Macuspana” con Luis XIV, el “rey Sol” de Francia.
“Si alguien le decía no al rey Sol, se molestaba. ¿Qué dijo López Obrador? Vamos a hacer un tren por aquí y por allá. Y echó unas rayas en el mapa.
“Alguien le dice ‘oiga, van a acabar con el jaguar, van a acabar con los vestigios arqueológicos. Pues presentan un amparo, porque el rey Sol no lo sabe todo’”.
—¿Sigue mandando López Obrador?, preguntamos.
—¿Usted cree que no?, reviró socarrón.
—Le pregunto.
—Ya le contesté. Yo creo que sí.
—No, usted me hizo una contrapregunta.
—Bueno, yo creo que sí. ¿Tú qué crees?
En su turno, Döring nos contestó: “Alguien regañó a los diputados (del oficialismo) Se llenaban la boca pidiendo que vinieran ministros de la Corte. Un cándido de Morena, es tan gris que ni su nombre sé, pidió que viniera un exministro de la Corte, un especialista en el tema de amparo.
“Pero se dieron cuenta de las implicaciones de un parlamento abierto. A diferencia de la audiencia pública, se tiene que hacer una relatoría. Todo esto quedaría en el dictamen para la historia.
“Evidentemente alguien evadió el bulto y dijo ‘yo quiero ser el que pase a la historia como el verdugo del derecho al amparo’”.
* Queja de fuentes judiciales. Es contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar. Dicen que está sujeto a los caprichos de Lenia Batres y a los desplantes de ministros identificados con la 4T.
Mandaron un video donde Lenia se sale de la sesión y los ministros tienen que esperar que regrese y emita su voto.
“Les pediría que esperemos un momento para tomar el voto de la ministra Lenia Batres”, dice Aguilar. Transcurren dos minutos antes de que la ministra regrese a su lugar, asegura la fuente.
No es la única. Arístides Guerrero, conocido como “el ministro chicharrón”, causó polémica, luego de intentar explicar el papel de la nueva Corte, utilizando la inteligencia artificial.
* Ahí viene la CNTE. Anunció un paro nacional de 24 horas para el viernes 17 de octubre, como parte de su estrategia de presión al gobierno federal para que atienda sus demandas que, aseguran, siguen sin resolverse.
Se prevé la participación de secciones sindicales de Ciudad de México, Chiapas, Estado de México Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
El miércoles pasado se produjo una protesta del magisterio disidente del Edomex, que incluyó toma de casetas, bloqueos en autopistas y vialidades de acceso a la CDMX.
Razones
No es una campaña
Desde hace semanas decíamos en este espacio que la Presidenta tenía que tomar una decisión: avanzaba contra los actos de corrupción cometidos en el pasado sexenio y tomaba la iniciativa en ese aspecto.
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
¿De verdad piensa la presidenta Claudia Sheinbaum que lo que está sucediendo con la develada corrupción de muchos personajes de Morena es parte de una campaña de “medios tradicionales” en su contra?, ¿no comprende que la cascada de información sobre evidentes actos de corrupción de personajes e instituciones ligados a su partido está basada no en trascendidos, sino en hechos?, ¿no se entiende que podemos tener diferentes opiniones, pero no diferentes hechos?
Desde hace semanas decíamos en este espacio que la Presidenta tenía que tomar una decisión: avanzaba contra los actos de corrupción cometidos en el pasado sexenio y tomaba la iniciativa en ese aspecto o, si trataba de taparlos, de desviar la atención, los mismos terminarían cercándola, como ocurrió con Richard Nixon con el caso Watergate. Me temo que después de haber destapado una cloaca con el caso del combustible de contrabando y con el de La Barredora, por las razones que sean, el gobierno federal está tratando de taponar las fugas de información, pero éstas han tomado tal fuerza que es imposible cerrarlas y, por el contrario, cada día surgen nuevos datos, nuevos hechos.
Veamos las de las últimas 72 horas. Se trató de desmentir la cifra que proporcionó la procuradora fiscal Grisel Galeano sobre el perjuicio ocasionado para el Estado por el contrabando de combustibles, que, dijo, suma nada más y nada menos que 600 mil millones de pesos. Está grabado, lo dijo tanto en la comparecencia como en una entrevista posterior. Coincide, además, con las cifras que divulgó la Secretaría de Energía y con las que está manejando en sus comparecencias el secretario de Hacienda, Edgar Amador.
La pregunta es dónde quedó todo ese dinero. Las sumas son enormes, estamos hablando de miles de millones dólares. Simplemente lavar y meter al sistema financiero esas cantidades requiere de un sofisticado sistema de lavado de dinero. Y de una estructura de factureras que se tienen que haber creado desde el poder en los últimos años.
Ayer se divulgó parte de la estructura de lavado de dinero que mantenían dos de los acusados por el contrabando de combustible, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Ambos realizaron inversiones millonarias, compra de viviendas y terrenos, transferencias en efectivo que superan en mucho, muchísimo, sus ingresos. La pregunta es cómo el almirante secretario Ojeda que era, es, tan cercano a sus sobrinos, tanto personal como profesionalmente, no vio nunca nada de sus manejos.
Andy López Beltrán, mientras tanto, compra arte de buena calidad y mejor precio en Japón, un año antes del famoso viaje de Semana Santa. Compró un cuadro de Yayoi Kusama por 30 mil dólares (su valor de mercado es mucho mayor, en promedio cuestan 800 mil dólares y se han vendido algunas de ellas en más de siete millones de dólares: 30 mil dólares sería el precio más bajo posible por una serigrafía pequeña de la famosa artista japonesa). Eso fue en 2024, su padre aún era Presidente.
Gerardo Fernández Noroña ahora hace giras en aviones privados; asegura que contrató un taxi aéreo, que le hubiera costado el doble por un día de lo que supuestamente gana en un mes. Pero, además, el avión no es un taxi privado, tiene matrícula estadunidense, está registrado en Utah y, para colmo, tendría prohibido, por esa condición, hacer vuelos de cabotaje en México. Pregunta aparte, ¿por qué diablos Fernández Noroña tiene que hacer giras en un avión privado? Hay que reconocerle a López Obrador que durante 20 años puebleó, recorrió todo el país, y lo hizo por tierra.
También viaja en avión privado el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pero lo hace con su familia a Nueva Jersey. Alguien le prestó el avión, mientras en Puebla ocultaban su viaje.
La peor directora que ha tenido el Conacyt en su historia, María Elena Álvarez-Buylla, responsable de algunos de los mayores despropósitos del sexenio pasado, desde la prohibición del glifosato hasta la del maíz genéticamente modificado, que nos costó perder mesas de arbitraje del T-MEC con un costo de miles de millones, se destacó por haber procesado, con la complicidad del fiscal Alejandro Gertz Manero, al consejo consultivo del instituto, todos científicos con alto nivel de reconocimiento nacional e internacional. Ayer, la Auditoría Superior de la Federación la denunció por la falta de más de 57 millones de pesos durante su gestión y, el mismo día, su hija exhibía el lujoso diseño de su estudio, construido en la casa de su mamá, en una revista de arquitectura estadunidense.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se divorció en forma exprés de su marido, Carlos Torres, por las denuncias que tienen en Estados Unidos que han provocado que les quitaran, a ambos, sus visas. No solucionaron el problema ni las denuncias, mejor pactaron el divorcio.
Los hijos del exgobernador Rutilio Escandón viven como el exmandatario chiapaneco, una vida de lujos en Miami, mientras la herencia que dejó en Chiapas es un estado entregado a los cárteles de la droga. Rutilio es una pieza más de la estructura de La Barredora, que involucra a su cuñado, el senador Adán Augusto López, y a una red de políticos, empresarios y amigos que trasciende en mucho a Hernán Bermúdez Requena.
Para ser campaña, es demasiado, y esto sucedió en sólo las últimas 72 horas.
México SA
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Cero y van dos: de nueva cuenta, el tóxico barón Germán Larrea mordió el polvo en su renovado intento (el primero fue en 2023) por quedarse con una de las mayores instituciones bancarias que operan en el país (trasnacional, como tantas otras), y en buena medida su segundo fracaso al hilo se debe a que el padrino de la familia Carlos Salinas de Gortari, junto con su escudero Pedro Aspe, ya no decide quién se queda o no con tal o cual empresa del Estado, como lo hizo en la reprivatización bancaria de 1991-1992 (de la que el propio Larrea fue beneficiario), en particular, y con los bienes de la nación, en general (como la compañía Minera de Cananea, que pasó a formar parte de los haberes del magnate; los ferrocarriles se los entregó Ernesto Zedillo).
El innombrable ya no pudo intervenir para de nueva cuenta favorecer a Larrea. En esta ocasión, el barón no huyó de miedo ni aventó la papa caliente (como en Pasta de Conchos y en el derrame de tóxicos en el ríos Sonora y Bacanuchi) a sus gobiernos protectores (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto), como acostumbra, sino que fue la propia trasnacional financiera estadunidense (hasta ahora propietaria de Banamex) quien lo mandó rigurosamente a paseo.
La Jornada (Clara Zepeda) lo reseñó así: “Citigroup no dejó correr los 10 días que le dio de plazo Grupo México, de Germán Larrea, para responderle que rechaza su oferta por 100 por ciento de las acciones de Banamex. ‘Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta; creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la oferta pública inicial accionaria planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas’, aseguró ese banco en un comunicado”.
Carísimo le salió a Larrea su segunda intentona –fallida, desde luego– por quedarse con Banamex: cuando públicamente hizo el anuncio, el lunes pasado, el precio de las acciones de Grupo México (de su propiedad) en la Bolsa Mexicana de Valores se desplomaron 15.43 por ciento (que al tóxico barón le representó una pérdida estimada en 190 mil millones de pesos), algo que al mismo tiempo reflejó el rechazo de la mafia financiera a la eventual presencia del magnate en su territorio. Días después, dicho precio se “recuperó” 0.9, 1.63 y 1.85 por ciento (hasta ayer), lo que ni lejanamente compensa la caída del primer día de la semana.
Pero Larrea no puede quejarse: con la reprivatización salinista de la banca se benefició, como accionista, de la venta de Banamex (agosto de 1991) al Grupo Financiero Accival, con Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú como cabezas visibles. No sólo eso: también fue uno de los “rescatados” por el Fobaproa (1995), cuando el gobierno zedillista aceptó que Banamex dejara en la “panza” de ese fondo todo el mugrerío que tenía en su contabilidad (incluyendo créditos impagos de los propios accionistas). Algo más: sacó enorme raja de la venta de Banamex a Citigroup (2001), por la evasión fiscal que (autorizada por Vicente Fox y Francisco Gil Díaz) conllevó esa operación y por los 12 mil 500 millones de dólares que los gringos pagaron para quedarse con la institución otrora mexicana.
Tal vez Larrea, frustrado, se refugie en su palaciega villa en la Toscana, Italia, o se entretenga en el Hipódromo de las Américas (unos de sus vicios y fuente de negocios), con sus caballos de precios multimillonarios. Eso sí, el fracaso, en dos tiempos, nadie se lo quita.
Si de barones fracasados se trata, ahí está Ricardo Salinas Pliego, a quien le envían un atento mensaje desde la Corte Suprema del estado de Nueva York: publicó la notificación oficial con la que se multa al empresario con 21 millones 47 mil 378.90 dólares “por violar una orden judicial de hace más de un año en un proceso legal con la empresa telefónica AT&T”. La sanción, que parte de una sentencia firmada el 22 de septiembre de 2025, especifica que la multa impuesta es de 20 millones de dólares por desacato civil, más un millón 47 mil 378.90 dólares para cubrir los costos y honorarios de abogados de AT&T (La Jornada, Dora Villanueva).
Pero más allá del problemón judicial que tiene en la citada corte, Salinas Pliego se retuerce ante la imposibilidad de pagar esa multa en abonos chiquitos.
Las rebanadas del pastel
¿Cuánto tardará el genocida Benjamin Netanyahu, junto con sus hordas fascistas, en violar lo que él y Trump llaman “acuerdo de paz”?
Astillero
Julio Hernández López
La Jornada
La advertencia no es nueva, pero sí rigurosamente desoída en los altos niveles decisorios del país: no sólo no se están atendiendo las exigencias populares para regular con sentido social el cada vez más crítico tema del agua, sino que las nuevas propuestas, que la Cámara de Diputados recibió ayer y posiblemente vote a finales de este mes, significan más que un retroceso, pues los aspectos de la ley promulgada por Carlos Salinas de Gortari “quedan intactos o hasta reforzados”.
Por ello, 82 organizaciones defensoras del agua han advertido, en un comunicado difundido anoche, que “tal como fue presentado, el proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) conserva los mecanismos que han generado el sobreconcesionamiento, acaparamiento, privatización y contaminación de nuestras aguas nacionales”. Añaden que la ley “fuerza” de la propuesta de nueva normatividad, presentada por la Conagua, “sigue siendo la Ley de Aguas Nacionales salinista, a la cual casi las únicas ‘reformas’ son el remplazo del término ‘el titular’ por ‘la persona titular’ y ‘Distrito Federal’ por ‘Ciudad de México’. Sigue sin mencionar mujeres, pueblos indígenas o sistemas comunitarios, y sólo menciona el derecho humano al agua una vez”.
Una semana atrás, Elena Burns, reconocida activista en defensa del derecho social al agua y ex subdirectora de Conagua, dijo estar en “ shock” por la propuesta de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pues se continúa “protegiendo a los grandes usuarios y concesionarios que dominan los usos en cada región del país”, a la vez que se institucionaliza “la exclusión de la población organizada, consciente, comprometida, 4T, que quiere estar ayudando a los gobiernos a rescatar las distintas regiones del país que están hundiéndose en las crisis de contaminación, sobreexplotación, despojo”.
Con la propuesta de reformas, que en San Lázaro se comenzará a procesar, con la expectativa de que la mayoría morenista la apruebe, “la derecha está feliz, celebrando. Se ve en todos los medios, están sacando sus comunicados celebrando esta propuesta, porque sí se conservaron las concesiones. Ya se sabe que todo se puede resolver en corto“ (entrevista con Burns: https://goo.su/Xrlw).
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, señaló ayer que se está trabajando en “algunas medidas que tienen que ver con nuevos protocolos” policiacos respecto a manifestaciones públicas de protesta llevadas a niveles de violencia por grupos de provocación.
La postura de la administración de Clara Brugada se deriva de hechos graves como los sucedidos el pasado 2 de octubre, cuando decenas de policías fueron lesionados y algunos de ellos quedaron en situación crítica. Una muestra de procedimientos más acuciosos se produjo en la más reciente de las manifestaciones públicas, cuando policías revisaron mochilas de personas encapuchadas y decomisaron objetos que podrían ser utilizados para golpear o ser lanzados.
Enfatizó el secretario de Gobierno que la violencia suscitada el 2 de octubre fue una “provocación clara (…) Sabíamos que era una provocación y que íbamos a ser criticados por aguantar y no responder, pero también entendemos lo que significa una respuesta de otro tipo para la historia y el sello de un gobierno”. Aseguró que la arremetida violenta provino de personas con “ideología antisistema y otros con ideología antiproceso de transformación de este país“, que sólo se aparecen en marchas de reivindicación de luchas sociales y no en las que promueve la oposición política (video: https://goo.su/wPz9l).
Y, mientras Citi ha rechazado la oferta de Grupo México, del contaminante Germán Larrea, que buscaba adquirir Banamex, ¡hasta el próximo lunes, con la vista puesta en el proceso de aterrizaje del plan Trump, que en primera fase ha sido aprobado por Israel y Hamas!