Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
México y el laberinto de la prensa para transparentar lo público
El acceso a la información no es un lujo, es un derecho fundamental y un pilar del periodismo. Sin este derecho, los periodistas quedan expuestos a publicar versiones incompletas, depender de filtraciones o incluso practicar la autocensura.
Proceso
En México, ejercer el periodismo nunca ha sido una tarea sencilla. La censura, la violencia y la precariedad han marcado durante años la labor de quienes buscan contar la verdad. A este panorama se suma el laberinto en el cual se encuentran las y los periodistas: la desaparición en México de los organismos autónomos en materia de transparencia, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Durante más de dos décadas, estas instituciones acompañaron a periodistas y medios de comunicación en la búsqueda de documentos oficiales para contrastar datos, denunciar abusos y exhibir actos de corrupción.
Paralelo a esta situación, un estudio reciente de Artículo 19 alertó sobre el aumento de la censura y los intentos de silenciar a la prensa en México. Durante los primeros siete meses de 2025, la organización documentó un récord alarmante de 51 casos de acoso judicial, dirigidos contra 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) además de 12 medios de comunicación.
Esto equivale en promedio, a un nuevo proceso legal cada cuatro días, una cifra que ya supera todo lo registrado en años anteriores y que rebasa los 40 casos documentados en 2021. La investigación también reveló que en el 53% de las entidades federativas se ha registrado al menos un hecho de acoso judicial contra periodistas o medios de comunicación. Los estados con más procesos iniciados contra profesionales de la información son Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6.
Este escenario se agrava porque ya no existen organismos autónomos que garantice el acceso a la información. Los periodistas, que antes podían recurrir al INAI para obtener contratos, auditorías, estadísticas de seguridad o datos de salud pública, hoy enfrentan un laberinto burocrático que dificulta cumplir con una de las funciones más esenciales de esta profesión: la investigación.
Durante mi paso como comisionada del INAI, fui testigo de cómo investigaciones periodísticas se construyeron gracias a solicitudes de información. Por ejemplo, reportajes sobre desvíos multimillonarios en dependencias, la compra de medicamentos a sobreprecio o contratos de obra pública marcados por la opacidad. Cada caso reveló la fuerza del derecho de acceso a la información como herramienta del periodismo. Estas investigaciones se dieron a lo largo de diversos sexenios, sin importar el partido en el poder.
Ahora, sin ese respaldo, el periodismo enfrenta un escenario incierto. No se trata sólo de un problema para los medios, también tendrá su impacto social, porque sin el acceso a información verificada, se abre la puerta a la desinformación y al discurso político como poderosas fuentes para interpretar la realidad. En la actualidad, se vuelve imperativo contar con diversas fuentes de información para construir una realidad más diversa y plural.
El acceso a la información no es un lujo, es un derecho fundamental y un pilar del periodismo. Sin este derecho, los periodistas quedan expuestos a publicar versiones incompletas, depender de filtraciones o incluso practicar la autocensura. La opacidad siempre beneficia a quien tiene la información y deja en desventaja a quienes ejercen su derecho a saber.
Es necesario fortalecer el vínculo entre periodistas, sociedad civil y academia para exigir que no se menosprecie este importante derecho. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de quien toma decisiones o de promesas políticas. La experiencia de los organismos garantes demostró que se necesita un árbitro autónomo, con capacidad de obligar a las instituciones a abrir la información.
Las y los periodistas necesitan el acceso a la información pública para realizar su trabajo. Es necesario que accedan a datos públicos para narrar la realidad con sus ojos, para investigar sin miedo, para dar voz a víctimas y contar historias basadas en documentos, no en dichos. Sin transparencia, el periodismo se queda en el aire.
El vacío institucional que no se ha llenado, coloca a las y los periodistas en mayor vulnerabilidad. Y, sin embargo, siguen ahí, insistiendo, preguntando, buscando. A ellos debemos acompañarlos, porque la defensa de la libertad de expresión y del acceso a la información no es sólo una causa del gremio, es una causa de todos los que creemos en una sociedad más justa y libre.
Arsenal
Adiós al chovinismo que protege al narco
Francisco Garfias
Excelsior
La satanización de la colaboración de EU con México en materia de lucha contra el narco afortunadamente quedó en discurso. No más acusaciones de “vendepatrias” a la que son tan afectos los radicales de Morena que lincharon a la senadora del PAN Lilly Téllez por declarar a la cadena Fox que es “bienvenida la ayuda” —nunca habló de intervención— de EU. Marco Rubio, secretario de Estado de EU, dejó muy claro ayer que ningún gobierno ha cooperado más con EU en la lucha contra la criminalidad, que el de la presidenta Sheinbaum. Eso no la convierte en “vendepatrias”, ¿verdad?
No hay nada de qué avergonzarse. Necesitamos de la colaboración de EU para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Tienen tecnología de punta, inteligencia antidelincuencial, recursos para cofinanciar operaciones y el know how. Oponerse es respaldar la permanencia del crimen organizado y la prolongación de la incontenible violencia que ha enlutado a México desde hace décadas.
Rubio no quiso hablar directamente de los “temas operacionales” porque, dijo, los cárteles de la droga “también leen la prensa”, pero dejó claro que operaciones conjuntas siempre han existido y se han ampliado. La mismísima presidenta Sheinbaum calificó de “encuentro cordial” la reunión que sostuvo ayer en Palacio Nacional con Rubio. Escribió en su cuenta de X: “Acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. “Está basado en cuatro ejes: reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y confianza mutua”.
* Dolores Padierna será vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Suplirá a la joven diputada Gabriela Jiménez. La razón para desplazarla es que intenta formar un nuevo partido político llamado Que Siga la Democracia, junto con su marido, Édgar Francisco Garza Ancira, nos dicen fuentes parlamentarias de Morena. Padierna, por cierto, es una de las diputadas que se oponía a que la panista Kenia López Rabadán asumiera la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja.
Otros que rechazaban la rotación de la presidencia de la Mesa, como ordena la Ley Orgánica son Alfonso Ramírez Cuéllar, Julio César Moreno y Leonel Godoy. Fuentes de Morena relatan que hubo intentos para modificar la Ley Orgánica y agandallarse la presidencia de la Mesa. Afortunadamente, prevaleció el respeto a la ley.
Las fuentes señalaron que, en su afán por evitar la llegada de la panista a la presidencia de la Mesa Directiva, se propuso, no sólo modificar la ley que ordena la rotación de la Mesa, sino cederle al PVEM 15 diputados para que, de este modo, se convirtiera en la segunda fuerza en San Lázaro, con lo que automáticamente, tendría la presidencia de la Cámara baja. Al final, la bancada guinda se disciplinó ante el imperio de la ley y Kenia López Rabadán fue electa presidenta de la Mesa Directiva con 435 votos a favor y sólo cuatro en contra de diputados morenistas.
* Hasta en el partido oficial reconocen que el senador Gerardo Fernández Noroña perdió puntos, no sólo en el pleito con Alejandro Moreno, sino también en la controversia sobre su casa en Tepoztlán de 12 mdp y 1,200 metros cuadrados. El expresidente de la Mesa Directiva del Senado no ha podido explicar cómo adquirió el bien inmueble que, torpemente, exhibió en redes sociales. Habló primero de un crédito hipotecario que nunca comprobó. La casa no está registrada en el catastro municipal, según el comisariado de bienes ejidales de Tepoztlán. Está ubicada en un área natural protegida, lo que hace poco creíble la versión del crédito hipotecario. No hay banco que preste en esas condiciones. Noroña ha mostrado incongruencia con su principal atributo: la vecindad, los libros, su forma de vestir. Se transformó en lo que tanto criticó: un hombre rico.
* Ya que estamos. Se perfila otro intento de desafuero a Alito Moreno. Sabemos que en la cúpula parlamentaria de Morena no estiman conveniente “victimizarlo”, pero una gran mayoría oficialista favorece que le quiten la inmunidad parlamentaria. La Sección Instructora, órgano legislativo encargado de determinar si procede o no ir en contra del presidente nacional del PRI, se reunirá antes del 15 de septiembre para preguntar al pleno si se admite o se desecha el juicio político. El diputado morenista, Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, nos dice que la de Alito es una solicitud que tiene cinco carpetas con dos potenciales delitos: peculado y uso indebido de funciones y facultades.
Alito, quien ya fue exonerado por la justicia de los cargos que se le imputan, anda en Washington DC. Subió un mensaje en su cuenta de X en el que explica los motivos de su viaje a la capital de EU: “En Washington seguimos trabajando con toda la determinación por México. Con paso firme y en reuniones muy productivas, defendemos lo que en realidad importa: la seguridad hemisférica y una relación bilateral sólida. No vamos a permitir jamás que en México se instale una narcodictadura terrorista y comunista. Nuestro país debe seguir siendo una Nación de Instituciones con democracia”.
Número cero
La nueva Corte nace con la duda
José Buendía Hegewisch
Excelsior
La nueva Corte nace con el lastre de la duda sobre qué tan independiente puede ser si sus nueve ministros fueron impulsados por un mismo partido hoy en el poder, aunque llegaran por voto popular. La cuestión puede frustrar la esperanza del cambio profundo que promete la reforma del Poder Judicial como imperativo de la vieja deuda de la justicia, en particular, con los más pobres.
El gobierno de Sheinbaum presume la instalación del máximo tribunal como inicio de una nueva era en el sistema de justicia, con un Poder Judicial electo en un proceso tan irregular y cuestionado como inédito en el mundo de votar a todos sus juzgadores; y una victoria para la tesis de la 4T de que la democratización garantiza su autonomía para reestructurar desde abajo y cortar la influencia del poder económico. Es decir, enterrar el modelo de la última reforma de Zedillo de 1994 que, a pesar de acotar la influencia del viejo presidencialismo, prohijó la corrupción, el nepotismo y la negociación de la ley.
Pero la voluntad general, como lo saben los ministros, es limitada para asegurar su independencia como condición para transformar la justicia; y no sólo por surgir de un proceso impugnado y poco representativo, sino vulnerable a la coacción en el difícil juego del equilibrio de la confrontación y colaboración, ambas necesarias entre poderes. La legitimidad del nuevo modelo impulsado por López Obrador dependerá de la actuación de los juzgadores y del aval de la sociedad en cuyo nombre se valida; aunque su lejanía debilita el proceso y la pone en desventaja política.
La promesa de la presidencia de Hugo Aguilar es generar una Corte diferente, cercana a la gente y que responda a la deuda de justicia. Pero la nueva arquitectura institucional del Poder Judicial está por hacerse, más allá de los símbolos políticos y nuevas formas tradicionales de bastones de mando de los pueblos indígenas para representar una legitimidad que sólo podrán acreditar con su actuación. Las críticas a la liturgia indígena con que inició su nueva época son una cuestión muy menor respecto al reto de no corromperse con el poder político ni los intereses particulares, como les señaló la presidenta Sheinbaum; aunque de ahí surjan las incertidumbres sobre las posibilidades de una verdadera y eficaz reforma.
La mayor interrogante es cómo impedirán la corrupción de la que acusan a los anteriores sin caer en cacerías de brujas o añejas prácticas de vetustos tribunales inquisitorios de disciplina interna. Y hasta dónde estarán dispuestos a llegar para sostener fallos que incomoden a la clase política o acallar asuntos en el archivo muerto si se inconforma el oficialismo, aunque sean contrarios al interés general y de las mayorías. ¿Cómo deberse al pueblo, pero sin confrontarse con las instituciones?
Éstos serán los dilemas más difíciles que deberán sortear en una situación de desventaja frente al apoyo popular masivo y la concentración del poder en la Presidencia de Sheinbaum. Los requisitos para fungir como tribunal constitucional y hacer cumplir las leyes sólo los podrá acreditar con la razonabilidad de sus fallos como, por otro lado, hace cualquier tribunal en el mundo, sea o no electo. Precisamente, el nuevo modelo de justicia se originó de la ruptura del equilibrio entre poderes de una álgida polarización política con la Corte por fallos contrarios a programas y políticas del gobierno anterior. Por esa génesis, el mensaje de la asistencia de Sheinbaum a la primera sesión de la Corte tiene interpretaciones ambivalentes, como la normalización de la relación y colaboración entre poderes, pero también marcar el fin de la confrontación como el saldo de la victoria sobre la oposición judicial y de nueva cercanía con el Ejecutivo. Toca a los nuevos ministros demostrar, con sus hechos, la interpretación correcta de lo que significa una Corte diferente, no sólo en las formas, sino en la sustancia… y aunque en “un centímetro”, como gustara decir Aguilar.
¿Hay confianza en que hará un cambio estructural de la justicia? ¿Cómo superará los riesgos de la implementación con juzgadores inexpertos e improvisados? ¿Cómo resolverá la tensión de servir al pueblo, pero sin incomodar al poder político? ¿Cómo lograr justicia pronta y expedita con menos recursos institucionales y humanos, y una enorme carga de rezagos heredados y no sólo de expedientes?
Las respuestas las darán los ministros con sus sentencias. Pero esta Corte nace de la duda, que ellos piden como beneficio de su actuación.
Astillero
Trump y Rubio: matar en caliente // Doctrina del misil sin juicio // “Acuerdos” bajo advertencia // En lo inmediato, avanza Sheinbaum
Julio Hernández López
La Jornada
En lo inmediato hay lecturas positivas: no hubo ruptura ni estridencia sino elogios y “entendimiento”. No se hundió México ni se acabó el poder guinda, como pregonaban casi con cronómetro en mano algunos fantasiosos opositores al proceso 4T. La presidenta Sheinbaum ha librado provisionalmente una más de las aduanas del cuatrienio trumpista, ni más ni menos que la correspondiente al tema electoral y expansionista de la seguridad según Donald, con acento especial en los cárteles de la droga (sobre todo, lo relacionado con el fentanilo).
Palacio Nacional consiguió que se reconociera el accionar soberano de cada país en cuanto a las futuras tareas de “coordinación”. Un grupo de “implementación” de alto nivel se reunirá periódicamente para tomar decisiones conjuntas, pero, se señaló, ejecutables por cada país en su territorio. Ya habrá de verse, a la hora de lo concreto, cuánta soberanía es posible.
Por lo pronto, más allá de las sonrisas de pose fotografiable y declaraciones y comunicados de circunstancia, subyace la pregunta central sobre los términos reales de los acuerdos alcanzados y las implicaciones concretas que tendrán.
El visitante Marco Rubio no se guardó ayer, en sesión acotada con reporteros, los señalamientos contundentes respecto al presunto derecho imperial de ejecución de personas y de daño a bienes y vehículos que a juicio subjetivo y sin pruebas ni juicio formal alguno consideren susceptibles de asesinar al declararlas, sin más, terroristas internacionales.
Llegó a precisar que ese tipo de ataques “puede pasar otra vez”, a pesar de que no le fue posible dar detalles de lo sucedido en el mar Caribe. Las ejecuciones de este martes y las venideras forman parte del giro ordenado por la Casa Blanca de que no haya más tolerancia hacia quienes supongan que son narcotraficantes y que se les elimine, sin consideraciones legales, ni advertencia previa, ni mucho menos un juicio: matar en caliente.
Ante ese posicionamiento letal, la cancillería mexicana se batió mediante maromas leguleyas, mencionando artículos constitucionales, tratados internacionales y doctrinas no intervencionistas, pero sin responder siquiera con mediana claridad y decoro a la postura estadunidense. Juan Ramón de la Fuente eludió y, con ello y para efectos prácticos, aceptó.
No está de más mencionar que la misma doctrina del misil sin previo juicio puede ser aplicada a ciudadanos mexicanos. De hecho, ayer mismo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo en referencia a lo sucedido en el Caribe: “Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque ésta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque”.
El mencionado ataque tiene, como es evidente, a Nicolás Maduro y el gobierno venezolano como verdaderos objetivos. Trump habla con tono de hastío de que ya no se va a consentir más que Venezuela siga “creando” problemas de drogas e inmigración irregular a Estados Unidos.
Pero es de esperarse que el entusiasmo protocolario de ayer no se troque en “malos” o “insuficientes” resultados mexicanos que lleven a la Casa Blanca a provocaciones como las del Caribe o a gringas acciones unilaterales enmascaradas en el concepto de la “cooperación”. A fin de cuentas, el propio Trump elogió en entrevista a la presidenta Sheinbaum, pero deslizó que tiene miedo de los cárteles que dominan México.
Tal vez vale matizar y contextualizar: el “entendimiento” con Estados Unidos, anunciado ayer, mantiene a México en línea de disponibilidad continua para el amago, chantaje y golpeteo de Donald Trump, quien acaso suavice o elimine el punto de los aranceles al terminar el plazo de 90 días que impuso, aunque ya encontrará nuevas formas de seguir chantajeando.
Y, mientras ayer se reportaban bloqueos de vialidades y enfrentamientos con disparos de armas de fuego en Matamoros, Tamaulipas.
Ataque al Poder Legislativo
Abraham Nuncio
La Jornada
Lo que presenciamos en la Comisión Permanente del Poder Legislativo no fue trifulca, finta de boxeo, combate ni “pinches empujones”, como calificó el episodio un comentarista tan sesgado como ligero de palabras. Se trató de un ataque a la institución del Congreso de la Unión, responsable de atender las funciones del Poder Legislativo durante la recesión de ambas cámaras, encarnada en el senador Gerardo Fernández Noroña, titular de la presidencia de esa comisión.
Era previsible que la prensa corporativa, usualmente paraguas de delincuentes ultrarricos, clérigos pederastas y políticos corruptos, minimizara o deformara el ataque protagonizado por un grupo de individuos (diputados unos y otros simples porros, todos en calidad de rufianes) encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI. Pero no por previsible hay que dejar pasar sus omisiones, excesos y embustes. En un sector de la ciudadanía persiste la ingenuidad o la convicción manipulada que se deja llevar por eso que en uno de sus acertados juicios ha señalado Julio Hernández: asistimos a un momento donde el cinismo y la desvergüenza nos quieren convencer de que aquello que percibimos directamente con nuestros sentidos no es la realidad. La realidad, nos dicen sus malévolos intérpretes, es lo que ellos afirman. Y es éste el caso.
En el colmo del enrevesamiento, Moreno Cárdenas acusó a Fernández Noroña de haberlo agredido. La perversión trumpista halla sin duda sus cajas de resonancia en los mexicanos que reverencian el poder de Washington y piden expresa y públicamente que haga efectivos sus afanes intervencionistas: victimizarse y acusar a sus víctimas de victimarios. Y para refrendar esta actitud, el priísta Rubén Moreira afirmó sin pestañear que ellos jamás perdonarían a quienes los llaman traidores. La traición a la patria no es condenable en quienes la perpetran; condenable es el que señala a sus perpetradores.
No fue suficiente, como vimos en la apertura del periodo ordinario de sesiones. Los priístas, con la complicidad del PAN, vandalizaron estentóreamente el recinto deliberativo de la Cámara de Diputados.
Se discute a favor y en contra del de-safuero de Moreno Cárdenas (y también de Lilly Téllez por el delito de traición a la patria). No se requiere discurrir demasiado para adelantar que si el ataque al Poder Legislativo por parte del primero y de los actos de traición a la patria por parte de ambos quedan impunes, sus acciones y las de quienes los acompañan y/o se hacen eco de ellas, la institucionalidad y la integridad soberana del país se verán seriamente comprometidas frente a los afanes imperialistas de Estados Unidos en el intento de concretar un mayor intervencionismo en la vida pública de México e incluso de realizar una posible invasión militar.
Ese es un aspecto del ataque al Poder Legislativo de los mencionados legisladores del PRI y de los actos de traición a la patria, tanto de Moreno, presidente de este partido, como de Téllez, miembro del PAN. Hay otro aspecto de mayor complejidad y raigambre.
Durante largas décadas, el parlamento en México estuvo lejos de funcionar cabalmente como el órgano colectivo de la representación política. Hoy algunas de sus inercias se mantienen presentes.
En el Centro de Estudios Parlamentarios de la universidad pública de Nuevo León, suelo preguntar a los estudiantes que se adscriben a esta unidad académica para cumplir con su servicio social si alguna vez han participado en una asamblea. En 20 años al frente de esta dependencia, no han llegado a 10 los que han respondido positivamente.
En todos los partidos, como se puede observar, no hay debate sobre temas y decisiones cruciales. Y esto es así porque no se convoca a la o las asambleas de la militancia para tal propósito. Si en las organizaciones partidarias la asamblea deliberativa no es el centro de una gestión democrática, poco puede esperarse que ésta sea la manera natural y permanente de funcionar de otras instituciones de la vida social.
Con frecuencia se rechaza el asambleísmo para justificar la ausencia de deliberación y toma de decisiones de la colectividad a partir de la asamblea. Pero la humanidad no conoce otra forma inclusiva de abordar problemas comunes para buscarles solución con la participación de todos los afectados por los acuerdos consensuados en la asamblea.
La asamblea es escuela en la medida que su eje es el diálogo. Un diálogo que requiere de reglas aceptadas por todos para que los problemas puedan ser visualizados y comprendidos con claridad, asumidos y expresados con libertad y decidida su posible solución con respeto a quienes formaron la mayoría en cuanto al método para conseguirla.
Los integrantes de la minoría que hoy violentan con agresiones físicas y estridencia la vida parlamentaria del país no hacen sino mostrar explícitamente su proyecto desestabilizador como la única vía de regresar al poder. La mayoría no debe esperar a que haya sangre (lo que algunos le reprochan a Fernández Noroña por no haberse liado a golpes en una franca reyerta con su agresor). Apegada a la legalidad, está obligada a buscar el modo de contenerla.
Una de las puertas por donde acecha el intervencionismo es la incapacidad del gobierno para controlar la violencia. Por ello, la oposición no sólo la evita, sino que la potencia. Según Juan Linz, esta es una de las causas por las que se destruye un gobierno democrático.