Lo que dicen los columnistas

Arsenal

“¡Te dije que habría un matadero!”

Francisco Garfias

Excelsior

Hablé ayer al mediodía con un legislador en off the record (fuera de grabadora), sobre el supuesto suicidio del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez.

Medio México sabe que el marino fue encontrado muerto en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, luego de ser señalado de recibir un soborno de 100 mil pesos por dejar pasar un barco huachicolero, en abril del 2024.

Ambos platicamos sobre las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que no hay certeza de que el fallecido capitán estuviera implicado en el escándalo del huachicol fiscal.

También dudamos de lo que dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien aseguró que el supuesto suicidio de Pérez Jiménez fue un asunto “personal”, que nada tuvo que ver el tema de los sobornos. 

Súbitamente, mi interlocutor calificó de siniestro el episodio del suicidio y predijo que la cadena de muertes de mandos medios de la Marina estaba lejos de terminar con Pérez Ramírez.

Se refería, sin mencionarlos por su nombre, a los asesinatos del contralmirante Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido en Manzanillo en noviembre de 2024; pero también al de Sergio Emmanuel Martínez, subadministrador de operación aduanera en ese mismo puerto de Colima, en mayo del 2023.

Horas más tarde, nos enteramos de la muerte de otro integrante de la Marina. Se trata del capitán Adrián Omar Zúñiga, La versión oficial dice que murió accidentalmente en una práctica de tiro.

Mi interlocutor tuvo voz de profeta. “Te dije que habría un matadero”, me escribió horas más tarde en WhatsApp. 

* La recaudación del IEPS a refrescos, bebidas azucaradas y tabaco, propuesta en el Presupuesto 2026, será de 41 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda.

“Que se lo etiqueten al IMSS para diabetes y mi voto sería a favor”, nos dijo el diputado de PAN, Germán Martínez.

El también exdirector del IMSS precisó que diabetes y cáncer son las dos enfermedades que más le cuestan al instituto.

El incremento al IEPS echa por tierra el discurso de que no subirían los impuestos en 2026.

Me queda claro que no hay dinero y que la salud es sólo un pretexto para justificar este gravamen.

German, por cierto, hizo una propuesta interesante: que sea deducible el consumo de agua. Lo vemos difícil.

El paquete económico 2026 propone un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones de pesos. Hay un déficit de 1.4 billones que será financiado con más deuda.

* ¿Quienes ganan en el Presupuesto 2026?

Los privilegiados son Energía, con 129 mil 132 millones de pesos adicionales (+84.5) y Bienestar, con 94 mil 626 (+11%).  

A la SEP le suben 47 mil 144 mdp (+5%), pero es insuficiente para abatir el rezago educativo, según expertos.

Al Poder Judicial del Bienestar, bendecido por Quetzalcóatl, lo premian con 14 mil 997 mdp; a la FGR con 933 mdp, y a la CNDH con 112 mdp.

¿Quiénes pierden?

Al INE, que ya tienen bajo control oficialista, le quitan 4 mil 163 millones de pesos (-19.3% real) y al Inegi 438 millones (-8% real).

“El recorte al INE y a Inegi golpea capacidades de vigilancia electoral y de estadística nacional que son insumo para evaluar la política pública”, dice un documento sobre el Presupuesto, elaborado por la vicecoordinación económica del PAN, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez.

A Cultura le bajan mil 984 mdp (-17.1); Medio Ambiente y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano también son castigados.

Mención aparte merece el servicio de la deuda.

El gasto total neto aumenta 5.9 real y el no programable sube casi 8 por ciento, en términos reales, empujado por el costo financiero de la deuda, que aumenta 9.4%.”, puntualiza el documento del PAN. 

El presupuesto solicita al Congreso autorice un endeudamiento en 2026 por 1 billón 780 mil millones de pesos.

* La semana pasada anuncié en ese espacio que Gabriela Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, sería reemplazada por la diputada Dolores Padierna.

¿Motivo? Estaba participando en la formación de un nuevo partido denominado Que siga la Democracia, junto con su marido, Édgar Francisco Garza Ancira, según fuentes confiables de ese grupo parlamentario.

Al día siguiente, Jiménez anunció, en un comunicado, que tenía un mes separada de su marido y pedía que no se le vinculará políticamente con él.

Nos enteramos ayer que ambas serán vicecoordinadoras de la bancada de Morena. Decisión salomónica que exorciza el fantasma de la división.

Las dos se suman a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ya ocupaba esa posición. Morena tendrá tres vicecoordinadores.

Juegos de poder

El fracaso del Estado mexicano en el manejo del petróleo

Además del robo de gasolina, está el fenómeno del huachicol fiscal.

Leo Zuckermann

Excelsior

Desde que tengo memoria, he escuchado historias de corrupción relacionadas con el manejo de los hidrocarburos por parte del Estado mexicano. Por desgracia, el petróleo está asociado con negocios turbios en nuestro país.

El último caso que se destapó fue el del huachicol fiscal. El contrabando de gasolinas y diésel para evadir impuestos y vender estos productos por debajo del precio al consumidor que sí incluye el pago de estos tributos. Se habla de cientos de miles de millones de pesos de robo al erario durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Una mafia que incluía a mandos superiores de la Armada Marina a la que el Presidente les encargó la administración de las aduanas.

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Pero, desde que en 1971 se descubrió el mega yacimiento petrolero de Cantarell y el presidente José López Portillo aseguraba que debíamos acostumbrarnos a administrar la abundancia, no hemos dejado de atestiguar el robo en despoblado de esta industria controlada por el Estado.

Cito algunos casos que me vienen a la memoria.

Primero, el de Jorge Díaz Serrano, director de Pemex de 1976 a 1981. Cuando Miguel De la Madrid tomó posesión como presidente en 1982, en medio de una de las peores crisis económicas, Díaz Serrano fue desaforado como senador para luego ser encarcelado. Se le acusó de un fraude de 35 millones de dólares por haber adquirido dos buques tanques con sobreprecio.

Recuerdo, en ese sexenio, las historias que publicaba Proceso sobre la vida que llevaban los líderes petroleros, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y Salvador Barragán. El primero convertido en una especie de Evita Perón que repartía dinero y favores a la gente con dinero malversado del sindicato de Pemex. Al segundo le encantaba el juego y la buena vida. Iba frecuentemente a rifarse millones de dólares a Las Vegas.

Cuando Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente, el Ejército arrestó a La Quina, Barragán y otros líderes petroleros acusados, entre otros delitos, de evasión fiscal por más de 3 mil 500 millones de pesos.

A La Quina lo sustituyó Carlos Romero Deschamps, quien se quedó 26 años al frente del sindicato petrolero. Su gestión se caracterizó también por la corrupción. Aunque tenía un sueldo como trabajador de Pemex, vivía como marajá. Presumía relojes de millones de pesos. Sus hijos viajaban en aviones privados y vacacionaban en lujosos yates. Uno de ellos se compró un Ferrari Enzo valorado en dos millones de dólares. Nunca pisó la cárcel a pesar de que, en 2021, la Fiscalía General de la República abrió una investigación en su contra por depósitos acumulados de 309 millones de pesos.

Romero Deschamps fue, también, protagonista de otro caso de corrupción relacionada con el petróleo: el Pemexgate. A la campaña del candidato presidencial del PRI en 2000, Francisco Labastida, llegaron fondos provenientes del sindicato de Pemex, dinero que salió de la empresa por órdenes del entonces director, Rogelio Montemayor, por un total de mil 100 millones de pesos.

Ni qué decir del caso de Odebrecht en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex para asegurar contratos de obras y servicios. Por eso se encuentra en proceso judicial el exdirector general de la petrolera, Emilio Lozoya, otro pillo más de la larga lista de beneficiarios del mal manejo de los hidrocarburos en México.

Durante la misma gestión de Lozoya, Pemex fue acusada de irregularidades en la construcción de una planta de etano, donde se reportaron sobrecostos y la falta de cumplimiento de contratos.

Agréguese los múltiples casos “pequeños” de corrupción por la adjudicación de contratos a empresas constructoras y proveedoras. A lo largo de los últimos cincuenta años se han documentado sobreprecios y favoritismos hacia ciertas corporaciones, incluyendo a grupos de la industria petrolera que a menudo no cumplen con los estándares requeridos.

Bueno, pues ahora, además del robo de gasolina que produce Pemex y se vende en el mercado negro, está el fenómeno del huachicol fiscal, es decir, el contrabando de productos refinados por la incapacidad de la empresa petrolera de proveerlos y del Estado de fiscalizar su importación cobrando los impuestos respectivos.

La corrupción asociada al petróleo en México ahora tocó a la Secretaría de Marina, una institución que gozaba de gran credibilidad y confianza entre la población.

Son los famosos veneros del diablo que se han convertido en sinónimo de corrupción por el pésimo manejo que ha tenido el Estado mexicano de una industria donde se mueve mucho dinero.

Las playas de San Lorenzo

La propiedad que debería pertenecer a los habitantes hoy se mantiene como negocio de una familia.

Martín Espinosa

Excelsior

Eran los tiempos en los que los caciques políticos “hacían y deshacían” sin que nadie les dijera nada; sin contrapesos, pues. Liderazgo construido en el clientelismo de la época, en los que se ofrecían “favores” o recursos a cambio de apoyo político, lo que generaba una relación de dependencia de los ciudadanos hacia los gobernantes que les permitía amasar fortunas inconmensurables de las que actualmente gozan sus descendientes.

En ese contexto histórico surgió, en el sureste de país, el “liderazgo” de Carlos Sansores Pérez (Champotón, Campeche 1918), conocido en la élite política como El Negro. Ocupó importantes cargos en la vida pública del país —dice su biografía— entre los que destacan los de diputado federal y senador por su estado, habiendo presidido ambas cámaras. Fue gobernador entre 1967 y 1973, director del ISSSTE (1979) y presidente nacional del PRI tiempo antes.

Fue en esa época que El Negro Sansores se hizo de vastos terrenos de playas entre la zona de Seybaplaya y Campeche capital, con una extensión de 20 mil 682 metros cuadrados que conforman el balneario San Lorenzo, concesión que actualmente está a nombre de Elsa Margarita Sansores San Román, hija del político campechano y hermana de la actual gobernadora, Layda. Cuenta con hacienda, hotel y malecón privado.

El sueño de El Negro Sansores era convertir la zona en una playa artificial en los más de dos kilómetros de litoral. Sin embargo, el huracán Gilberto —1988 — se llevó toda la arena y dejó la zona en muy mal estado. En 2018, ya bajo la presidencia de López Obrador, la familia Sansores San Román consiguió inmediatamente (10 de diciembre de 2018) la autorización para “explotar” comercialmente la zona y convertirla en “balneario del lujo” hasta por un lapso de 15 años. Desde 2021, año en que llegó Layda a la gubernatura de la entidad, comenzó la remodelación de la hacienda, las playas y el hotel, así como de la playa privada con que cuenta. Se reconstruyó el muelle y se rediseñaron las habitaciones con la finalidad de usufructuar las instalaciones y obtener beneficios económicos.

Por esa razón, cuando recientemente el gobierno de Campeche expidió el decreto de la reforma a la Ley de Expropiación y demás limitaciones al Derecho de Propiedad, en el que se establece como causa la “utilidad pública determinados casos de Propiedad Privada”, la población del estado de inmediato se remontó a los tiempos aquellos del cacicazgo político de El Negro Sansores, en los que toda esa propiedad que le debería pertenecer a los habitantes hoy se mantiene como negocio de una familia que, en su momento, se adjudicó bienes de origen público. En la actualidad, el pueblo campechano tiene que hacinarse en la zona de Playa Bonita y otros sitios de la región, por la gran cantidad de visitantes que acuden en la llamada “temporada alta” vacacional.

CORTINAS DE HUMO

Ante el gravísimo caso de corrupción del “huachicol fiscal” develado por la actual administración en Tamaulipas, tras el histórico decomiso de más de 10 millones de litros de hidrocarburos, en los círculos políticos ya se habla de que para “minimizar” los daños que ello causará al oficialismo, se buscará primero capturar a otros miembros de la oposición para luego ir detrás de algunos miembros “del movimiento” que evidentemente tienen “las manos metidas” en el delito del huachicol, que fue denunciado desde hace tiempo desde varios frentes, incluidas las “revelaciones periodísticas”. Es por ello que de inmediato surgió el nombre del exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel, actualmente socio mayoritario de la empresa Ingemar, involucrada en las investigaciones. Sin embargo, el propio secretario de SSPC del gobierno federal, Omar García Harfuch, confirmó que el panista no tiene orden de aprehensión como por ahí se aseguró. “Morena quiere repartir el costo de toda la corrupción”, afirmó ayer en entrevistas el exgobernador bajacaliforniano.

Astillero

Huachicol fiscal y muertes // Dos capitanes, en unos días // Exoneraciones y opacidad // Altas complicidades políticas

Julio Hernández López

La Jornada

El gobierno de la presidenta Sheinbaum debe esmerarse en dar claridad contundente a los hechos relacionados directa o indirectamente con el huachicoleo fiscal, en particular, por cuanto a la Secretaría de Marina y varios de sus mandos. La muerte, ayer, del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en circunstancias anómalas, agrega material al batidillo de especulaciones que no tiene plena confianza en el relato oficial del grave hecho de corrupción que ha llevado a la cárcel a un vicealmirante y a otros oficiales de la Marina, así como empresarios y servidores públicos.

No abona a la confianza ciudadana la exoneración discursiva en automático que la Presidenta, el fiscal Gertz Manero y el secretario García Harfuch han realizado en cuanto al anterior titular de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, arguyendo, sin presentar hasta ahora prueba alguna, que el original denunciante, dos años atrás, de lo que hasta ahora se ha detonado y perseguido, habría sido el propio almirante secretario Ojeda, tío político de los dos principales ejecutores del citado huachicoleo fiscal, a quienes sostuvo y promovió en cargos y asignaciones muy propicias para los delitos cometidos.

Eximir al tío y jefe inmediato de los hermanos Farías, en lo administrativo y lo operativo, de la responsabilidad que tuvo (por omisión o acción) en la comisión de tan graves actos corruptos, implica tender un injusto y evidente manto de protección de élite. No es un asunto de relaciones familiares (nadie debe ser culpado de lo que otros adultos realicen, aunque haya nexos consanguíneos o de familia política), sino de responsabilidad institucional, cuyo puntual cumplimiento debe ser dirimido por jueces (ante los que debería comparecer el ex secretario), no por compañeros de partido o por cúpulas de organigrama.

Las suspicacias no se reducen al de por sí indicativo esfuerzo de élite para desmarcar al ex secretario de Marina. Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien había sido titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, se suicidó este lunes en su oficina, según se ha dado a conocer a cuentagotas.

Se le había mencionado como presunto involucrado en el tema del huachicoleo, pero ayer el fiscal Gertz Manero aseguró, otra vez sin mayor respaldo que su voz, que el suicidio “es un asunto de otra naturaleza (…) es una situación totalmente del orden personal a la que debemos tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió”. ¿Respeto significa no indagar más? ¿El fiscal puede dar una versión así, cuando reconoce que está “esperando la información de lo que ocurrió”?

Además, Gertz puntualizó que el capitán Pérez Ramírez no estaba involucrado en el huachicoleo, mientras la presidenta Sheinbaum dijo que “no hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso; entonces, pues vienen las investigaciones”.

El cuadro se complicó con otro hecho cuando menos sorprendente: el capitán Adrián Omar del Ángel Zuñiga murió ayer en Puerto Peñasco, Sonora, “durante un ejercicio de práctica de tiro real”, según el comunicado oficial de la Secretaría de Marina, que no aportó mayores detalles ni precisiones. El fallecido había sido subadministrador de la muy caliente aduana de Manzanillo, Colima, y quien lo sustituyó, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunció en junio del año pasado la red de corrupción encabezada por los sobrinos políticos de Rafael Ojeda y capitanes que ellos conseguían nombrar en plazas claves. Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo en noviembre del año pasado.

Lo cierto es que al destapar los expedientes marinos del huachicol fiscal se han abierto también los de las complicidades políticas de muy alto nivel, imprescindibles para que tan redituable negocio pudiera ser permitido. ¿Hasta qué alturas habrá llegado esa red de corrupción?

México SA

Paquete económico, por fin // Ocho billones para 2026 // Programas sociales, eje central

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Casi al límite del plazo legal, pero finalmente la Secretaría de Hacienda cumplió la forma y entregó al Congreso el Paquete Económico 2026, el cual, entre otros objetivos, plantea que el próximo año se alcanzará un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8 por ciento, siempre con una propuesta “orientada a garantizar programas de bienestar, salud, educación y vivienda social, al tiempo que impulsa la actividad productiva mediante inversión pública en programas estratégicos que impulsen al Plan México, bajo una visión de desarrollo basada en el bienestar y el humanismo”.

En 2026, detalla Hacienda, se proponen recursos equivalentes a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) para programas sociales que beneficiarán de manera directa a casi 82 por ciento de las familias mexicanas. Destaca, entre otros, la Pensión Mujeres Bienestar, que dará cobertura universal a todas las mujeres de 60 a 64 años, y que se suma a la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad.

Otros elementos contenidos en el citado paquete destacan que, de acuerdo con la exposición de motivos de la Secretaría de Hacienda, “se dará continuidad al proceso de normalización gradual del déficit, con una disminución acumulada de 1.6 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) respecto a 2024. Esta estrategia permitirá preservar el dinamismo de la economía y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad la deuda a mediano plazo”.

Además, en 2026, y por tercer año consecutivo, “la recaudación tributaria alcanzará un máximo histórico de 15.1 por ciento del PIB (0.3 puntos porcentuales por arriba de lo estimado para el cierre de 2025, sin necesidad de crear nuevos impuestos generales), mientras el gasto público asegurará el financiamiento de los Programas para el Bienestar y de proyectos de infraestructura con impacto en el desarrollo y la capacidad productiva nacional. Se impulsa el Plan México como eje de desarrollo industrial y regional, con recursos equivalentes a 2.5 por ciento del PIB destinados a inversión física, orientada a fortalecer las vocaciones productivas del país y ampliar la infraestructura logística”.

En este tenor, destaca que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el citado año tiende a fortalecer “la eficiencia recaudatoria y a ampliar la base de contribuyentes con criterios de equidad y justicia. Se hará uso de herramientas digitales que faciliten el cumplimiento y la simplificación de trámites, al tiempo que se intensificará el combate a la evasión y elusión fiscal”.

Uno de los objetivos del paquete económico para el próximo año es “crear un entorno más justo de competencia; se implementarán medidas fiscales en materia de comercio exterior, como la aplicación de aranceles estratégicos a países con los cuales no existen acuerdos vigentes. Por otro lado, para fomentar hábitos de consumo más saludables entre los mexicanos, se impulsarán ajustes fiscales a bebidas azucaradas y tabaco, y se propondrá un impuesto especial a videojuegos con contenido violento”.

Hacienda reconoce que el entorno global presenta “desafíos asociados con la política comercial y conflictos geopolíticos”, pero México tiene “oportunidades para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado e incluyente. Se anticipa que la economía crecerá positivamente en lo que resta de 2025, gracias al consumo privado, beneficiado por mayores salarios reales, el incremento del empleo formal y el fortalecimiento de los Programas de Bienestar. En 2026, se anticipa un avance más sólido impulsado por la fortaleza de la demanda interna, la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor y un entorno global y comercial con menor incertidumbre. El Plan México será clave para impulsar la economía nacional, al atraer más inversiones, generar empleos de calidad, modernizar la infraestructura y promover el desarrollo tecnológico, lo que permitirá avanzar hacia una economía más diversificada y responsable con el medio ambiente”.

La presidenta Sheinbaum propone a la Cámara de Diputados un Presupuesto de Egresos de la Federación de 8 billones 721 mil millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, días atrás la mandataria mexicana anunció que su gobierno tomó la decisión de que los bancos ya no podrían deducir de impuestos sus “aportaciones” al IPAB, el heredero del Fobaproa, porque los barones del dinero abusaban: fueron rescatados por el erario, su deuda es pagada por los mexicanos, las instituciones financieras aportan una miseria y todavía la deducen de impuestos. Sin embargo, al final de cuentas la negociación quedó en que sólo podrán deducir 25 por ciento de ellas.